lunes, 30 de abril de 2012

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA


COMIENZA LA CONTRARREFORMA SANITARIA 

ANALISIS DEL RD-Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones



Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

25 de abril de 2012

El RD-Ley 16/2012 supone cambios fundamentales en el sistema sanitario público, e inician una verdadera contrarreforma sanitaria. El RDL además utiliza el estilo habitual en las leyes de acompañamiento y reúne una gran cantidad de medidas de ámbito y características muy distintas que poco o nada tienen que ver con el supuesto objeto de la norma, por eso se precisa de un análisis detallado de cada una de ellas como vamos a hacer a continuación. 

Capitulo I

De la asistencia sanitaria

Consta de un único artículo y tres apartados cuya principal novedad es que vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y en ningún caso se señala que este aseguramiento tiene que ser a la Seguridad Social, y que se excluye de la atención sanitaria gratuita a quienes no ostenten esta condición, también se señala el control del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre el reconocimiento de las condiciones para el aseguramiento , la responsabilidad de las administraciones sanitarias para expedir la tarjeta sanitaria individual (TSI) y la limitación del derecho de los extranjeros no regularizados a la atención sanitaria en urgencias, en los embarazos y a los menores de 18 años.
Las disposiciones adicional primera y final quinta se establecen las condiciones para el pago de la atención sanitaria de los españoles residentes en otros países (en algunos casos) y de los extranjeros miembros de la Unión Europea o de otros estados parte del acuerdo sobre el espacio económico europeo que en lo fundamental refuerza los mecanismos de cobro por la asistencia prestada, pero que en lo esencial ya existían.

Este bloque establece algunas cuestiones especialmente preocupantes:

  • Primero vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, en contradicción con lo aprobado en la reciente Ley General de Salud Publica (2011), y abre una cierta indeterminación sobre la presencia de un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino la posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deterioraría inevitablemente el sistema sanitario público
  • En segundo lugar deja fuera a los inmigrantes no regularizados y les impone condiciones mas rígidas para tener acceso a las TSI, manteniendo hasta el 31/8/2012 las TSI actuales. Se trata de una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, de salud publica (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y sanitario (dejar a las urgencias como el único circuito de atención sanitaria a estas personas favorecerá un aumento de la presión asistencial en las mismas). Por otro lado conviene recordar que el gasto sanitario de los inmigrantes es bajo y que la crisis económica se esta encargando de disminuir este grupo de población
  • Por fin una cuestión a reseñar es que obliga a las administraciones sanitarias a la expedición de la TSI y no lo vincula a aportación económica por los usuarios lo que podría ilegalizar la practica de algunas CCAA de intentar cobrar por la misma.
  • En cuanto al tan propagado “turismo sanitario” las modificaciones que se hacen son mínimas porque como es bien conocido el problema sobre todo es la ineptitud de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada. 
Capitulo II

De la cartera común de servicios del SNS

Consta de un artículo y seis apartados que como novedad separan la cartera de servicios del SNS en 3 modalidades (básica, suplementaria y accesoria), la básica se identifica como gratuita en el momento del uso y las otras dos se establece que seguirán las normas que se establecen para el copago farmacéutico, sin que en este caso medien los limites en la cuantía a aportar por los ciudadanos (pensionistas o activos, crónicos o con patologías agudas). Queda en manos del Ministerio, previo acuerdo del Consejo Interterritorial (CI) el fijar mediante una Orden tanto lo que incluye la cartera básica como las modalidades de copagos en la accesoria y suplementaria, dándole un plazo de 6 meses para la fijación del importe de los copagos (adicional segunda). A pesar de lo que se ha publicitado por el Ministerio y el Gobierno se sigue manteniendo la posibilidad de que las CCAA tengan una cartera de servicios complementaria diferenciada con el único condicionante de que tienen que ser financiada con fondos propios (2.Cinco).

Otra vez se plantean cuestiones muy importantes:

  • Uno: La cartera de servicios vuelve a modificarse introduciendo copagos en la accesoria y complementaria, en principio, salvo en medicamentos, sin limites de cantidad, lo que vuelve a penalizar a los enfermos crónicos y a las rentas mas bajas, suponiendo limitaciones muy serias en cuestiones como el transporte sanitario que es imprescindible para muchos tratamientos (diálisis, oncológicos, etc) y que va a suponer una traba insalvable al acceso a estos tratamientos para muchas personas
  • Dos, la cartera básica (en principio gratuita) va a ser modificada lo que dadas las circunstancias será muy probablemente a la baja y abre unas perspectivas muy preocupantes para la salud.
  • Pese a las demagógicas intervenciones desde el Ministerio y el Gobierno las CCAA siguen manteniendo la posibilidad de establecer carteras de servicios diferentes en sus territorios en los mismos terminos que lo que ya existía.

Capitulo III

Medidas de cohesión y de garantía financiera del SNS

Consta de un artículo que establece el Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario, que en teoría se dedicara a compensar los gastos producidos en cada comunidad autónoma por personas residentes en otras distintas.

La idea es positiva y ha sido reclamada por la FADSP hace tiempo. No obstante su  carácter extrapresupuestario, parece indicar que va a carecer de fondos lo que le restara efectividad.

Capitulo IV

Medidas sobre la prestación farmacéutica

Consta de 4 artículos, el primero dividido en dieciocho apartados, el segundo en dos y el tercero y cuarto sin apartados. El primero que se presenta como modificación de la ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medios parece estructurado para esconder lo mas relevante, pero en todo caso plantea:

  • Prescripción por principio activo, lo que ya existía, pero de una forma que pervierte absolutamente su sentido. La prescripción por principio activo, aunque ayude a la contención de costes a corto plazo, es, sobre todo, una filosofía. Una filosofía por la que los profesionales trabajan con los nombres de la sustancia que representa el medicamento y no con el nombre que va ligado a un producto industrial, por la que ese nombre se incorpora a las recetas y paulatinamente a todos los documentos, las historias clínicas, los informes de alta. Es una estrategia que tiende al debilitamiento del impacto comercial de los laboratorios y a recuperar el carácter científico de un tratamiento. En la redacción actual se hace una concesión a  Farmaindustria que siempre había pedido que, a igual coste al precio de referencia o precio menor se pudiera prescribir la marca, cediendo al ahorro económico pero anulando la potencia anti-comercial del concepto. La distinción entre tratamientos agudos y crónicos es un brindis al sol ¿quién delimita la diferencia?. Además la industria cada vez está menos interesada en tratamientos agudos (por ejemplo, de ahí la ausencia de investigación en antibióticos), y su repercusión en el conjunto de la prestación es muy baja. La distinción entre la primera receta y las demás en los tratamientos crónicos no tiene sentido. Imaginamos que es un intento de nadar entre dos aguas, la de la prescripción por principio activo y la de Farmaindustria, accediendo a las peticiones de esta última pero intentado condicionar la primera receta en un supuesto totalmente erróneo de que la marca o el genérico dispensado en la farmacia en la primera receta es el que se va a mantener en las dispensaciones sucesivas. Igualmente la distinción entre la primera receta y sucesivas en la práctica real va a ser muy difícil, salvo en el supuesto de receta electrónica, aun lejano en muchas CCAA.
  • Usos fuera de indicación. El punto Uno.-5 del artículo 4, como se ha dicho más arriba, retrotrae la normativa sobre usos fuera de indicación de medicamentos a un pasado que todos quisimos olvidar. El RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, estable que los usos fuera de indicación son responsabilidad del médico y que bastaba el consentimiento informado del paciente y su anotación en la historia clínica. A su vez, establece que en los centros sanitarios, por ejemplo, hospitales, tendrían que estar de acuerdo con las recomendaciones emitidas por ejemplo por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica. En la práctica el sistema estaba funcionando aceptablemente bien puesto que los usos fuera de indicación de medicamentos hospitalarios, con alto impacto económico están pasando el filtro de las comisiones de farmacia y los usos en la prescripción ambulatoria,  en general muy excepcionales, tenían un cauce regulado, pero fluido. Lo que se propone es volver a la burocracia de un registro que ya mostró en el pasado que es inoperante. Y hay que recordar que una cosa es un uso fuera de indicación y otra una mala prescripción de  medicamentos.
  • Receta electrónica. Es positiva la incorporación a la norma de la obligatoriedad para toda España de un sistema de receta electrónica interoperable con sistemas de apoyo a la prescripción. Sin embargo, cuando se detallan los componentes del sistema experto que deberá incorpora hay cosas esperpénticas o cuando menos incomprensibles.
  • Información de apoyo a la prescripción. Está bien que la receta electrónica tenga un módulo de interacciones (ya existe en algunas CCAA como Andalucía), información económica y protocolos de tratamiento del propio servicio de salud (aunque de aplicación práctica difícil), mientras que decir que contendrá el Nomenclator es obvio puesto que si no, no puede funcionar. Más complejo será incluir protocolos de tratamiento de las sociedades científicas, ¿Cuáles? ¿Con qué ciriterio?, cuya única experiencia práctica conocida, la inclusión de los medicamentos recomendados por la Guía de la SEMFyC en los años 90 en Andalucía fue muy controvertida. No se entiende bien qué significa “correspondencia entre principios activos” lo cual parece que quiere hacer referencia a equivalentes terapéuticos o principios activos que se pueden intercambiar, lo cual necesita de un trabajo de definición previo por organismos competentes y no se entiende que se incorporen bases de datos de ensayos clínicos. La prescripción electrónica de toda la población no es el medio de reclutar pacientes para un ensayo como cualquiera puede comprender. Igualmente no es el vehículo para la formación e información sobre medicamentos.  Sin embargo no se dice nada de módulos de ayuda a la prescripción relacionados con alergias, ajuste en insuficiencia renal o hepática o a otros parámetros clínicos, sistemas de alerta de duración o posología inadecuada, sistemas de alerta de contraindicaciones específicas del paciente y un largo etc que se conoce ampliamente en la literatura científica.
  • FINANCIÓN SELECTIVA. Hay dos grandes aspectos, la propiamente llamada financiación selectiva de medicamentos nuevos que se basa en la modificación de  los artículos 89 y 90 de la citada ley y que era demandada y esperada desde hace tiempo por muchos sectores sociales y la sorprendentemente nueva propuesta de  exclusión de la financiación de medicamentos actualmente financiados que se basa en la modificación del artículo 85 de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento
  • Financiación selectiva. Se trata de la propuesta más positiva (¿la única?) de decreto. Nuestro país se incorpora tarde a esta iniciativa que otros países como Inglaterra lleva ejerciendo desde hace más de una década a través de las estructura del NICE. Se trata de que no todos los medicamentos que se registren se financien, o bien que se financien con condiciones, es decir, para unos pacientes determinados o bajo contratos de riesgo compartido. La posibilidad de una financiación selectiva de medicamentos ya estaba  recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, en el propio artículo 89 y otros, así como en los sucesivos Planes Estratégicos del Ministerio y también en el RD-ley 9/2011 de 19 Agosto 2011 de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del SNS se describe el desarrollo de un sistema de financiación selectiva.  Paralelamente, algunas Comunidades Autónomas han establecido normativa específica para la determinación de los criterios de selección de medicamentos de alto impacto clínico o económico, con objetivos, alcance normativo y organización del procedimiento bastante heterogéneos. Otro aspecto positivo es que no solo se afectan los medicamentos nuevos, recién comercializados, sino todos aquellos que amplíen indicaciones, o incluso de oficio por la AGEMED.
  • Exclusión de medicamentos actualmente financiados Esta propuesta encajaría mal con el concepto de desinversión o re-inversión que se propone desde ámbitos de la economía de la salud y desde nuestra propia asociación. La desinversión es un procedimiento, transparente, basado en la evidencia, realizado con participación de los implicados y suficientemente explicado a la población para dejar de financiar servicios, o en este caso medicamentos que o bien carecen de efectividad demostrada, o bien su relación de coste efectividad es desfavorable comparado con alternativas terapéuticas o, si no las hay, comparado con estándares más o menos establecidos de coste-efectividad. Sobre desinversión en medicamentos hay numeroso ejemplos en Canadá, Australia el Reino Unido e Italia. Lo que el RD-Ley propone es un puro y simple recorte. Una transferencia de gasto público a gasto privado. En el artículo 4.tres hay, de nuevo, una mezcolanza de cosas diversas. Los ciudadanos tendrán que empezar a pagarse los medicamentos de su bolsillo en las siguientes situaciones:
  •  Medicamentos para síntomas menores.  Es quizá el apartado más grave por su repercusión social. Es una estrategia que se ha realizado en España en dos ocasiones, una con gobierno de Felipe Gonzalez y otra de José María Aznar. En aquel momento tenía un aspecto de racionalización de la oferta que ya no tiene. Hoy solo es una pura agresión a trabajadores y pensionistas por motivos económicos. Se trata de una estrategia en la que gana el déficit y la industria farmacéutica puesto que al dejar de estar financiados, como el propio RD-Ley establece, los precios pasan a renegociarse al alza. Habrá que ver qué se considera medicamentos para síntomas menores, pero es de suponer que puedan entrara aquí medicamentos realmente útiles para el control de síntomas como antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos, etc, que son de uso frecuente. El apartado que hace referencia a que pasarán al bolsillo del ciudadano aquellos que estén así considerados en el entorno europeo es preocupante. Este entrono es muy variado, pero es de esperar que se mire solo a los países con menos medicamentos de este tipo financiado, por ejemplo, aquellos donde el omeprazol no lo está. Además, se estipula que ningún medicamento que no necesite receta podrá ser financiado. Esto se repite en el artículo 4.- cinco.2.  Esto es muy grave. En la actualidad, medicamentos seguros para la automedicación, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno, tenían presentaciones comerciales que eran de venta y precio libre y presentaciones comerciales que se podían recetar. Hay que distinguir la automedicación de la necesidad de uno de estos medicamentos prescrita por un médico del Sistema Nacional de Salud. Si un paciente con cáncer que necesita interferón también necesita paracetamol
  • Que el medicamento sea útil, seguro y de uso extenso. Esta condición es muy peligrosa pues pueden entrar aquí innumerables medicamentos y precisamente la condición de uso extenso va a hacer que el número de pacientes afectados sea muy grande. Es inconcebible un grado de indefinición así en una norma legal. Más parece un cajón de sastre para tener manos libres para poder pasar al bolsillo de los pacientes cualquier medicamento.
  • Medicamentos con precios seleccionados. Parecería lógico que , si como resultado de la subasta (ver mas arriba) un medicamento resulta seleccionado, los demás dejen de estar financiados. Sin embargo esto es una aberración legal.
  • Dispensación del de menor precio y del genérico que también se estaba haciendo
  • La limitación de las CCAA de su capacidad para “establecer de forma unilateral, reservas singulares especificas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos y productos sanitarios”, dirigido evidentemente a Andalucía.
  • Criterios de coste-efectividad, impacto presupuestario y mecanismos de retorno para la inclusión de nuevos medicamentos en la financiación.
  • Fijación de precios que señala (Siete.90.6) que “como regla general, el precio de financiación por el SNS será inferior al precio industrial del medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del SNS”
  • Establecimiento de un sistema de precios seleccionados
  • Revisión periódica de los copagos por ordenes del Ministerio de Sanidad
  • Establecimiento del nuevo sistema de copago farmacéutico, que aparece casi escondido en el RDL (articulo 3, Trece), y establece 4 tramos de aportación (60% para rentas superiores a 100.000 €; 50% para rentas entre 18.000 y 100.000€; 40% para rentas inferiores a 18.000€ y 10% para los pensionistas), a la vez a estos últimos se les ponen unos topes máximos de mensuales (8€ para rentas menores de 18.000€, 18€ para las situadas entre 18.000 y 100.000€ y 60€ para las superiores a esta cantidad). Los excesos pagados por encima de estos topes máximos (casi todos los casos) serán “objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral” (4. Trece.7)
  • Se establece la exigencia de la libre disposición para el Ministerio de los datos de consumo farmacéutico tanto de recetas como de centros sanitarios, y nada se dice sobre la publicidad de esta información.
  • Se modifican las aportaciones de los laboratorios de acuerdo con la valoración Profarma
  • Se cambian los descuentos sobre ventas de las oficinas de farmacia
  • Se obliga al establecimiento de servicios de farmacia en los centros sanitarios con cien o mas camas
  • Se establecen sistemas de acreditación para la manipulación y adecuación de preparaciones de medicamento

En resumen:

·        Se trata de una modificación legal que afecta a numerosos aspectos regulatorios del medicamento, hecha con precipitación, sin ninguna participación de los agentes implicados y con una tan mala redacción que genera ambigüedad y en el futuro generará recursos y controversias importantes en su interpretación.

·        Se modifican leyes que han tenido un debate social y parlamentario importante y a las que se llegó tras grandes consensos, empobreciendo  su articulado. Por ejemplo, el punto Uno.-5 del artículo 4, en un párrafo ininteligible modifica completamente, le da la vuelta, al RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, un decreto que se discutió ampliamente con las sociedades científicas y los profesionales y que tiene una redacción impecable en línea con directivas y usos europeos.

·        Aunque la política farmacéutica es una competencia del Estado en su aspecto regulatorio y de establecimiento del marco general, las políticas de modulación de la prescripción, de gestión de compras y otras relacionadas son clara competencia de las CCA, cuyos servicios de salud pagan las facturas y dan la prestación efectiva. El decreto es de un fuerte aroma centralista e incurre en  intromisiones graves en las funciones de las CCAA que serán, seguro, fuente de litigios innecesarios en el Tribunal Constitucional por parte de las CCAA más identitarias o donde gobierne el partido socialista. 

·        Muchas de las propuestas tienen una posibilidad de ejecución práctica imposible o muy difícil, lo que da idea del desconocimiento de la realidad de los redactores finales del RD-Ley. Por otro lado, algunas partes tienen tal concreción y van encaminadas a cuestiones tan específicas que, estas sí, parecen propuestas por alguien que conoce muy bien la realidad. Es decir, parece que en la elaboración inicial se ha partido de un batiburrillo de iniciativas algunas fundadas y otras peregrinas, que ha ordenado (sic) y redactado finalmente alguien con escaso conocimiento del medio que pisa.

·        Aunque la situación de crisis es grave no ha sobrevenido de repente. Un partido que esperaba ganar las elecciones con cierta seguridad y que ha tenido más de 100 días de gobierno no debe hacer una chapuza legislativa como la que nos encontramos en este decreto

  • Se establece un incremento del copago, fundamentalmente sobre los pensionistas que se intenta disimular utilizando el aumento sobre las rentas muy altas (mas 100.000€ declaran 253.000 activos, pero poner esta cifra en los pensionistas parece un chiste macabro). Se ponen también unos topes máximos mensuales que no son tales porque primero todos los pensionistas deberán pagar el 10% de los medicamentos y quizás 6 meses después les devolverán el dinero. ¿Cómo van a hacerlo los mas de 4.500.000 pensionistas que cobran menos de 650€ mensuales? ¿Con que dinero comerán, pagaran la luz, etc hasta que les lleguen las devoluciones? ¿Y mas aún como es posible que además se les haga copagar el transporte sanitario, la dietoterapía, etc y que se les vayan a excluir prestaciones de la cartera básica y la financiación de mas medicamentos. Se establece una agresión terrible sobre este colectivo de personas que es además el que tienen mayores problemas de salud y que va a ver seriamente obstaculizado su acceso a una parte importante de las prestaciones del SNS, sobre todo, pero no solo, las farmacéuticas.
  • Se opta por un sistema de tarjetas sanitarias y de recetas complejo (5 tipos de tarjetas y 7 de recetas) que aparte de costoso va complicar el funcionamiento de la asistencia sanitaria (Final séptima)
  • Se establece un sistema obligatorio de información al Ministerio del gasto farmacéutico total que es positivo, pero de cuya publicidad nada se dice ¿Dónde está la transparencia?
  • Se vuelven a incluir algunas medidas que ya existían (principio activo, información de apoyo, etc)
  •  Hay algunas actuaciones sobre la industria y las oficinas de farmacia de carácter débil
  • Se obstaculiza la capacidad de las CCAA de tomar otras medidas de eficiencia en el control del gasto farmacéutico
  • En resumen, se penaliza a los pensionistas, a los enfermos crónicos y a las personas con pocos recursos y no se aborda seriamente a los verdaderos responsables del gasto farmacéutico cuyos beneficios económicos se mantienen en lo esencial.

Capitulo V

Medidas en materia de recursos humanos

Recoge 3 artículos, el primero con cuatro apartados, el segundo sin apartados y el tercero con siete. Trata de 3 temas muy distintos:

  • La regulación de las Áreas de capacitación especifica y su regulación (acreditación de centros, comités y diplomas)
  • El registro de profesionales del SNS
  • Modificaciones del Estatuto Marco:  modificación, creación y supresión de categorías, retribuciones en relación con la evaluación del desempeño, regulación de IT, integración de funcionarios y personal de cupo y zona y regulación fondos acción social

Resumiendo: se trata de un apartado que poco o nada tiene que ver con el titulo del RDL, sobre todo el primer articulo. Además:

  • No se comprende bien la necesidad de regular las áreas de capacitación especifica sin hacerlo primero con la troncalidad de la formación de  especialistas
  • El registro de profesionales esta, en teoría establecido desde 2003, lo que hay que hacer es hacerlo
  • Las retribuciones de acuerdo con la evaluación del desempeño pueden ser positivas si se asegurar criterios explicaos, ligados a la calidad y controles de la misma, caso contrario empeorara la calidad del sistema sanitario

Disposiciones Adicionales

Algunas se han comentado ya, pero merecen un comentario

  • Adicional cuarta: Medidas de eficiencia:

  1. A pesar de las demagógicas intervenciones sobre la creación de una agencia de compras del SNS, todo se queda en que el CI “fomentara” la “compra conjunta y centralizada”, es decir poco o nada concreto
  2. Plan de ahorro energético de los centros, para lo que las CCAA “adoptaran las medidas oportunas”, otro brindis al sol
  3. Plazo de 6 meses para adecuar los envases a las pautas y tiempos habituales de tratamiento, abandonando cualquier intento de prescripción por tratamientos y no por envases comerciales, de manera que el despilfarro de medicamentos una de las supuestas razones del RDL seguirá mas o menos igual 

Disposiciones Finales

Solo referirnos a:

  • Final sexta, refuerza el papel de la ONT en el control de la donación y manejo de las células y tejidos humanos, su contenido es positivo, pero tampoco se entiende su presencia en este RDL
  • Final séptima .tres: establece  la incorporación en los informes de prescripción y terapéutica para los pacientes de los costes de los tratamientos, la llamada “factura sombra”, por supuesto sin que nadie haya evaluado ni los costes de hacerlo ni sus beneficios.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se desprende del análisis detallado que se ha realizado del RDL, este incluye un conjunto de medidas de características muy distintas que en muchos casos nada tienen que ver con el supuesto objeto del mismo. Por supuesto ninguna de sus medidas, ni de manera aislada ni en su conjunto garantizan el supuesto ahorro de 7.000 millones € que ha sido su teórica causa, y ello es perfectamente congruente con la ausencia notoria de una memoria económica que no se ha hecho y que por otro lado, leído en detalle el RDL  no se podía hacer porque el mismo se mueve en el ámbito de la ciencia – ficción.

No obstante el RDL si que avanza algunos aspectos muy relevantes que deben ser considerados y que retratan los objetivos de la política sanitaria del PP mas allá de las declaraciones entre el marketing y la demagogia.

El primero es el acabar con el sistema sanitario universal como un derecho básico de la ciudadanía y apostar por un modelo de aseguramiento, un primer paso, todavía en el terreno declarativo que puede avanzar hacía un sistema dual en que las personas con mas recursos obtengan la atención de seguros privados (mas o menos subvencionados con fondos públicos) dejando a resto de la población en manos de un sistema público descapitalizado y deteriorado, tipo beneficencia.

El segundo es una actitud xenofoba que pretende dejar fuera de la atención sanitaria a un grupo socialmente muy desfavorecido como son los inmigrantes no regularizados, a pesar de que todas las evidencias señalan que se trata de un colectivo en franca disminución por la crisis y cuya presión sobre el sistema asistencial es muy pequeña, y que por lo tanto producen un  gasto muy reducido, y a los que se obliga a saturar mas aún las ya saturadas urgencias.

El tercero es que a pesar de las demagógicas intervenciones públicas sobre el supuesto impacto del “turismo sanitario” este no ha sido acreditado mas allá de la falta de diligencia de las administraciones públicas para identificar y facturar adecuadamente la atención sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros que no pertenecen al grupo anteriormente señalado.

El cuarto es el establecimiento de un sistema de copagos extremadamente agresivo sobre los pensionistas y los enfermos crónicos a los que se va a penalizar extremadamente dificultándoles y en muchos casos  impidiéndoles en la practica el acceso a prestaciones sanitarias que son indispensables para su salud. A ello habrá que sumar el nuevo “medicamentazo” que se anuncia y la previsible retirada de prestaciones de la cartera básica. El impacto de estas medidas sobre la ciudadanía es difícil de evaluar todavía pero inevitablemente se concretara en un empeoramiento de la salud, aumento de la morbilidad y de la  mortalidad.

En contraste con la virulencia de estas medidas dirigidas a las personas mas enfermas y con menos recursos, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico.

Otras medidas que se han vendido como soluciones a los problemas económicos del SNS, como la agencia de compras del conjunto del sistema sanitario público se queda en una mera recomendación sin mucha capacidad operativa. Además se complementa el RDL con una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la sostenibilidad, la calidad y la seguridad de las prestaciones del sistema sanitario público.

Desde la FADSP propusimos en su momento una seri de medidas para la eficiencia y la racionalidad del SNS que en nada agredían a los derechos de los ciudadanos a una atención sanitaria de calidad y que conseguían un mayor ahorro económico que por supuesto no han sido consideradas porque suponían merma de los beneficios de las multinacionales (disponibles en http://www.fadsp.org/pdf/Comparacion%20entre%20racionalidad%20y%20copago%20SNS.doc)

En suma se trata de una evidencia mas de que este gobierno solo es valiente con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y en cambio es cobarde con las grandes multinacionales

SOBRAN LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR ESTA CONTRARREFORMA SANITARIA


HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS, SINDICALES Y PROFESIONALES A MOVILIZARSE PARA EXIGIR SU INMEDIATA DEROGACION



Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

25 de abril de 2012


HABER SI SE ARREGLA LA BARRIADA INMACULADA

La Junta apuesta por la rehabilitación de las barriadas Illera, Inmaculada y Militar

R. Travesi / Burgos - lunes, 30 de abril de 2012
Plan Integral. El Pricyl elaborado por la Consejería de Fomento reconoce que esas zonas serían lugares idóneos para un ARI porque la naturaleza y el estado de los edificios facilita acciones conjuntas y habría mejores resultados y más visibles
Los efectos de la crisis económica  cesarán algún día o año, aunque nadie se atreve a dar una fecha del final de la recesión actual. Mientras, las administraciones públicas deben elaborar informes y estudios para cuando lleguen tiempos mejores y puedan acometer inversiones. Y si hay un asunto de interés para la ciudadanía es el estado de los edificios. La Junta de Castilla y León es consciente de esta realidad y ya ha elaborado un amplio trabajo que lleva por título Plan Regional de Rehabilitación Integral, más conocido como Pricyl.


Un estudio que plantea estrategias de actuación y programas así como herramientas de valoración de las propuestas de nuevas áreas de rehabilitación integral (los populares ARI) y de renovación urbana (ARU). De todos es conocido el importante lavado de cara que han supuesto para la ciudad las obras en edificios y urbanización tanto en el polígono residencia de Río Vena (antiguo Carrero Blanco) como en el centro histórico. Ahora, se está a la espera de que la Junta declare el Área de Rehabilitación de la Barriada de San Cristóbal y así ejecutar los trabajos entre los años 2013 y 2015.
Las nuevas estrategias de rehabilitación integral de la Consejería de Fomento para Burgos se centran en tres barriadas con una importante población como son La Inmaculada, la Militar y la de Illera. Serían los lugares más idóneos para una intervención y donde puede haber mejores efectos, puesto que la naturaleza de los edificios facilita acciones conjuntas. Las dos primeras corresponden a conjuntos urbanos con una tipología colectiva predominante mientras que la tercera se trata de una colonia de caracterización rural. La construcción de las barriadas Illera e Inmaculada correspondió a patronatos franquistas, con una ejecución en 1957 y en los años 40 del siglo pasado, respectivamente. Por su parte, las casas militares también se remontan a los años 40. Hablamos, por tanto, de construcciones muy concentradas en el tiempo y con una arquitectura muy similar.
El Pricyl apuesta por una rehabilitación y protección de estos conjuntos, que también existen en otras capitales de provincias y núcleos intermedios, con más de 5.000 habitantes. Barriadas destinadas, en su momento, a un tipo de población o grupo social con vivienda social, que ejecutaron diferentes organismos o instituciones del Estado a raíz de los crecimientos residenciales en la segunda mitad del siglo XX. Es un patrón que se repite en ciudades como  Valladolid, Burgos y Salamanca.
El plan de la Junta incluye el Índice de Necesidad de Rehabilitación (INR), con unos valores que van del 0 al 12 en función de la urgencia que requiera cada localidad o incluso cada barrio. En el caso de la capital, el índice -que cruza diversos factores estadísticos como población, crecimiento económico, desempleo, tasa de envejecimiento y densidad- se sitúa en el 7, al igual que Ávila, Palencia, Segovia y Zamora. Están por encima Valladolid, con un INR del 10, además de León y Salamanca (9 cada uno). Por contra, Soria cuenta con la tasa más baja, un 6, por lo que apenas es necesario acometer rehabilitaciones. El mayor problema, según explica uno de los redactores del plan, es que no hay datos estadísticos actualizados. Este profesional del Instituto de Urbanistíca de la Escuela de Arquitectura de Valladolid es partidario de que la administración prime los proyectos de calidad, con un alto desarrollo urbano integrado.
La Barriada de La Inmaculada, al igual que la Militar, es un asentamiento urbano homogéneo. La ficha del plan, que incluye datos básicos de cada lugar, recoge que en La Inmaculada cuenta con 778 viviendas en la primera fase y otras 264 en la segunda. La tipología del edificio responde a bloques de cinco alturas y unifamiliares en hilera, con pequeños patios traseros en el interior. El informe señala como particularidad que es «una de las mayores y más populosas barriadas de vivienda pública de la ciudad».
La Barriada Militar de Burgos, entre la calle Vitoria y la plaza Dos de Mayo, tiene 310 viviendas distribuidas en bloques en forma de T con un único portal de acceso. La ordenación se produce en torno a una plaza central y hay algunos espacios verdes y arbolados.
La Obra Sindical del Hogar fue la encargada de construir las 456 viviendas unifamiliares (pareadas y en hilera) de la Barriada Illera, entre la calle Condesa Mencía y el río Vena. Se trata de un homogéneo conjunto residencial de baja densidad, creada en sus orígenes para acoger a una población procedente del campo. En un principio, estaba alejado del centro histórico. De ahí que sea un centro autónomo con sus propias dotaciones, como una iglesia, escuelas y casa del productor. La unidad residencial rondaba los 350 metros cuadrados, donde se repartían la vivienda de una o dos plantas y un corral trasero.
El Pricyl parte de la base de que la rehabilitación urbana «sostenible e integrada» comienza con un diagnóstico pluridisciplinar que permite conocer cada barrio. Pero deja claro que va más allá del estudio de los edificios, las infraestructuras o los espacios públicos. Solo así, precisan los redactores del plan, se implicará a los diferentes actores y habitantes. Por otro lado, corresponde a los políticos tomar decisiones, crear los instrumentos jurídicos y dotar de los recursos económicos necesarios. Los objetivos últimos son establecer una estrategia de regeneración para «detener el deterioro del tejido urbano y social, preservar sus valores patrimoniales, reforzar la cohesión social y favorecer la actividad económica».

Renovación urbana
La rehabilitación, recoge el documento, tiene múltiples vertientes y va desde la conservación de los edificios singulares hasta la actuación en conjuntos edificados homogéneos (barriadas burgalesas) y barrios completos. Incluso, cabe la renovación urbana sobre espacios ya edificados para llevar a cabo una transformación global por medio de derribos y reconstrucciones, pero no da más detalles.

La Consejería de Fomento comprueba, además, una relativa urgencia de llevar a cabo actuaciones en diferentes puntos de Burgos como son Gamonal, el entorno de la avenida del Vena y la zona sur. Son ejemplos de los lugares donde los técnicos de la Junta han elaborado mapas de colores para determinar el INR y ver donde hay una «fuerte» necesidad, con índices muy altos, de entre 8 y 10. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Gamonal de varios bloques de la calle Santa Bárbara y los de la Barriada de Juan XXIII, así como los que están entre la calle Vitoria y la calle Santiago Apóstol. Se trata de edificios que están en Arzobispo de Castro y Pérez Platero. Tampoco se libran los inmuebles más antiguos de Eladio Perlado (números impares), alguno de la calle Compostela y de la última zona de Vitoria (a continuación del pueblo antiguo).
En el caso de la zona centro, el Pricyl menciona algunos edificios en el entorno de la avenida del Vena y las calles Santo Domingo de Silos y Soria, además en la manzana entre la avenida de la Paz y Antonio Machado. Detectan la necesidad de una rehabilitación en bloques de Jesús María Ordoño, Segovia y junto al edificio de la Delegación de Hacienda.
El barrio de San Julián, San Pedro y San Felices, alrededores de la glorieta de San Agustín con la calle Madrid y el paseo de Pisones son lugares que también requieren una actuación.
Fuente: Diario de Burgos.

domingo, 29 de abril de 2012

MÁS INTENSIDAD DE TRÁFICO EN ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO


El bulevar absorbe un 15% del tráfico de la calle Vitoria y Constitución

M. R. / Burgos
La puesta en servicio del tramo del bulevar que conecta con Gamonal y Capiscol ha conseguido aliviar ligeramente la densidad de tráfico de dos de las vías con más circulación de la ciudad, la calle de Vitoria y la avenida de la Constitución.
Según los datos registrados por el área de Tráfico del Ayuntamiento, la apertura del último tramo del bulevar el pasado 12 de abril ha conseguido reducir en un 15% el tráfico diario en la calle de Vitoria y en la avenida de la Constitución. No obstante, el efecto de la apertura de este tramo de bulevar se ha hecho más patente en la parte de la calle Vitoria que discurre por el barrio de Gamonal.
La zona con más densidad de tráfico de la calle de Vitoria, la que discurre entre el comienzo de la avenida de la Constitución y la plaza del Rey, alcanzaba cerca de 19.000 vehículos diarios antes de la puesta en servicio del tramo de Gamonal del bulevar. Una vez abierto, se ha reducido en más de 2.500 vehículos diarios. Un efecto similar se ha registrado en la avenida de la Constitución, con un paso medio diario de 13.500 vehículos al día, que se ha reducido en más de 2.000 desde que se abrió el último tramo del bulevar. Por el contrario, el efecto sobre el tráfico en la zona centro, en el entorno de la plaza del Cid y de la plaza de Vega, no se ha hecho notar. En algunos tramos se ha experimentado un aumento del tráfico.
La puesta en marcha del último tramo del bulevar ha incrementado hasta un 20% el tráfico en las calles Juan Ramón Jiménez y Esteban Sáez Alvarado. Ambas vías soportaban más de 8.500 vehículos al día. Con el bulevar abierto superan los 10.000 diarios. Del mismo modo, la paulatina apertura de tramos de bulevar ha incrementado la densidad de tráfico. Sólo durante la primera semana que se puso en servicio la conexión de Fuente Prior con Capiscol registró una media de 10.000 vehículos diarios.
Fuente: Correo de Burgos

MÁS PELEAS EN LAS BERNARDILLAS

Despliegue policial por una pelea enBernardillas a media mañana

P.C.P. / Burgos - domingo, 29 de abril de 2012
Un varón con una herida sangrante en la nariz rechazó ser asistido o poner denuncia en Comisaría, adonde se llevaron a una mujer para ser identificada
Al menos 7 patrullas de  Policía Local y Nacional acudieron ayer a la plaza de Roma en respuesta a la llamada por una nueva pelea en el entorno de los bares que abren a primera hora de la mañana en las Bernardillas. Un varón acabó con una herida sangrante en la nariz durante el incidente, aunque rechazó asistencia médica y el traslado en ambulancia al Hospital General Yagüe. Tampoco quiso denunciar la agresión y a sus posibles autores, según las fuentes consultadas por este periódico.
La reyerta tuvo lugar poco después de las 11 de la mañana, en el entorno de la plaza de Roma. En ese punto se localizaba el aviso que recibió el Servicio de Emergencia 112 Castilla y León a las 11.19 horas de ayer. Según el alertante, 4 personas se estaban peleando en el lugar, por lo que se trasladó el aviso a la Policía Local y a Comisaría. De inmediato, numerosas dotaciones se personaron en Gamonal, aunque los supuestos contendientes rechazaron cualquier intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad, amén de mostrar su intención de marcharse sin dar más explicaciones.
Al parecer, la pelea comenzó en uno de los bares que está en el centro de la polémica desde que a mediados de 2010 la Junta modificase la normativa de horarios de apertura y cierre de los establecimientos hosteleros. Desde entonces, dos o tres locales de las conocidas como Bernardillas abren a partir de las 6 de la mañana como si fueran bares de copas para continuar con la fiesta, pese a que su licencia no les permite poner música y a que han sido objeto de varios expedientes sancionadores en materia de ruidos, con multas de hasta 30.000 euros, por parte de la Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente.
Sin embargo, uno de ellos no tiene reparos en anunciar en las redes sociales sus sesiones de música tecno, todas ellas programadas entre las 6 y las 12 de la mañana, en las pasadas vacaciones de Semana Santa o durante este puente del 1 de mayo.
UN CUCHILLO TIRADO
Quienes ayer se toparon con la pelea y el despliegue policial mostraron su indignación pero no su sorpresa, puesto que este tipo de escenas se han convertido en el ‘pan de cada  día’ de los fines de semana en la zona. Su temor es que una de estas peleas tenga consecuencias más graves o incluso irremediables. Testigos presenciales aseguraron haber visto un cuchillo tirado en el suelo, muy cerca de donde se produjo la reyerta. Hace poco más de un mes, el portero de un establecimiento hostelero y un cliente en estado ebrio fueron detenidos por policías de la Comisaría de Burgos tras un tiroteo.
Fuente: Diario de Burgos.

LOS FALLOS DE RAJOY

Los fallos más graves del PP

PILAR CERNUDA / MADRID - domingo, 29 de abril de 2012
La falta de comunicación entre los dirigentes del partido y los miembros del Ejecutivo ha deteriorado bastante la imagen de seguridad que se debe trasmitir en momentos de crisis

Aznar, cuando ganó las elecciones, tuvo muy claro que era fundamental mantener el partido en forma y coordinado con el Gobierno. Llevó a la vicepresidencia política al secretario general Álvarez Cascos, con lo que tenía asegurado lo segundo, y nombró a un casi desconocido Ángel Acebes coordinador del partido, al que dedicaba todas las horas del día. 

Mariano Rajoy decidió, sin embargo, que continuara en la secretaría María Dolores de Cospedal manteniendo la Presidencia del Ejecutivo manchego, y accedió a su deseo de que no hubiera un coordinador. Además, en el congreso de Sevilla se hicieron importantes cambios en la cúpula que dejaron fuera a personas que conocían el partido en profundidad -Juan Carlos Vera, por ejemplo, un eterno puntal de la organización interna en Génova- se desplazó de la portavocía a un González Pons que ya se había hecho con la comunicación para meter a su segundo de abordo como secretario de Organización, un novel Carlos Floriano que intenta aprender a toda velocidad cómo se gestiona esa área; y que mientras aprende ha provocado ya alguna disparidad de criterio con un par de ministros, lo que ha causado desconcierto y malestar entre algunos dirigentes, que ven con inquietud que nadie coordina algo tan esencial como que no haya opiniones diferentes.
La situación es grave, con fallos son continuos que deterioran la imagen de seguridad que debe transmitir todo gobierno. Los ministros, que no eluden los encuentros con periodistas, se sienten contrariados por la situación y sin ningún recato expresan su malestar porque en la sede nacional no se toman las medidas que corrijan una situación que está provocando tanto desgaste al gobierno y al partido. Una situación en la que no quiere involucrarse Mariano Rajoy, lo que desconcierta aún más a sus colaboradores. Porque, dicen y no les falta razón, el partido es absolutamente clave para que el Gobierno funcione. Y ahora mismo, la formación deja mucho que desear. 
Coincide, además, la debilidad del partido y su falta de presencia, con una mayor actividad del PSOE, dirigido por un auténtico experto en estrategia de comunicación como es Rubalcaba, que tiene entre sus principales colaboradores a quien aprendió técnicas de estrategia política junto a José Blanco, Óscar López. Entre los dos han organizado una batería de ruedas de prensa y comparecencias por toda España, mientras que al PP solo se le ha ocurrido una campaña de publicidad que verá la luz en los próximos días. 
En la reunión mantenida esta semana entre la dirección del partido y los responsables regionales, aparte de insistirles en que deben explicar a fondo el alcance de las iniciativas del Ejecutivo, Floriano presentó como gran proyecto un hashtag para que, a través de Twitter, los ciudadanos presenten ideas. Se llama #verdad. Excesiva obsesión por Internet y redes sociales, mientras se dejan en segundo lugar los hábitos habituales. «Internet no debería sustituir a los medios convencionales -señala un veterano dirigente- sino complementarlo». Si a ello se suma que Cospedal ha contratado a una periodista sin ninguna experiencia política para que lleve su agenda en Madrid, se comprende entonces que se sientan cargados de razón los miembros del Gobierno a los que los socialistas cuestionan a diario sin que desde el partido se les eche una mano. 
ORGANIZACIÓN. En los últimos días se han celebrado diversas reuniones para analizar la situación, pero, según comentó un ministro «esto no se arregla con reuniones, hace falta que se organicen… es absurdo que la mala organización del partido nos esté provocando problemas, como si no tuviéramos suficientes con hacer llegar la necesidad de los ajustes y de aplicar la reforma laboral». Aunque habría que señalar también que a veces son los propios ministros los que no se ponen de acuerdo, como el último ejemplo lo hemos tenido en la descoordinación en torno al anuncio del cambio de política respecto a los presos de ETA.
El departamento de comunicación de Floriano elabora buenos argumentarios que envían a diario a los periodistas para que comprendan las razones por las que el Gobierno toma determinadas decisiones polémicas. Pero más importante que hacer llegar esos mensajes es que sean los propios dirigentes los que expliquen esos proyectos; sin embargo, para desconcierto de los ministros, cuando la hacen, con frecuencia, yerran. 
Ha ocurrido, por ejemplo, con José Ignacio Echániz, responsable del área de Sanidad y consejero de Castilla-La Mancha, que provocó un serio problema a Ana Mato cuando hizo comentarios sobre las medidas que presentaría su jefa sin haberlas contrastado. Ante la nueva carga del PSOE, por los pasillos de Génova se sucedieron los comentarios sobre la imposibilidad de compatibilizar los cargos, cuando también la secretaria general los compaginaba. Y se dice que sería mejor que los altos mandos ocuparan un solo puesto. Lo que afectaría a Arenas, al que en la sede central desearían viéndole más centrado en el área territorial, aunque se mantiene firme en su idea de seguir al frente del PP andaluz.
Rajoy no parece preocupado por estos problemas, pero debería estarlo. Es el asunto del que más se habla en el Ejectivo y en el PP.
Fuente: Diario de Burgos