El "informe Espolón" habla de un «fallo multiorgánico» municipal

Á. M. / Burgos - jueves, 08 de diciembre de 2011

La "investigación" encargada sobre por qué el hostelero que explota la cafetería nunca pagó pone de relieve la falta de coordinación y de fiscalización del patrimonio de la ciudad

La Secretaría General del Ayuntamiento ya ha entregado el informe que le fue encargado para determinar las causas que han permitido a un hostelero no pagar un solo euro desde hace una década por el alquiler de la cafetería Espolón, de propiedad municipal. Ni alquiler, ni agua, ni luz, ni terraza. En total, más de 600.000 euros que han provocado un procedimiento judicial para desahuciar al inquilino y recuperar al menos una parte de ese dinero. A pesar de su negativa inicial, el PP decidió encargar a la sección de mayor rango orgánico del Ayuntamiento el citado informe, que ha realizado el vicesecretario general, que está fechado a 25 de noviembre y que ningún grupo político, a excepción de Izquierda Unida, ha valorado.

«Como refleja el informe, hay un fallo de inicio carácter administrativo, pero después hay una falta de actuación política porque también queda claro que en 2008 se supo en Hacienda y Alcaldía del impago y no se tomaron medidas firmes», resume Raúl Salinero, concejal de IU, tras ver el informe que se detalla a continuación.

La consideración previa ya dice mucho. Tanto como que el encargo «es inusual» porque «no existen más reglas interpretativas que el simple sentido común» y porque «en una organización compleja deben existir mecanismos que corrijan los posibles errores». Vamos, que en Secretaría han ‘alucinado’ con el encargo.

Para elaborar la ‘investigación’ se ha revisado metódicamente el expediente y se ha tomado declaración a varios funcionarios. Tras citar decenas de movimientos administrativos desde que se publicara la adjudicación al hostelero en cuestión, se reflejan siete años de silencio hasta que, en febrero de 2008, otro hostelero denuncia que el local se explota a través de una prórroga que, tal y como reza el contrato, es ilegal.

Es a cuenta de esa denuncia cuando, en mayo de 2008, el jefe de la sección de Hacienda y Contratación y su adjunto elaboran un informe en el que dicen que, efectivamente, el contrato ha expirado, que no cabe la prórroga, y añaden que «se observa que el arrendatario no ha realizado el pago de ninguna mensualidad».

Desde mayo de 2008 «hasta la actualidad», se han producido notificaciones mensuales requiriendo el pago. Mientras, entre las secciones de Hacienda, Tributos y Tesorería se han cruzado más de una docena de providencias para esclarecer quién y cómo debía proceder. A partir del verano de 2011 se traslada el problema a la Asesoría Jurídica y se requiere que se promueve la acción de desahucio.

Conclusiones

De los testimonios se desprende que «ningún concejal ni nadie les dijo (a los funcionarios) nunca que actuaran de tal o cual manera». También que, al contrario de lo que sí se hizo con el Mirador del Castillo o con el anterior adjudicatario del Espolón, «no se dio traslado del acuerdo de adjudicación a la sección de Tributos». De haberlo hecho, Tributos, al igual que con otros arrendatarios, sí hubiera exigido los pagos.

Preguntado el jefe de Hacienda por qué no se dio ese traslado, «contestó que no sabía, que se harían las actuaciones que constan en el expediente». Ese funcionario ya está jubilado. «Llegados a este punto», el ponente del informe subraya esa situación como el hecho diferencial y pasa a elaborar las conclusiones.

La primera es esa, que no se giraron los pagos porque Tributos no tuvo constancia del expediente de adjudicación, que debió ser trasladado (no se hizo «por error») desde la sección dirigida por un funcionario hoy jubilado.

A partir de ahí, se entra en un «bucle» de errores «que cuestionan la actuación municipal en su conjunto por no haber sido capaz de detectar el problema a lo largo de ocho años».

A eso ha contribuido «sin duda el desmantelamiento orgánico de la unidad encargada de la propia gestión del Patrimonio Municipal», unidad que, reza el informe, fue trasladada a la Gerencia de Fomento para asumir tareas relacionadas con el patrimonio municipal, pero solo del suelo. Además critica la existencia de varias vías de recaudación en lugar de una sola y que no se incluyera el caso «en ningún plan de inspección».

Por tanto, termina el vicesecretario, «podemos decir que aquel error inicial se ha visto seguido de un fallo multiorgánico municipal. Que al simple catarro inicial se han ido añadiendo sucesivamente otras patologías que han mermado la salud del paciente».

Recomienda, a futuro, reubicar a los funcionarios que fueron trasladado a Fomento para fiscalizar estos asuntos, que el órgano de Gestión Tributaria «se haga cargo de todo el conjunto de ingresos municipales» y que se hagan planes «específicos de inspección».
Fuente: Diario de Burgos