LA MALA GESTIÓN POLÍTICA LLEVA A BURGOS A LA RUINA
PP y PSOE se enzarzan con las cláusulas en la deuda del desvío
El grupo socialista «no se resigna» a una quita
por parte de las entidades bancarias / Exigen a Lacalle que asuma su
responsabilidad / Los populares sacan a la palestra a Olivares
La guerra en la falta de acuerdo sobre el convenio para refinanciar la
deuda del consorcio del desvío se recrudece entre los grupos municipales
socialista y popular. Los primeros señalan como culpable de la
situación actual al alcalde, Javier Lacalle, y al acuerdo que firmó en
el año 2014 que abría la vía de la disolución del consorcio si no se
cumplían los pagos aplazados de los años 2014 y 2015 a 31 de marzo de
2016. Las amortizaciones pactadas no se produjeron y, por tanto, desde
el PSOE reclaman que Lacalle asuma sus responsabilidades políticas.
Los
segundos respondieron, a través de una nota de prensa, y sacaron a la
palestra la que llamaron «cláusula Olivares» en referencia al alcalde
socialista y a la actuación que realizó en año 2003 cuando «se decide
constituir» el mencionado consorcio. Según el PP, el artículo 18 de los
estatutos estableció que el Ayuntamiento de Burgos asumiera en el futuro
las obligaciones que no pudiera afrontar el consorcio. «El 11 de abril
de 2003, firmó el alcalde Olivares de su puño y letra la primera
financiación bancaria del consorcio donde el Ayuntamiento figuraba como
avalista y garante de la operación, que ha sido el modelo para todas las
refinanciaciones posteriores firmadas por el consorcio, una novación
que se reprodujo después en las refinanciaciones de 2006, 2008 y 2014»,
indican en una nota de prensa.
Se vive este tira y afloja justo
en la semana en la que se había fijado un Pleno extraordinario que debía
tratar como principal punto del orden del día el convenio para
refinanciar la deuda. Ante el riesgo de que el PP se quedase solo en la
votación del convenio, el alcalde, Javier Lacalle, decidió sacar el
asunto del orden del día. El resto de grupos pidió más tiempo para
estudiar la propuesta con la idea de buscar otra negociación menos
lesiva para el Ayuntamiento. La sesión plenaria se celebró descafeinada
al retirarse este debate que ahora se ha trasladado a los medios de
comunicación en lugar de desarrollarse en el salón municipal.
Los
socialistas reclaman responsabilidades políticas al primer edil y si
este no se plantea dimitir, reclaman que salga públicamente a «pedir
perdón a los burgaleses» por situar al Ayuntamiento en una situación tan
comprometida para su economía, hipotecada durante los próximos 15 años
solo para atender a los requerimientos de las entidades de ahorro. Lejos
de cualquier disculpa, el PP lanza un comunicado para situar ahora en
el punto de mira a Ángel Olivares.
El portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, asegura que un «alcalde decente (en
referencia a Lacalle) jamás hubiera firmado ese convenio, un alcalde
decente de no haber cumplido el compromiso dado a 31 de marzo debía
haber dimitido».
A por una quita
Los
concejales De la Rosa y Antonio Fernández Santos, en nombre de la
formación socialista, no se resignan a que las entidades de ahorro con
las que se negocia para refinanciar la deuda del consorcio del desvío
del ferrocarril realicen una quita sobre una parte de los 167 millones
que se deben en estos momentos.
Recuerdan que las antiguas Caja
de Burgos y Cajacírculo fueron junto al Ayuntamiento de Burgos las tres
entidades que firmaron la constitución del consorcio y aseguran que las
cajas «se han comportado de manera injusta con este Ayuntamiento, con
todos los burgaleses». Fernández Santos insiste en que Caja de Burgos y
Cajacírculo «fueron lo que fueron gracias al ahorro de los burgaleses» y
asegura que «ahora se comportan como auténticos negreros». En el
consejo rector, las fundaciones de ambas entidades no tienen poder
negociador, una de ellas ni acude (la de Cajacírculo), y las matrices
Caixabank e Ibercaja se han opuesto a una quita sobre parte de la deuda.
Los
socialistas insisten en que nada se hizo sobre la propuesta aprobada en
el Pleno, en noviembre de 2014 y a petición del PSOE, para buscar un
gabinete de abogados que estudiase las responsabilidades de todos los
socios del consorcio Caja de Burgos, Cajacírculo y del Ayuntamiento.
«Existía la posibilidad de haber defendido que la responsabilidad no era
única del Ayuntamiento», asegura Fernández Santos.
El PSOE manifiesta que «no van a avalar» con su voto ni el convenio de 2014 ni la propuesta que se tiene encima de la mesa.
Fuente: Correo de Burgos
