La ampliación de terrazas aprobada en mayo de 2020 durante la desescalada del Covid-19 supuso un balón de oxígeno para la hostelería. Sin embargo, también propició algún que otro desencuentro al afectar a determinados establecimientos comerciales
tras ver reducida la visibilidad de sus entradas y escaparates. Es el
caso del propietario de un local ubicado en el casco histórico que, hace
ya dos años, trasladó su malestar al Ayuntamiento de Burgos en numerosas ocasiones. Después, en vista de que la situación perduraba en el tiempo, decidió apelar al Procurador del Común.
Tras analizar la queja de este ciudadano que prefiere mantenerse en
el anonimato y recabar la postura de la Corporación municipal al
respecto, el organismo autonómico emitió una resolución el pasado mes de
abril en la que se señala que «han decaído las condiciones que
motivaron la aprobación de los Decretos de Alcaldía que permitieron
flexibilizar las condiciones para incrementar la superficie ocupada». En
base a ello, se sugería que se adopten las «medidas pertinentes» al «no existir en la actualidad ninguna limitación en el aforo de los interiores de los establecimientos».
La Corporación esgrime que el plazo de vigencia mínimo para las
instalaciones de protección y climatización temporal de terrazas
«concluye el 31 de diciembre de 2022».
Partiendo de esta premisa, el Común apuntaba además que «se necesita el consentimiento expreso de los propietarios de los solares o locales colindantes
para permitir la ampliación de superficie autorizada de las terrazas». Y
aplicaba expresamente dicha exigencia a los «veladores actualmente
autorizados» del local hostelero que motivó la denuncia del dueño del
negocio anexo. Del mismo modo, se solicitaba la «retirada» de dos puntos
de fumador (mesas y sillas) y de un cerramiento lateral mientras no se
presentase «la declaración responsable exigida en el apartado noveno del
Decreto de Alcaldía de 2 de octubre de 2020».
La respuesta a los requerimientos del Procurador del Común llegaría
el 19 de mayo. En resumen, el Ayuntamiento justifica su «rechazo» a las
recomendaciones amparándose en que el plazo de vigencia mínimo
para las instalaciones de protección y climatización temporal de
terrazas «concluye el 31 de diciembre de 2022». Asimismo, el área de Licencias esgrime que «en la actualidad se está trabajando en la redacción de una nueva ordenanza reguladora de la instalación de veladores en suelo público».
En paralelo, la Corporación adjunta un informe elaborado por la
arquitecta municipal donde se indica que los días 3 y 9 de mayo se
efectuaron sendas inspecciones en las que se comprobó que la terraza
contaba con «cuatro veladores con mesa baja y cuatro sillas y cuatro
veladores con mesa alta y dos sillas, todo ello dentro del área
delimitada con cerramiento». En dicho informe, también se subraya que
«no procede presentar el consentimiento expreso de los colindantes,
puesto que al titular no se le ha autorizado la instalación de más
veladores de los que ya tenía autorizados».
El dueño de la tienda afectada insiste en que «ya no hay limitaciones
a la hostelería» y anima a otros negocios de la ciudad a seguir sus
pasos con el fin de hacer piña.
La réplica, como era de esperar, no satisface en absoluto al
apelante. Aparte de insistir en que «ya no hay limitaciones a la
hostelería» y que «hay que volver a la época preCovid»,
asegura que esta situación perjudica a muchos otros negocios de la
ciudad a los que anima a seguir sus pasos con el fin de hacer piña.
Ya en su primera queja, el propietario del comercio afectado
denunciaba que la «nula visibilidad» suponía un «obstáculo para entrar»,
amén de hacer hincapié en la «suciedad» generada. Posteriormente,
expondría nuevamente por escrito que «las mesas ocupan cada día más
espacio» y por eso, precisamente, solicitó «medidas cautelares». Ante la
inacción por parte del Consistorio, llamó por teléfono a principios de
este año y le dieron cita en Arquitectura, Obras y Servicios para el 29 de enero. Y allí se presentó, pero no había nadie. Dejó su teléfono y no recibió contestación.
En todo este tiempo, el dueño de la tienda ha aportado fotografías.
Entre ellas, una que muestra «elementos peligrosos» como «bombonas de
butano». Por otro lado, se dirigió a la Policía Local
para reclamar que se comprobase si el establecimiento hostelero cuenta
con el «consentimiento» de los negocios colindantes. Además, solicitó la
apertura de un expediente sancionador. Desesperado, al final optó por
recurrir al Procurador del Común ante la «total inacción y dejación de
funciones por parte del Ayuntamiento».
Fuente:Correo de Burgos
