Desde esta Asociación nos preguntamos, ¿donde estaba la Asociación de Vecinos del Barrio para defender esto?, tuvo que ser IU y la Asociación Vecinal las Eras de Gamonal las que denunciaran dicha irregularidad, o donde estaba esa Asociación cuando se quería construir en Lavaderos, desaparecida como siempre y tuvo que ser las Eras de Gamonal quien defendiera no hacer pisos.
Los técnicos confirman que el suelo de Juan XXIII es del Ayuntamiento
El Arzobispado pretendía vender una parcela a una sociedad privada para construir un parking subterráneo en un suelo que pertenece a la ciudad. IU lo denunció y los informes le dan la razón
La indefinición sobre la titularidad de estos suelos ha catalizado la polémica. Jesús J. Matías
Á.M. /Burgos
Abril de 2011. El concejal de Fomento y candidato del PP a la
Alcaldía, Javier Lacalle, y los representantes de una empresa privada
(Burgos Gestión Aparcamientos) dan una rueda de prensa en dependencias
municipales para anunciar que la firma va a adquirir una parcela del
Arzobispado en Juan XXIII, de 3.000 metros cuadrados, para construir un
parking subterráneo con 280 plazas. Se dice que es inminente.
Mayo de 2011. Izquierda Unida da una rueda de prensa en la que muestra documentación que sostiene su tesis de que el terreno en cuestión no pertenece a la Iglesia, sino al Ayuntamiento. Critica tanto al PP por no defender los intereses municipales como a la oposición por no estar sobre la problemática, y exige que se aclare la cuestión. El Ayuntamiento encarga los oportunos informes técnicos.
Septiembre de 2011. Dos informes técnicos municipales señalan, de forma inequívoca, que el suelo es efectivamente municipal y que el Ayuntamiento debe cumplir la Ley exigiendo que quede registrado únicamente a su nombre. Lo piden porque es ahí donde radica el problema, en una doble inscripción catastral que esconde una historia muy compleja que ayer explicaron el vicealcalde Ibáñez, primero, y el concejal de Patrimonio Municipal, Eduardo Villanueva, después.
La historia, llevada a mínimos, es que en su momento la parcela sí perteneció a la Iglesia. Una congregación de monjas solicitó licencia para construir un colegio femenino, permiso que fue denegado por el Ayuntamiento por la necesidad de dejar espacios libres en el ya por entonces saturado barrio.
Tras años de tira y afloja, al final la congregación y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo de permuta. Dieron a las monjas 17.000 metros cuadrados de suelo municipal en el Camino de los Andaluces y casi cuatro millones de pesetas por no haber podido usar el suelo, que había sido ocupado por el vecindario como zona de ocio y esparcimiento, a cambio de la parcela. Eso se firmó en 1982.
En 1997 un Real Decreto habilitó a la Iglesia a registrar suelo a su nombre por el principio de «exceso de cabida» que, básicamente, permite usar el archivo eclesiástico como prueba para definir los límites del suelo que pertenecía a las congregaciones y registrar las parcelas implementando aquellos espacios perimetrales que, aun siendo de su pertenencia, quedaron liberados para uso público. En base a ese principio, el Arzobispado inscribió catastralmente la parcela a su nombre en 2009.
Sin embargo, son numerosas las pruebas aportadas por los técnicos: desde la hoja del Registro de la Propiedad hasta la petición de un vallado de la finca de la Iglesia en los años 70 que ya definía el espacio que le pertenecía, y que no es el que reclama ahora.
«Ya hemos informado al Arzobispado, que podrá hacer sus alegaciones, y si no hay acuerdo tendríamos que ir a los tribunales para dirimir la cuestión», anunció Ibáñez. Todo eso se traduce en que IU tenía razón y que el Ayuntamiento será quien ingrese el dinero si finalmente sale adelante el proyecto del parking. Salvo que los tribunales digan lo contrario.
Mayo de 2011. Izquierda Unida da una rueda de prensa en la que muestra documentación que sostiene su tesis de que el terreno en cuestión no pertenece a la Iglesia, sino al Ayuntamiento. Critica tanto al PP por no defender los intereses municipales como a la oposición por no estar sobre la problemática, y exige que se aclare la cuestión. El Ayuntamiento encarga los oportunos informes técnicos.
Septiembre de 2011. Dos informes técnicos municipales señalan, de forma inequívoca, que el suelo es efectivamente municipal y que el Ayuntamiento debe cumplir la Ley exigiendo que quede registrado únicamente a su nombre. Lo piden porque es ahí donde radica el problema, en una doble inscripción catastral que esconde una historia muy compleja que ayer explicaron el vicealcalde Ibáñez, primero, y el concejal de Patrimonio Municipal, Eduardo Villanueva, después.
La historia, llevada a mínimos, es que en su momento la parcela sí perteneció a la Iglesia. Una congregación de monjas solicitó licencia para construir un colegio femenino, permiso que fue denegado por el Ayuntamiento por la necesidad de dejar espacios libres en el ya por entonces saturado barrio.
Tras años de tira y afloja, al final la congregación y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo de permuta. Dieron a las monjas 17.000 metros cuadrados de suelo municipal en el Camino de los Andaluces y casi cuatro millones de pesetas por no haber podido usar el suelo, que había sido ocupado por el vecindario como zona de ocio y esparcimiento, a cambio de la parcela. Eso se firmó en 1982.
En 1997 un Real Decreto habilitó a la Iglesia a registrar suelo a su nombre por el principio de «exceso de cabida» que, básicamente, permite usar el archivo eclesiástico como prueba para definir los límites del suelo que pertenecía a las congregaciones y registrar las parcelas implementando aquellos espacios perimetrales que, aun siendo de su pertenencia, quedaron liberados para uso público. En base a ese principio, el Arzobispado inscribió catastralmente la parcela a su nombre en 2009.
Sin embargo, son numerosas las pruebas aportadas por los técnicos: desde la hoja del Registro de la Propiedad hasta la petición de un vallado de la finca de la Iglesia en los años 70 que ya definía el espacio que le pertenecía, y que no es el que reclama ahora.
«Ya hemos informado al Arzobispado, que podrá hacer sus alegaciones, y si no hay acuerdo tendríamos que ir a los tribunales para dirimir la cuestión», anunció Ibáñez. Todo eso se traduce en que IU tenía razón y que el Ayuntamiento será quien ingrese el dinero si finalmente sale adelante el proyecto del parking. Salvo que los tribunales digan lo contrario.
Fuente: Diario de Burgos.
