martes, 13 de junio de 2017

EL GOBIERNO TIENE QUE VER LA NECESIDAD DEL TREN DIRECTO

Burgos impulsa un encuentro Madrid, Castilla y León y País Vasco por el Tren Directo

Las tres comunidades, junto con sus organizaciones empresariales, mantendrán una reunión a finales de julio o principios de septiembre
Se trata de mostrar públicamente su apuesta por el eje Algeciras-Bilbao a través del Tren Directo, y sin el rodeo de 110 kilómetros por Valladolid

Burgos impulsa un encuentro Madrid, Castilla y León y País Vasco por el Tren Directo 
 El Directo es una reivindicación social, empresarial y política. GIT
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, califica de “positivo” el encuentro mantenido ayer en Bilbao con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, con presencia del presidente de la Diputación y las Cámaras de Comercio de Burgos y Vizcaya. Tanto es así que la reunión no solo sirvió para poner de manifiesto que País Vasco y Burgos están en la misma sintonía en la reivindicación del Tren Dinero, sino que además se cerró compromiso para un nuevo encuentro, que se celebraría a finales de julio o principios de septiembre.
El objetivo es unir a las comunidades autónomas afectadas por el Tren Directo, Madrid, Castilla y León y País Vasco, así como a las organizaciones empresariales y a todos aquellos agentes a los que les afecta, de un modo u otro, que la comunicación entre Madrid, Burgos y el País Vasco se encuentre ahora interrumpida en su línea recta. El alcalde de Burgos ha insistido en que “todos tienen claro” el carácter “fundamental” del eje Algeciras-Bilbao, y “no es normal” que haya que recorrer 110 kilómetros a mayores para llegar a Burgos, previo paso por Valladolid.
Buscan convencer a Fomento para que incluya una partida en 2018 para la redacción del proyecto
La reunión de ayer buscaba conseguir el respaldo del Puerto de Bilbao, y de los empresarios vizcaínos, en la reivindicación de la reapertura del Tren Directo. Y Burgos lo tiene. El objetivo ahora es convencer al Gobierno central para que en los presupuestos de 2018 se incluya una partida, al menos, para sacar a concurso la redacción del proyecto que permitiría la reapertura, y que se circunscribe a 150 kilómetros. No se trata de los 300 kilómetros totales de la línea Madrid-Burgos, ha recordado Lacalle, sino solo de aquellos que no están en servicio.
La inversión que tendría que hacer el Ministerio de Fomento correspondería a la apertura del túnel de Somosierra, cerrado desde el derrumbamiento de 2011, y el acondicionamiento de la línea entre Madrid y Aranda de Duero. En Madrid, la línea está en servicio hasta el túnel, ha insistido el alcalde, y entre Aranda y Burgos, también. La inversión sería asumible y, además, el proyecto es fundamental para que el eje Algeciras-Bilbao sea competitivo, pues la distancia más corta entre dos puntos sigue siendo la línea recta.
Fuente: BurgosConecta.es

lunes, 12 de junio de 2017

HAY QUE REABRIR EL DIRECTO

Burgos y el Puerto de Bilbao cierran filas en defensa de la reapertura del Tren Directo

El alcalde de Burgos, el presidente de la Diputación y el de la Cámara de Comercio se reúnen con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao para hacer frente común
Consideran que la reapertura de la línea es “fundamental” para la consolidación del corredor norte-sur de transporte de mercancías
 Burgos y el Puerto de Bilbao cierran filas en defensa de la reapertura del Tren Directo 

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el presidente de la Diputación, César Rico, se han acercado hoy hasta Bilbao para mantener un encuentro de trabajo con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, destinado a hacer frente común para la reapertura de la línea férrea directa entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero. Así, el encuentro, al que también han acudido los presidentes de las cámaras de comercio de Burgos y Vizcaya, ha servido para poner sobre la mesa una vez más la viabilidad económica de la línea.
No es la primera reunión mantenida entre instituciones y agentes económicos
En este sentido, la conclusión de la reunión ha sido clara: la inversión que tendría que hacer el Gobierno para reabrir la línea para mercancías sería menor en comparación con los beneficios que podría reportar en forma de ahorros de costes logísticos. No en vano, la circulación por esta línea permitiría ahorrar algo más de 110 kilómetros respecto a los trayectos actuales por Valladolid. Solo el Puerto de Bilbao, según los cálculos realizados por la institución, podría ahorrarse 2 millones de euros al año, lo que ayudaría, y mucho, a consolidar su competitividad.

Adicionalmente, Atutxa ha recordado que también se beneficiaría de la reapertura de la línea el propio Puerto Seco recientemente puesto en marcha en Pancorbo, potenciando así el establecimiento de un corredor ferroviario de primer nivel entre el norte de la península y Algeciras. De hecho, de un tiempo a esta parte, las instituciones y organizaciones empresariales del País Vasco, Burgos, Segovia y Madrid, han venido a destacar el papel clave que tiene la línea para el mapa de transporte, no solo de esos territorios, sino de toda la Península, tal y como quedó patente tras la reunión mantenida meses atrás por las patronales.

En los Presupuestos

Por todo ello, todos los agentes implicados consideran “fundamental” incluir en los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio una partida específica que permita reacondicionar la línea, empezando por la reapertura del túnel de Somosierra. En total, según los cálculos realizados, se trataría de una inversión de entre 12 y 13 millones de euros, dado que en un primer momento no se habla ni de electrificación de la línea, sino simplemente de su acondicionamiento.
Fuente: BurgosConecta.es

domingo, 11 de junio de 2017

OTRO CASO DE CORRUPCIÓN

Caso PGOU: una historia interminable de 9.000 folios
 
 
García de Coca y otros imputados en el 'caso PGOU' vuelven a recurrir por falta de documentación de la causa. La Fiscalía pide 30 años a trece encausados, pero los recursos no dejan avanzar el proceso.
 
El juicio por el denominado 'caso PGOU', relativo a presuntas modificiaciones de la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid en favor de determinados empresarios, lleva rumbo de convertirse en términos cinematográficos en una 'historia interminable' como consecuencia de los continuos recursos de los investigados, que siguen sosteniendo que buena parte de lo actuado aún no ha sido puesto en sus manos.

Después de la última providencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que emplazó hace unos días a los abogados de los imputados para que presenten sus respectivos escritos de defensa en un plazo de treinta días, una vez remitido a todas las partes un último 'pendrive' con documentación de la causa, son varias las defensas que han vuelto a recurrir por entender que dicho trámite no se ha llevado a término.
 
Así, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, el principal inculpado, el ex concejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, y el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, también investigado, han presentado recurso en el que alegan que un sinfín de documentos, más de trescientos, aún no les han sido entregados por el Juzgado de Instrucción número 1, mientras que otro de los presuntamente implicados, el empresario Ramón Herrero Merino, sostiene incluso que no ha tenido acceso todavía a un solo documento, de ahí la imposibilidad de elaborar su escrito de defensa.
Los recursos tendrán que ser resueltos por el instructor y, caso de ser rechazados, subirán a la Audiencia de Valladolid para que sea dicho tribunal el que decida, con lo que el proceso podría volver a sufrir un nuevo retraso, y ello a pesar de que estaba previsto que este próximo mes de julio la causa completa, compuesta por más de 9.000 folios, pasara a la Sección Cuarta de lo Penal para designar ponente, pronunciarse sobre la admisión o no de las pruebas propuestas por las distintas partes y, además, fijar las fechas para la celebración del correspondiente juicio. Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que se eleva a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios, por su presunta implicación en la alteración del PGOU, principal herramienta de planeamiento urbano de la capital.
A los imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.
 
DIFERENTES PENAS
 
En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.
 
A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
 
Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.
 
Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.
 
La acusación popular en esta causa, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ya presentó también su escrito de calificación en la que las penas más elevadas las solicitó igualmente para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, a quienes pide penas de cuatro años.
Fuente: Tribuna burgos

sábado, 10 de junio de 2017

LA PERLA NEGRA Y TOMÁS VILLANUEVA

Tomás Villanueva pide la baja temporal del PP tras ser investigado por “La Perla Negra”

 
 
El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha pedido este viernes la baja temporal del PP después de ser llamado a declarar por el caso de “La Perla Negra”.
Villanueva tendrá que declarar en condición de investigado por este caso el 27 de noviembre, después de que la semana pasada la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, pusiese en manos del instructor César Gil el caso.
Tomás Villanueva está imputado por presuntos delitos de revelación de secretos, tráfico de influencia, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos, sin descartar posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
De esta forma, el juez del caso estimaba todas las peticiones de la acusación pública, entre ellas una petición de investigación sobre el patrimonio de Tomás Villanueva y su entorno.
Fuente: Canal54.es

LAS LISTAS DE ESPERA EN BURGOS

Los médicos de Burgos muestran su rechazo hacia las “excesivas listas de espera y su manipulación”

 
 
El Colegio de Médicos de Burgos ha hecho público en su página web un comunicado en el que lamenta las "excesivas" listas de espera del HUBU y sus consecuencias para los pacientes.
Recuerda que la gestión de las mismas "debe regirse como única norma por criterios médicos y de justicia".
Asimismo, hace un llamamiento a los médicos, tanto asistenciales como en puestos directivos, recordándoles "la obligación ética de velar para que no se produzcan deficiencias de cualquier tipo, y en su caso, denunciar aquellas que pudieran producirse".
Desde el colegio se manifiestan "contrarios a la manipulación de las listas de espera" y reiteran su compromiso para "garantizar una atención eficiente y equitativa a los pacientes".
Fuente: BurgosNoticias