Defensa baraja meter de nuevo vivienda libre en Santa Bárbara
H.J. / Burgos - lunes, 03 de diciembre de 2012
Sacarlas a subasta o promoverlo por partes son otras alternativas que en los últimos meses ha contemplado el Ministerio y que persiguen desatascar este asunto parado desde hace meses
La promoción de viviendas en el cuartel de Santa Bárbara podría vivir
próximamente un nuevo episodio de su tortuoso recorrido que va camino de
cumplir 18 años. Ante el bloqueo del mercado inmobiliario que dificulta
la salida de las edificaciones previstas en el solar, el Ministerio de
Defensa está barajando diversas posibilidades que podrían pasar por
recuperar un porcentaje de vivienda libre en el terreno o por ‘trocear’
la promoción en distintas fases buscando una mejor aceptación por parte
de las empresas interesadas. Nada está decidido, y lo único cierto es
que el asunto encalló hace unos cuantos meses entre la maraña de
despachos del Gobierno.
La antigua Artillería, en las traseras del Diego Porcelos, ya figuraba
en el convenio de 1995 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento
por el que el aeródromo de Villafría pasó a un uso civil a cambio de
recalificaciones, y ahí siguen sus muros, sus alambradas y sus
barracones abandonados.
Situado junto a una de las zonas más densamente pobladas de Gamonal, la
barriada Juan XIII, su desarrollo residencial parecía una gran
oportunidad para llevar a la zona dotaciones, nuevos viales y espacios
libres. Pero también para librar al Ejército de la fama de haberse
enriquecido con otros solares a costa de los ciudadanos de un lugar que
tanto había colaborado con los militares. Así parecía en 2005 cuando el
ministro José Bono le anunció al alcalde Juan Carlos Aparicio que la
mitad de las viviendas de Santa Bárbara serían de protección, eso sí, a
cambio de que el número total de pisos se elevara de 305 a 350.
Para ello hubo que hacer una modificación del PGOU de la que se dio
cuenta a Defensa y curiosamente en el año 2008, cuando la crisis asomaba
detrás de la puerta de la burbuja, el propio Ministerio presentó una
alegación intentando rebajar el porcentaje obligatorio al 30%. El
Ayuntamiento se negó y siguió adelante con la modificación pero no fue
motivo de conflicto porque incluso en 2009, ya bajo el mandato de la
ministra Carme Chacón (que antes lo fue de Vivienda), se anunció el
compromiso del Ejecutivo central de construir el 100% de VPO al entender
que su departamento podía contribuir a una política de pisos
asequibles.
A partir de entonces se abrió un vacío sin apenas nuevas noticias,
hasta que en mayo de 2011 se habló de la inminente firma de un convenio
entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa y la entidad pública empresarial de suelo SEPES.
La venta permitiría que Defensa traspasara a quien tiene las
competencias de vivienda la promoción de esas VPO a cambio de una
transacción económica valorada en unos 3 millones de euros, pues no está
permitida por la Ley de Patrimonio una cesión gratuita. Sin embargo,
aquel paso no se llegó a dar nunca.
Fuentes tanto de SEPES como de Defensa han confirmado a DB que no hay
novedades al respecto, y desde este último Ministerio anuncian que «la
decisión es que se sacará a pública subasta en el momento en que se
considere más oportuno». De la respuesta se desprende que la entidad
pública podría quedar fuera de la operación. Lo que se subasta es el
solar, pues el departamento que dirige Pedro Morenés «no construye
viviendas», recuerdan fuentes ministeriales, y será el comprador quien
decida cómo construir en función de lo que marca el PGOU.
De ahí podrían venir los cambios que llegarían de la recuperación de un
porcentaje de vivienda libre buscando mayores ingresos, aunque el
mercado inmobiliario sigue muy parado también en este tipo de pisos. O
puede que se opte por la parcelación de la actuación para hacerla con
promociones pequeñas y no una de gran tamaño, según conocedores de la
tramitación que en los últimos meses ha llevado este asunto.
sin presupuesto. La retirada de SEPES de la operación parece lógica en
cuanto que sus responsables han expresado públicamente en los últimos
meses la complicada situación presupuestaria por la que atraviesa la
entidad. La compra de los terrenos para la ‘Operación Campamento’ en
Madrid, con una inversión total que roza los 370 millones de euros, ha
condicionado de forma determinante la actividad de este organismo
público de cara a los próximos años.
Ahora lo está pagando el proyecto de Santa Bárbara, en el que las
asociaciones de vecinos del entorno, como la de Juan
XIII-Fátima-Lavaderos o la del Parque de los Poetas tenían depositadas
grandes esperanzas. De momento les toca seguir esperando.Fuente: Diario de Burgos.
