Piden 3 años de cárcel para Arribas por 'autocréditos'
Piden 3 años de cárcel para Arribas por 'autocréditos' - Foto: eduardo margareto
La Fiscalía le cree presunto autor de un
delito de administración desleal en Caja de Burgos. La entidad prestó
35 millones de euros a empresas de su propiedad endeudadas durante su
presidencia, entre 2005 y 2010
El
expresidente de la Caja de Burgos José María Arribas Moral se sentará
finalmente en el banquillo de los acusados por las operaciones de
crédito a favor de empresas de su propiedad cuando era la máxima
autoridad de la entidad, entre los años 2005 y 2010. La Fiscalía de
Burgos le considera presunto autor de un delito de administración
desleal y pide para él una pena de prisión de tres años. El Ministerio
Público no le acusa finalmente del delito de apropiación indebida por el
que le investigó el Juzgado de Instrucción 2.
El escrito de calificación hace un repaso pormenorizado de todas las operaciones de crédito que aprobó la Caja a favor de sociedades participadas por Arribas Moral o por alguno de sus familiares mientras era presidente de la entidad. En seis años la cuantía de todos esos préstamos a sus empresas ascendió a 35 millones de euros y supusieron el 93,86% del total de las operaciones que efectuó la Caja con miembros del Consejo de Administración, parientes o empresas vinculadas. Además, el 80% de las líneas de crédito que solicitaban las empresas del investigado se pedían a esta entidad.
En todas las reuniones de concesión de esos créditos asistió Arribas Moral como presidente y no consta en las respectivas actas que el encausado se ausentase de dichas reuniones ni que dejara de votar los acuerdos, todos los cuales fueron aprobados por unanimidad de los asistentes, según la Fiscalía.
El Ministerio Público advierte de que aunque existía un protocolo de riesgos que establecía el contenido mínimo de la documentación necesaria para la admisión, estudio, concesión y seguimiento de las operaciones de crédito, no todos los expedientes contenían la información requerida. Es más, en los informes de evaluación no existió un análisis objetivo del estado económico financiero auditor de la empresa. Era el propio departamento de riesgos de Caja de Burgos el que evaluaba el riesgo e informaba de la concesión o no del préstamo. Los empleados de dicho área era subalternos, a efectos laborales de la entidad, del acusado. Las pólizas de préstamos, líneas de crédito, avales, etc, eran firmadas por el propio encausado como representante de la empresa y prestatario, cuando a la vez era presidente del Consejo de Administración de Caja de Burgos.
La Fiscalía recuerda que Arribas Moral no solo era consciente de que con esas operaciones se refinanciaban compañías de las que él era socio partícipe, sino también de la situación de progresivo endeudamiento de dichas sociedades, especialmente Industrias Basati SAe Industrias del Arlanzón SA (Indasa), y de la imposibilidad de que las mismas pudieran hacer frente a sus deudas por devenir insolventes. Y es que esas empresas registraron pérdidas importantes durante varios años seguidos. De hecho, entraron en concurso. Además, advierte el Ministerio Público, esas operaciones fueron concedidas en razón de la persona que resultaba directamente o indirectamente financiada, con lo que Caja de Burgos asumía un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad y sus impositores.
Además, a tenor del criterio de la Fiscalía, lo hacía desoyendo los informes del departamento de riesgos. Éste, entre 2008 y 2010, alertaba de que Indasa había bajado su facturación, las ventas habían descendido y tenía pérdidas, además de subrayar que poseía una estructura sobredimensionada para su facturación, un volumen demasiado elevado de existencias y contaba con grandes necesidades de financiación. También alertó del grave deterioro de su actividad y del creciente endeudamiento. Aún así, la participación de Caja de Burgos en la financiación de esa empresa crecía.
Un juzgado de lo Penal de Burgos celebrará la vista oral contra José María Arribas Moral, previsiblemente a finales de año o primeros del siguiente. El procedimiento judicial tiene su origen en la denuncia que presentó UPyD en el año 2014.
El escrito de calificación hace un repaso pormenorizado de todas las operaciones de crédito que aprobó la Caja a favor de sociedades participadas por Arribas Moral o por alguno de sus familiares mientras era presidente de la entidad. En seis años la cuantía de todos esos préstamos a sus empresas ascendió a 35 millones de euros y supusieron el 93,86% del total de las operaciones que efectuó la Caja con miembros del Consejo de Administración, parientes o empresas vinculadas. Además, el 80% de las líneas de crédito que solicitaban las empresas del investigado se pedían a esta entidad.
En todas las reuniones de concesión de esos créditos asistió Arribas Moral como presidente y no consta en las respectivas actas que el encausado se ausentase de dichas reuniones ni que dejara de votar los acuerdos, todos los cuales fueron aprobados por unanimidad de los asistentes, según la Fiscalía.
El Ministerio Público advierte de que aunque existía un protocolo de riesgos que establecía el contenido mínimo de la documentación necesaria para la admisión, estudio, concesión y seguimiento de las operaciones de crédito, no todos los expedientes contenían la información requerida. Es más, en los informes de evaluación no existió un análisis objetivo del estado económico financiero auditor de la empresa. Era el propio departamento de riesgos de Caja de Burgos el que evaluaba el riesgo e informaba de la concesión o no del préstamo. Los empleados de dicho área era subalternos, a efectos laborales de la entidad, del acusado. Las pólizas de préstamos, líneas de crédito, avales, etc, eran firmadas por el propio encausado como representante de la empresa y prestatario, cuando a la vez era presidente del Consejo de Administración de Caja de Burgos.
La Fiscalía recuerda que Arribas Moral no solo era consciente de que con esas operaciones se refinanciaban compañías de las que él era socio partícipe, sino también de la situación de progresivo endeudamiento de dichas sociedades, especialmente Industrias Basati SAe Industrias del Arlanzón SA (Indasa), y de la imposibilidad de que las mismas pudieran hacer frente a sus deudas por devenir insolventes. Y es que esas empresas registraron pérdidas importantes durante varios años seguidos. De hecho, entraron en concurso. Además, advierte el Ministerio Público, esas operaciones fueron concedidas en razón de la persona que resultaba directamente o indirectamente financiada, con lo que Caja de Burgos asumía un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad y sus impositores.
Además, a tenor del criterio de la Fiscalía, lo hacía desoyendo los informes del departamento de riesgos. Éste, entre 2008 y 2010, alertaba de que Indasa había bajado su facturación, las ventas habían descendido y tenía pérdidas, además de subrayar que poseía una estructura sobredimensionada para su facturación, un volumen demasiado elevado de existencias y contaba con grandes necesidades de financiación. También alertó del grave deterioro de su actividad y del creciente endeudamiento. Aún así, la participación de Caja de Burgos en la financiación de esa empresa crecía.
Un juzgado de lo Penal de Burgos celebrará la vista oral contra José María Arribas Moral, previsiblemente a finales de año o primeros del siguiente. El procedimiento judicial tiene su origen en la denuncia que presentó UPyD en el año 2014.
Fuente: Diario de Burgos
