El juzgado acepta medidas cautelares en el pleito por el suelo de Juan XXIII
Si el Arzobispado vende y pierde la demanda, el Ayuntamiento podrá exigir indemnización
Justo cuando se cumple un año del inicio del ‘culebrón’, el
Ayuntamiento se anota el primer tanto en el conflicto judicial que el
Consistorio ha abierto contra el Arzobispado por la propiedad de una
parcela de 3.000 metros en Juan XXIII pretendida por una empresa
vallisoletana para construir un párking de 280 plazas.
La historia arraiga en abril de 2011. El por entonces candidato ‘popular’, Javier Lacalle, presentó en dependencias municipales el proyecto de la empresa y anunció que el Ayuntamiento pondría alfombra roja a la planificación como parte del siempre pretendido plan de dotar a Gamonal de aparcamientos subterráneos. La empresa pagaba al propietario, que es el Arzobispado, solicitaba las licencias, construía y vendía. Rueda de prensa, foto y todos a casa.
Hasta que Izquierda Unida denunció que esa parcela no era del Arzobispado, sino de la ciudad. Del Ayuntamiento. Se hicieron diversas comprobaciones en el Registro y, tras varios meses para parir un denso informe municipal, en él se decía que IU tenía razón y que el suelo fue permutado a la diócesis en los años 80 y pasó a formar parte del patrimonio municipal. Después, el ya conocido ‘exceso de cabida’, que permitió a la Iglesia registrar a su nombre propiedades colindantes a las suyas que nadie reclamara, devolvió la titularidad a la Iglesia sin que nadie se percatara de ello. Hasta el año pasado, claro. El mismo informe tasaba en dos millones de euros el valor del suelo.
El proceso
A partir de ahí, el Ayuntamiento trató de que el Arzobispado renunciara voluntariamente a la propiedad y procediera de ‘desinscribirla’ a su nombre, cosa que no sucedió pues la Iglesia sostiene que el suelo le pertenece. Y así fue como se decidió interponer una demanda de reclamación de la titularidad de la parcela. En dicha demanda se adjuntaba la documentación que obra en poder del Ayuntamiento para defender su postura, pero además se solicitaban medidas cautelares puesto que la empresa interesada en promocionar el párking manifestó a finales del año pasado su intención de seguir adelante con el proyecto.
La más significativa de esas medidas era la «anotación preventiva de la demanda al margen de la inscripción» en el Registro de la Propiedad. Eso significa que cualquier comprador quedaría automáticamente informado de que existe una reclamación judicial de la propiedad y, por tanto, ya no podría ‘hacerse el sueco’ si adquiere el suelo al Arzobispado y después la Justicia dice que, en realidad, a quien debió pagar es a la ciudad.
Dicha medida cautelar ha sido aceptada y la sala número 6 de Primera Instancia, que lleva el caso, ha ordenado la ejecución de la citada inscripción.
Fuente: Diario de Burgos
La historia arraiga en abril de 2011. El por entonces candidato ‘popular’, Javier Lacalle, presentó en dependencias municipales el proyecto de la empresa y anunció que el Ayuntamiento pondría alfombra roja a la planificación como parte del siempre pretendido plan de dotar a Gamonal de aparcamientos subterráneos. La empresa pagaba al propietario, que es el Arzobispado, solicitaba las licencias, construía y vendía. Rueda de prensa, foto y todos a casa.
Hasta que Izquierda Unida denunció que esa parcela no era del Arzobispado, sino de la ciudad. Del Ayuntamiento. Se hicieron diversas comprobaciones en el Registro y, tras varios meses para parir un denso informe municipal, en él se decía que IU tenía razón y que el suelo fue permutado a la diócesis en los años 80 y pasó a formar parte del patrimonio municipal. Después, el ya conocido ‘exceso de cabida’, que permitió a la Iglesia registrar a su nombre propiedades colindantes a las suyas que nadie reclamara, devolvió la titularidad a la Iglesia sin que nadie se percatara de ello. Hasta el año pasado, claro. El mismo informe tasaba en dos millones de euros el valor del suelo.
El proceso
A partir de ahí, el Ayuntamiento trató de que el Arzobispado renunciara voluntariamente a la propiedad y procediera de ‘desinscribirla’ a su nombre, cosa que no sucedió pues la Iglesia sostiene que el suelo le pertenece. Y así fue como se decidió interponer una demanda de reclamación de la titularidad de la parcela. En dicha demanda se adjuntaba la documentación que obra en poder del Ayuntamiento para defender su postura, pero además se solicitaban medidas cautelares puesto que la empresa interesada en promocionar el párking manifestó a finales del año pasado su intención de seguir adelante con el proyecto.
La más significativa de esas medidas era la «anotación preventiva de la demanda al margen de la inscripción» en el Registro de la Propiedad. Eso significa que cualquier comprador quedaría automáticamente informado de que existe una reclamación judicial de la propiedad y, por tanto, ya no podría ‘hacerse el sueco’ si adquiere el suelo al Arzobispado y después la Justicia dice que, en realidad, a quien debió pagar es a la ciudad.
Dicha medida cautelar ha sido aceptada y la sala número 6 de Primera Instancia, que lleva el caso, ha ordenado la ejecución de la citada inscripción.
Fuente: Diario de Burgos
