La consejera de Sanidad de Castilla y León asegura que la Junta prohibió el traslado de ancianos a hospitales para "protegerles"
Estos son los documentos
que prueban que la Junta de Castilla y León ordenó no derivar a los
ancianos de las residencias a los hospitales
Laura Cornejo | eldiario.es/cyl
| 02/05/2021 - 22:09h.
La gestión del COVID-19 en las residencias de ancianos de
Castilla y León en el peor momento de la pandemia es algo que ni PP ni
Ciudadanos quieren que se investigue. El pasado mes de octubre, ambos
partidos, que gobiernan en coalición, bloquearon la solicitud de los
socialistas de una comisión de investigación. Hasta el 30 de septiembre
de 2020, 1.176 mayores fallecieron en los centros sociosanitarios. Eran
los más vulnerables, pero no llegaron al hospital. La Junta de Castilla y
León ordenó tratarlos en las residencias sin trasladarlos al hospital.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó en ese momento que era
la mejor opción, ya que cuando se les hospitaliza "se desorientan". Lo
que anunciaron entonces es que se optaba por una "hospitalización a
domicilio", con médicos que les tratarían en los propios centros "igual
que en el hospital". Se obvió entonces que si un anciano necesitaba
tratamientos o pruebas diagnósticas imposibles de realizar en las
residencias, tampoco habría opción.
Con el término de "hospitalización a domicilio", el Gobierno
autonómico trataba de camuflar la realidad. La figura existe, y se usa
en enfermos en los últimos días de su vida o crónicos muy graves. La
finalidad es mantener el tratamiento médico en un entorno más amable
para ellos. Pero hay unos requisitos imprescindibles: que el enfermo
pase a ese domicilio tras una hospitalización que haya conseguido
estabilizarle, y que él o sus tutores den el consentimiento. De esa
forma, con seguimiento médico, el enfermo es tratado en casa. Nada de
eso ocurrió en las residencias. Ni los enfermos, ni sus familias o
tutores legales pudieron decidir.
Que no podían ser trasladados a los hospitales cuando
enfermaban es algo que la Junta reflejó por escrito. ElDiario.es publicó
los documentos que así lo establecían. El pasado viernes, la Consejera
de Familia, Isabel Blanco, aseguraba que en la comisión de investigación
que ha vuelto a solicitar el PSOE y que saldrá adelante por la pérdida
de la mayoría absoluta, deberían comparecer el exministro de Sanidad,
Salvador Illa, y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Blanco insistió en el mando único, y en que Iglesias era el responsable
de la gestión de las residencias. No es cierto. Las comunidades
autónomas siempre mantuvieron las competencias en la gestión ordinaria
de sus servicios. No sólo eso, es que el Ministerio de Sanidad reforzó
el papel de los Gobiernos autonómicos en varios apartados, a través
decretos.
Ni había un mando único ni Pablo Iglesias tenía el control de las residencias como dijo la consejera de Familia
El real decreto ley del 14 de marzo que introdujo el estado
de alarma en España estableció para todo el Estado cuatro autoridades
competentes delegadas en sus respectivos ámbitos de actuación: la
ministra de Defensa, el de Interior, el de Transportes y el de Sanidad.
Salvador Illa, además, sería autoridad que coordinaría las materias
ajenas a estos cuatro departamentos. Con ello, el Gobierno se dotaba de
un paraguas normativo para dar órdenes de obligado cumplimiento a todas
las personas e instituciones del país y podían adoptarse de oficio o
mediante solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales
competentes. Los servicios sociales nunca se transfirieron al Gobierno
central. Las administraciones autonómicas conservaron "las competencias
que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus
servicios" Así lo establecían los artículos 4 y 6 del real decreto del
14 de marzo.
En cuanto a las residencias de mayores, Salvador Illa
firmó una orden ministerial el 19 de marzo en la que se establecían
normas obligatorias tanto para evitar que se propagara la enfermedad
como para el tratamiento de las personas contagiadas. "Tras una primera
valoración del caso y si presenta síntomas leves, el paciente
permanecerá en aislamiento en la residencia garantizando que se realiza
seguimiento del caso. No obstante, si se cumplen criterios de derivación
a un centro sanitario, se activará el procedimiento establecido para
tal efecto", dice el punto quinto. En ningún momento se indica que no
deben ser trasladados al hospital, al contrario.
La orden también señalaba la labor de las autoridades
sanitarias competentes, que debían ser quienes recibiesen las
comunicaciones de los casos detectados o recomendasen las "medidas
extremas de limpieza" necesarias. También facultaba "la autoridad
sanitaria de la comunidad autónoma" a intervenir en la gestión de las
residencias de titularidad pública o privada para "modificar la
prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo
de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros
centros sociosanitarios". En su apartado 7, facultaba a dicha autoridad,
los gobiernos autonómicos, a "dictar las resoluciones, disposiciones e
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su
actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto
en esta orden".
El 23 de marzo, una nueva orden ministerial de Illa,
reforzaba la anterior. Se facultaba a las autoridades sanitarias
competentes, que seguían siendo los gobiernos regionales, a definir la
periodicidad y el medio por el que las residencias debían informar de
los casos de COVID-19 detectados y de su evolución. Permitía la
intervención total de los centros por parte de la "la autoridad
competente de la comunidad autónoma". Todos ellos, además, quedaban
"sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad
autónoma correspondiente" que podrían realizar su trabajo "en cualquier
momento". Se obligaba a las residencias a informar de las situaciones
excepcionales "a las correspondientes Consejerías de Servicios Sociales y
de Sanidad de la comunidad autónoma, así como a la Delegación o
Subdelegación de Gobierno". En su punto 2, se faculta a las "autoridades
competentes" a "auxiliar" a las residencias que lo necesitaran y a
informar posteriormente a los Ministerios de Sanidad y Derechos
Sociales. Nada se dice de mantener a los ancianos en las residencias.
El protocolo de Castilla y León: "Se tratará a los ancianos sin necesidad de movilizarlos ni trasladarlos al hospital"
El mismo día que Illa firmaba esa orden, y cuando habían
pasado 10 días desde que se declaró el estado de alarma, la Junta de
Castilla y León elaboró el protocolo "Medidas generales para contener el
impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter
social'. Encabezado con los membretes de la Junta de Castilla y León,
Servicios Sociales (dependiente de de la Consejería de Familia, en manos
del PP) y la Gerencia de Salud (dependiente de la Consejería de Sanidad
y en manos de Ciudadanos), lo firmaron el director gerente de la
Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel, y el gerente de Servicios
Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y se hizo llegar a
todos los hospitales de la Comunidad. No es una orden ministerial, es
una decisión del Gobierno autonómico.
En él se determinó que la atención sanitaria en estos
centros se gestionaría mediante un "equipo multidisciplinar" - los
equipos COVID-Residencias- con un equipo asistencial formado por "los
profesionales de las residencias junto con los profesionales de los
equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y
enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna,
UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia,
voluntarios etc...". Era este equipo el encargado de realizar una
"valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables
(pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles,
dependientes, etcétera". También decía textualmente y en negrita que se
atendería a los residentes "sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos
al Hospital".
Este protocolo está avalado ese mismo día por la Comisión de
Bioética de Castilla y León, un órgano consultivo de la Consejería de
Sanidad y que tiene allí su sede. En su informe decía "los equipos
asistenciales correspondientes" debían atender a los enfermos de
COVID-19 de las residencias "in situ", "sin trasladarlos a los
hospitales (salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad, que
tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios
de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se
contará con la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del
Hospital de referencia)".
"En ningún caso se derivarán pacientes al hospital sin contactar primero con el equipo COVID-Residencias"
El 26 de marzo, las medidas se actualizaron en un nuevo
documento. En el apartado de 'Solicitud de atención sanitaria', se
reflejaba que "el Equipo de Atención Primaria prestará la atención
sanitaria en las residencias. Si para el desempeño de la asistencia, se
necesitara apoyo clínico, los profesionales de Atención Primaria se
pondrán contacto con el EQUIPO COVID-Residencias, pero -destacado en
negrita- en ningún caso derivarán pacientes de la residencia al hospital
sin contactar previamente con el EQUIPO COVID-Residencias, que será
quien decida la ubicación de la persona".
El criterio de la Junta de Castilla y León, que en el primer
documento apuesta por no derivar pacientes, en el segundo por hacerlo
sólo en casos "de gran excepcionalidad" y con la autorización previa del
hospital, y en el tercero de deja a criterio del EQUIPO
COVID-Residencias, cambia ligeramente el 16 de abril, una vez que
empieza a bajar la curva de ingresos. El documento 'Actualización de las
medidas generales a adoptar para contener el impacto del COVID-19 en
las residencias de carácter social', se indica que "preferiblemente" se
atenderá a los residentes "sin necesidad de movilizarlos". Pero además,
ya aparece la posibilidad de salir de la residencia. En concreto dice
que si los enfermos precisasen "cuidados continuados de mediana o alta
intensidad que no pueden ser prestados en la residencia (necesidad de
apoyo continuado o cuidados críticos) se derivará al residente al
hospital o al recurso intermedio medicalizado que se determine en cada
caso". En este documento aparece además un listado de hospitales y
centros de cuidados intermedios que no aparecen ni listados ni citados
en los documentos anteriores.
La realidad de los equipos COVID-Residencias: "Esto
es un polvorín, tenemos serios problemas de infectados sin recibir
tratamiento"
Pero ¿funcionó de verdad ese "equipo multidisciplinar"
denominado "Equipo Covid-Residencias"? Este diario también publicó un
documento que demuestra que hubo residencias con ancianos enfermos a los
que no se atendió médicamente. Se trata de un correo electrónico de la
directora médica de la Gerencia de Salud Valladolid Este, escrito
durante el pico de la pandemia, el 9 de abril. Con el título de
'Necesitamos a los mejores' pedía a los médicos residentes que acudiesen
a los centros de personas mayores.
"Sabemos que muchos de vosotros estáis deseando colaborar
más activamente en esta pandemia", decía. "Actualmente, esto es un
polvorín en las residencias, muchas de ellas aún no han sido visitadas
por los equipos de AP (Atención Primaria) y en 10 de ellas tenemos
serios problemas de infectados sin recibir tratamientos", informaba. Los
equipos COVID-Residencias se habían creado el 20 de marzo.
Tras publicar elDiario.es los documentos de Sanidad y
Familia que ordenaban tratar a los ancianos fuera de los hospitales, la
Fiscalía de Castilla y León investigó los hechos, pero rápidamente
descartó que hubiese delito. Basó su decisión en la documentación
remitida por la Junta de Castilla y León y concluyó que no se había
dejado de asistir sanitariamente a los residentes de los centros de
mayores porque se habían creado los equipos COVID Residencias. Sin
embargo, el correo publicado más tarde y cuando se dio la investigación
por cerrada, relata unos hechos muy distintos.
Hasta el momento, la Junta de Castilla y León no ha
acreditado el número de visitas que se hicieron a las residencias o
cuántos médicos se encargaron de ellas en la peor etapa de la pandemia.
Tampoco ha precisado cuántos ancianos fueron derivados al hospital
mientras se trabajó con esos protocolos que lo prohibían o restringían.
Fuente: burgosnoticias.com