La UCO registra las sedes de Arranz Acinas por la Operación Lezo
Las ramificaciones de la trama de financiación ilegal del PP de Madrid motivaron ayer un registro en las sedes sociales de la empresa
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Un cámara de televisión ajusta su equipo frente a la casa de la familia Arranz en Burgos. - ISRAEL L. MURILLO
Efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
efectuaron ayer varios registros en Burgos en sedes sociales de las
empresas de la familia Arranz Acinas, propietaria del grupo construcción
hoy en concurso de acreedores. Los agentes se presentaron de paisano en
la mañana de ayer coincidiendo con un viaje del presidente y el
consejero delegado de la empresa, Jesús Arranz Acinas y Jesús Arranz
Monje, a Madrid, donde al parecer tenían señalada una reunión con sus
abogados. Este periódico intentó conocer su versión de la actuación
policial pero sin obtener respuesta por parte de los responsables de la
empresa, cuyo presidente, Jesús Arranz Acinas precisamente cumplía ayer
82 años.
Los guardias civiles recabaron información que podría estar relacionada con los contratos entre este grupo inmobiliario y algunas de las constructoras madrileñas implicadas en la trama de financiación ilegal del Partido Popular de Madrid que la UCO investiga al hilo de la denominada Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Paralelamente, ayer en Madrid la UCO registraba las sedes de PwC, OHL, Indra y Saerco.
Los guardias civiles no requirieron apoyos de la Comandancia de Burgos para movilizar a agentes que pudieran colaborar en los registros. De hecho la operación se comunicó en el último minuto desde Madrid a Burgos, como suele ser habitual en las intervenciones que realiza esa Unidad. Pese a que se especula que los agentes de la UCO vinieron a Burgos ‘a tiro fijo’ en busca de algo concreto relacionado con la investigación, no ha trascendido si se llevaron consigo documentación o archivos informáticos, aunque sí se conoce que en los registros efectuados en Madrid los agentes buscaban pruebas de sobre el presunto pago de comisiones y otras irregularidades cometidas en la gestión de la sociedad del Canal de Isabel II y otras vías de financiación irregular investigadas en esta operación.
El grupo Arranz Acinas ya fue relacionado con la anulación por parte del Tribunal Superior de Madrid del acuerdo para ceder suelo público en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada por el PP y escenario de algunas transacciones recogidas en la investigación de la Gurtel, a cambio de un palacio del siglo XVIII. El acuerdo no llegó a completarse pero sí cayeron en manos de uno de los implicados varias parcelas en las que una empresa Valle del Duero, gestionada por la ya desaparecida Aragón Izquierdo y participada por una compañía (Valle de Antoranz) en cuyo accionariado figura el presidente del grupo Arranz, acabó construyendo 112 viviendas en lo que había sido suelo público.
El Grupo Arranz Acinas lleva más de un año en concurso que se inició con una deuda superior a los 230 millones euros a 1.116 acreedores reconocidos. Recientemente la plantilla de la empresa ha pedido amparo al juez de lo mercantil para recabar información sobre el pago de las indemnizaciones por despido, que algunos casos de produjo hace 15 meses sin que se haya liquidado.
Los guardias civiles recabaron información que podría estar relacionada con los contratos entre este grupo inmobiliario y algunas de las constructoras madrileñas implicadas en la trama de financiación ilegal del Partido Popular de Madrid que la UCO investiga al hilo de la denominada Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Paralelamente, ayer en Madrid la UCO registraba las sedes de PwC, OHL, Indra y Saerco.
Los guardias civiles no requirieron apoyos de la Comandancia de Burgos para movilizar a agentes que pudieran colaborar en los registros. De hecho la operación se comunicó en el último minuto desde Madrid a Burgos, como suele ser habitual en las intervenciones que realiza esa Unidad. Pese a que se especula que los agentes de la UCO vinieron a Burgos ‘a tiro fijo’ en busca de algo concreto relacionado con la investigación, no ha trascendido si se llevaron consigo documentación o archivos informáticos, aunque sí se conoce que en los registros efectuados en Madrid los agentes buscaban pruebas de sobre el presunto pago de comisiones y otras irregularidades cometidas en la gestión de la sociedad del Canal de Isabel II y otras vías de financiación irregular investigadas en esta operación.
El grupo Arranz Acinas ya fue relacionado con la anulación por parte del Tribunal Superior de Madrid del acuerdo para ceder suelo público en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada por el PP y escenario de algunas transacciones recogidas en la investigación de la Gurtel, a cambio de un palacio del siglo XVIII. El acuerdo no llegó a completarse pero sí cayeron en manos de uno de los implicados varias parcelas en las que una empresa Valle del Duero, gestionada por la ya desaparecida Aragón Izquierdo y participada por una compañía (Valle de Antoranz) en cuyo accionariado figura el presidente del grupo Arranz, acabó construyendo 112 viviendas en lo que había sido suelo público.
El Grupo Arranz Acinas lleva más de un año en concurso que se inició con una deuda superior a los 230 millones euros a 1.116 acreedores reconocidos. Recientemente la plantilla de la empresa ha pedido amparo al juez de lo mercantil para recabar información sobre el pago de las indemnizaciones por despido, que algunos casos de produjo hace 15 meses sin que se haya liquidado.
Fuente: Correo de Burgos
