Pensionistas en pie de guerra
UGT y CCOO inician movilizaciones para exigir que la subida de estas rentas se equipare al incremento del IPC y anuncian que no pararán «hasta conseguirlo»
Hartos de que los partidos políticos y en particular el Gobierno
central «jueguen» con un colectivo que representa más de 10 millones de
votos, los secretarios provinciales de las federaciones de pensionistas y
jubilados de UGT y Comisiones Obreras, Jesús María Estébanez y Antonio
Royuela, anunciaban ayer el inicio de una serie de movilizaciones que,
advirtieron, continuarán hasta lograr su objetivo, acabar con las
«ridículas» subidas y equiparar al menos el aumento de esta renta al del
IPC. En 2017 la diferencia entre ambos indicadores desataba el malestar
de los pensionistas, que ya protestaban públicamente por el incremento
del 0,25% frente al 1,7% del dato de referencia al que aluden.
El mensaje a cambiar de rumbo, dirigido con especial ‘efusividad’ a
Mariano Rajoy cuyas recientes declaraciones instando al ahorro privado
tildaron de «vergüenza», se hacía extensible a todas las formaciones
para llamar a acuerdos que propicien «una reforma del Pacto de Toledo»
para garantizar el futuro del sistema.
Las protestas comenzarán el jueves con una manifestación que partirá a
las 12 horas de la Subdelegación y desembocará en la Plaza Mayor. Del
19 al 23 de febrero se repartirán octavillas informativas y del 1 al 15
de marzo habrá concentraciones periódicas a las puertas de la Tesorería
de la Seguridad Social. Las reivindicaciones se completarán con una
recogida de firmas.
Más allá de alzas «dignas» los sindicatos aprovecharán estas citas
reivindicativas para exigir «empleo digno para los jóvenes», que serán,
auguran tanto Royuela como Estébanez, «los principales perjudicados si
se mantienen estas políticas» y la reforma laboral, a la que acusaron de
buena parte de los males actuales en esta materia.
«Tenemos salarios de miseria que van a producir pensiones de
miseria», reflexionaba la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña,
al recordar que Burgos ha perdido 17 millones de euros en nóminas de los
pensionistas desde 2013. Por su parte, el portavoz socialista en el
Senado, Ander Gil, aseveró que la «única salida» que ofrece el Ejecutivo
de Rajoy es el «sálvese quién pueda».