Los juzgados instruyen 8 casos de corrupción política en Burgos
Los juzgados de Burgos conocen
actualmente de, al menos, ocho casos de presunta corrupción, una
denominación que engloba más de 30 tipos de actuaciones delictivas
recogidas en el Código Penal, ya que no existe como tal el delito de
corrupción. El pasado mes de febrero, la juez decana de Burgos, Blanca
Subiñas, recibió una comunicación del Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se solicitaba información
sobre macrocausas y causas de corrupción.
A esos ocho casos que
se remitieron al órgano de Gobierno se sumaría un noveno, el de exedil
del Ayuntamiento de Burgos Santiago González Braceras, que dimitió el
pasado mes de febrero como consecuencia de las críticas surgidas a raíz
de unos viajes en coche oficial para actividades privadas. A los pocos
días de presentar su renuncia al cargo, el Partido Castellano (PCAS),
presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº1 al considerar que
la conducta del exconcejal podía constituir los posibles delitos de
malversación, apropiación indebida, prevaricación o estafa. La causa se
está instruyendo en este mismo juzgado por un posible delito de
malversación.
Este mismo juzgado de Instrucción es el que tenía
abierto el caso contra el también concejal dimitido Eduardo Villanueva
por una factura de 128.000 euros por gasto telefónico. Una de las
últimas diligencias que se habían practicado en este asunto fue la
petición a Telefónica del tráfico de datos de la tarjeta, aspecto clave
en este caso. Sin embargo, la operadora contestó por escrito la
imposibilidad de facilitar las páginas visitó o descargas que realizó el
exconcejal. Eso ha hecho que la titular del juzgado haya decretado el
archivo provisional de las actuaciones.
Estos son los dos casos
por supuestos delitos de malversación de caudales públicos que investiga
Instrucción nº1, un juzgado en el que también hay abiertos otros cuatro
casos por posibles delitos de prevaricación. En el Juzgado de
Instrucción nº3 había en marcha tres posibles casos. Uno de ellos era
por posibles delitos de prevaricación y de ordenación del territorio
contra Esther Gamazo, exalcaldesa de la junta administrativa de Robredo
Temiño, en el Valle de las Navas, por una concesión para realizar unas
obras vinculadas al campo de golf de Riocerezo. El juzgado decretaba el
archivo provisional el pasado mes de marzo. En este mismo tribunal hay
abierto otro caso por un delito sin especificar que también podría
entrar dentro de los fijados por el CGPJ y otro más por un presunto
delito de falsificación de documento público.
Ni el Juzgado de
Instrucción nº2 ni el nº4 tendrían actualmente ninguna causa abierta de
este tipo. El Juzgado de lo Penal 2 sí tiene abierto un asunto por un
presunto delito de malversación de caudales públicos. En la información
remitida por el decanato de Burgos al CGPJ no se planteaba la necesidad
de reforzar la plantilla para afrontar la instrucción de estos casos al
considerar muy reducido su número. El órgano de Gobierno de los jueces
está trabajando en la elaboración de un documento definitivo en el que
plasmarían las necesidades concretas.
Fuente: Correo de Burgos 