| La oposición no consigue una comisión de investigación sobre el caso Espolón. El Equipo de Gobierno aprueba en solitario las nueva ordenanzas municipales | ||
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viernes, 14 de octubre de 2011
El P.P. NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE EL CASO ESPOLÓN
jueves, 13 de octubre de 2011
EL P.P. EN EL AYUNTAMIENTO DE MAL EN PEOR
Seis millones del programa Urban peligran y quedan supeditados al plácet de Madrid
Por no invertirlos. Esa cantidad se puede perder en subvenciones si no se invierte antes de final de 2013. Al menos cuatro proyectos varados y con dinero consignado están detrás del problema
diariodeburgos.es
Á.M. / A.R. / Burgos
«Este tinglado está cada vez peor». Se lo dijo el PSOE al equipo
de Gobierno municipal en el Pleno extraordinario celebrado en diciembre
del 2009. El «tinglado» es el Plan Urban, un proyecto europeo de
regeneración de zonas concretas de las ciudad que Burgos consiguió en
2008 por un importe de 11,7 millones de euros, la mitad de lo que cuesta
el Arena, de los que el 70% lo aporta Europa.
Y «está cada vez peor» venía a cuento de una modificación de la cartera de proyectos asignados a esta planificación; los que iban a recibir ese dinero. El lanzamiento de los planes E (y la consecuente alteración de las inversiones previstas en el centro histórico y su perímetro, que es la zona a la que se ciñe el Urban) así como la constatación de que algunas inversiones no se podrían realizar ni en tiempo ni en forma, caso de la frustrada cobertura del Monasterio de San Juan, estaban detrás de aquellos «vaivenes».
Es precisamente ahí, en el tiempo y la forma, donde residen las claves de un problema que el Ejecutivo local trata de resolver a contrarreloj para no tener que dar muchas, muchas, muchas explicaciones de por qué se ha perdido una subvención multimillonaria con la que está cayendo. Las condiciones del Urban son, entre otras, temporales, y obligan a acometer las inversiones antes de que finalice 2013. Pues bien, hay cuatro de ellas que «no tienen buena pinta» pero sí importantes partidas Urban consignadas.
Se trata, por ejemplo, de la reconversión de la vieja estación de ferrocarril en la ‘ciudad de las artes’, proyecto para el que se anunció una inversión de casi 200.000 euros en proyectos de los que nada se sabe. Poco comparado con los cuatro millones del programa reservados a las obras.
También entran en ese saco las conexiones verticales entre el centro y el Castillo, concretamente el ya frustrado ascensor que estaba previsto construir entre la Llana y Fernán González para iniciar el itinerario mecánico parcialmente operativo tras abrir el ascensor del albergue de peregrinos y las escaleras de Saldaña.
Otra de la que nunca más se supo es la creación en Plaza de España de una suerte de intercambiador de autobuses que implementaba la posibilidad de mejorar el aspecto de la plaza actuando sobre las marquesinas de hormigón y su entorno más inmediato. Nada nuevo, salvo que se reservó un millón de euros Urban para hacerlo.
Por último, estaba previsto destinar al menos 750.000 euros más a la remodelación del Victoriano Crémer para albergar un Centro de Acción Social (CEAS), pero allí siguen estudiando los adultos y, al no estar previsto su traslado, se pensó en el edificio de calle San Juan que alberga transitoriamente el TSJ y la Audiencia, organismos que deben mudarse en breve a su restaurada sede del Palacio de la Isla. Sin embargo, Justicia ni siquiera ha contestado a la petición del Ayuntamiento para que el inmueble sea transferido a la ciudad. Así que este proyecto tampoco tiene fuste para ser dado por hecho antes de que expire 2013.
En total, y a pesar del mutismo sobre este particular que mantiene el Plan Estratégico, que es quien se encarga de gestionar estos fondos pese a que fueron otorgados al Ayuntamiento, hay como mínimo siete millones de euros sin ejecutar y sin justificar de dinero del Urban. La última vez que se dijo algo fiable sobre el asunto fue en abril de este año, anteayer si tenemos en cuenta que ha habido elecciones y nueva Corporación. Fue que se habían justificado 3,8 millones, lo que implica que ocho más están por redefinir, de los que el 70% (cerca de 6 millones) son subvención pura.
al ministerio a rogar. Conscientes que perder una subvención millonaria, aunque solo sea en parte, supondría un escándalo indefendible paralelo a las estrecheces inversoras que acechan a la ciudad, el Ejecutivo de Lacalle trabaja para reubicar el dinero y destinarlo a otros proyectos alternativos que cumplan con los objetivos del Urban «y que estén en ejecución para justificar la inversión», en palabras del vicealcalde Ángel Ibáñez.
El primer movimiento va a ser una reunión que tendrá lugar el próximo viernes 21 de octubre con la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien tutela las subvenciones, aprueba los proyectos, los visa y concede las subvenciones en nombre de la Unión Europea.
El propio alcalde, Javier Lacalle, el vicealcalde Ibáñez, el titular de Hacienda, Salvador de Foronda, y el director gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuan, ultiman estos días la propuesta para la que pretenden el visto bueno del Ministerio. Si no lo logran, el problema será mayúsculo.
Aunque, siguiendo la tónica que parece ley en el Plan Estratégico sobre el qué y el cuánto, nadie quiere hablar de casos concretos, este periódico sabe que una parte de ese dinero se quiere destinar a pagar parte de lo que el Ayuntamiento debe poner para equipar el Palacio de Congresos y Auditorio. También se ha estudiado la posibilidad de aumentar el dinero consignado para la reforma de La Isla (ya se dedicaron a tal fin 900.000 euros del Urban), y poco más.
Eso sí, tanto Ibáñez como Foronda y Sanjuan se apresuran a garantizar que «no se va a perder un solo euro», pero las condiciones del Urban son estrictas y en esta ocasión está muy claro que todo depende de la voluntad de un tercero. Y no es que los ministerios acostumbren a moverse a marcha ligera.
Y «está cada vez peor» venía a cuento de una modificación de la cartera de proyectos asignados a esta planificación; los que iban a recibir ese dinero. El lanzamiento de los planes E (y la consecuente alteración de las inversiones previstas en el centro histórico y su perímetro, que es la zona a la que se ciñe el Urban) así como la constatación de que algunas inversiones no se podrían realizar ni en tiempo ni en forma, caso de la frustrada cobertura del Monasterio de San Juan, estaban detrás de aquellos «vaivenes».
Es precisamente ahí, en el tiempo y la forma, donde residen las claves de un problema que el Ejecutivo local trata de resolver a contrarreloj para no tener que dar muchas, muchas, muchas explicaciones de por qué se ha perdido una subvención multimillonaria con la que está cayendo. Las condiciones del Urban son, entre otras, temporales, y obligan a acometer las inversiones antes de que finalice 2013. Pues bien, hay cuatro de ellas que «no tienen buena pinta» pero sí importantes partidas Urban consignadas.
Se trata, por ejemplo, de la reconversión de la vieja estación de ferrocarril en la ‘ciudad de las artes’, proyecto para el que se anunció una inversión de casi 200.000 euros en proyectos de los que nada se sabe. Poco comparado con los cuatro millones del programa reservados a las obras.
También entran en ese saco las conexiones verticales entre el centro y el Castillo, concretamente el ya frustrado ascensor que estaba previsto construir entre la Llana y Fernán González para iniciar el itinerario mecánico parcialmente operativo tras abrir el ascensor del albergue de peregrinos y las escaleras de Saldaña.
Otra de la que nunca más se supo es la creación en Plaza de España de una suerte de intercambiador de autobuses que implementaba la posibilidad de mejorar el aspecto de la plaza actuando sobre las marquesinas de hormigón y su entorno más inmediato. Nada nuevo, salvo que se reservó un millón de euros Urban para hacerlo.
Por último, estaba previsto destinar al menos 750.000 euros más a la remodelación del Victoriano Crémer para albergar un Centro de Acción Social (CEAS), pero allí siguen estudiando los adultos y, al no estar previsto su traslado, se pensó en el edificio de calle San Juan que alberga transitoriamente el TSJ y la Audiencia, organismos que deben mudarse en breve a su restaurada sede del Palacio de la Isla. Sin embargo, Justicia ni siquiera ha contestado a la petición del Ayuntamiento para que el inmueble sea transferido a la ciudad. Así que este proyecto tampoco tiene fuste para ser dado por hecho antes de que expire 2013.
En total, y a pesar del mutismo sobre este particular que mantiene el Plan Estratégico, que es quien se encarga de gestionar estos fondos pese a que fueron otorgados al Ayuntamiento, hay como mínimo siete millones de euros sin ejecutar y sin justificar de dinero del Urban. La última vez que se dijo algo fiable sobre el asunto fue en abril de este año, anteayer si tenemos en cuenta que ha habido elecciones y nueva Corporación. Fue que se habían justificado 3,8 millones, lo que implica que ocho más están por redefinir, de los que el 70% (cerca de 6 millones) son subvención pura.
al ministerio a rogar. Conscientes que perder una subvención millonaria, aunque solo sea en parte, supondría un escándalo indefendible paralelo a las estrecheces inversoras que acechan a la ciudad, el Ejecutivo de Lacalle trabaja para reubicar el dinero y destinarlo a otros proyectos alternativos que cumplan con los objetivos del Urban «y que estén en ejecución para justificar la inversión», en palabras del vicealcalde Ángel Ibáñez.
El primer movimiento va a ser una reunión que tendrá lugar el próximo viernes 21 de octubre con la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien tutela las subvenciones, aprueba los proyectos, los visa y concede las subvenciones en nombre de la Unión Europea.
El propio alcalde, Javier Lacalle, el vicealcalde Ibáñez, el titular de Hacienda, Salvador de Foronda, y el director gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuan, ultiman estos días la propuesta para la que pretenden el visto bueno del Ministerio. Si no lo logran, el problema será mayúsculo.
Aunque, siguiendo la tónica que parece ley en el Plan Estratégico sobre el qué y el cuánto, nadie quiere hablar de casos concretos, este periódico sabe que una parte de ese dinero se quiere destinar a pagar parte de lo que el Ayuntamiento debe poner para equipar el Palacio de Congresos y Auditorio. También se ha estudiado la posibilidad de aumentar el dinero consignado para la reforma de La Isla (ya se dedicaron a tal fin 900.000 euros del Urban), y poco más.
Eso sí, tanto Ibáñez como Foronda y Sanjuan se apresuran a garantizar que «no se va a perder un solo euro», pero las condiciones del Urban son estrictas y en esta ocasión está muy claro que todo depende de la voluntad de un tercero. Y no es que los ministerios acostumbren a moverse a marcha ligera.
Fuente: Diario de Burgos
martes, 11 de octubre de 2011
VIVA LA AUSTERIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO
El borrador del Reglamento abre la puerta a un sueldo 'fijo' para todos los concejales
Beneficiará a los ediles que no gozan de dedicación exclusiva ni
parcial l El documento justifica esta remuneración bajo el término de
«asistencia a despachos»
Mar, 11/10/2011
J. MAIQUES / Burgos
Las conversaciones privadas entre el PP y el PSOE para pactar un sueldo fijo de los concejales que no gozan de dedicación exclusiva han pasado ya de las palabras a los hechos. Si este periódico ya avanzó estos contactos el pasado 20 de junio, ahora, la prueba de que van en serio se encuentra en el borrador del nuevo Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento al que también ha tenido acceso EL MUNDO-EL CORREO DE BURGOS. En ese documento se esconde bajo el eufemismo «asistencia a despacho» unos emolumentos más o menos fijos para aquellos ediles cuyo trabajo en la Administración no impide que lo compatibilicen con otras actividades remuneradas fuera de ella.
El borrador, confeccionado por el equipo de Gobierno, ya está en manos de los grupos de la oposición para que realicen las aportaciones que estimen oportunas antes de su aprobación. Esto ocurrirá previsiblemente en el Pleno ordinario que se celebrará en el mes de diciembre.
En cualquier caso, no parece que los populares, salvo por algunos matices, vayan a encontrar oposición por parte de los socialistas. Y es que, tal y como ya manifestaron entonces, entienden que este cambio no supondría un gran desembolso para las arcas municipales.
¿Cuál es la cantidad fija que percibirán los concejales sin dedicación exclusiva por esa 'asistencia a despacho'? El Reglamento no entra en ese detalle y habrá que esperar para conocerlo en las bases de ejecución del presupuesto. Es más, incluso es posible que en ese apartado se distinga con una mayor recompensa a los ediles con más responsabilidad.
Para entender los motivos que han impulsado este cambio en el Reglamento (por otra parte obligado para adaptarlo al régimen de grandes ciudades) hay que fijarse en el malestar de algunos concejales por unos emolumentos mensuales que, en algunos casos concretos y en los meses de menos actividad, no alcanzan los 500 euros.
Y es que, la remuneración entre unos ediles y otros, en ocasiones, se parecen en muy poco. Así, quien está representado en muchas comisiones u organismos municipales percibe unas retribuciones mayores que los que apenas tienen presencia en unas pocas. Es más, hay algunas que se celebran con muchísima periodicidad y otras que, por el contrario, lo hacen con un margen mucho más amplio.
De hecho, hay políticos de la oposición que, sin la responsabilidad de gobernar ningún área, reciben más dinero que otros que tienen a su cargo una Concejalía. Sencillamente, porque al ser menos se 'reparten' más comisiones entre ellos.
Eso sí, todos los concejales, con dedicación exclusiva o sin ella, seguirán percibiendo indemnizaciones por concepto de dietas. Al menos, esa es la interpretación que se extrae por la omisión de este aspecto en el documento.
Sin tope de asesores
Otro de los cambios significativos en el borrador respecto al Reglamento de Funcionamiento que aún está vigente (aprobado el 12 de diciembre de 2008) es la eliminación de un tope en el número de asesores de cada grupo político representado en el Ayuntamiento. Así, mientras el de 2008 contemplaba «un asesor por cada siete concejales o fracción mayor o igual a cuatro», ahora se limita a decir que se tomará como referencia «en proporción al número de miembros y de la carga de trabajo de cada uno de los Grupos políticos».
Las conversaciones privadas entre el PP y el PSOE para pactar un sueldo fijo de los concejales que no gozan de dedicación exclusiva han pasado ya de las palabras a los hechos. Si este periódico ya avanzó estos contactos el pasado 20 de junio, ahora, la prueba de que van en serio se encuentra en el borrador del nuevo Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento al que también ha tenido acceso EL MUNDO-EL CORREO DE BURGOS. En ese documento se esconde bajo el eufemismo «asistencia a despacho» unos emolumentos más o menos fijos para aquellos ediles cuyo trabajo en la Administración no impide que lo compatibilicen con otras actividades remuneradas fuera de ella.
El borrador, confeccionado por el equipo de Gobierno, ya está en manos de los grupos de la oposición para que realicen las aportaciones que estimen oportunas antes de su aprobación. Esto ocurrirá previsiblemente en el Pleno ordinario que se celebrará en el mes de diciembre.
En cualquier caso, no parece que los populares, salvo por algunos matices, vayan a encontrar oposición por parte de los socialistas. Y es que, tal y como ya manifestaron entonces, entienden que este cambio no supondría un gran desembolso para las arcas municipales.
¿Cuál es la cantidad fija que percibirán los concejales sin dedicación exclusiva por esa 'asistencia a despacho'? El Reglamento no entra en ese detalle y habrá que esperar para conocerlo en las bases de ejecución del presupuesto. Es más, incluso es posible que en ese apartado se distinga con una mayor recompensa a los ediles con más responsabilidad.
Para entender los motivos que han impulsado este cambio en el Reglamento (por otra parte obligado para adaptarlo al régimen de grandes ciudades) hay que fijarse en el malestar de algunos concejales por unos emolumentos mensuales que, en algunos casos concretos y en los meses de menos actividad, no alcanzan los 500 euros.
Y es que, la remuneración entre unos ediles y otros, en ocasiones, se parecen en muy poco. Así, quien está representado en muchas comisiones u organismos municipales percibe unas retribuciones mayores que los que apenas tienen presencia en unas pocas. Es más, hay algunas que se celebran con muchísima periodicidad y otras que, por el contrario, lo hacen con un margen mucho más amplio.
De hecho, hay políticos de la oposición que, sin la responsabilidad de gobernar ningún área, reciben más dinero que otros que tienen a su cargo una Concejalía. Sencillamente, porque al ser menos se 'reparten' más comisiones entre ellos.
Eso sí, todos los concejales, con dedicación exclusiva o sin ella, seguirán percibiendo indemnizaciones por concepto de dietas. Al menos, esa es la interpretación que se extrae por la omisión de este aspecto en el documento.
Sin tope de asesores
Otro de los cambios significativos en el borrador respecto al Reglamento de Funcionamiento que aún está vigente (aprobado el 12 de diciembre de 2008) es la eliminación de un tope en el número de asesores de cada grupo político representado en el Ayuntamiento. Así, mientras el de 2008 contemplaba «un asesor por cada siete concejales o fracción mayor o igual a cuatro», ahora se limita a decir que se tomará como referencia «en proporción al número de miembros y de la carga de trabajo de cada uno de los Grupos políticos».
¿26 ediles con dedicación exclusiva?
Se acabó el límite de las dedicaciones exclusivas. Una vez que se
apruebe el nuevo Reglamento de Funcionamiento del Ayuntamiento, la nueva
normativa permitirá, «a propuesta del alcalde», dictaminar «el número» y
los nombres de los ediles que pasarán a estar liberados. Una decisión,
con la consignación global incluida, que deberá ser ratificada por el
Pleno corporativo y que permitirá, sin ir más lejos, que todos los
concejales puedan gozar de la dedicación exclusiva.
Se trata, por tanto, de un cambio radical respecto a lo que recoge el Reglamento, aún en vigor, aprobado en 2008. Así, en el documento que va a desaparecer se estipula que el cargo en régimen de dedicación exclusiva puede ser «en proporción a la representatividad de los grupos políticos, sin que su número total supere a los establecidos por la legislación para formar parte de la Junta de Gobierno». Dicho, de otra forma, que podía haber hasta ocho (sin contar con el alcalde). Ahora, con el cambio, podrá haber hasta 26 concejales liberados.
Pero hay más, el borrador del nuevo Reglamento también especifica que a los ediles con dedicación exclusiva se les «exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del Ayuntamiento», señala el documento.
Se trata, por tanto, de un cambio radical respecto a lo que recoge el Reglamento, aún en vigor, aprobado en 2008. Así, en el documento que va a desaparecer se estipula que el cargo en régimen de dedicación exclusiva puede ser «en proporción a la representatividad de los grupos políticos, sin que su número total supere a los establecidos por la legislación para formar parte de la Junta de Gobierno». Dicho, de otra forma, que podía haber hasta ocho (sin contar con el alcalde). Ahora, con el cambio, podrá haber hasta 26 concejales liberados.
Pero hay más, el borrador del nuevo Reglamento también especifica que a los ediles con dedicación exclusiva se les «exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del Ayuntamiento», señala el documento.
Los ciudadanos ya no podrán preguntar más en el Pleno
Salvo que haya alguna modificación de aquí a cuando se apruebe de
forma definitiva el nuevo Reglamento Orgánico de Funcionamiento, uno de
los cambios más llamativos será, tal y como recoge el borrador, la
eliminación del derecho que tienen los ciudadanos a formular alguna
pregunta en un Pleno Municipal.
Así las cosas, el nuevo texto recoge que «el público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco se permitirán manifestaciones de agrado o reprobación, ni utilizar voces, pancartas o instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión».
De este modo, la diferencia con el Reglamento que aún está vigente es que éste añade: «salvo en los supuestos expresamente previstos en las normas que regulan la participación ciudadana». En esencia, que era el alcalde el que tomaba la decisión de aceptarlo o no.
Así las cosas, el nuevo texto recoge que «el público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco se permitirán manifestaciones de agrado o reprobación, ni utilizar voces, pancartas o instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión».
De este modo, la diferencia con el Reglamento que aún está vigente es que éste añade: «salvo en los supuestos expresamente previstos en las normas que regulan la participación ciudadana». En esencia, que era el alcalde el que tomaba la decisión de aceptarlo o no.
Fuente: Correo de Burgos
UNA COMISIÓN QUE POSIBLEMENTE NO ENCONTRARÁ RESPONSABLES
Una esperada comisión para aclarar el ‘caso Espolón’
El equipo de Gobierno ha rectificado y encargará una
investigación interna para aclarar lo sucedido en torno al que ya se
conoce como ‘caso Espolón’: el reiterado impago del alquiler acordado
por parte del empresario y, lo que es más grave, la inacción municipal
durante más de una década. Si no era de recibo que se intentara pasar
página en este tema sin intentar ir hasta el fondo de la cuestión, hay
que aplaudir ahora el nuevo criterio, que determinará qué resortes han
fallado para que alguien pueda tomar el pelo de esta manera al
Ayuntamiento de una ciudad de más de 175.000 habitantes. De esta manera,
además, el alcalde Javier Lacalle y su equipo demuestran que no tienen
nada que ocultar al respecto y desmontan las descabelladas teorías que
algunos han intentado imponer, antes incluso de poseer toda la
información al respecto.
En este polémico tema, tanto PSOE como PP (por ser ambos los partidos mayoritarios) tienen que hacer, además, un análisis interno para dilucidar que está pasando en el engranaje municipal para que, en el primer caso, el adjudicatario del establecimiento no abone siquiera la primera mensualidad (en el año 2000) y siga con los impagos tres años más sin aparente petición expresa por parte del Consistorio y para que, una vez traspasado el poder municipal, los responsables del PP no tengan noticia en cinco años de esta anómala situación. La pregunta inmediata es si no existe ningún técnico, entre los muchos que tiene la administración local, que tenga entre sus obligaciones el control y seguimiento de todos los locales que el Ayuntamiento tiene alquilados a terceros. Si la respuesta es negativa, tanto PP como PSOE se habrán equivocado a la hora de asignar las tareas en el Consistorio (la primera formación, con mucha más responsabilidad por los muchos años que ha mantenido el poder municipal). Si por el contrario, la respuesta es positiva solo caben dos salidas: o no ha efectuado su trabajo de manera diligente, o sus advertencias cayeron en saco roto.
Toda administración debe ejemplarizar con sus actuaciones. Y más en época de crisis en las que se pide a los ciudadanos un esfuerzo añadido en forma de subida de determinadas tasas. No es solo ya la cantidad adeudada, muy importante, sino el sentimiento de impunidad y arbitrariedad que puede surgir entre aquellos que cumplen con sus obligaciones. Bienvenida sea por tanto esta comisión de investigación y confiemos en que dé los resultados esperados por todos.
En este polémico tema, tanto PSOE como PP (por ser ambos los partidos mayoritarios) tienen que hacer, además, un análisis interno para dilucidar que está pasando en el engranaje municipal para que, en el primer caso, el adjudicatario del establecimiento no abone siquiera la primera mensualidad (en el año 2000) y siga con los impagos tres años más sin aparente petición expresa por parte del Consistorio y para que, una vez traspasado el poder municipal, los responsables del PP no tengan noticia en cinco años de esta anómala situación. La pregunta inmediata es si no existe ningún técnico, entre los muchos que tiene la administración local, que tenga entre sus obligaciones el control y seguimiento de todos los locales que el Ayuntamiento tiene alquilados a terceros. Si la respuesta es negativa, tanto PP como PSOE se habrán equivocado a la hora de asignar las tareas en el Consistorio (la primera formación, con mucha más responsabilidad por los muchos años que ha mantenido el poder municipal). Si por el contrario, la respuesta es positiva solo caben dos salidas: o no ha efectuado su trabajo de manera diligente, o sus advertencias cayeron en saco roto.
Toda administración debe ejemplarizar con sus actuaciones. Y más en época de crisis en las que se pide a los ciudadanos un esfuerzo añadido en forma de subida de determinadas tasas. No es solo ya la cantidad adeudada, muy importante, sino el sentimiento de impunidad y arbitrariedad que puede surgir entre aquellos que cumplen con sus obligaciones. Bienvenida sea por tanto esta comisión de investigación y confiemos en que dé los resultados esperados por todos.
Fuente: Diario de Burgos
domingo, 9 de octubre de 2011
JORNADAS SOBRE SANIDAD
La Presidenta de la Federación de Vecinos de Burgos y Vocal de la Asociación Vecinal Las Eras de Gamonal abrió las Jornadas de Sanidad. Como siempre las Asociaciones Vecinales preocupadas por los intereses vecinales. no así otros colectivos que invitados ni acudieron al acto.
Junta y vecinos abogan por un uso racional para «blindar» la sanidad
El
consejero Antonio Sáez Aguado inauguraba ayer las jornadas organizadas
por asociaciones vecinales y rechazaba una vez más que el copago esté en
su agenda
Dom, 09/10/2011
L. B. / Burgos
El objetivo: «blindar» la sanidad pública. Tal aspiración impregnó ayer cada palabra pronunciada en el salón de actos del Centro Cívico San Agustín, bien por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, bien por los representantes de las asociaciones de vecinos integradas en la confederación regional Cavecal. Y es que con este propósito por bandera arrancaban ayer las jornadas promovidas por la agrupación ciudadana para analizar precisamente la situación de la sanidad pública en Castilla y León.
En este sentido, los discursos de la Administración y del representante de la agrupación promotora de la cita, José María Collados, coincidieron en apuntar al «uso racional» de los recursos sanitarios actuales para alejar el fantasma del copago, medida que según el consejero no «está en la agenda de la Junta y ni siquiera podría estar pues no tiene esa competencia», y sobre todo proteger al sistema de cualquier recorte.
Por su parte, Sáez Aguado indicó, tras reconocer que el presupuesto para Sanidad no crecerá el año que viene, que ese precisamente es el compromiso de la Junta «y nos exigirá ser más eficientes en todos los ámbitos», desde las propias instituciones, hasta los profesionales, «incluyendo mejoras en la gestión clínica pues ellos también son partícipes de las decisiones que suponen gasto», precisó, pasando por los usuarios de la sanidad pública.
Al respecto, el consejero recordó que la asistencia media en Castilla y León a las consultas de Atención Primaria y a los servicios hospitalarios, especialmente el de Urgencias, es superior a la europea. «Debemos reflexionar y concienciarnos de que la sanidad pública es de todos para hacer un uso lo más adecuado y razonable posible», sugirió.
Lo mismo opinó Collados, que explicó que la preocupación de la ciudadanía por el futuro sanitario había motivado la organización de las jornadas que concluirán hoy y han congregado a cerca de un centenar de personas.
Al hilo de las declaraciones de Sáez Aguado, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León opinaba que «hay muchas cosas en las que recortar antes que en la sanidad pública» y apostó por la participación activa de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la crisis económica. «También tenemos responsabilidad y no podemos sentarnos a esperar a que 'papá' Estado actúe. Debemos exigir cambios a las administraciones y a la propia comunidad», relató.
El objetivo: «blindar» la sanidad pública. Tal aspiración impregnó ayer cada palabra pronunciada en el salón de actos del Centro Cívico San Agustín, bien por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, bien por los representantes de las asociaciones de vecinos integradas en la confederación regional Cavecal. Y es que con este propósito por bandera arrancaban ayer las jornadas promovidas por la agrupación ciudadana para analizar precisamente la situación de la sanidad pública en Castilla y León.
En este sentido, los discursos de la Administración y del representante de la agrupación promotora de la cita, José María Collados, coincidieron en apuntar al «uso racional» de los recursos sanitarios actuales para alejar el fantasma del copago, medida que según el consejero no «está en la agenda de la Junta y ni siquiera podría estar pues no tiene esa competencia», y sobre todo proteger al sistema de cualquier recorte.
Por su parte, Sáez Aguado indicó, tras reconocer que el presupuesto para Sanidad no crecerá el año que viene, que ese precisamente es el compromiso de la Junta «y nos exigirá ser más eficientes en todos los ámbitos», desde las propias instituciones, hasta los profesionales, «incluyendo mejoras en la gestión clínica pues ellos también son partícipes de las decisiones que suponen gasto», precisó, pasando por los usuarios de la sanidad pública.
Al respecto, el consejero recordó que la asistencia media en Castilla y León a las consultas de Atención Primaria y a los servicios hospitalarios, especialmente el de Urgencias, es superior a la europea. «Debemos reflexionar y concienciarnos de que la sanidad pública es de todos para hacer un uso lo más adecuado y razonable posible», sugirió.
Lo mismo opinó Collados, que explicó que la preocupación de la ciudadanía por el futuro sanitario había motivado la organización de las jornadas que concluirán hoy y han congregado a cerca de un centenar de personas.
Al hilo de las declaraciones de Sáez Aguado, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León opinaba que «hay muchas cosas en las que recortar antes que en la sanidad pública» y apostó por la participación activa de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la crisis económica. «También tenemos responsabilidad y no podemos sentarnos a esperar a que 'papá' Estado actúe. Debemos exigir cambios a las administraciones y a la propia comunidad», relató.
Fuente: Correo de Burgos.
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