Seis claves para entender la trama eólica
Una madeja de complicado desentrañe, que hoy miércoles empieza a ser
investigada en las Cortes de Castilla y León. Pero ¿qué es la trama
éólica? En síntesis: cargos de la Junta de Castilla y León, en supuesta
connivencia con algunas empresas de la comunidad, cobraron 110 millones
de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio
centenar de los 241 parques eólicos sembrados por la comunidad en los
diez últimos años de despegue de esta energía ‘verde’. La fuente
principal: un informe realizado por un inspector de la Agencia
Tributaria del que todo el mundo habla pero que (dicen) nadie tiene, a
excepción de Tomás Herranz, el fiscal anticorrupción encargado del caso,
que tiene a tres equipos especializados trabajando desde diciembre de
2014.
Entender bien todo el asunto no es fácil, por eso te damos aquí seis claves par apoder comprender mejor un asunto enrevesado.
1.- Los nombres propios.
El listado de comparecencias del PSOE arranca con J. M. T.
M., el inspector de la Agencia Especial de la Administración Tributaria
en Castilla y León autor del informe sobre el que se asienta la razón de
ser de la propia comisión investigadora. Le sigue Georgina de la
Lastra, delegada especial de dicha agencia. Federico Trillo-Figueroa, el
exministro y actual embajador español en Reino Unido y, en las fechas
de los hechos que se investigan, en Estudio Labor. El exdiputado Vicente
Martínez-Pujalte y la exdiputada vallisoletana Ana María Torme,
copropietarios de Sirga XXI. Los tres, asesores de empresas mencionadas
en el informe, como el Grupo Collosa. En sexto lugar (aunque es la
primera vez que se menciona su nombre vinculado a la trama) aparece la
exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, seguida del exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, la
exviceconsejera Begoña Hernández y el exviceconsejero Rafael Delgado. Se
piden también las comparecencias del actual director general de Energía
y Minas, Ricardo González Mantero, y dos de sus antecesores en el
cargo, Manuel Ordóñez y Luis Carlos Escudero, además del director
general de calidad ambiental, José Manuel Jiménez y la exdirectora
general de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, Rosa Ana
Blanco Miranda, junto con dos exdirectores de Calidad Ambiental, José
Antonio Ruiz y Jesús Rodríguez Romo. El exconsejero delegado de la
empresa pública Excal, Alberto Esgueva, y Francisco Esgueva, del Grupo
San Cayetano, figuran en los puestos 17 y 18 del listado. Los
exapoderados mancomunados de las empresas Iberdrola Renovables (antes
Biovent), Ricardo Bravo y Rafael Icaza de la Sota. Se pide además que
declare el hermano de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente,
Eugenio García Tejerina, de Apecyl, la Asociación de Promotores de
Energía Eólica de Castilla y León, y Andrés Martín de Paz, exdirector
general de Deportes con Villanueva. Además de todos los delegados
territoriales de la Junta en las nueve provincias, los jefes de servicio
de Industria y los de Medio Ambiente desde 1995.
2.- Los documentos.
El principal, el informe elaborado por la Agencia Tributaria
remitido a Anticorrupción. Ya ha sido solicitado. Además, se pide una
relación de todas las instalaciones de este tipo inscritas en el
registro oficial desde 1995, los acuerdos por los que se nombra y cesa a
Alberto Esgueva consejero delegado de Excal y director del área de
Creación e Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de
Inversiones.
3.- Declaraciones de bienes.
Se persigue detectar si existió enriquecimiento o beneficio
ilícito, comparando los bienes de los cargos públicos cuando entraron y
cuando cesaron en sus puestos. La petición se extiende a prácticamente
todas las personas llamadas a declarar.
4. Las empresas.
Energía Global Castellana (extinguida) se constituyó entre
San Cayetano e Iberdrola Renovables Castilla y León. Se han pedido las
escrituras de constitución de la primera, en 2004; su venta de acciones
por los hermanos Esgueva a Iberdrola Renovables, que las compró por 47
millones cuando estaban valoradas inicialmente en 24.000 euros, según el
PSOE.
5.- Coincidencias.
Algunos de los nombres de excargos, empresarios y sociedades
que figuran en la relación supuestamente implicados en la trama de los
eólicos aparecen en otros informes policiales y tributarios solicitados
por la Fiscalía de Valladolid en las diligencias abiertas desde 2013 en
el Juzgado de Instrucción número 2 sobre las operaciones urbanísticas de
compraventa del edificio de Arroyo de la Encomienda, actual sede de ADE
y la Consejería de Economía y Hacienda, y el parque empresarial de
Portillo. Hay una veintena de personas que serán llamadas a declarar en
calidad de investigados cuando el juez disponga de toda la documentación
solicitada.
6.- Funcionamiento.
La pretensión de los ‘populares’ en la comisión que presiden
es, aseguran, «agilizar» el trabajo y los tiempos. De entrada,
consideran «excesivos» los papeles solicitados por el PSOE y ven más
asumible acotar y pedir la que la Junta remitió en verano a la Fiscalía
Anticorrupción. Este será un primer escollo en la negociación. Habrá,
como barruntan, discrepancias en el número y nombres de los
comparecientes. Otra dificultad que tendrán que sortear durante todo el
tiempo que duren los trabajos es el secreto que impone el reglamento de
las Cortes. Aunque esta regla se flexibilizará en las comparecencias,
los declarantes tienen derecho a pedir que sus intervenciones sean
secretas. También, aunque obligados a comparecer, pueden negarse a
declarar como ocurre en los juzgados.
Fuente: El Norte de Castilla.es