La borrasca 'Elsa' deja vientos de hasta 99 km/h y 76,8 litros por metro cuadrado en la provincia
La agrupación de Protección Civil tuivo que intervenir numerosas veces en la capital. /
@PCivilBurgos
La lluvia y las fuertes rachas de viento ponen en alerta a la provincia
La
borrasca 'Elsa' está generando multitud de complicaciones en todo el
país, y la provincia de Burgos no es ajena a ese fenómeno. De hecho, la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lanzó días atrás sendos
avisos, advirtiendo de la llegada de numerosas precipitaciones y fuertes rachas de viento, que en las últimas horas están azotando la provincia.
Así, según información de la propia Aemet, durante la jornada de ayer se registraron rachas de hasta los 99 km/h en Villafría. En Medina de Pomar se han alcanzado los 98 km/h,
mientras que en Briviesca han llegado hasta los 96 km/h. Sargentes de
Lora, Villadiego, Monterrubio de la Demanda y Villamayor de los Montes
también han superado los 80 kilómetros por hora.
Por su parte, las precipitaciones están siendo también muy intensas. Así, en la jornada de ayer se registraron 76,8 litros por metro cuadrado en Basconcillos del Tozo
y los 66,8 en Sargentes de Lora, mientras que en la Sierra de Urbión y
en Quintanaloma se superaron los 55 litros por metro cuadrado.
Como
es lógico, las numerosas inclemencias meteorlógicas están causando
numerosas dificultades. En la capital provincial, por ejemplo, la agrupación de voluntarios de Protección Civil llevó a cabo un total de 27 actuaciones durante
la jornada de ayer, aunque ninguna fue grave. La mayoría, según
explican desde la agrupación, tuvieron que ver con desplazamientos o
caídas de vallados de obras y contenedores, así como el desprendimiento
de varias ramas de árboles.
Más complicaciones se registraron en
localidades como Villasana y Medina de Pomar, que se quedaron sin luz
durante varias horas por las inclemencias meteorológicas.
Anulan las multas a los impulsores de la revuelta de Gamonal
I. ELICES
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Las sentencias judiciales estiman que los sancionados participaron en las manifestaciones pero no que las promovieran
Los disturbios de Gamonal se saldaron con cerca de una cincuentena de detenidos pero también con 27 personas denunciadas como presuntas impulsoras de las revueltas. A punto de cumplirse 6 años de aquellos hechos lo que ha cobrado mayor relevancia pública han sido los procedimientos judiciales abiertos, todos ellos ya resueltos. Pero las multas que impuso la Subdelegación del Gobierno por infringir la Ley de Protección Ciudadana de 1992 (anterior a la última, la de Seguridad Ciudadana de 2015) dieron lugar también a procesos contencioso administrativos cuyas sentencias no tienen desperdicio. Todas ellas coinciden en dar la razón a los recurrentes y en anular las resoluciones administrativas que imponían entre 300 y 3.000 euros a los ciudadanos denunciados. En resumen, los fallos estiman que los expedientes relataban «de forma muy genérica» las actuaciones de los participantes «activos y alentadores» de las manifestaciones no autorizadas de la segunda semana de enero de 2014 contra el bulevar.
Las denuncias fueron formuladas por atentar contra el artículo 23 (apartado h), de la Ley Orgánica de 1992, el que establece que constituye infracción grave «la provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana». Para que ello sea así, deben darse tres elementos definidores, según recoge una de las sentencias a las que ha tenido acceso este periódico. Por una parte, «la conducta del sujeto infractor ha de lograr el cambio de conducta o de actitud» del resto de ciudadanos, «pues si no no habrá podido causar reacción alguna». Por otra, debe probarse la «existencia de un público», que la jurisprudencia identifica «con un conjunto de personas reunidas para una finalidad, un espectáculo, una reunión o una manifestación». Y tercero, que la alteración de la seguridad ciudadana debe ser entendida como «la perturbación de una situación de paz, contra la protección de bienes y personas, por lo que debe existir un desorden público».
Una de las tres resoluciones a las que ha tenido acceso este periódico -se han anulado una veintena aproximadamente- se refiere a una denuncia formulada el 9 de enero en la concentración no comunicada celebrada en la zona cero de la calle Vitoria, frente al bar El Lago. Agentes de la Policía Nacional identificaron a un hombre que gritaba a los viandantes para que bajaran a la calzada mientras no hacía caso a los requerimientos de los policías y cortaba el tráfico rodado. Del expediente «se deduce que el denunciado exteriorizó una actitud de alentamiento de las personas y de perpetuación de la concentración en el tiempo». Sin embargo, de las expresiones que utilizó para ello, como «no nos mires, únete», el magistrado opina que «son absolutamente normales en las manifestaciones, no suponen una incitación a la violencia, el desorden, solo significa que se pretende que otras personas se sumen a la protesta».
Otro de los recursos a una sanción administrativa en los disturbios de Gamonal alude a hechos sucedidos el 12 de enero, en esta ocasión ante la Comisaría. Un inspector jefe identificó a un hombre con un megáfono que impartía consignas al resto de personas para trasladarse hasta el edificio Promecal. No obstante, la sentencia señala que «ello no significa que fuera inductor, máxime cuando el denunciante habló con un policía local y puede que este le indicara la imposibilidad de trasladarse a la Plaza Mayor con el debido dispositivo, pero no a Promecal, cosa que comunicó al resto». Asimismo, el fallo estima que «dirigir una manifestación a un lugar concreto no es indicio de ser promotor de la misma, solo de ser un participante activo». Y es que «tomar el megáfono y gritar consignas es algo que hicieron numerosas personas», abunda el fallo. El magistrado echa de menos «un mayor trabajo de investigación para determinar quién pudo ser el instigador o promotor», pues de lo contrario se corre el riesgo de «sancionar a meros partícipes», más en el contexto de «un movimiento difuso y sin cabecillas» como lo fueron las movilizaciones de Gamonal, reza el fallo.
Otro de los casos tiene que ver también con la concentración del primer día, sobre las 22 horas. El individuo denunciado, según la Policía, alentó a la gente para que bajara a la calzada y mostró actitud pasiva ante las llamadas de atención de los agentes, una descripción que el fallo considera «inconcreta y falta de objetividad» y no subsumible al tipo de infracción del artículo 23 h de la Ley Orgánica de 1992. Ese individuo interrumpió físicamente el tráfico rodado para que se incorporasen más ciudadanos a la concentración, algo que «podría constituir una infracción de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial». El juzgador entiende que conductas que en otros contextos pueden «ser inocuas» en el conflicto de las obras del bulevar de Gamonal pueden suponer provocación o incitación». Pero para acreditarlo «debe expresarse en documento público qué conductas son esas para que los denunciados puedan defenderse y el instructor conocerlas y valorarlas».
Los médicos de Burgos defienden el Divino Valles como «la mejor opción» para las urgencias
Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos. Balance anual
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos (COMBU),
Joaquín Fernández de Valderrama, ha defendido este lunes el antiguo
Hospital Divino Valles como «la mejor opción» para unificar las
urgencias en la capital burgalesa.
Fernández de Valderrama ha explicado que es una opción que aprovecha
esta infraestructura de la ciudad que se mantiene operativa, y por lo
tanto con un coste para el conjunto de la ciudadanía, y ha sostenido que
el órgano que preside no percibe la lejanía que algunos colectivos
sostienen que existen ante el traslado de las urgencias a este
emplazamiento.
El presidente de los médicos de Burgos ha pedido a la Junta, eso sí,
que esta unificación se haga «sin prisa» y de forma «bien estructurada» y
ha asegurado que su materialización supondrá una mejoría en el sistema
de urgencias ambulatorias.
Eso sí, Fernández de Valderrama ha advertido de que este proceso debe
coordinarse con el servicio de urgencias del Hospital Universitario y
con la existencia de un triaje «potente» y una buena utilización de las
urgencias por parte de la ciudadanía.
Joaquín Fernández de Valderrama ha realizado estas declaraciones,
acompañado de los miembros de la Junta Directiva del COMBU, durante un
balance informativo de fin de año, en el que una parte de sus palabras
también han sido para la reestructuración del sistema regional de salud
anunciada por la Junta.
En este sentido, ha mostrado la predisposición de los profesionales
de Burgos a participar en esta reorganización sanitaria, si bien ha
señalado que, hasta la fecha, no ha existido ninguna información directa
con el órgano colegiado que preside.
Fernández de Valderrama ha destacado el carácter «urgente» de esta
reorganización y ha pedido a los políticos que hagan gala del consenso y
la transparencia que solicitan con este asunto.
En cualquier caso, ha recordado que el Colegio Oficial de Médicos de
Burgos lleva años solicitando un pacto por la sanidad y ha explicado que
existen cuestiones que deben ser irrenunciables en los planteamientos.
Entre ellas, una continuidad asistencial permanente entre la Atención
Primaria y la Atención Hospitalaria, ya que, tal y como ha defendido,
los servicios clínicos no pueden ser «estancos».
Por otro lado, ha defendido el fomento de la medicina ambulatoria y
una mayor fidelidad en los contratos de los profesionales, a la vez que
hacer frente al reto que supone para Castilla y León y Burgos que un
elevado número de facultativos, el 50 por ciento en el caso de la
provincia, se vaya a jubilar en los próximos cuatro años.
Fernández de Valderrama se ha mostrado partidario, además, de hacer
partícipe a los ciudadanos en esta reforma, así como mostrarles el coste
que tiene el uso de servicios, con el objetivo de poder cuidar más
entre todo de la prestación sanitaria.
El
artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que considera objetivo y
legal el despido por enfermar, se ceba con teleoperadoras, personal de
edad avanzada y delegados sindicales
Concentración de trabajadores de Extel, el lunes en A Coruña.
Adriana Ampueda, venezolana de 42 años que llevaba siete como
teleoperadora en la empresa Extel en A Coruña, acumuló 11 días de baja
por una gastroenteritis y una afonía. El lunes, cuando se presentó en la
oficina, fue despedida pese a tener justificante médico. Los sindicatos
han identificado varias decenas de casos similares desde la sentencia del pasado 29 de octubre del Tribunal Constitucional
que avala el despido de un empleado que falte al trabajo por
enfermedad, aunque esté justificada. La frustración de Ampueda refleja
el sentimiento de quienes se han visto en la misma situación: “¿Qué
pretenden que hagamos? ¿Mentirle al médico?”.
Mujeres,
personal de edad avanzada y con trabajos precarios, mecanizados y, al
menos desde el punto de vista del empleador, prescindibles. Este es el
perfil de los más afectados tras la decisión del Constitucional, así lo
resume el área de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Al caso de Ampueda se suman otros tres en la misma empresa,
cinco empleadas de H&M en Cataluña o el de una trabajadora de la
empresa Limpiezas Sirkari en el País Vasco. Hay más ejemplos.
Todo está dentro de la ley. La reforma laboral de 2012 cambió el artículo del Estatuto de los Trabajadores
que permite despedir a los empleados que falten —aun con justificante
médico— más de un 20% de sus días laborales en dos meses consecutivos o
al menos un 5% en los 12 meses anteriores. No es que la norma
introdujera por primera vez estos criterios. Pero sí los desvinculó del
absentismo en el centro de trabajo, lo que facilitó extremadamente el
despido individual, ya que dejaba de depender de que hubiera más bajas
en la empresa.
La sentencia del Constitucional avala ahora ese cambio y ha
abierto, según los sindicatos, una brecha que están aprovechando las
empresas para justificar despidos. “La sentencia les ha venido [a las
empresas] como anillo al dedo”, añade CC OO.
Las cuatro trabajadoras de Extel (filial de la multinacional Adecco)
cumplieron con todos los criterios para este tipo de despido. Adriana
Ampueda cruzó el límite de una manera poco ortodoxa: “El médico me dio
un reposo de 72 horas por fiebre. La empresa me dijo que volviese para
pedir una baja de corta duración, fue así como me despidieron”. La
compañía asegura que ha aplicado la norma y que en los últimos dos años
ha despedido a 11 trabajadores de su plantilla de 35.000 personas.
“Habrá que pararse a pensar por qué se les aplicó [el despido por
enfermedad] a ellos en concreto”, añade sin dar más detalles.
En Castilla-La Mancha se han contado siete despidos desde la
sentencia. Como el de Vanesa García, de 42 años, que hasta el 25 de
noviembre trabajó en ICSA Toledo, una filial de la aeronáutica Aernnova.
Se reincorporó hace ocho años tras superar un tumor en el oído, pero
desde entonces ha sufrido malestares que la llevaron a no acudir a su
puesto. Otro problema que genera el controvertido artículo es,
precisamente, la ambigüedad de qué se considera un tratamiento de cáncer
o una enfermedad grave (una de las excepciones en la ley).
Despidos desde 2012
Isaac Rodríguez, delegado sindical de CGT en Unísono, ha
contabilizado un total de 40 despidos en su empresa por bajas médicas
desde la reforma. El último fue el suyo propio, una semana antes de la
sentencia y debido a los días que faltó por una parálisis del nervio
óptico, acompañada de vértigos y migrañas. Llevaba en la empresa cinco
años.
La CEOE cree que hasta ahora el uso de este despido ha sido muy
limitado y duda de que ponga en riesgo la salud de los trabajadores, ya
que “esta es esencial para la productividad de las empresas”. “Si la
propia CEOE dice que ese artículo del Estatuto se usa poco, en el fondo
asume que no sirve como garantía de productividad”, critica Jesús
Lahera. Este profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad
Complutense señala que el artículo podría estar invitando a las empresas
a realizar un cálculo de costes, debido a que deben pagar toda la
cotización social y la prestación de sus trabajadores enfermos desde el
cuarto día al número 15. “Una medida que en teoría se aplica para luchar
contra el fraude de bajas en la Seguridad Social lleva a que paguen
justos por pecadores”, sentencia.
Isabel Araque, de UGT,
critica que la justificación sea el combate contra el absentismo
laboral: “Eso es cuando faltas a tu puesto sin ningún tipo de causa
justificada”. Así también lo considera la Organización Internacional del
Trabajo, pero en España, patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo
sobre la definición del absentismo.
Y los casos se acumulan. Campofrío Frescos también despidió este
mismo año a otro delegado, Alfonso Jesús Callejo, del sindicato USO.
Callejo faltó al trabajo después de que le quitaran dos pólipos. Además
del justificante médico, el sindicalista asegura que el manual de buenas
prácticas de la empresa hacía incompatible su labor de despedazar carne
con su recuperación: “¿Si estás sufriendo mareos tienes aun así que ir a
trabajar y cortarte?”.
Los sindicatos plantean recurrir a la justicia europea y exigen
derogar la norma. Hasta que eso llegue, si llega, los despidos que se
acumulan plantean un interrogante: si el remedio puede salir más caro
que la enfermedad.
No te echo si no protestas
Una lumbalgia y un catarro sumaron los días necesarios para que A. G.
perdiera su trabajo en la química Benecke Kaliko en Pamplona, del grupo
Continental. “Había escuchado algo de los despidos por enfermedad en la
televisión, pero no hice caso”, confiesa este granadino instalado en
Pamplona. Lo descubrió el pasado 15 de noviembre, cuando le notificaron
por burofax el despido tras 23 años en la empresa navarra.
Este exjefe de máquinas está decidido a ir a juicio, aunque reconoce
que la ley no está de su lado: “No hay mucho que hacer”. “Si en lugar de
haberme cogido bajas cortas, hubiera tenido bajas de más de 20 días, no
hubiesen computado para el despido”, lamenta. Así lo especifica el
artículo 52.d, que contabiliza solo las bajas por debajo de ese periodo.
Tras su despido, la dirección de la empresa llegó a un acuerdo con
los representantes sindicales ante una convocatoria de paros: no volverá
a usar en un año el artículo para despedir empleados si no hay
protestas que afecten a la producción. Esta decisión servirá como un
alivio temporal para los trabajadores de la compañía. Pero para A. G. la
suerte ya está echada: ya no recuperará su puesto.
Arranca la obra para unificar las urgencias de Primaria
Angélica González
La empresa Agenor será la encargada de
habilitar 970 metros cuadrados del viejo hospital y convertirlos en el
punto de atención continuada único que abrirá el viernes, 31 de enero.
La reorganización de los espacios costará 40.000 euros.
El PAC de Primaria se ubicará en el espacio de las antiguas consultas externas. - Foto: Alberto Rodrigo
Prácticamente un año ha
pasado desde que en plena tormenta en la Atención Primaria de Burgos el
Colegio de Médicos propusiera el viejo hospital provincial, de nombre
Divino Valles, como ubicación preferente para las urgencias (atención
continuada se las llama en la jerga profesional) de ese nivel
asistencial. Esta apuesta, que cuenta con el rechazo de varias
asociaciones de vecinos y el apoyo de colectivos profesionales
sanitarios, la hizo suya el equipo de gestión que sustituyó al que
terminó cayendo tras la puesta en pie de guerra de los médicos, muy
quemados tras años de recortes y ninguneos, y ahora, después de varios
cambios de opinión por parte de la Consejería de Sanidad, acaba de
recibir la luz verde definitiva. El pistoletazo de salida se dará pasado
mañana, martes, cuando comiencen las obras de adaptación de los 970
metros cuadrados que va a ocupar el punto de atención continuada (PAC)
único con el que va a contar Burgos en breve.
La reorganización de
los espacios apenas tardará un mes ya que la idea de la Consejería de
Sanidad es que esté operativo el próximo viernes, 31 de enero, y será la
empresa Agenor, que actualmente gestiona el mantenimiento de los
edificios de la Gerencia de Atención Primaria, la encargada de los
trabajos de acondicionamiento y redistribución de los espacios y otras
firmas burgalesas se ocuparán de trabajos específicos como los
destinados a rotular los espacios o a colocar el sistema de incendios.
Los gastos que se generen en esta zona del Divino Valles serán asumidos
por la Gerencia de Atención Primaria.
El proyecto inicial incluye
tres consultas de Medicina de Familia y tres de Enfermería, dos salas
polivalentes (para la realización de electrocardiogramas, aplicación de
aerosoles y otras necesidades de los pacientes), seis dormitorios y dos
baños completos con ducha para el descanso de los profesionales de
guardia, una sala de estar, un almacén, un despacho de admisión y un
área para el celador. A la larga se quiere contar, además, con rayos y
material para realizar analíticas con el objetivo de derivar menos casos
al Hospital Universitario de Burgos. Todo ello se dotará del mobiliario
necesario y se revisará el funcionamiento de los servicios ya
existentes de calefacción, telefonía, luz y electricidad. Por otro lado,
serán nuevos el sistema de prevención de incendios, la seguridad y las
cámaras de vídeovigilancia, los equipamientos sanitarios (grifos,
lavabos), los rótulos y la señalización interna y externa y un plan de
emergencias y evacuación. El presupuesto de la Gerencia de Atención
Primaria para todo ello asciende a 40.000 euros. El equipo humano con el
que contará estará compuesto de cuatro médicos (uno de ellos de
refuerzo, de 8 a 22 horas en festivos y de 15 a 22 en días laborables),
tres enfermeras más una de refuerzo y un celador.
Los responsables
de la Gerencia mantuvieron en Valladolid el pasado viernes una reunión
con el equipo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria donde se
ultimaron algunos detalles y quedó en el aire el plan de completar este
PAC con la atención urgente en varios centros de salud de la ciudad a la
espera, según explicaron fuentes de la Gerencia, de analizar las
estadísticas de uso y la población afectada, algo que se hará en las
próximas semanas.
«Creemos que la decisión adoptada es la que
mejor se ajusta a la actual situación por el número de profesionales de
los que disponemos y es la más adecuada para dar un mejor servicio a la
ciudadanía», indicaron estas mismas fuentes, que son conscientes del
rechazo que genera en algunas asociaciones vecinales -que han insistido
en la lejanía del Divino Valles como la principal objeción- pero también
indicaron que cuentan con el apoyo de colectivos profesionales. En este
sentido, Sanidad Pública Sí, por ejemplo, se mostró a favor de la
centralización de las urgencias siempre y cuando no suponga un recorte
de las plantillas: «Si se organiza bien, la atención a la auténtica
urgencia estaría garantizada de sobra con uno solo punto, mejor
organizado y con más medios materiales y posibilidades organizativas»,
aseguró el colectivo en un comunicado hecho público a principios del
pasado octubre.
