LA MALA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO LO PAGAMOS LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

IMC elimina el uso gratuito de sus espacios por su “delicada situación”

La ordenanza reguladora del uso de espacios como la Sala Polisón recoge exenciones a entidades sin ánimo de lucro

El IMC está denegándolas y alega que se ve forzado por su “delicada situación presupuestaria” y pide “comprensión”

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Las exenciones eran algo habitual en el caso de la Sala Polisón. GIT

La concejal del PSOE, Mar Arnaiz, ha denunciado esta mañana que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT) ha decidido suprimir las exenciones recogidas en la ordenanza reguladora del uso de sus espacios ante su “delicada situación presupuestaria”. En concreto, Arnaiz se ha referido a la Sala Polisón del Teatro Principal, que tiene un precio público de 72,60 (60 más IVA), pero que es de uso gratuito para entidades sin ánimo de lucro o cuando se organizan eventos que puedan ser de interés general.

Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Francisco de Vitoria’ ha reservado la sala para el 8 de noviembre con motivo de la presentación de la nueva asociación Andando Burgos, solicitando la correspondiente exención, y la respuesta ha sido negativa. En concreto, la presidenta del IMC, Lorena de la Fuente, ha alegado en su escrito de contestación que se han visto “obligados” a tomar la decisión de eliminar las exenciones ante “la delicada situación presupuestaria” del organismo municipal.

En la reserva de sala ya no se puede pedir exención y, los que la piden, reciben una negativa

De la  Fuente reconoce que la decisión “es dura” pero “en estos momentos no podemos proceder de otra manera”, continúa el escrito, pidiendo además al solicitante que “comprenda” la situación. Mar Arnaiz ha acusado de “cicateros” al Partido Popular por repercutir en los ciudadanos el “caos, despilfarro y descontrol” con los que gestionan el IMC, y les ha recordado que están obligando a pagar 60 euros por el uso de la Sala Polisón cuando se han pagado 3.600 euros de más por una mala gestión del contrato del tren turístico, por ejemplo.

Por ese motivo, Arnaiz ha pedido en el Pleno municipal que rectifiquen y vuelvan a conceder las exenciones, mientras que el alcalde, Javier Lacalle, ha tomado nota de la petición pero se ha despachado con un “no se pueden hacer discriminaciones”. La asociación Andando Burgos no es la única que, en los últimos días, se ha encontrado ante esta situación. Muchas entidades, a la hora de realizar la reserva, han sido informadas de la obligatoriedad de realizar el pago de uso, incluso cuando en ocasiones anteriores se les ha aplicado la exención.

Fuente: BurgosConecta.es

LO QUE HACE FALTA ES QUE FUNCIONE

Luz verde a la modificación del reglamento del Consejo Social de la ciudad

La Comisión de Participación del Ayuntamiento da luz verde a la modificación del reglamento del Consejo Social de la ciudad, que ampliará sus funciones

El cambio, fruto del acuerdo entre PP y PSOE, se deberá ratificar en los próximos meses

Reunión del Consejo Social. GIT

La Comisión municipal de Participación y Transparencia ha dado luz verde hoy a la propuesta de modificación del reglamento del Consejo Social de la ciudad, un órgano constituido en 2015 tras varios años de retraso que está llamado a ser fundamental para la interlocución entre el Ayuntamiento y el resto de instituciones, organismos y colectivos con responsabilidad en el desarrollo económico y social de la ciudad. Y lo ha hecho después de que PP y PSOE acercaran posturas y consensuaran un documento que, eso sí, no cuenta con el respaldo de Imagina Burgos, que ha votado en contra, y de Ciudadanos, cuyos representantes no han estado presentes en la comisión.

El Consejo Social se constituyó en 2015 tras años de retrasos

Según ha manifestado la concejala socialista Mar Arnáiz, se trata de un acuerdo “satisfactorio”, puesto que el Equipo de Gobierno ha acabado aceptando “todas las aportaciones realizadas por el PSOE”, facilitando así el desbloqueo de una situación que se prolongaba demasiado tiempo. En este sentido, ha recordado, el reglamento del Consejo Social fue aprobado en 2012, pero el organismo no se constituyó hasta bien entrado el 2015 y hasta la fecha apenas ha tenido recorrido.

Sin embargo, todo cambiará, o al menos así lo espera el PSOE, en los próximos meses, ya que el Consejo Social está llamado a asumir buena parte de las competencias atribuídas hasta ahora al Plan Estratégico. Así, se pretende consolidar un “órgano consultivo” en el que estén representados todos los agentes sociales de la ciudad. Su función, básicamente, será la puesta en común de las inquietudes de todos ellos y la redacción de estrategias que posteriormente sean desarrolladas por parte del Ayuntamiento o, en su defecto, la nueva sociedad municipal de promoción.

A este respecto, una de las grandes exigencias del PSOE pasaba por la incorporación al Consejo Social de representantes de la provincia, de la Federación de Comercio o de los nuevos distritos, entre otros, y todos ellos estarán representados.

Plazos

Eso sí, a pesar de los pasos que se han venido dando en los últimos meses, el Consejo Social tardará todavía un tiempo en materializarse en toda su extensión, ya que la modificación del reglamento debe ser ratificada previamente por el Pleno municipal. De momento, los socialistas han exigido cierta “celeridad” en su puesta en marcha, ya que consideran que se trata de un “órgano muy importante” que debe empezar a trabajar cuanto antes.

Fuente. BurgosConecta.es

CAMPOFRÍO DEBE CUMPLIR LO PACTADO

Izquierda Unida clama contra la nueva propuesta laboral de Campofrío

Izquierda Unida advierte de que Campofrío está intentando aplicar la “bolsa de flexibilidad” para precarizar las condiciones de trabajo de 300 empleados

Exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa

García Velasco y Campillo exigieron mayor control laboral. GIT

Campofrío pretende forzar a buena parte de la plantilla de la nueva planta del polígono de Gamonal a aceptar una precarización de sus condiciones laborales. Así al menos lo ha denunciado hoy Miguel Campillo, miembro de Izquierda Unida, que ha asegurado que la empresa pretende desplegar una batería de medidas destinadas a incrementar sus beneficios a costa de los derechos laborales de sus empleados “después de lo que ha hecho esta ciudad por Campofrío”.

IU calcula que la aplicación de las medidas planteadas supondrá una merma de 300 euros por trabajador

En este sentido, ha afirmado, la dirección de la empresa está negociando con los sindicatos la aplicación de la “bolsa de flexibilidad” a unos 300 trabajadores de la planta que no podrán regresar a sus puestos de trabajo hasta dentro de un tiempo, ya que la puesta en marcha de la factoría será paulatina. Dicha medida supondrá una merma de alrededor de “300 euros de media” en el salario de cada uno de los trabajadores afectados, según Campillo.

Pero a mayores, y siempre con la “amenaza directa” de la presentación de un expediente de regulación de empleo, la empresa está negociando otras modificaciones sustanciales. Así, sobre la idea de que en la nueva planta “sobran 107 trabajadores” respecto a la plantilla de la fábrica que fue arrasada por las llamas, la dirección ha propuesto que los contratos relevo previstos en Burgos en 2016 y 2017 (un total de 67 trabajadores) se repartan entre otros centros de producción donde sí es necesario implementar plantillas.

Llamamiento

Por todo ello, desde IU se exige a Campofrío el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos tras el devastador incendio de hace dos años y a las administraciones un mayor control de este tipo de situaciones. Para ello, el coordinador provincial de la formación, Jorge García Velasco, ha vuelto a exigir hoy la derogación de las dos últimas reformas laborales, que a su juicio sólo están sirviendo para precarizar el empleo. Además, García Velasco también ha insistido sobre la necesidad de recuperar la negociación colectiva y una mejora de los mecanismos de vigilancia y control de la normativa laboral.

Fuente: BurgosConecta.es

¿CUÁNDO SE VAN HA TOMAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS?

Blasco detecta nuevas falsificaciones de su firma en solicitudes de desvío de fondos europeos…

La concejal ha ampliado su denuncia por falsedad de documento privado presentada el pasado 20 de septiembre

Del informe del Plan Estratégico se deducen nuevos casos de falsificación de su firma, algunos de “burda” imitación

La concejal cree que no hay “riesgo” de perder o haber perdido fondos europeos porque las acciones se han realizado

 

 Blasco es la principal afectada del presunto desvío de fondos. GIT

La concejal Carolina Blasco ha ampliado, a primera hora de esta mañana, la denuncia interpuesta el pasado 20 de septiembre por falsedad de documento privado, al detectar nuevos casos de presuntas falsificaciones de su firma en documentos que habrían facilitado el trasvase de fondos europeos del Plan Estratégico o el Ayuntamiento de Burgos a la red Civinet, vinculados a proyectos como Velocittá, Urbact, Smartmove y PTP Cycle, tras examinar la documentación recogida por Plan Estratégico.

El dossier presentado el pasado viernes a la Junta Directiva ha puesto de manifiesto “sin asomo de duda”, ha asegurado Blasco, que en más de una ocasión se habría “suplantado” la autoridad de la concejal en toma de decisiones relativas a la gestión de algunos de estos proyectos, “al ejercer ilegítimamente” actos que le responderían a la edil como responsable municipal. Igualmente, Blasco ha detectado un presunto delito de falsificación de firma, en ciertas ocasiones “con aspiraciones de imitación”, pero en otras “de forma totalmente burda”.

Blasco insiste en que se ha suplantado su autoridad tomando decisiones que solo le correspondían a ella

Por ese motivo, la concejal denuncia un delito de falsedad documental, sin descartar que se pueda incluso haber producido una usurpación de funciones públicas. Y es que aparece su firma en los documentos con los que José María Díez, técnico del Plan Estratégico y responsable de Civinet, habría solicitado presuntamente la derivación de los fondos europeos asociados a proyectos gestionados por Plan Estratégico y Movilidad del Ayuntamiento, para que recayesen directamente en la red Civinet.

En manos de la Justicia

Blasco ha asegurado que esta “tranquila” en relación con este asunto, ya que confía en que los tribunales sean los que aclaren la situación, y “diriman responsabilidades”. Eso sí, la concejal recuerda que el Plan Estratégico tiene un gerente, que debería haber controlado la gestión de fondos europeos en el caso Velocittá, el proyecto directamente vinculado al ente y a partir del cual se han descubierto los supuestos casos de falsificación de firmas. Blasco aboga también por “clarificar” el caso desde el punto de vista político, pero rechaza la comisión de investigación.

A su juicio, este tipo de comisiones “acaban con conclusiones tendenciosas en función de intereses políticos”, ha asegurado, haciendo una referencia velada a la comisión del Caso Gómez. De todos modos, Carolina Blasco cree que “no hay riesgo” de que los fondos europeos se hayan perdido, o se vayan a perder. El dinero se ha derivado a Civinet, y habrá que determinar cómo y por qué, pero las acciones recogidas en los proyectos subvencionados se han ejecutado, así que “no me cabe duda de que se puedan justificar”, y por tanto las ayudas estarían a salvo.

Gestión demasiado “alegre”

Considera “intolerable” la “alegría” con la que se utiliza la autoridad de su firma en proyectos europeos

Aún así, la concejal ha mostrado su sorpresa al comprobar con qué “alegría” se utiliza la autoridad que implica la firma de un representante público, en este caso la suya, en proyectos europeos. Y es que Blasco ha asegurado que no ha tenido acceso a los documentos que presuntamente había firmado hasta que Plan Estratégico no presentó su informe ante la  Junta Directiva. “Me parece intolerable”, ha insistido, y confía en que este caso sirva para “poner freno” a esta falta de control en la gestión de fondos europeos.

“Hemos tenido confianza en las entidades que gestionan estos proyectos”, ha reconocido Blasco, y ahora surgen este tipo de dudas y problemas. Por ese motivo, la concejal se ha puesto también en contacto con la coordinadora del programa Velocittá, la consultora holandesa DTV, para que le muestre los documentos en los que se demanda el cambio de gestor, del Plan Estratégico a Civinet. Precisamente, una representación de la consultora visitará mañana Burgos, con miembros de otras ciudades miembros del Velocittá, para participar en una reunión ordinaria.

Fuente: BurgosConecta.es

¿CUÁNDO VA A DESAPARECER EL PLAN ESTRATÉGICO?

Plan Estratégico descubre más intentos de desvíos de fondos europeos

  

El gerente da a conocer a la Junta Directiva los documentos recabados en los que se concluye que el ex trabajador, José María Díez, dio de baja a la asociación en el proyecto Velocittá en 2015 y no en 2016, documento que denunció la concejala Carolina Blasco por una presunta falsificación de su firma. 

Nuevo giro en la trama del desvío de fondos europeos, destinados a un proyecto llamado Velocittá, desde la Asociación Plan Estratégico a una red de ciudades españolas y portuguesas llamada Civinet, y que presuntamente habría realizado un ex trabajador de la misma. Por lo visto, el traspaso del programa de movilidad se realizó en septiembre de 2015 y no en febrero de 2016, como en un principio se pensó. 

Pero volvamos atrás en el tiempo. Concrétamente una semana, cuando la concejala Carlonia Blasco denuncia una presunta falsificación de su firma en un documento en el que la Asociación Plan Estratégico renuncia a seguir participando en el proyecto europeo Velocittá, por el cual se destinaba desde la Comisión Europea un total de 137.210 euros de los cuáles se habían recibido 41.163. Dicho escrito, fue emitido presuntamente por el coordinador y ex trabajador del Plan Estratégico, José María Díez, en febrero de 2016. 

Sin embargo, y tras las investigaciones realizadas por el gerente de la Asociación Plan Estratégico, dicho documento no consta que haya llegado a la Comisión Europea. Sí hay sin embargo, uno enviado con fecha de 1 de septiembre de 2015, firmado supuestamente por Blasco, en el que se solicita la baja del proyecto Velocittá y que efectivamente se lleva a efecto, traspasando dicha participación a la red Civinet.

A esto hay que sumarle un escrito previo el 5 de marzo de 2014 que José María Diez, de nuevo supuestamente con la firma de Blasco, remite a la Comisión Europea para dar de baja a la Asociación Plan Estratégico en el proyecto Velocittá, en favor de la red Civinet. Sin embargo, días después, el ex trabajador mandó un correo electrónico dando de baja dicha solicitud asegurando estar "avergonzado de la actitud del Ayuntamiento de Burgos". 

Esta investigación que hoy ha conocido la Junta Directiva de la Asociación Plan Estratégico, también va a ser cotejada por Carolina Blasco, quien tendrá que explicar si los documentos previos al ya denunciado también contienen su firma presuntamente falsificada.

Lo cierto es que, de momento, los fondos europeos del proyecto Velocittá han llegado a Plan Estratégico, aunque el segundo pago fue a través de la red Civinet, y no de la Comisión Europea, como debería haber sido, y un año después de lo acordado. 

PTP-CYCLE, SMART-MOVE Y URBACT

De lo que no se sabe aún nada es de los otros proyectos en los que estaría participando el Ayuntamiento de Burgos y en los cuáles José María Díez prestaba soporte técnico, y que ocupa la segunda línea de investigación. Se trataría de PTP-Cycle, Smart-move y Urbact, por los cuáles el Ayuntamiento debería haber recibido unos 315.000 euros, y de los cuáles no hay ninguna noticia, salvo 17.427 que han sido ingresados al Plan Estratégico por el primero de ellos. 

Fuente: Tribuna Burgos