El Supremo da la razón al Ayuntamiento en el contencioso por el IBI de 2013
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y ratifica la legalidad del tipo impositivo del IBI cobrado en 2013
El Supremo entiende que la modificación de la ordenanza fiscal se ajustaba a derecho
Foronda recrimina el uso “partidista” llevado a cabo por parte de la oposición
El Ayuntamiento no tiene que devolver ni un solo euro de lo cobrado por el IBI en 2013. Y es que, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación presentado tiempo atrás por el Ayuntamiento contra una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) mediante la que se declaraba ilegal la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del cobro del IBI correspondiente a 2013 aprobada en 2012. Dicho auto, que pone fin a la vía judicial, supone una ratificación de las tesis del Equipo de Gobierno, que en todo momento defendió su actuación y la vinculó a la normativa vigente.
El auto del Supremo ratifica que la ordenanza se ajusta a derecho
En este sentido, la resolución del Supremo entiende que la modificación de la ordenanza de 2013 aprobada en 2012 “se ajusta a derecho”. En ella se contemplaban dos parámetros diferentes. El primero, articulado en cumplimiento de la Ley de Racionalización aprobada por Montoro, incluía un incremento lineal del 4 por ciento del tipo impositivo. La segunda contemplaba un incremento a mayores del 1,3 por ciento para determinadas situaciones. En ambos casos, las subidas del tipo impositivo se aplicaban a las propiedades con un valor superior a 75.000 euros, que era el valor medio de los inmuebles según la tasación aplicada en ese momento.
Sin embargo, la interpretación de la normativa llevó a confusión entre diferentes ámbitos y finalmente se decidió recurrir el incremento del tipo impositivo, entendiendo que el Ayuntamiento sólo debería haber incrementado el 4 por ciento planteado en la Ley Montoro, una máxima no compartida ni por el Equipo de Gobierno ni por los técnicos del departamento de Hacienda.
A partir de ese momento arrancó una aventura en los tribunales que ha contado con varios puntos de inflexión. Sin duda, el más importante hasta ahora llegó cuando el TSJ dio la razón a los demandantes, declarando ilegal la modificación de las ordenanzas. Fue entonces cuando más polémica generó el asunto, ya que el Ayuntamiento llegó a recibir alrededor de 18.000 solicitudes de devolución del dinero teóricamente cobrado de más. No obstante, el Equipo de Gobierno se mantuvo firme y, lejos de aceptar esa devolución, recurrió por vía de casación al Supremo, que ha acabado dándole la razón.
Uso partidista
En este sentido, el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, que esta misma mañana ha dado cuenta del contenido de la sentencia, se ha mostrado muy satisfecho por la resolución. “Teníamos los informes preceptivos” y “sabíamos” que se estaba actuando siguiendo los preceptos legales, ha subrayado Foronda al tiempo que cuestionaba el planteamiento “partidista” adoptado por parte de la oposición municipal tras la sentencia del TSJ.
Entonces, ha recordado, Burgos estaba a las puertas de unas elecciones municipales e “imagina Burgos generó una alarma social y se rió de los ciudadanos” haciéndoles creer que tenían derecho a que se les devolviera parte del dinero cobrado a través del IBI de 2013. Eso, a su juicio, es “buscar un voto a costa de una mentira”, lo que acabó derivando en “momentos muy difíciles” para los trabajadores municipales, que vieron cómo se registraban “unas 400” solicitudes de devolución “cada día”.
Fuente: BurgosConecta.es
