sábado, 3 de noviembre de 2012

OTRA MALA GESTIÓN DE ESTE EQUIPO DE GOBIERNO

UPyD acusa de «mala gestión» al PP por la operación del Peña Amaya

Denuncian que se utuliza como dación en pago cuando es de propiedad municipal

El portavoz del Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Burgos, Roberto Alonso, se preguntaba ayer las causas por las que el equipo de Gobierno ha tardado cuatro años y nueve meses en ejecutar la sentencia relativa a la transmisión por el Consistorio del inmueble que albergó al colegio Peña Amaya a una promotora. Además, denuncia que existe una deuda de 1,3 millones de euros de esa empresa con el municipio y que se desconoce cómo se podrá cobrar.
Alonso recordó que Ángel Ibáñez, vicealcalde en el actual mandato, se comprometía hace un año a conocer el estado económico de la empresa a la que se cedió en su momento ese edificio a través de la firma de un convenio. Un dato importante dado los movimientos societarios a los que ha tenido acceso esta formación política y que pondrían en peligro la reversión de un bien municipal que, según Alonso, es de propiedad del Ayuntamiento según consta en el Registro Mercantil.
UPyD alerta también de que nada se dice en el expediente municipal que se incoaba por este asunto relativo al Impuestos del Valor Añadido (IVA) en la operación entre el Ayuntamiento y la promotora y que fue detectada por la Agencia Tributaria al no pagarse ese impuesto. «En estos momentos las preguntas son: ¿se pagó? ¿Tendremos que pagarlo con intereses», inquirió Alonso.
Alonso indica que este asunto es otra demostración «de ineficacia, falta de organización y control de este Gobierno y del anterior». E insistía en que caso como éste suponen «despilfarro de los dineros comunes, ausencia de gestión e ineficacia de nuestros recursos que deben ser gestionados con más escrupulosidad que los propios».
Fuente: Correo de Burgos

viernes, 2 de noviembre de 2012

129 ALTOS CARGOS ELEGIDOS A DEDO


Convocatoria a 129 cargos de libre designación


 Mientras se reducen las plantillas de los empleados públicos, el BOE dió a conocer ayer la convocatoria por 129 cargos de libre designación, así figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dicha convocatoria de puestos son de libre designación y para funcionarios de todos los Ministerios, con la ventaja de que la elección no precisa de pasar por una selección previa.
De las 129 plazas libres una parte son para los niveles más altos de la Administración Pública, se trata de una convocatoria para la provisión de libre designación, en la que existen para portularse más de un centenar de puestos que abarcan prácticamente el total de Ministerios y repartidos en las Comunidades Autónomas.
La convocatoria a los 129 puestos, unos están entre los niveles 28 y 30 del grupo A, con ganancias que van de 40.000€ y 60.000€ anuales. Este sistema de libre designación si el mal visto “a dedo”, que nombra puestos de:
-Subdirector general
-Delegados
-Directores territoriales, provinciales
-Servicios comunes de la Seguridad Social
-Secretarías de altos cargos
-Puestos directivos.
Según el BOE estos puestos los pueden solicitar los funcionarios que cumplan con los requisitos de cada puesto, para lo que existe un formulario de solicitud, así como a quién deben enviarlo y el departamento para enviarles la solicitud junto a la documentación.
Alguno de los requisitos para estas plaza es la de ser parte de un cuerpo de la Administración Pública, entre ellos el de Inspectores de Hacienda. La queja puede pasar por el lado de que la convocatoria casi que favorece la puede promoción a nivel interno de los empleados públicos, debido a que no se exige pasar por un proceso de concurso que involucra la igualdad, méritos y capacidad como suele ocurrir.

Cómo se reparte la convocatoria:

-El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoca (35 puestos)
-El Ministerio de Empleo (29 puestos)
-El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (20 puestos), en niveles medios altos para embajadas en el extranjero.
-El Ministerio de Fomento (12 cargos)
-El Ministerio de Economía y Competitividad (9 puestos) .
Gran parte son para plazas de los niveles más altos en las Direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General (TGSS) de más de 20 provincias.
Se trata de una de las pocas buenas noticias ya que para los empleados públicos que quedan aunque sea pueden acceder a esta promoción interna, cuando existe una congelación de la oferta de empleo público hasta 2014, para lograr un ahorro de más de 5.000 millones de euros hasta ese año.
Tampoco habrá reposición de las jubilaciones en el sector público ni en 2013 y ni en 2014, aunque no se reduzca la tasa de reposición del 10% sobre dichas jubilaciones solo en los puestos de servicios públicos esenciales en:
-Educación
-Sanidad
-Fuerzas de seguridad del Estado
-Lucha contra incendios
-Lucha contra el fraude fiscal.
La situación de los empleados públicos es malay las oportunidades son pocas ante los despidos que se producenen la Administración Pública por lo que toda convocatoria es trascendente.
Fuente: 20 minutos.es

EL GOBIERNO QUIERE AUMENTAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Críticas al Gobierno por cambiar las pensiones sin esperar a la última norma

El Gobierno propone cerrar la jubilación anticipada a los empleados públicos


Sindicatos y oposición criticaron ayer al Gobierno por proponer una reforma de pensiones, con la que pretende elevar la edad para acceder a la jubilación anticipada y parcial, sin que haya entrado todavía en vigor la última. La que se aprobó en julio de 2011 entrará en vigor en enero y que a partir de entonces irá elevando la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. En ella también se contempla que la edad mínima para acceder al retiro anticipado se situará entre los 61 y los 63 años.
“Resulta sorprendente que, antes de que entre en vigor y de que se puedan valorar su efecto, se pretenda abrir un nuevo debate”, atacó CC OO, “debilita los derechos de amplias capas de la población que se ven obligadas a jubilarse anticipadamente por la pérdida de su empleo”.
UGT exigió al Gobierno la marcha atrás. Carmen López, responsable de la política social, defiende que esta propuesta les llena de argumentos para llamar a la huelga general del 4 de noviembre y para exigir un referéndum sobre los recortes. López, además, se queja de que en la propuesta de reforma se trate de cerrar el acceso a la jubilación anticipada a los empleados públicos. Esta posibilidad ahora está vetada, pero está previsto que se abra cuando en enero. Los informes enviados el miércoles a agentes sociales y partidos proponen evitarlo.
También levantaron las propuestas de la Seguridad Social ampollas en el ámbito político, pese a que se esperaban desde julio, cuando el Gobierno se comprometió con Bruselas. “Es una barbaridad”, clamó la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa. El PSOE acusa al Gobierno de rectificar sobre la posición que mantuvo el PP en la legislatura anterior: “No votaron la última reforma porque no aceptaban retrasar la edad de jubilación y ahora quieren ir más lejos”.
“Enmiendo la mayor. Se intenta hacer una reforma sin que haya entrado en vigor la última y sin conocer sus consecuencias. Esto no responde a una lógica del sistema de pensiones, responde a las exigencias de la troika [UE, BCE y FMI]”, argumenta Joan Coscubiela. El portavoz de Izquierda Plural explica que su grupo sí estaría dispuesto a cambios en el sistema si “es por equidad”.
Para el PNV, las propuestas oficiales sobre la jubilación anticipada podrían caer en la inconstitucionalidad. Explica el nacionalista vasco, Emilio Olavarria, que estas medidas puede ser tan injustas que se conviertan en ilegales.
Más comedido se mostró el portavoz de CiU, Carles Campuzano, aunque es suspicaz otra reforma de la Seguridad Social antes de enero: “Hay que explicar muy bien por qué se hace sin que haya entrado en vigor la última”. Campuzano advierte de que “en todo el paquete de medidas, se obvia que a los trabajadores de más de 55 años, se les expulsa del mercado laboral”. Por tanto, en su opinión, restringir la jubilación anticipada agrava todavía más su situación.
El menos crítico fue Lorenzo Amor, de ATA, la organización de autónomos. No obstante, Amor avisó al abrir “el melón de las pensiones”, de que él reclama que los autónomos tengan las mismas posibilidades de la jubilación anticipada que los asalariados.
Fuente: Diario El País

jueves, 1 de noviembre de 2012

LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN EXTICIÓN


Las empresas públicas autonómicas, en peligro de extinción: el plan de las CCAA

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Los ajustes presupuestarios están llevando a las administraciones autonómicas a deshacer el camino de expansión emprendido en los 90, reduciendo a la mínima expresión el número de fundaciones y empresas públicas, lo que implica en la mayoría de los casos el despido de trabajadores.
Pese a que el punto de partida de unas autonomías y otras son diferentes, casi todas se han subido a la ola de redimensionar lo público para cumplir con el compromiso de reducción del déficit y atender así el mandato de la Unión Europea y las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.
Al inicio del mes en que la Comunidad Valenciana pretende llevar a cabo expedientes de regulación para prescindir de 3.000 trabajadores públicos, Efe ha recopilado los planes de los gobiernos regionales para remodelar su sector público.

- Andalucía: adiós a 111 empresas públicas
Andalucía está terminando de aplicar el plan emprendido en 2010 para mermar su sector público, un proyecto que afecta a más del 40% de dicho sector y que permitirá eliminar 111 entes y modificar la personalidad jurídica de otros 16. Supondrá un ahorro de 115 millones hasta 2013.
El proceso ha afectado de algún modo a unos 24.000 trabajadores, y por ahora el Gobierno andaluz descarta una nueva remodelación.
- Aragón: el 70% de las empresas en proceso de venta, extinción o fusión
Casi imposible será reconocer el sector público aragonés después del plan del Ejecutivo autonómico para modificar el 70% de las 103 empresas en las que el Gobierno regional tiene participación.

De momento, diez empresas han sido liquidadas, cuatro se han fusionado en dos, cinco se han agrupado en una misma gerencia y otras han pasado a manos de los socios promotores, lo que hasta ahora ha supuesto un ahorro cercano al millón de euros.
- Asturias: primeros pasos para reordenar las empresas públicas
El Ejecutivo de Asturias prevé suprimir el Instituto Asturiano de Estadística y el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones y unificará fundaciones como las dedicadas al fomento de la investigación.
También rebajará de forma "muy significativa" el presupuesto de la radio y televisión autonómicas y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, y venderá sus participaciones en sociedades hoteleras y en la constructora SEDES, en donde ha presentado un ERE.
- Baleares: de 180 a 75 empresas públicas a final de año
En Baleares, el Gobierno regional inició hace meses una auditoría técnica para reorganizar las plazas de funcionarios y personal laboral de la comunidad.
El presidente balear, José Ramón Bauzá, asegura que a final de año quedarán solo 75 de las 180 empresas públicas que heredó cuando llegó al poder. Las arcas públicas se ahorrarán así 178 millones.
- Canarias, con menos trabajadores, avisa de decisiones "muy duras"
Canarias tiene este año 1.370 trabajadores menos que el anterior y, pese a que ya ha "adaptado" su sector público a los tiempos de penurias, su presidente, Paulino Rivero, pronostica que en 2013 tendrá que tomar decisiones "muy duras" para cumplir con los objetivos de déficit.
Por el momento, su Ejecutivo ha presentado ERE en empresas públicas como Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) y la sociedad de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). También ha habido despidos en la empresa privada que gestiona los informativos de la Televisión Canaria.
- Cantabria: pocas empresas y ahora menos
Quedan dos menos para que finalice el plazo que se dio Cantabria para reducir de 45 a 23 sus empresas públicas, y los datos hasta junio demuestran que se ha conseguido un ahorro a las arcas públicas de 28 millones de euros.
- Castilla-La Mancha: la reivindicación de la "tijera"
Castilla-La Mancha es, junto con Valencia, la autonomía que más está ajustando su sector público y ya ha rebajado de 25 a 4 sus empresas públicas y espera quedarse con 38 de los 86 entes con que contaba a inicios de legislatura. Ha dejado sin empleo a cerca de 5.000 interinos.
Además, ha prescindido del Consejo Económico y Social y de la Oficina del Gobierno de Castilla-La Mancha en Bruselas.
- Castilla y León: la comunidad de las cuatro empresas públicas
Castilla y León es una de las comunidades con menos entidades públicas, pero pese a ello el proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 reduce de seis a cuatro las empresas -que manejarán este año la mitad del dinero-, y de trece a nueve las fundaciones.
- Cataluña, pionera en los "recortes"
Cataluña fue pionera en el adelgazamiento de su sector público, una tarea que el gobierno de CIU comenzó en 2010 con la aprobación de un decreto para suprimir y fusionar organismos, un proceso que se ha acelerado este año pero del que no se han ofrecido datos sobre número de empresas ni empleados afectados.
En cualquier caso, la Generalitat ha rebajado el salario a sus empleados en dos ocasiones, les ha quitado varios complementos, y ha restringido al mínimo imprescindible cualquier cobertura de un puesto de trabajo por jubilación o baja laboral.
Además, estudia fórmulas para garantizar la viabilidad económica de TV3, cuya plantilla teme recortes después de los comicios del 25 de noviembre.
- Comunidad Valenciana: el "ejemplo a seguir" con 3.000 despidos
Alrededor de 3.000 empleados de la administración valenciana van a perder su trabajo en los próximos meses como consecuencia de la reestructuración del sector público empresarial y fundacional con el que se pretende prescindir del 40 por ciento de la plantilla y ahorrar alrededor de 300 millones de euros.

Pese a que habrá 46 entidades menos que al inicio de legislatura, el Ejecutivo de Alberto Fabra mantendrá 30 entidades y gastará entre 85 y 100 millones de euros en los expedientes de regulación de empleo, cantidad similar al ahorro estimado en gastos de personal.
El PP valenciano está convencido de que otras comunidades seguirán el "ejemplo" de reestructuración de su sector público.
- Extremadura: ¿por dónde empezamos a reestructurar?
El Ejecutivo extremeño está pendiente de obtener los resultados de un informe que le permitirá impulsar un plan de racionalización y reestructuración de sus 36 entidades públicas.
Por el momento, únicamente ha autorizado la fusión de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT) y el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEx).
- Galicia: el desafío de mantener el empleo público
El presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, presume de tener sus cuentas saneadas y descarta para Galicia la "necesidad" de hacer ajustes tan severos como los de otras autonomías.
Para esta legislatura, ha trasladado un "mensaje de fijeza laboral" tanto a funcionarios como a contratados laborales, y asegura que al igual que en la legislatura anterior, la Xunta intentará mantener en ésta a sus empleados "con carácter general".
- Madrid ya ahorrado 1.100 millones de euros
La Comunidad de Madrid lleva reduciendo el sector público desde 2008 y ya ha eliminado 24 empresas -un tercio de las existentes- y 83 órganos consultivos, consorcios y fundaciones, un 42 % de los que hay, además de prescindir del Defensor del Menor.

Ignacio González anunció en su estreno como presidente la supresión del Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) y la de promoción internacional de la economía madrileña, Promomadrid. Estas medidas han permitido ahorrar más de 1.100 millones de euros.
- Murcia integra a entes públicos y despide al defensor del pueblo
Ramón Luis Valcárcel ha emprendido con paso firme el camino de reducción del sector público murciano. Ha extinguido figuras como la del Defensor del Pueblo, ha privatizado la gestión de la televisión autonómica y ha eliminado la Entidad Pública del Transporte.
Varias direcciones generales y entes públicos se han suprimido e integrado en otros mayores, como es el caso de la recaudación de impuestos y la gestión cultural y turística.
- Navarra: 170 personas menos en consejos de administración
La reestructuración del sector público navarro permitirá pasar de 39 a 14 empresas públicas para ahorrar 28 millones de euros al año. Aún no se ha concretado la incidencia en las plantillas, pero los consejos de administración de las sociedades estarán formados por 170 personas menos.

El ahorro vendrá de la reducción de empresas, altos cargos y consejeros, así como de gastos en seguros, viajes, suministros o seguridad.
- País Vasco: la situación está en el aire
El Gobierno saliente de Patxi López no planteó un tijeretazo a las empresas públicas, pero su Ejecutivo está en funciones. Queda en el aire hasta la constitución del nuevo Gobierno si Euskadi también aplica recortes en su sector público.
- La Rioja: un ahorro de 4,3 millones
Pedro Sanz pretende ahorrar 4,3 millones de euros con las medidas anunciadas en julio para eliminar entes públicos.
Por el momento se ha dejado sin actividad al Consejo Económico y Social y al Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud, y se han eliminado los servicios autonómicos de empleo, de juventud, y dos sociedades de conocimiento y tecnología y de inspección agroalimentaria.
- Ceuta quiere dejar en cuatro sus empresas públicas
La Ciudad Autónoma de Ceuta emprenderá en los próximos meses la reordenación del sector público empresarial, para lo que pretende reducir de diez a cuatro sus sociedades municipales.
- Melilla, la excepción, presume de administración "dimensionada"
Melilla es la excepción que confirma la regla. El Gobierno de Juan José Imbroda descarta reestructurar su sector público y reducir sociedades, ya que cree que la Administración está "dimensionada".
Fuente: elEconomista.es


EL PP DE BURGOS RESPIRA POR NO SABER LAS DIRECCIONES IP

Telefónica dice que no conserva los datos de la línea duplicada

Á.M / Burgos - jueves, 01 de noviembre de 2012
Responde así a la petición del alcalde para saber en qué empleó Villanueva las tarjetas
Ninguna sorpresa. La contestación de Telefónica al requerimiento del alcalde, Javier Lacalle, para conocer el uso concreto que el ex concejal Eduardo Villanueva hizo de los duplicados de una tarjeta de datos municipal indica que tampoco por esa vía se logrará saber qué pudo hacer el edil dimitido para mover un volumen de datos que oscila entre los 200 y los 700 gigabytes en periodos de un mes.
En un escrito de contestación a la petición formal de esa información que Lacalle envió a un directivo de Telefónica el pasado viernes, la operadora señala que sus servicios jurídicos han indicado que «en virtud del artículo 3.1 de la Ley 25/2007 de conservación de datos, que regula los datos que deben ser objeto de conservación por los operadores, Telefónica Móviles España no conserva los datos de navegación en internet de las direcciones IP desde las que se realizan descargas por no estar obligada a ello». Es decir, que no archivaron información sobre el qué se hizo con los duplicados.
A más, la compañía abunda que «en ningún caso puede conocer el contenido de esas descargas pues el artículo 3.2 de dicha Ley 25/2007, en concordancia con su artículo 1.3, señala que los operadores no pueden conservar ningún dato que revele el contenido de una comunicación (telefónica o a través de internet)».
Así las cosas, parece que la única forma de conocer algo creíble sobre el ingente tráfico de datos que facilitó la línea en cuestión es que la Justicia determine que se investigue a fondo lo sucedido. Las explicaciones dadas por Villanueva fueron, en palabras de su propio partido, «confusas e insuficientes». Tampoco existe documento alguno que acredite lo que se ‘transfirió’ o descargó por ese cauce.
Lacalle pretendía una respuesta para satisfacer a la oposición, que ha manifestado que no considerará cerrado el caso hasta que se conozca el detalle de esos usos. El PSOE, por ejemplo, dijo esta misma semana que si la compañía no facilitaba los datos la obligación municipal es la de requerirlos judicialmente. Pero, si el argumento de Telefónica es sólido y esas pruebas no existen, los únicos cauces que quedan pasan por otro tipo de investigaciones que únicamente podría ordenar un juez.
Paralelamente, resta saber qué sucedió exactamente para que se pagaran dos veces numerosas facturas que contenían el ‘impacto’ de la línea, traducido en miles de euros, y por qué se abonó a Telefónica otra de 128.000 (122.000 de ellos cargados al duplicado de Villanueva) si supuestamente no debía ser abonada.
Fuente: Diario de Burgos