jueves, 28 de septiembre de 2017

ESTO SUCEDE CUANDO LAS COSAS SE HACEN MAL

El Consejo de Cuentas concluye que el contrato de recogida de basuras no es legal

El Consejo de Cuentas de Castilla y León emite un informe en el que concluye que “el Ayuntamiento de Burgos no cumple con la legalidad” en el contrato de recogida de basuras
Los socialistas exigen al Equipo de Gobierno que tome cartas en el asunto de manera inmediata y paralice la prórroga, advirtiendo de la posibilidad de acudir a los tribunales

El Consejo de Cuentas concluye que el contrato de recogida de basuras no es legal 
 Semat se encarga de la recogida de residuos. GIT
Tirón de orejas del Consejo de Cuentas de Castilla y León. El principal órgano de fiscalización de la actuación de las instituciones públicas en la comunidad autónoma acaba de emitir un informe que pone en tela de juicio la legalidad del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, uno de los contratos -si no el que más- de mayor cuantía de los que sostiene el Ayuntamiento en su día a día. De hecho, el informe, que se ha emitido con carácter de definitivo, concluye taxativamente que “el Ayuntamiento de Burgos no cumple con la legalidad” en diferentes fases del procedimiento de contratación, como las actuaciones preparatorias, la adjudicación y la modificación del contrato llevada a cabo tiempo atrás.
El contrato se firmó en 2008 y ya está activada la opción de prórroga de al menos, un año más
Así lo ha dado a conocer hoy el Grupo Municipal Socialista, que apenas una jornada después de recibir el correspondiente informe ha puesto sobre la mesa la necesidad de afrontar la situación y ponerla remedio cuanto antes para evitar un hipotético procedimiento judicial que los propios socialistas están dispuestos a abrir en caso de que el Equipo de Gobierno municipal no tome cartas en el asunto de manera inmediata.
Por partes. En enero de 2008, el Ayuntamiento de Burgos firmó con Semat el contrato de prestación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria. Aquel contrato, de diez años de duración con posibilidad de hasta dos prórrogas de un año, derivaba de otro anterior, también firmado con Semat, que fue declarado nulo por la justicia.
Según han explicado los concejales socialistas Daniel de la Rosa y David Jurado, ya en el momento de la firma se establecía un canon anual de 12 millones de euros por los trabajos de recogida de basuras y otros 6,2 millones por la limpieza viaria. Posteriormente, ya en 2009, se firmó un modificado del contrato para incluir también la limpieza de parques y jardines, por lo que el canon se incrementó hasta los 18,85 millones de euros.
Pues bien, según asegura ahora el Consejo de Cuentas, la tramitación, adjudicación y seguimiento del contrato no se ha realizado como marca la ley. A grandes rasgos, lo que viene a decir en su informe el organismo fiscalizador es que los criterios de adjudicación no se ajustaron a planteamientos objetivos, que el procedimiento de revisión de precios es “manifiestamente insuficiente”, que la tramitación del modificado no está debidamente justificada y que “no hay justificación documental, en su aplicación, de las funciones de control”.
Así de hecho se lo hizo saber el Consejo de Cuentas al Ayuntamiento en mayo de este año, cuando le remitió el informe provisional. Un documento al que el Ayuntamiento presentó 64 alegaciones que, a pesar de ser aceptadas en parte (un total de 20), no han cambiado la conclusión general del organismo, que continúa siendo que el Ayuntamiento no ha cumplido la legalidad.

Responsabilidades

Ahora, una vez conocido el informe, los socialistas exigen que el Equipo de Gobierno ataje la situación de inmediato, empezando por paralizar la primera prórroga del contrato, que ya está enfilada. En este sentido, Jurado ha insistido en que, si bien ya ha pasado el plazo legal para informar a la empresa de que no se prorrogará automáticamente, el Ayuntamiento puede activar un procedimiento para paralizar dicha prórroga con las conclusiones del informe del Consejo de Cuentas sobre la mesa.
A mayores, los socialistas avisan de que el propio Tribunal de Cuentas del Estado podría actuar de oficio y abrir la vía judicial. Una vía que, en caso de que el Equipo de Gobierno no solucione la “chapuza”, abrirán los propios socialistas. Y es que, según Jurado, estamos ante “graves irregularidades” en la gestión de un contrato que en 2016 supuso un coste para las arcas municipales de 15,6 millones de euros. Unas irregularidades de las que deberían responder la concejal delegada del área, Carolina Blasco, o, en su defecto, el propio alcalde, Javier Lacalle, según los socialistas.
Fuente: BurgosConecta.es