El Defensor del Pueblo atiende las quejas sobre el abandono del Directo
La Plataforma por el Directo ha recibido una respuesta del Defensor
del Pueblo comunicando que ha admitido a trámite su queja contra de las
actuaciones de las dos entidades responsables de la gestión de esta vía
férrea: el Ministerio de Fomento y ADIF, incumpliendo gravemente sus obligaciones legales,
vinculadas a la Ley del Sector Ferroviario, al haber dejado abandonada
esta línea. Este colectivo se muestra esperanzado por esta rápida
reacción, en pocos días, de un organismo que suele tardar un mes en
responder.
La Plataforma se reafirma en su idea de que se ha actuado con mala fe
y carencia total de vocación de servicio público y entiende que quien
diera la orden de que no se repararan los daños del túnel de Somosierra
de inmediato podría haber cometido un presunto delito de prevaricación y dejación de funciones.
En su solicitud le ha pedido al Defensor del Pueblo que interceda ante
estas dos entidades para lograr que se repare esta infraestructura, que
desde que sufrió un desprendimiento en 2011, aunque en ese momento era
algo leve, está yendo a más por la falta de ventilación y la
consiguiente acumulación de humedad, y su reparación en un tramo de unos 400 metros de galería es urgente.
Por otra parte atribuye a ADIF la falta de mantenimiento y vigilancia
en el tramo entre Soto del Real y Aranda y también el haber consentido
el robo de la totalidad de las instalaciones y sistemas de seguridad en
250 kilómetros, que en términos económicos se eleva a 65 millones de
euros.
Por otra parte, este colectivo asegura también que ha tenido acceso a un documento en el que el propio ADIF reconoce la nula vigilancia y mantenimiento desde 2010,
lo que podría contravenir lo estipulado en la legislación. La única
explicación mínimamente lógica que encuentra a tamaños dislates
cometidos a lo largo de los años, dice en un comunicado, es que las
administraciones han querido dejar morir la línea por intereses
que nada tienen que ver con el saneamiento de las cuentas públicas o la
rentabilidad económico-social de las inversiones del Estado. Concluye
diciendo que, aunque es consciente de que las decisiones del Defensor
del Pueblo son meros recordatorios legales o directrices, se ha
solicitado se subsanen con carácter urgente las deficiencias que hay en
la línea y que se reabra.
Fuente: Cadena Ser Radio Aranda
