La Fiscalía de Castilla y León abre diligencias por la orden de la Junta de no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales
Documento de la Consejería de Sanidad donde se
indica que no se trasladará a los ancianos de las residencias a centros
hospitalarios | eldiario.es
La asociación Defensor del Paciente ha denunciado los hechos tras publicar eldiario.es los documentos.
Eldiario.esCyL | Laura Cornejo
| 03/06/2020 - 19:33h.
La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias
penales por la orden de la Junta de Castilla y León de no trasladar a
los hospitales a los ancianos de las residencias enfermos por COVID-19,
un protocolo que entró en funcionamiento a finales de marzo, en pleno
pico de la pandemia y que fue revelado por eldiario.es.
La denuncia que ha llegado a la Fiscalía de la Comunidad y
que se tramitará allí, ha partido de la asociación Defensor del
Paciente, que ha solicitado que se investigue lo publicado por eldiario.es
En concreto
se refiere a los documentos firmados conjuntamente por las gerencias de
Salud y de Servicios Sociales y también a los informes de la Comisión
de Bioética de Castilla y León. El primer documento que habla de "no
derivar ni movilizar" a los ancianos enfermos a los hospitales no tiene
fecha, si bien fuentes de la Junta de Castilla y León aseguran que es
del 23 de marzo, cuando los hospitales de la Comunidad estaban al borde
del colapso por el alto número de casos. Con el encabezamiento 'Medidas
generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las
residencias de carácter social', establece que la atención sanitaria en
estos centros se gestionaría mediante un "equipo multidisciplinar" con
un equipo asistencial formado por "los profesionales de las residencias
junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de
referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del
Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a
Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc...". Era
este equipo el encargado de realizar una "valoración e identificación de
las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o
pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera". Los
residentes tenían que ser atendidos "sin necesidad de movilizarlos ni
derivarlos al Hospital". El documento está firmado por el director
gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el
gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y
se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.
Pero además, lo que decía ese documento estaba respaldado
por otro de la Comisión de Bioética y que tenía la misma fecha. El
órgano consultivo dependiente de la Consejería de Sanidad y que tiene
allí su sede, elaboró un informe de dos páginas sobre esas medidas.
Entre otras cosas, decía terxtualmente que "los equipos asistenciales
correspondientes" deben atender a los enfermos de COVID-19 de las
residencias "in situ", "sin trasladarlos a los hospitales (salvo casos
muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas
posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad
establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con
la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del Hospital de
referencia)".
A medida que la curva de contagios fue bajando, las medidas se suavizaron, pero eso no ocurrió hasta el 16 de abril. Para entonces, habían fallecido más de 1.000 ancianos en las residencias.
Fuente: burgosnoticias.com
