sábado, 7 de marzo de 2015

LO QUE QUIERE EL AYUNTAMIENTO ERA UNA ABERRACIÓN

La reforma de San Juan de los Lagos peligra por el rechazo de la mitad de las comunidades

C.M. / Burgos - sábado, 7 de marzo de 2015
Los vecinos de 5 de los 11 portales se muestran contrarios a tener que asumir el 65% del coste de los espacios privados de uso público por la precaria situación de algunas familias

La reurbanización de San Juan de los Lagos prevista por el Ayuntamiento, en virtud de un convenio firmado con una de las asociaciones del barrio en junio de 2014, pende de un hilo debido al rechazo de varias comunidades de vecinos. La principal discrepancia estriba en que los vecinos tengan que asumir el 65% de la actuación en los espacios privados de uso público, unos 200.000 euros, debido a la complicada situación que viven algunas de la familias por estar en el paro, tener pensiones mínimas e, incluso, o embargos por no poder pagar el recibo de la comunidad.
La actuación prevista para regenerar este barrio se eleva a 1,7 millones de euros, de los que 1,3 saldrían de las arcas municipales. 900.000 irían a mejorar todos los espacios de titularidad exclusivamente pública y cofinaciar los espacios privados de uso público. A ellos se sumarían otros 200.000 que aportaría la Sociedad de Aguas para remodelar la red de saneamiento.
Con el objetivo de encarar este proyecto los vecinos constituyeron una asociación para trabajar de forma coordinada y acometer un proyecto más ambicioso para que la regeneración no se quedara solo en las aceras sino que también alcanzara a los edificios, aquejados del diferentes patologías por el paso del tiempo. Encargaron la redacción de un proyecto integral y se lo presentaron al Ayuntamiento, que optó por asumirlo.
Luego llegó la firma del convenio y la necesidad de presentar el proyecto definitivo al Ayuntamiento, algo que en teoría debió hacerse en julio del año pasado. Sin embargo, no ha sido hasta hace una semana cuando se ha presentado debido a que ha sufrido varios retoques por prescripción de los técnicos municipales que el arquitecto redactor, Agustín Herrero, ha tenido que subsanar.
Mientras tanto se han sucedido las reuniones en las comunidades de vecinos (hay 11 de edificios con 360 viviendas y 4 de garajes) y las reticencias están siendo cada vez mayores a medida que los residentes conocen más detalles de las aportaciones que deben realizar. En al menos 5 de ellas, las de los portales 1, 2, 3, 7 y 10, se rechaza tener que pagar la reforma de las conocidas como ‘terrazas’ y así se lo han trasladado a los promotores. «La presidenta de la Asociación del Barrio de San Juan de los Lagos y el arquitecto se han presentado en algunas de las reuniones para explicar lo que iban a hacer pero les han echado. Los vecinos les dijeron que no querían saber nada», indicó Asunción García, presidenta de la primera asociación vecinal que tuvo el barrio.
También rechazan las aportaciones que se han realizado hasta ahora a esta asociación por parte de las comunidades para la gestión del proyecto al entender que debieran haber sido a título particular y no autorizadas por el presidente de cada una de ellas.

Diferente opinión. La visión que ofrece la asociación promotora es diferente al asegurar que los acuerdos se han aprobado por mayoría en todas las comunidades y nadie los ha revocado. «Oficialmente no tenemos ningún rechazo de nadie y lo que vale son las actas.  El proyecto sigue adelante», apuntó Asunción Soria.
Por su parte, el arquitecto asegura que cada comunidad es «soberana» y está en su derecho de no querer hacer la obra en su terraza , pero eso no bloquearía el conjunto de la actuación». «El proyecto define perfectamente las zonas de cada comunidad y cada terraza es de cada comunidad no del global».
Fuente: Diario de Burgos

viernes, 6 de marzo de 2015

TODOS LOS POLÍTICOS IGUALES



El número dos de Pablo Iglesias se queda compuesto y sin futuros trabajos universitarios

La 'beca black' le va a salir por un ojo de la cara a Errejón: la Universidad de Málaga le inhabilita

La resolución faculta a la Junta a reclamar daños y perjuicios al líder de Podemos

La beca le va a salir muy cara. Íñigo Errejón no podrá volver a trabajar en la Universidad de Málaga tras decidir esta institución su inhabilitación por no cumplir las condiciones estipuladas, entre ellas la más básica, la de realizar el trabajo de manera presencial.
Lo curioso del caso, y lo que ha facilitado las cosas al propio centro es que fue el número dos de Podemos quien reconoció sin sonrojo alguno que el trabajo lo 
desarrolló la mayor parte del tiempo desde Madrid y que no solicitó permiso preceptivo para esta exención.
La Universidad de Málaga detalla que la sanción, que aún puede ser recurrida, no tiene efecto inmediatos porque el dirigente político no es personal de la institución y su contrato de investigador externo concluyó en diciembre a petición propia, cuando la Universidad había iniciado las investigaciones. No obstante, la inhabilitación le cierra la puerta a futuras relaciones laborales y a que la Junta de Andalucía inicie un proceso contra él para reclamarle daños y perjucios.
Errejón inició su contrato con la UMA el 17 de marzo de 2014, que se fue prorrogando cada tres meses, para la elaboración del proyecto sobre 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda', financiado por la Consejería de Fomento de la Junta, era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros.
El instructor de este expediente informativo, Enrique Guerra, argumenta su decisión en dos faltas disciplinarias derivadas de "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato como investigador y de "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia".
Fuente: Periodista Digital

EL PP BENEFICIADO CON LA TRAMA GÜRTEL SEGÚN RUZ

Ruz apunta al PP como beneficiario de la trama Gürtel
Pepe G.-Saavedra
El juez instructor de la trama impone una fianza de responsabilidad civil a los populares de 245.000 euros y de 28.400 euros para la exministra de Sanidad Ana Mato, por su participación a título lucrativo.
Pablo Ruz apura sus últimos momentos en la AN.
El juez Ruz ha apuntado directamente al PP y a la exministra de Sanidad, Ana Mato, como partícipes a título lucrativo de la trama Gürtel. El instructor del caso les ha impuesto fianzas civiles por valor de 245.000 euros y 28.400 euros, respectivamente, y ha ordenado la apertura contra ellos de juicio oral.
Quien tiene asegurado un asiento en primera fila en el juico por la trama corrupta es Luis Bárcenas. Ruz, con los días contados dentro de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral contra 40 encausados por la trama corrupta, entre los que se encuentra el extesorero popular.
Otros nombres que acompañarán a Bárcenas en el juicio, serán otros dos responsables de la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, y el cabecilla de la trama, Francisco Correa. Se trata de las personas encausadas en la pieza separada conocida como ''primera época'', correspondiente a los años 1999 y 2005.
Los acusados que se sentarán en el banquillo se enfrentan, entre otros, a los delitos de prevaricación, cochecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Ruz ha dictado esta resolución tras haber rechazado la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los últimos recursos contra su decisión de enviar a juicio a estos 41 imputados al entender que existen "nítidos" indicios contra ellos.
Unas fianzas de cifras millonarias
En el caso del extesorero popular, Luis Bárcenas, Ruz le ha impuesto una fianza que asciende a 88 millones de euros. Para su esposa, Rosalía Iglesias, la fianza asciende a 22 millones. El líder de la trama corrupta, Francisco Correa, deberá pagar 60 millones de euros.
El número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, deberá pagar 22 millones mientras que al exconsejero madrileño, Enrique López Viejo, se enfrenta a una fianza de 14 millones de euros. El magistrado les da a todos ellos 10 días de plazo para prestar la fianza.
Y suma y sigue, con las fianzas por responsabilidad impuestas al PP y a la exministra de Sanidad, Ana Mato, hasta los 449 millones de euros que deberán abonar el total de los encausados.
Fuente: La Gaceta

jueves, 5 de marzo de 2015

EL AYUNTAMIENTO ESTRUJANDO IRREGULARMENTE A LOS CIUDADANOS

El TSJ anula el tipo impositivo del IBI del Ayto de Burgos del 2013

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.- Burgos. Sección 2ª en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Luis Miguel Blanco ha estimado parcialmente el recurso presentado por dos empresas de Burgos contra varios acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Burgos, de fecha 21 de septiembre de 2012.
Así declara la nulidad de pleno derecho de las modificaciones introducidas en la Ordenanza Fiscal nº 204, en lo que hace a la consideración de la presentación de la declaración responsable como hecho imponible (tasa por expedición de licencias administrativas ) y en la Ordenanza Fiscal nº 507 en lo que a la subida de los tipos de gravamen para los bienes inmuebles urbanos se refiere ( I.B.I)
Contra la misma cabe interponer recurso en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 10 días.
En resumen, que se ha cobrado indebidamente el coeficiente aplicado al tipo de gravamen del I.B.I, inicialmente en lo concerniente al año 2013.
Lo más lógico es que el Ayuntamiento de Burgos recurra. Por lo que a los ciudadanos se refiere, estos podrán reclamar la devolución cobrada indebidamente, con los intereses legales correspondientes y esperar a que el Ayuntamiento decida al efecto. Este puede admitir esa reclamación, devolver el dinero o esperar a confirmar que la sentencia obligue a ello.
Fuente: Radio Arlanzón

CREEMOS QUE LAS ASOCIACIONES VECINALES TENÍAN QUE TENER REPRESENTACIÓN AUTOMÁTICA

Tres grandes distritos sustituirán a los barrios en la organización de la ciudad

El Río Arlanzón y la Avenida Cantabria sirven de punto de referencia para crear los distritos Norte-Este, Norte-Oeste y Sur
La redistribución se aprobará provisionalmente en el pleno de abril, pero se pondrá en marcha con la nueva corporación municipal
Desaparecen los 25 consejos de barrios, derivándose la interlocución entre Ayuntamiento y ciudad a través de las juntas vecinales
Los nuevos órganos estarán compuestos por 10 representantes de las asociaciones y 5 ciudadanos particulares

Tres grandes distritos sustituirán a los barrios en la organización de la ciudadLacalle y Abajo han presentado la nueva organización. PCR
La ciudad cambia su organización territorial y administrativa. Se despide de la tradicional distribución en barrios, para adoptar la fórmula de los distritos, al estilo de las grandes ciudades, con mayor presencia de las asociaciones vecinales, los colectivos sociales y los ciudadanos de a pie en la toma de decisionessobre acciones y proyectos en la ciudad. La propuesta elaborada por Participación Ciudadana, plantea la creación de tres distritos, Norte-Este, Norte-Oeste y Sur, utilizando como ejes de división el Río Arlanzón (norte y sur) y la Avenida Cantabria (este y oeste).
El alcalde, Javier Lacalle, y la concejal de Participación Ciudadana, Mª José Abajo, han sido los encargados de presentar esta mañana el nuevo reglamento bajo el que se ejecutará esta reorganización de Burgos, en aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, ha recordado Lacalle. La zona Norte-Este se convertirá en el Distrito 1, con una superficie de unos 2.800 metros hectáreas y una población de 54.390 ciudadanos, e incluye el Centro Histórico, Vadillos, San Pedro de la Fuente, Fuentecillas, Barriada Yagüe, Villalonquéjar, Villagonzalo-Arenas y Villatoro.
Así quedaría la nueva configuración. BC
Así quedaría la nueva configuración. BC
El Distrito 2 corresponde a la zona Norte-Este, con más de 4.100 hectáreas y 79.076 habitantes, el más grande dado que aglutina al barrio de Gamonal, además de a Capiscol, G-9, Río Vena, San Cristóbal, Illera-Vista Alegre, Villímar, Villafría, Villayuda, La Ventilla, Castañares y Cótar. El resto de la ciudad, Centro Sur, Crucero, San José, San Julián, San Pedro y San Felices, Huelgas, El Pilar y Cortes, formaráel Distrito 3 Sur, con unas 3.800 hectáreas y 41.103 ciudadanos. De este modo, la organización por barrios desaparece y, con ella, los consejos de barrios y su función de interlocución con el Ayuntamiento.

Preparado para 2016

Y es que serán las juntas vecinales de los distritos, conformadas por diez representantes del colectivo asociativo y cinco ciudadanos de a pie, bajo la presidencia de un concejal delegado, las que canalizarán estas relaciones. La nueva corporación municipal que salga tras las elecciones de mayo será la encargada de poner en marcha la reorganización de la ciudad, aunque los trámites para la creación de los distritos y las juntas vecinales están en marcha. El reglamento de Participación Ciudadana que regulará el nuevo sistema ya se ha elaborado, si bien se trata de un documento abierto a sugerencias y propuestas, según el alcalde.
“La ciudad tiene que seguir avanzando con independencia de quién gobierne”
El reglamento ha contado con la participación de asociaciones vecinales y colectivos sociales, con la coordinación de Abajo, y será presentando en los centros cívicos de San Juan, Agustín y Capiscol a lo largo de marzo. Se aprobará inicialmente en el pleno de abril y, a continuación, saldrá a información pública durante un mes. De este modo, tras incorporarse las propuestas que se consideren oportunas y subsanarse los errores detectados, la aprobación definitiva le corresponderá al siguiente Equipo de Gobierno, ha recordado Javier Lacalle.
El alcalde ha asegurado que el trabajo en el Ayuntamiento no se puede “paralizar” porque haya una convocatoria de elecciones a la vuelta de la esquina. “Hay que tener responsabilidad”, sobre todo teniendo en cuenta que si se consiguen preparar los distritos para finales de año, la nueva organización se contemplará ya en el Presupuesto 2016. Y es que un 5 por ciento de las inversiones previstas por el Consistorio en los distritos serán decididas en función de las propuestas y prioridades establecidas por las juntas vecinales, de manera directa.

Juntas vecinales

“La ciudad tiene que seguir avanzando, con independencia de quién gestione el Ayuntamiento”, ha insistido Javier Lacalle. Así las cosas, tras aprobarse definitivamente el reglamento se constituirán las juntas vecinales, con un concejal de distrito, representantes de los grupos políticos, apoyo administrativo y 15 miembros sociales, 10 de las asociaciones y 5 particulares. Cada asociación presentará sus candidatos, mientras que los ciudadanos de a pie se postularán a título individual, y en caso de que haya más candidatos que puestos, se desarrollará un proceso electoral abierto, ha explicado Mª José Abajo.
El Presupuesto de 2016 incluirá partidas de inversión decididas por las juntas vecinales
Eso sí, el reglamento establece un 20 por ciento de margen  para ajustar la composición al tamaño y la población de cada distrito. Los miembros de la junta vecinal se eligen por un periodo de cuatro años, coincidiendo con los ciclos electorales, y el reglamento establece cuáles son sus competencias. Entre ellas, recabar propuestas para mejorar los servicios y la acción municipal; trasmitir necesidades, quejas y peticiones; o crear un foro común de debate. Está previsto que se celebren, como mínimo, dos reuniones al año, pero la junta vecinal es libre para decidir cómo, cuándo y para qué reunirse, ha recordado Abajo.
El alcalde ha dejado claro que, ante la desaparición de los barrios y los consejos de barrio, las fiestas pasarán a organizarse a través de las juntas vecinales, como únicas interlocutoras con el Consistorio. Desde el Equipo de Gobierno aseguran que la nueva distribución no va a suponer una carga excesiva para las arcas municipales, puesto que los miembros de las juntas vecinales no cuentan con retribución de ningún tipo. El único coste vinculado será el asesoramiento de los servicios administrativos municipales, según Javier Lacalle, quien ha asegurado que supondrá “un incremento mínimo de gasto”.
Fuente: Burgosconecta.es