domingo, 30 de abril de 2017

EL CONSEJERO DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DENUNCIADO ANTE LA FISCALÍA


Denuncian ante la fiscalía al consejero de Sanidad de Castilla y León

Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, ha remitido una solicitud a la Fiscalía Superior de Castilla y León para que se inicie una investigación de oficio tras la polémica suscitada por el ‘maquillaje’ de las listas de espera quirúrgicas del Hospital Universitario de Burgos, y ante la negativa del consejero de Sanidad de no atender la petición de dimisión presentada por dicha asociación.
En la misiva remitida a la fiscal superior de dicha comunidad autónoma, Mª Lourdes Rodríguez Rey, el Defensor del Paciente califica la orden de retrasar las listas de espera para que los pacientes fuesen atendidos como “un atentado” en contra de los pacientes quienes, en la búsqueda de mejorar su salud, pueden perder su calidad de vida y su trabajo.
Además, la asociación presidida por Carmen Flores se ha visto en la obligación de fundamentar su petición en base al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cuál obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público lo denunciasen inmediatamente al Juez o al Fiscal, al entender que “se ha puesto en riesgo la vida de los ciudadanos enfermos”;
La solicitud se produce cinco días después de que el Defensor del Paciente pidiese públicamente la dimisión inmediata del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, con motivo de una circular -conocida y ordenada por la propia Consejería- en cuyas propuestas de mejoras se incluía la obligación de retrasar lo más posible la inclusión de los pacientes en la lista de espera quirúrgica para que ésta no se saturase.
Un documento por el cual, 24 horas después de su envío, la Consejería de Sanidad emitió un comunicado en el que notificaba la dimisión de la responsable del área quirúrgica del Hospital de Burgos. Sin embargo, el presidente de los representantes del personal sanitario del hospital, Pablo Oyaguez, se muestra partidario de la solicitud enviada por el Defensor del Paciente pidiendo para ello dimisiones al más alto nivel, entre ellas la de Sáez Aguado, pues cree probable que ese tipo de propuestas puedan aplicarse al resto de hospitales de SACYL -Sanidad de Castilla Y León- puesto que “ninguna gerencia toma decisiones así sin que la Consejería lo conozca y lo autorice”, asegura Oyaguez.
Fuente: Diario 16

LAS CLAVES DE LA TRAMA EÓLICA

Seis claves para entender la trama eólica

Seis claves para entender la trama eólica

Una madeja de complicado desentrañe, que hoy miércoles empieza a ser investigada en las Cortes de Castilla y León. Pero ¿qué es la trama éólica? En síntesis: cargos de la Junta de Castilla y León, en supuesta connivencia con algunas empresas de la comunidad, cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos sembrados por la comunidad en los diez últimos años de despegue de esta energía ‘verde’. La fuente principal: un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria del que todo el mundo habla pero que (dicen) nadie tiene, a excepción de Tomás Herranz, el fiscal anticorrupción encargado del caso, que tiene a tres equipos especializados trabajando desde diciembre de 2014.
Entender bien todo el asunto no es fácil, por eso te damos aquí seis claves par apoder comprender mejor un asunto enrevesado.

1.- Los nombres propios.
El listado de comparecencias del PSOE arranca con J. M. T. M., el inspector de la Agencia Especial de la Administración Tributaria en Castilla y León autor del informe sobre el que se asienta la razón de ser de la propia comisión investigadora. Le sigue Georgina de la Lastra, delegada especial de dicha agencia. Federico Trillo-Figueroa, el exministro y actual embajador español en Reino Unido y, en las fechas de los hechos que se investigan, en Estudio Labor. El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte y la exdiputada vallisoletana Ana María Torme, copropietarios de Sirga XXI. Los tres, asesores de empresas mencionadas en el informe, como el Grupo Collosa. En sexto lugar (aunque es la primera vez que se menciona su nombre vinculado a la trama) aparece la exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, seguida del exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, la exviceconsejera Begoña Hernández y el exviceconsejero Rafael Delgado. Se piden también las comparecencias del actual director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y dos de sus antecesores en el cargo, Manuel Ordóñez y Luis Carlos Escudero, además del director general de calidad ambiental, José Manuel Jiménez y la exdirectora general de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, Rosa Ana Blanco Miranda, junto con dos exdirectores de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz y Jesús Rodríguez Romo. El exconsejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, y Francisco Esgueva, del Grupo San Cayetano, figuran en los puestos 17 y 18 del listado. Los exapoderados mancomunados de las empresas Iberdrola Renovables (antes Biovent), Ricardo Bravo y Rafael Icaza de la Sota. Se pide además que declare el hermano de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Eugenio García Tejerina, de Apecyl, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, y Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes con Villanueva. Además de todos los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias, los jefes de servicio de Industria y los de Medio Ambiente desde 1995. 

2.- Los documentos.
El principal, el informe elaborado por la Agencia Tributaria remitido a Anticorrupción. Ya ha sido solicitado. Además, se pide una relación de todas las instalaciones de este tipo inscritas en el registro oficial desde 1995, los acuerdos por los que se nombra y cesa a Alberto Esgueva consejero delegado de Excal y director del área de Creación e Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de Inversiones.
3.- Declaraciones de bienes.
Se persigue detectar si existió enriquecimiento o beneficio ilícito, comparando los bienes de los cargos públicos cuando entraron y cuando cesaron en sus puestos. La petición se extiende a prácticamente todas las personas llamadas a declarar.
4. Las empresas.
Energía Global Castellana (extinguida) se constituyó entre San Cayetano e Iberdrola Renovables Castilla y León. Se han pedido las escrituras de constitución de la primera, en 2004; su venta de acciones por los hermanos Esgueva a Iberdrola Renovables, que las compró por 47 millones cuando estaban valoradas inicialmente en 24.000 euros, según el PSOE.
5.- Coincidencias.
Algunos de los nombres de excargos, empresarios y sociedades que figuran en la relación supuestamente implicados en la trama de los eólicos aparecen en otros informes policiales y tributarios solicitados por la Fiscalía de Valladolid en las diligencias abiertas desde 2013 en el Juzgado de Instrucción número 2 sobre las operaciones urbanísticas de compraventa del edificio de Arroyo de la Encomienda, actual sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda, y el parque empresarial de Portillo. Hay una veintena de personas que serán llamadas a declarar en calidad de investigados cuando el juez disponga de toda la documentación solicitada.
6.- Funcionamiento.
La pretensión de los ‘populares’ en la comisión que presiden es, aseguran, «agilizar» el trabajo y los tiempos. De entrada, consideran «excesivos» los papeles solicitados por el PSOE y ven más asumible acotar y pedir la que la Junta remitió en verano a la Fiscalía Anticorrupción. Este será un primer escollo en la negociación. Habrá, como barruntan, discrepancias en el número y nombres de los comparecientes. Otra dificultad que tendrán que sortear durante todo el tiempo que duren los trabajos es el secreto que impone el reglamento de las Cortes. Aunque esta regla se flexibilizará en las comparecencias, los declarantes tienen derecho a pedir que sus intervenciones sean secretas. También, aunque obligados a comparecer, pueden negarse a declarar como ocurre en los juzgados.
Fuente: El Norte de Castilla.es

TODOS EN CONTRA DE LAS LISTAS DE ESPERA

Concentración frente al HUBU contra las listas de espera

 

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos hace un llamamiento a la ciudadanía para que el próximo jueves 4 de mayo salga a la calle y se concentre, a las 19:00 horas, frente al Hospital Universitario de Burgos "para reclamar públicamente soluciones y responsabilidades".
  • El reciente escándalo provocado por evidencia de que las Listas de Espera Quirúrgicas son maquilladas
  • La irresponsable respuesta con la que la Consejería de Sanidad ha cerrado el asunto
  • La propia existencia de las vergonzosas esperas para cirugía y para consultas y pruebas especializadas que atentan contra la dignidad de las personas
  • La creciente indignación de la gente ante la incapacidad de nuestros gestores sanitarios para resolver el problema
Desde la Plataforma admiten que se ven obligados, una vez más, a defender la sanidad pública, a los pacientes y a los profesionales en la calle ante los últimos acontecimientos.
Fuente: BurgosNoticias

LA CORRUPCIÓN DEL PP LLEGA A CASTILLA Y LEÓN

La vida de lujo en la trama eólica: un BMW en 'cash', cuentas en Mónaco y firmas en Panamá

Rafael Delgado, alto cargo de Castilla y León durante 16 años, amasó una fortuna en comisiones. Anticorrupción detalla su tren de vida y sus ingresos desde Suiza y Mónaco

 Foto: Tomás Villanueva (izquierda) y su mano derecha, Rafael Delgado. (EFE)

Tomás Villanueva (izquierda) y su mano derecha, Rafael Delgado. (EFE) 
 
Rafael Delgado Núñez, exviceconsejero de Economía de Castilla y León, manejó una fortuna con las comisiones de los parques eólicos. Así se desprende de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que destaca su alto tren de vida, con pagos desde Suiza a través de testaferros, el uso de empresas en Panamá, la compra de un BMW X5 con 55.000 euros en metálico, un Jaguar, un chalé en Comillas y dos viviendas en Valladolid para las que oficialmente no soltó un euro. Delgado fue entre 1996 y 2011 un hombre de confianza de Tomás Villanueva, todopoderoso político en Castilla y León, junto con Juan Vicente Herrera, hasta que, al saltar la trama eólica hace dos años, dejó la política.
"Rafael Delgado ha dispuesto entre los años 2006 a 2015 de bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior", sostiene la querella de Anticorrupción, que dirige Manuel Moix. Delgado llevaba media vida en política. Entre 1995 y 1999 fue secretario general de Industria. Entonces pasó a ser secretario general de Educación, cargo que ocupó hasta 2003. Después ascendió a viceconsejero de Economía (2003-2007) y finalmente a secretario general de esa consejería (2007-2011). En todos los cambios de departamento acompañaba a Tomás Villanueva. Al salir de la Junta, Delgado constituyó dos empresas: Samuño Activos y Delgado Núñez ConsultingPero las empresas con una boyante actividad económica no eran esas. Las que de verdad movían dinero las manejaba un abogado y amigo suyo de la infancia, Jesús Rodríguez Recio, al que la fiscalía señala como testaferro. Este constituyó Tough Trade SA, especializada en renovables, aunque no tenía experiencia en el sector. En sus declaraciones en Anticorrupción, Rodríguez Recio declaró "que en los últimos años realiza sus actividades en colaboración con Rafael Delgado, con quien le une una estrecha amistad". Allí sostuvo que "ha pagado todos los gastos de Rafael Delgado por amistad"..

 Un amigo de la infancia de Delgado afirma que ha pagado todos sus gastos "por amistad". La fiscalía sostiene que en realidad es un testaferro
 Pero las empresas con una boyante actividad económica no eran esas. Las que de verdad movían dinero las manejaba un abogado y amigo suyo de la infancia, Jesús Rodríguez Recio, al que la fiscalía señala como testaferro. Este constituyó Tough Trade SA, especializada en renovables, aunque no tenía experiencia en el sector. En sus declaraciones en Anticorrupción, Rodríguez Recio declaró "que en los últimos años realiza sus actividades en colaboración con Rafael Delgado, con quien le une una estrecha amistad". Allí sostuvo que "ha pagado todos los gastos de Rafael Delgado por amistad".

La fiscalía aporta una serie de pagos y movimientos bancarios que le llevan a la convicción de que en realidad "actuó como testaferro de Rafael Delgado". La empresa suiza Nehmo holding es clave en el entramado. Fue creada en 2009, cuando el 'boom' de la eólica, con acciones al portador, de forma que no consta en los registros mercantiles. Sin embargo, Jesús Rodríguez Recio ha reconocido que las acciones son suyas, siempre según la querella de la fiscalía, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Anticorrupción abrió diligencias hace dos años tras una denuncia de la Agencia Tributaria. Durante este tiempo el fiscal Tomás Herranz ha tomado declaración a empresarios que han corroborado el sistema instalado en Castilla y León.
No es solo Delgado el exalto cargo señalado. Alberto Esgueva, que coincidió con él en una empresa pública de la consejería, es otro de los querellados. Según Anticorrupción, una empresa de Esgueva recibió 47,1 millones de Iberdrola sin "lógica empresarial" conforme se iban aprobando parques eólicos. El 27 de enero de 2005, Delgado compró a Esgueva y a su esposa, María del Mar Moreno, un chalé en Comillas (Cantabria) por 251.380 euros. La fiscalía no ha hallado pruebas de que Delgado pagara por ese chalé. "Para adquirir el inmueble no necesitó aportar cantidad alguna de su peculio personal ni consta que entregara dicha cantidad al vendedor". La hipoteca la pagaba Tough Trade, la sociedad del amigo/testaferro Rodríguez Recio.

 Delgado pagó 55.000 euros en metálico por un BMW y ya tenía un Jaguar. Compró tres viviendas con dinero procedente de Suiza, según la fiscalía
Delgado compró también a la mujer de Esgueva un piso en Simancas (Valladolid) por 330.000 euros, por debajo del valor de tasación. De nuevo, Delgado no pagó por la vivienda. Según la querella presentada por el fiscal Tomás Herranz, los pagos de la hipoteca procedían de sociedades que a su vez "se nutren de fondos procedentes de las cuentas suizas de Nehmo Holding" y de pagos de otros empresarios.
Carlos Galdón, exconsejero delegado de Glaxo en España y empresario de las renovables, fue, según Anticorrupción, uno de los que entró por el aro de las comisiones. Lo hizo con su empresa Avanzalia Solar. Pagó, siempre según la querella, pagó 4,35 millones a un empresario, Francisco Aguirre, por agilizar los permisos. Anticorrupción denuncia que este se repartió este dinero con Delgado. "Esta cantidad fue ingresada por Carlos Galdón en el Principado de Mónaco en sendas cuentas abiertas en el Lloyds Bank a nombre de las sociedades panameñas Cider Trade SA y Pelton Corp Inc", señala la querella.
Los 2,2 millones de los que Delgado "ha dispuesto en provecho propio", la mitad que le correspondía, viajaron después de Mónaco a la sociedad suiza Nehmo Holding y de ahí volvían a España, a su amigo y testaferro, el que le pagaba los gastos y las viviendas. Cuando en 2015 este diario desveló que Delgado controlaba una sociedad en Panamá, este amenazó por burofax con demandar a El Confidencial. Nunca lo hizo.
 No solo hay un entramado 'offshore' y compras de pisos que Anticorrupción considera injustificadas, sino que Delgado movió gran cantidad de dinero en efectivo. El 26 de mayo de 2006, Delgado se compró un BMW X5, un todoterreno, "pagando al contado 55.000 euros" y financiando el resto. Entonces ya era viceconsejero de Economía. La querella afirma que "no consta el origen de la cantidad pagada en metálico que no se obtuvo de sus cuentas bancarias y que, por su importe, no pudo tener origen en los ingresos legales y ordinarios derivados de su actividad profesional". El mismo día de la compra alguien retiró 55.000 euros de la sociedad Aguiase, la que había cobrado de Carlos Galdón por la tramitación de los parques eólicos. Un año antes, Delgado había obtenido un Jaguar valorado en 56.000 euros a través de Aguiase que, de nuevo, había recibido los fondos desde Tough Trade.

 Delgado se gastó 19.400 euros en una televisón y ofreció 1,5 millones de euros a una 'start-up'

En esos años, Delgado compró otro piso en Valladolid por medio millón de euros. Según la fiscalía, de nuevo se paga "con fondos ajenos a Rafael Delgado". Es otra vez Touhg Trade, la empresa de su amigo y testaferro la que abona la hipoteca. En ese piso instaló "una televisión de alta definición con tecnología full led, blue ray incorporado y soporte de suelo motorizado (55 pulgadas) que Rafael Delgado compró en diciembre de 2012 por 19.370 euros". La megatelevisión la pagó Delgado Núñez Consulting, pero solo gracias a que dos días antes había recibido una transferencia de Tough Trade de 19.400 euros.
Además de sus inversiones inmobiliarias, Delgado movió el dinero en el sector de las 'start ups'. Contactó con el reconocido empresario Carlos Marqueríe, al que le dijo que tenía 1,5 millones para invertir. Le dijo que el dinero procedía de la sociedad radicada en Polonia Kronos (con la que la de Alberto Esgueva construye edificios en Polonia).
 Uno de los edificios de oficinas construidos por Alberto Esgueva en Varsovia.
Uno de los edificios de oficinas construidos por Alberto Esgueva en Varsovia.
 
Esgueva, otro de los principales beneficiados, ha optado por una vía más discreta. Se ha ido a Varsovia, donde abrió una oficina la Junta de Castilla y León cuando él era el responsable de ayudar a la internacionalización de las empresas. Allí construye edificios de lujo y lleva una vida de respetable empresario. El movimiento de dinero en el exterior y que efectivamente levante grandes edificios ha dificultado la investigación. La fiscalía pide comisiones rogatorias a Suiza y Mónaco.
Pese a su tren de vida, en 2011, 2012 y 2013, Delgado declaró en la renta unos ingresos de 53.954 euros, 24.000 euros y 14.200 euros. La Agencia Tributaria, la primera que denunció el caso hace dos años, considera que eran mucho mayores y por eso está acusado de tres delitos fiscales, que se suman a los de prevaricación y cohecho.

Fuente: El Confidencial
 

 

viernes, 28 de abril de 2017

AQUÍ NUNCA DIMITE NADIE

El PP asume la responsabilidad política de falta de supervisión de los fondos europeos

Los ‘populares’ reconocen que no controlaron con “exhaustividad” los programas de movilidad y que “se fiaron” del Plan Estratégico y Civinet
Se ha rechazado la petición de dimisión de Gema Conde, por “desproporcionada”, y la de Carolina Blasco como edil de Innovación y Desarrollo Sostenible
La comisión ha aprobado el dictamen de Cs, con votos de PP y no adscritos, en el que se incluye una “amonestación pública” a Mario Sanjuán

El PP asume la responsabilidad política de falta de supervisión de los fondos europeos 
 El Pleno deberá ratificar el dictamen. GIT
El Partido Popular está dispuesto a asumir la responsabilidad política derivada de una falta de supervisión de la gestión de fondos europeos asociados a programas de movilidad, si bien rechaza que la misma se traduzca en dimisiones o ceses. Así se ha quedado puesto de manifiesto durante la última reunión de la comisión de investigación, en la que se ha aprobado con los votos del PP, Cs, Silvia Álvarez de Eulate y Fernando Gómez el dictamen presentado por la formación naranja. En frente, PSOE e Imagina con sus propias conclusiones.
La portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Gloria Bañeres, considera que ha quedado demostrado que los sucesivos concejales de Movilidad no ejercieron la supervisión exigible en la gestión de PTP-Cycle, SmartMove, Velocittá y CityMobilNet, cuatro programas financiados con fondos europeos cuya gestión correspondía al Ayuntamiento de Burgos, o al Plan Estratégico, y que acabaron en manos de la red Civinet. En concreto, PTP-Cycle, SmartMove y Velocittá pasaron a la red, siendo CityMobilNet es el único que ha sido gestionado directamente el Consistorio.
En los tribunales existe una denuncia por falsedad documental ante una presunta falsificación de firmas
Velocittá se traspasó por acuerdo de los gerentes de Plan Estratégico y Civinet, Mario Sanjuán y José María Díez, según se recoge en el documento de conclusiones, sin aparentemente el conocimiento del político responsable. De ahí la denuncia interpuesta por Carolina Blasco por falsedad documental, al detectar una presunta falsificación de su firma en las autorizaciones. Mientras, Díez convenció al entonces concejal Esteban Rebollo para traspasar PTP-Cycle y SmartMove. Sin embargo, ni Rebollo ni Gema Conde supervisaron el trabajo de Díez en Civinet.
Por todo ello, Ciudadanos considera que ha habido una dejación de funciones, falta de supervisión, y el Partido Popular lo asume. Está dispuesto a reconocer que no se hizo un control “exhaustivo”, que se fiaron del Plan Estratégico y de Civinet y que los fondos europeos se pusieron en riesgo, “aunque este no se materializó”, ha explicado el actual edil de Movilidad, Jorge Berzosa. Con la investigación se han dado cuenta de que la gestión de los fondos europeos es “muy complicada”, y exige una mayor vigilancia, que en este caso no se hizo.

Sin dimisiones

No obstante, en la comisión también se ha demostrado que no ha existido desviación de subvenciones. Los programas de movilidad se han ejecutado, “no falta ni un duro”, ha asegurado Berzosa, así que el Partido Popular ha rechazado la propuesta de Cs de dimisión de Gema Conde, como edil de Movilidad con más responsabilidad (estuvo un año al frente del área) y todavía en activo. A los “populares” les parecía “desproporcionado”, y han conseguido convencer a Cs de que asumiendo esa responsabilidad política conjunta era “suficiente” para sacar el dictamen.
Sanjuán ha afirmado que estudiará el dictamen por si tiene que defenderse con una querella
Del mismo modo, el Equipo de Gobierno ha rechazado la petición que hacían PSOE e Imagina de dimisión de Carolina Blasco como edil de Innovación y Desarrollo Sostenible, a la que consideran “responsable subsidiaria” de lo ocurrido. Jorge Berzosa ha explicado que la gestión de los proyectos siempre dependió de los concejales de Movilidad, aunque Blasco estuviese como representante municipal en Civinet, y ha asegurado que la petición no era compartida ni por Cs ni por los ediles no adscritos, ya que todos han votado en contra del documento conjunto.

Amonestación pública

Así las cosas, la comisión de investigación se cierra con una asunción pública de responsabilidades políticas por falta de supervisión, sin consecuencias prácticas, y con el compromiso de que a partir de ahora todos estos proyectos de fondos europeos se gestionen desde la Sociedad de Promoción, bajo la supervisión expresa de técnicos y políticos. Igualmente, el dictamen incluye una “amonestación pública” al gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuán, por no comparecer en la comisión y por no aportar toda la documentación e información solicitada.
Ciudadanos era partidario de exigir el cese inmediato, pero dado que el Plan Estratégico se encuentra en fase de disolución parece innecesario. Eso sí, el PP considera que Sanjuán es responsable también de lo ocurrido, puesto que José María Díez era técnico del Plan Estratégico y, bajo ese paraguas, creó Civinet y realizó los traspasos de gestión. Las críticas y acusaciones a Sanjuán podrían traer consecuencias judiciales, ya que el gerente ha afirmado en nota de prensa que estudiará el dictamen para “poder defenderse en los tribunales mediante la querella oportuna”.
Cabe destacar que Fernando Gómez ha emitido un voto particular, ya que no comparte las críticas vertidas contra Sanjuán y el Plan Estratégico. Sin apoyos se han quedado PSOE e Imagina, cuyo dictamen se ha votado también, pero solo ha conseguido 13 votos frente a los 14 del dictamen de Cs. Al resto de la comisión no solo no le ha gustado la petición de dimisión de Blasco, sino que tampoco estaban de acuerdo con su solicitud de reprobación al alcalde. El dictamen tendrá que ratificarse ahora en el Pleno ordinario de mayo.
Fuente: BurgosConecta.es