Herrera defiende como «plenamente legal» la obra del hospital de Burgos
El presidente de la Junta está convencido de que sin la concesión hoy no habría un hospital / Se reafirma ante la comisión de investigación de las Cortes sobre la legalidad de todo el proceso
Juan Vicente Herrera durante su comparecencia en la comisión de investigación de las Cortes. - J.M. LOSTAU
En el hospital de Burgos no ha habido un
problema de sobrecostes, sino que es «un caso claro de mayor inversión». Esta
es una de las conclusiones que expuso el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, en su comparecencia ante la comisión de
investigación parlamentaria, que superó las cuatro horas de duración. Herrera
se reafirmó en la legalidad de todo el proceso y expresó su convencimiento de
que sin la fórmula de concesión los ciudadanos de Burgos no contarían hoy con
un nuevo hospital.
Juan Vicente Herrera hizo ayer historia, al ser el primer presidente castellano
y leonés en comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes. En
medio de una gran expectación, el jefe del Ejecutivo defendió con firmeza «el
carácter plenamente legal»de todo el proceso y el acierto tanto en la fórmula
elegida, la colaboración público-privada, como en el diseño del nuevo Hospital
Universitario de Burgos (HUBU), que requirió adaptaciones a medida que se
ejecutaban las obras para incorporar los nuevos avances médicos y tecnológicos
y atender las nuevas necesidades que iban surgiendo.
Una de las claves de la investigación son los sobrecostes del hospital, pero el
presidente dejó claro desde el principio su punto de partida para analizar este
aspecto. «Estamos ante una caso muy claro de mayor inversión, y no de
sobrecostes». Herrera definió sobrecoste como «un mayor coste por el mismo
proyecto» y lo diferenció de las mayores inversiones, fruto de la necesidad «de
construir un hospital nuevo que finalmente se iba a poner en marcha en 2011, y
no tan sólo el que se proyecto en 2005».
Se aumentó la inversión como consecuencia de «nuevas y mayores necesidades
asistenciales de interés público», con unas modificaciones que se decidieron
«después de intensos procesos de participación y de consulta con los
profesionales y servicios del centro, especialmente en relación con el
equipamiento final necesario para cada uno de ellos».
Las sucesivas ampliaciones del proyecto inicial supusieron que el coste del
hospital de Burgos, incluido el pago de los 14 servicios no asistenciales que
presta la empresa concesionaria hasta el año 2036, pasara de los 883 millones
de euros a los 1.379 millones, IVA no incluido. El incremento del coste está
reflejado en el acta levantado por la Intervención general, que «acreditó que
las mayores inversiones efectivamente se habían realizado en su totalidad»,
recalcó Herrera.
Otro de los aspectos criticados por la oposición se refiere al aumento del
plazo de ejecución de la obra, que inicialmente era de 42 meses y que tras las
ampliaciones abarcó 66 meses.
El incremento del coste es, por tanto, producto de la ampliación del proyecto,
pero también de la obligación contractual de reestablecer el equilibrio del
contrato, según las explicaciones dadas por el presidente de la Junta. Este
recordó que la variación del precio se produce cuando la Tasa Interna de
Retorno (TIR) varía en dos puntos, positivos o negativos. Es el único supuesto,
pues para el resto se aplica el principio de riesgo y ventura propio de la
contratación pública.
Herrera defendió el TIR del contrato del Hospital de Burgos, que es del 7,11%
como uno de los más bajos de los contratos de colaboración público-privada
impulsados por administraciones de todo tipo en España.
Recordó que los 1.379,18 millones de euros del coste final del contrato, con
una anualidad de un promedio de 56,64 millones, incluye la amortización de la
inversión inicial, los gastos imprescindibles para la puesta en marcha del
hospital, las «inversiones temporales» que garantizan el mantenimiento,
reparaciones y reposición y actualización del equipamiento, más el coste de
explotación de los 14 servicios no asistenciales que presta la empresa
concesionaria.
A este respecto, Herrera, recordó que el coste de esos mismos servicios en un
hospital castellano y leonés similar al de Burgos es de 28 o 30 millones de
euros, lo que supondría entre 700 y 750 millones en los 25 años que abarca el
contrato para el HUBU.
El jefe del Ejecutivo insistió en su comparecencia en la legalidad del proceso,
tanto en su inicio como en su desarrollo. Se empleó una fórmula, la
colaboración público-privada, que había introducido la legislación española un
año antes, y el concurso, al que se presentaron ocho agrupaciones de empresas,
se adjudicó a la oferta que «se valoró como la más favorable».
Fue «una solución excepcional a un proyecto tan singular: el único gran
hospital de nueva construcción que dependía desde el primer momento enteramente
de nosotros», explicó el presidente. También recalcó que garantizaba
«plenamente» en el área de Burgos «la asistencia pública, universal y gratuita.
Y la legalidad de las modificaciones se evidencia, según Herrera, en los
dictámenes favorables del Consejo Consultivo de Castilla y León, que tres
dictámenes analizó los reequilibrios económicos, así como en la decisión de la
Fiscalía y la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que decidió
archivar unas diligencias preliminares abiertas por una denuncia sobre
presuntas irregularidades. El Tribunal de Cuentas, explicó Herrera, considera
acreditado que todas las modificaciones del contrato cumplieron los requisitos
que exige la legislación.
Fuente: Correo de Burgos
Juan Vicente Herrera hizo ayer historia, al ser el primer presidente castellano y leonés en comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes. En medio de una gran expectación, el jefe del Ejecutivo defendió con firmeza «el carácter plenamente legal»de todo el proceso y el acierto tanto en la fórmula elegida, la colaboración público-privada, como en el diseño del nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que requirió adaptaciones a medida que se ejecutaban las obras para incorporar los nuevos avances médicos y tecnológicos y atender las nuevas necesidades que iban surgiendo.
Una de las claves de la investigación son los sobrecostes del hospital, pero el presidente dejó claro desde el principio su punto de partida para analizar este aspecto. «Estamos ante una caso muy claro de mayor inversión, y no de sobrecostes». Herrera definió sobrecoste como «un mayor coste por el mismo proyecto» y lo diferenció de las mayores inversiones, fruto de la necesidad «de construir un hospital nuevo que finalmente se iba a poner en marcha en 2011, y no tan sólo el que se proyecto en 2005».
Se aumentó la inversión como consecuencia de «nuevas y mayores necesidades asistenciales de interés público», con unas modificaciones que se decidieron «después de intensos procesos de participación y de consulta con los profesionales y servicios del centro, especialmente en relación con el equipamiento final necesario para cada uno de ellos».
Las sucesivas ampliaciones del proyecto inicial supusieron que el coste del hospital de Burgos, incluido el pago de los 14 servicios no asistenciales que presta la empresa concesionaria hasta el año 2036, pasara de los 883 millones de euros a los 1.379 millones, IVA no incluido. El incremento del coste está reflejado en el acta levantado por la Intervención general, que «acreditó que las mayores inversiones efectivamente se habían realizado en su totalidad», recalcó Herrera.
Otro de los aspectos criticados por la oposición se refiere al aumento del plazo de ejecución de la obra, que inicialmente era de 42 meses y que tras las ampliaciones abarcó 66 meses.
El incremento del coste es, por tanto, producto de la ampliación del proyecto, pero también de la obligación contractual de reestablecer el equilibrio del contrato, según las explicaciones dadas por el presidente de la Junta. Este recordó que la variación del precio se produce cuando la Tasa Interna de Retorno (TIR) varía en dos puntos, positivos o negativos. Es el único supuesto, pues para el resto se aplica el principio de riesgo y ventura propio de la contratación pública.
Herrera defendió el TIR del contrato del Hospital de Burgos, que es del 7,11% como uno de los más bajos de los contratos de colaboración público-privada impulsados por administraciones de todo tipo en España.
Recordó que los 1.379,18 millones de euros del coste final del contrato, con una anualidad de un promedio de 56,64 millones, incluye la amortización de la inversión inicial, los gastos imprescindibles para la puesta en marcha del hospital, las «inversiones temporales» que garantizan el mantenimiento, reparaciones y reposición y actualización del equipamiento, más el coste de explotación de los 14 servicios no asistenciales que presta la empresa concesionaria.
A este respecto, Herrera, recordó que el coste de esos mismos servicios en un hospital castellano y leonés similar al de Burgos es de 28 o 30 millones de euros, lo que supondría entre 700 y 750 millones en los 25 años que abarca el contrato para el HUBU.
El jefe del Ejecutivo insistió en su comparecencia en la legalidad del proceso, tanto en su inicio como en su desarrollo. Se empleó una fórmula, la colaboración público-privada, que había introducido la legislación española un año antes, y el concurso, al que se presentaron ocho agrupaciones de empresas, se adjudicó a la oferta que «se valoró como la más favorable».
Fue «una solución excepcional a un proyecto tan singular: el único gran hospital de nueva construcción que dependía desde el primer momento enteramente de nosotros», explicó el presidente. También recalcó que garantizaba «plenamente» en el área de Burgos «la asistencia pública, universal y gratuita.
Y la legalidad de las modificaciones se evidencia, según Herrera, en los dictámenes favorables del Consejo Consultivo de Castilla y León, que tres dictámenes analizó los reequilibrios económicos, así como en la decisión de la Fiscalía y la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que decidió archivar unas diligencias preliminares abiertas por una denuncia sobre presuntas irregularidades. El Tribunal de Cuentas, explicó Herrera, considera acreditado que todas las modificaciones del contrato cumplieron los requisitos que exige la legislación.
