La
polémica de la Cafetería Espolón
llega al Pleno del Ayuntamiento de Burgos. El Equipo de Gobierno rechaza la
proposición conjunta de los grupos de la oposición para crear una comisión de
investigación que depure las correspondientes responsabilidades políticas, y se
escuda en la solicitud de un informe a Secretaría General. Los impuestos, tasas
y precios públicos completan la polémica en el Pleno.
El Equipo de Gobierno ha
explicado que, una vez agotada la vía administrativa para exigir a los
arrendatarios el pago de los cánones por la Cafetería Espolón,
se decide llevar el caso a los tribunales, y para dar solución a la “alarma
social”, iniciar una investigación, a través de un informe de Secretaría
General.
El concejal de Hacienda,
Salvador de Foronda, ha insistido en que todo el mundo quiere saber qué es lo
que ha ocurrido para que un arrendatario haya estado sin pagar el alquiler
durante 11 años, sin que los requerimientos hayan tenido éxito. Para ello, lo
mejor, solicitar un informe a Secretaría General, máximo órgano jurídico del Ayuntamiento, objetivo y
políticamente independiente.
Los grupos de la oposición
consideran que dicho informen no es suficiente, dado que Secretaría General no
puede depurar responsabilidades políticas, que las hay según PSOE, UPyD e IU.
Por este motivo, a través de una proposición Conjunta, la oposición ha pedido
la creación de una comisión de investigación.
El socialista Antonio
Fernández Santos le ha preguntado al Equipo de Gobierno por qué la rechazan, y
ha recordado que lo que están haciendo es dar una mala imagen a la sociedad
burgalesa.
De igual modo, el concejal
socialista quiere saber qué es lo que se le va a pedir a Secretaría General,
una vez que el pasado 4 de octubre se presentó una demanda para cobrar la deuda
y exigir el desahucio de las instalaciones. Fernández Santos espera que dicha
demanda haya ido correctamente justificada, y si es así, qué nos va a aportar
de nuevo el informe solicitado por el Equipo de Gobierno.
El portavoz municipal Ángel
Ibáñez ha defendido la actuación del actual Equipo de Gobierno, recordando que
el alcalde Javier Lacalle dio orden, hace tres meses, de que se iniciase el
procedimiento para interponer la correspondiente demanda. Ahora se abre una
investigación para saber qué es lo que ha ocurrido al lo largo de todos estos
años. Dicho informe de Secretaría General estará elaborado en un par de meses.
Otro de los asuntos
polémicos debatidos en el Pleno Ordinario han sido las ordenanzas municipales
sobre impuestos, tasas y precios públicos para 2012. Los grupos de la oposición
coinciden en que las subidas en tasas y precios públicos son “abusivas e
injustas”, porque gravan servicios sociales como la Ayuda a Domicilio o las
Escuelas Infantiles. Se opta por el
camino más fácil, en lugar de plantear un verdadero plan de austeridad.
Para la concejal socialista
Carmen Hernando, el Equipo de Gobierno sube tasas, precios públicos e impuestos
para poder financiar sus “caprichos”, y avanza un nuevo crédito, de 16 millones
de euros, para el primer trimestre del año, lo que incrementará en un 11% la
deuda municipal.
Desde el Equipo de Gobierno,
el responsable de Hacienda, Salvador de Foronda, ha insistido en que las
subidas porcentuales parecen mayores de lo que en realidad se tendrá que pagar
a mayores. Además, los servicios continúan siendo deficitarios para el
Ayuntamiento, y hay que buscar un equilibrio presupuestario mientras se incrementan los costes municipales. De
Foronda habla de re-educación económica para todos.
Sobre los impuestos, a pesar
de que el Partido Popular asegure haberlos congelado, el PSOE ha recordado que
el IBI subirá, como mínimo, un 5% en 2012. Se suben tipos impositivos, y en
aquellos casos que se congelan es porque el tipo está prácticamente al tope de
lo que permite la Ley.
Frente a la estimación del
PP sobre la repercusión en los bolsillos de los ciudadanos de las nuevas ordenanzas,
que hablan de 20 euros más al año por familia, el PSOE eleva la cantidad hasta
los 300 euros, puesto que incluye, además de los impuestos obligatorios, un uso
moderado de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Burgos.
En el Pleno Ordinario del
Ayuntamiento de Burgos se han aprobado inicialmente los reglamentos del
Tribunal Económico-Administrativo, del Consejo Social y de modificación del
Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, para cumplir con la Ley de Grandes Ciudades. Los
reglamentos han sido pactados entre PP y PSOE, mientras los representantes de
UPyD e IU no han acudido prácticamente a ninguna de las reuniones convocadas,
según el responsable de Hacienda, Salvador de Foronda.
El portavoz de Unión
Progreso y Democracia, Roberto Alonso, se ha defendido recordando que son un
grupo nuevo en el Ayuntamiento y que requieren más tiempo para estudiar estos
documentos. Asimismo, Alonso se ha quejado de que el Equipo de Gobierno haya
aceptado todas las enmiendas presentadas por el PSOE y casi ninguna de las que
han presentado desde UPyD.
De todos modos, todos los
grupos esperan que durante el periodo de información pública se puedan
incorporar las modificaciones que permitan el apoyo unánime a los diferentes
reglamentos.
En lo que se refiere a las
proposiciones presentadas en el Pleno, IU ha pedido una auditoria interna sobre
los grandes contratos municipales, para asegurarse de que funcionan
correctamente. El portavoz Ángel Ibáñez ha negado esta posibilidad, insistiendo
en que en el Ayuntamiento se revisan los contratos y se hace un seguimiento de
los mismos.
El socialista Antonio
Fernández Santos ha reconocido que este proceso se lleva a cabo en algunos
contratos, pero no en todos, y ejemplos de ellos tiene unos cuantos.
Esta proposición era
desestimada, como la otra presentada también por Izquierda Unida, en la que se
pedía que se retirase la licencia a una cafetería que tiene ubicada su terraza
en un jardín del parque Félix Rodríguez de la Fuente. La responsable de
Licencias, Dolores Calleja, ha asegurado que está en el parque, y no en un
jardín, que no es permanente, y ha insistido en que la licencia se ha otorgado
de conformidad con la ordenanza. Si no es así, los juzgados en los que “Eras de
Gamonal” han presentado la denuncia, ya determinarán qué hacer.
Igual suerte han corrido las
proposiciones socialistas. El Partido Popular no ha aprobado ni la creación de
un Plan de Empleo Local ni el cambio en el modelo de gestión de las bibliotecas
de los Cívicos. En el primer caso, porque consideran que la responsabilidad es
del Gobierno Central; en el segundo, porque insisten en que esa gestión a través
de una empresa privada le sale más barata al Ayuntamiento que si la tuviesen
que asumir las arcas municipales.
Por el contrario, la
proposición de Unión Progreso y Democracia para exigir conocer prontamente el
proyecto que se prevé para la antigua estación del ferrocarril, antes de que se
pierda la subvención de 3,5 millones de euros del Plan Urban, sí ha contado con
el apoyo del PP.
Para ello ha sido necesario
hacer un pequeño cambio en el texto, eliminando el apartado que sugería que el
Equipo de Gobierno todavía no había comenzado a trabajar en el proyecto, porque
no es así, según explicaba el responsable del IMC, Fernando Gómez.
Fuente: Radio arlanzon
