La Fiscalía de Valladolid ha pedido
al juez instructor del caso Perla Negra que impute al exconsejero de
Economía y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, al considerar que habría cometido los delitos de revelación
de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a
la administración y malversación de caudales públicos, y sin descartar
el cohecho y el blanqueo de capitales.
La
investigación sobre Villanueva planeó siempre sobre el caso del edificio
de Soluciones Empresariales conocido como Perla Negra, y en el que,
hasta el momento, se ha detectado un sobrecoste de varios millones de
euros a través de dobles facturas. El exconsejero, que dejó la política
poco antes de que saliese a la luz la Trama Eólica, era la mano derecha
del presidente Juan Vicente Herrera, tanto es así, que el pasado 31 de
mayo aseguraba en una comisión de Economía sobre la querella eólica, que
tenía plena confianza en él.
El escrito de la fiscal jefe es demoledor. A lo largo
de 25 páginas pone de manifiesto que fue él, como consejero de Economía,
quien decididió alquilar y luego comprar un edificio sin tener
competencias para ello, utilizando una sociedad pública de la Junta que
tampoco estaba legitimada para esa operación, y además falseando un
concurso público, entre otras cosas.
Hasta el
momento, con las facturas analizadas, y los informes de la Intervención
General de la Adminstración del Estado (IGAE), se habrían pagado 10
millones de más por el edificio, aunque en esta cantidad no se han
incluido los 4,4 millones de una adjudicación a dedo a Unifica Servicios
Integrales, el estudio de arquitectos que reformó con pagos en negro,
la sede del Partido Popular en la calle Génova, o la adjudicación de
distinto mobiliario para la guardería del edificio y otras dependencias,
pendientes de tasación.
El edificio empezó a
fraguarse en 2005, con un informe de la Agencia de Desarrollo Económico
que justificaba su necesidad, por estar repartida esta en varios
locales. El expediente se puso en marcha dos días después por parte del
entonces director de la Ade, Rafael Delgado, principal imputado también
en la Trama Eólica. Ese mismo día, Tomás Villanueva firmó el acuerdo
para autorizar el expediente de concurso público iniciado por Delgado
para arrendar un edificio con opción de compra. Tras un informe jurídico
favorable, el concurso se licitó, pero restringió la presentación de
proposiciones a 15 días, cuando lo habitual son 30.
Al concurso concurrió un único estudio, Lamela, que se hizo con la
adjudicación. Pero es que meses antes, había emitido una factura a la
que fue la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3 SL, por 31.320
euros con el concepto "honorarios por la fase de concurso Proyecto
Ade-Valladolid" y firmó poco después, pero antes de que se convocase el
concurso, un contrato de servicios profesionales con la promotora, en el
que esta manifestaba ser propietaria de unos terrenos en Arroyo de la
Encomienda (localidad a 5 kilómetros de Valladolid) donde estaba
previsto construir un edificio de oficinas y un aparcamiento. En esas
fechas, el tereno era la constructora Mahía, la misma que formó parte
del 'Caso Arroyo' y por el que el alcalde acabó en prisión, aunque los
adquirió poco después. Para la fiscal, Urban Proyecta "tuvo información
que sólo pudo facilitarse por quien tenía facultad de decisión: el
Presidente, Tomás Villanueva y Rafael Delgado". Pero es que además el
representante de Lamela, en su declaración judicial manifestó que tuvo
en su poder el pliego de condiciones el 26 de diciembre de 2005 y el
concurso no se publicó hasta el 30. Por otro lado, la promotora se había
constituido cinco meses antes. Aunque se firmó un primer contrato, las
partes lo resicindieron, por razones como modificaciones introducidas a
posteriori y valoraciones erróneas. El expediente se archivó en julio de
2006, pero cuatro días después, Villanueva, sin haber solventado
objeciones sobre el precio de mercado de alquiler y compra, adjudicó a
Urban el contrato, pero a través de Gesturcal, una sociedad instrumental
de la Junta dedicada a la gestión de suelo y que no tenía esa
competencia (adquirir inmuebles) en su objeto social, un problema que se
solventó invocando que Gesturcal podría tener ese edificio como sede.
El edificio empezó a ocuparse en 2009
Para la Fiscalía, todas las condiciones sobre el alquiler y la compra
del edificio, respondieron a "decisiones personales" de Villanueva
aunque se canalizaron a través del consejo de administración de
Gesturcal/Ade Parques aprovechando que en ambos estuvieron Rafael
Delgado y la que sería vicenconsejera, también imputada, Begoña
Hernández, pero "conculcan gravemente la legislación". Ni Ade ni
Gesturcal debieron tener la encomienda de Economía, y menos tratandose
de empreas públicas de derecho privado. Por si eso fuera poco, en ese
momento, Economía no podia comprar el edificio, sólo podía hacerlo la
Consejería de Hacienda, y nunca delegó.
En
conclusión, los investigados compraron a través de Gesturcal "utilizando
la situación de superioridad" respecto a los miembros del consejo de
administración" y "disfrazaron la adjudicación directa".
La promotora "sabía que iba a ser adjudicataria y beneficiaria" y
"sabía que le iba a suponer importantes beneficios, porque no se
explica, desde el punto de vista empresarial, que adquiera el terreno
por 12 millones de euros, cuando su adquiriente previo había pagado
600.000", dice el escrito. Además recuerda que los miembros de Gesturcal
declararon que la decisión de comprar el edificio vino de "la
Consejería", de "la Junta", "del consejero", y subraya que uno de ellos,
Pablo Trillo, llegó a hablar con Villanueva para indicarle lo elevado
del precio del alquiler y de la compra, y acudió al presidente Herrera
para trasldarle su preocupación por el excesivo gasto y cometarle que
las negociaciones se hacían por orden del consejero.
Por otro lado, la Fiscalía también se ha dirigido a la Junta de Castilla
y León para que se pronuncie sobre una posible indemnización por el
dinero supuestamente malversado, los hasta ahora contabilizados 10
millones de euros (sin contar los 4,4 de Unifica, ni de la operación de
los terrenos para el polígono industrial de Portillo, que forman parte
de la causa). Esta es la parte que más puede complicar la posición de la
Junta, que siempre ha dicho que no hubo sobrecostes. Si la Junta
mantiene que no hubo nada ilegal, la Fiscalía no podrá pedir que se
reponga el dinero público.
Fuente: eldiario.es
