martes, 1 de febrero de 2011

BARRIADA INMACULADA

Renuncia a comprar por 700 euros la vivienda en la que reside de alquiler

Es el único caso de los 998 arrendatarios de los pisos de la Barriada de la Inmaculada que ha preferido seguir pagando un alquiler de 2,41 euros que adquirir la casa por 130.000 pesetas

Vista aérea de la barriada, cuyas primeras viviendas se entregaron en marzo de 1963
En ocasiones, un simple acto protocolario encierra una historia que, cuando menos, merece ser contada. Así ocurrió ayer en la Subdelegación de Gobierno cuando su inquilina, Berta Tricio, entregó al presidente de la Diputación Provincial, Vicente Orden Vigara, un cheque de 40.000 euros que serán destinados a mejorar la red de alumbrado exterior de la residencia de adultos asistidos de Fuentes Blancas.
Como ya recordó Tricio, no es habitual que la Subdelegación haga beneficiencia, puesto que la política social del Estado está canalizada a través de múltiples ministerios. Del Gobierno, en definitiva. ¿Por qué entonces la entrega del cheque? Para explicarlo hay que remontarse al año 1957 (ver columna de la derecha). Resumido, se trata del dinero que ha sobrado de la gestión de un patronato constituido por el franquismo para levantar las 1.000 viviendas de la Barriada de la Inmaculada, que primero se arrendaron y después se vendieron a los inquilinos.
Esa transmisión de la propiedad se ha ido realizando a lo largo de tres décadas, hasta que de los 998 arrendatarios, únicamente uno ha decidido seguir pagando el alquiler social y limitado que marcaron los estatutos del antiguo patronato, que se elevaron a públicos en septiembre del año 57.
El alquiler que paga dicha persona asciende actualmente a 2,41 euros, o a 400 pesetas de las de antes, si lo prefieren. Atendiendo a lo especificado en los estatutos, esa cuantía no puede ser revisada ni modificada, así que hasta que la persona que tiene el derecho adquirido no fallezca o decida por su propia voluntad renunciar a él, podrá seguir residiendo en la casa en cuestión y continuará abonando 2,41 euros cada mes. Y eso si no existe arrendatario subrogado.
Además, su postura debe ser muy firme porque la Comisión liquidadora subsidiaria del Patronato que durante 58 años (entre ambos) han gestionado los inmuebles, una labor que ha obligado a mantener reuniones periódicas presididas por, en este caso, la propia subdelegada, ha decidió hacer entrega del remanente de tesorería efectivo a una causa benéfica, tal y como se estipuló en el año 1986, cuando aún quedaban 12 viviendas y seis locales comerciales por trasmitir en propiedad. Es decir, da el ‘caso’ por perdido, si bien tendrá que reservarse un dinero para hacer las pertinentes reformas en una vivienda que aún le pertenece.
Hasta ahí, nada que no haya ocurrido -y ocurre- en numerosos inmuebles en los que siguen existiendo rentas antiguas de las que los propietarios se niegan a desprenderse, bien por no querer asumir el coste actual de la vivienda, bien por no poder hacer frente al pago de una compra o de un alquiler revisado y acorde con los tiempos que corren.
¿Y cuánto es lo que tendría que pagar el arrendatario a la Comisión liquidadora para quedarse, para siempre, con la propiedad de la vivienda? Pues «700 euros». Así lo confirmaron ayer fuentes de la Subdelegación para asombro de propios y ajenos. Es decir, se pide exactamente lo mismo que se pidió a quienes, a comienzos de los 70, quisieron hacerse con la propiedad: 130.000 pesetas.
Quizás sea un caso único, pero existe, está en Burgos y se ajusta a derecho.
Fuente: Diario de Burgos