La millonaria reclamación del bulevar sigue enquistada medio año después
Á.M. / Burgos - lunes, 19 de octubre de 2015
Los cambios políticos y la "espantada" de la gerente de Fomento han impedido aligerar un expediente que generará intereses si a Copsa y Aroasa se les reconoce alguna indemnización
El precio del intento de convertir la calle Vitoria en un bulevar no
será sólo político. Las obras que sí llegaron a ejecutarse (la rotonda
de Juan Ramón Jiménez, la urbanización de la calle Doña Constanza y
mejoras en la red de aguas) costaron un millón de euros, incluyendo el
cargo por abrir y tapar la zanja que iba a convertirse en un
aparcamiento y acabó bautizada como ‘zona cero’. Pero eso no era todo.
A la UTE que se adjudicó la actuación, formada por Copsa y Aroasa
(Arranz Acinas), se le iban a pagar 7.893.234 euros por la obra en
superficie. Al margen, esas firmas iban a invertir, por su cuenta y
riesgo, casi cinco millones más en un párking para residentes con 254
plazas. El por qué no sucedió todo eso huelga explicarlo: hubo
movilizaciones, las movilizaciones devinieron en disturbios y los
disturbios en violencia, haciendo imposible la ejecución de las obras
por el incumplimiento de la práctica totalidad de la normativa en
materia de seguridad, tal y como dijeron por escrito las propias
empresas al Ayuntamiento.
El alcalde, Javier Lacalle, anunció el aborto de la actuación y ahí
acabó lo que se ve. Lo que no se ve es el pulso que mantiene la UTE con
el Ayuntamiento a cuenta de la reclamación de daños. Porque lo que es
innegable es que Copsa y Aroasa firmaron un contrato que no pudieron
cumplir, así que consideran que deben ser indemnizadas conforme a la Ley
de Contratos. Pero ocurre que las leyes son muy maleables dependiendo
de quién las aplique, así que no hubo acuerdo.
la petición. El anterior equipo de Gobierno reservó una partida en el
presupuesto de 2015 que ascendía a 371.000 euros. La intención, que ese
dinero fuera suficiente para indemnizar a Copsa y Aroasa y enterrar el
asunto. Pero no lo fue. Las constructoras metieron en febrero una
reclamación a la ciudad de 1,6 millones de euros. Concretamente, piden
280.000 euros por el 6% de la obra no ejecutada (esto es aplicación
directa de la Ley de Contratos), 370.000 por el beneficio que, según
sostienen, iban a obtener con la comercialización del aparcamiento, y
más de 900.000 euros de costes directos, indirectos y gastos generales,
capítulos entre los que se encuentra el personal, acopios de material,
alquiler de maquinaria...
Amén de caer como ácido en el mando político del Ayuntamiento (ambas
empresas estaban entre las más beneficiadas por la adjudicación de obra
pública municipal en la última década), la petición fue directamente
derivada a los servicios jurídicos, dando por hecho que habrá una
batalla judicial.
Pero para que eso llegue es necesario contestar a la reclamación, y eso
el Ayuntamiento todavía no lo ha hecho... Ocho meses después, no lo ha
hecho. Esta cuestionable herencia ha caído en la mesa del nuevo concejal
de Infraestructuras, Jorge Berzosa, que añade con el caso del bulevar
una más a la cartera de ‘regalos varios’.
«Es un trabajo concienzudo que hay que hacer ya», asume. Berzosa
asegura que en verano dio instrucciones a la gerente de Fomento para «
resolver el contrato y contestar a la UTE con el posicionamiento del
Ayuntamiento», pero la gerente en cuestión se fue de vacaciones en
septiembre y, a su regreso, se marchó a la Junta a cubrir la plaza que
dejó José Luis Ventosa al frente de Fomento. Del bulevar, ni palabra.
La urgencia. Cuenta el concejal que recientemente ha comunicado «por
escrito mi preocupación por el retraso y la necesidad de abordar esta
cuestión de forma urgente», pero «las dudas sobre el futuro de la
Gerencia y la dificultad del expediente hacen que cueste arrancar». Sin
esos informes no se podrá «analizar a qué tienen derecho por el
beneficio industrial y si les corresponde algún daño o perjuicio de los
que invocan que no haya sido abonado con las certificaciones realizadas
hasta la fecha». Es decir, que no se puede contestar a la UTE ni saber a
qué se enfrenta el Ayuntamiento con la Ley en la mano.
Al menos en el expediente municipal en el que se archiva el caso no
consta que la UTE haya reiterado reclamación formal alguna desde que
hiciera la petición de esos 1,6 millones. Quizás se deba a que cuanto
más tiempo pase, cuanto más tarde el Ayuntamiento en contestar, mayor
será su beneficio en concepto de intereses siempre y cuando consigan
arrancar al menos una parte de lo que han exigido. Intereses que,
llegado el caso, se pagarían con dinero municipal.
Fuente: Diario de Burgos
