Denuncian ante la fiscalía al consejero de Sanidad de Castilla y León
Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, ha remitido una solicitud a la Fiscalía Superior de Castilla y León
para que se inicie una investigación de oficio tras la polémica
suscitada por el ‘maquillaje’ de las listas de espera quirúrgicas del Hospital Universitario de Burgos, y ante la negativa del consejero de Sanidad de no atender la petición de dimisión presentada por dicha asociación.
En la misiva remitida a la fiscal superior de dicha comunidad autónoma, Mª Lourdes Rodríguez Rey, el Defensordel Paciente califica la orden de retrasar las listas de espera para que los pacientes fuesen atendidos como “un atentado” en contra de los pacientes quienes, en la búsqueda de mejorar su salud, pueden perder su calidad de vida y su trabajo.
Además, la asociación presidida por Carmen Flores se ha visto en la obligación de fundamentar su petición en base al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
la cuál obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran
noticia de algún delito público lo denunciasen inmediatamente al Juez o
al Fiscal, al entender que “se ha puesto en riesgo la vida de los ciudadanos enfermos”;
La solicitud se produce cinco días después de que el Defensor del Paciente pidiese públicamente la dimisión inmediata del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado,
con motivo de una circular -conocida y ordenada por la propia
Consejería- en cuyas propuestas de mejoras se incluía la obligación de
retrasar lo más posible la inclusión de los pacientes en la lista de
espera quirúrgica para que ésta no se saturase.
Un documento por el cual, 24 horas después de su envío, la Consejería de Sanidad emitió un comunicado en el que notificaba la dimisión de la responsable del área quirúrgica del Hospital de Burgos. Sin embargo, el presidente de los representantes del personal sanitario del hospital, Pablo Oyaguez, se muestra partidario de la solicitud enviada por el Defensor del Paciente pidiendo para ello dimisiones al más alto nivel, entre ellas la de Sáez Aguado, pues cree probable que ese tipo de propuestas puedan aplicarse al resto de hospitales de SACYL -Sanidad de Castilla Y León- puesto que “ninguna gerencia toma decisiones así sin que la Consejería lo conozca y lo autorice”, asegura Oyaguez.
Una madeja de complicado desentrañe, que hoy miércoles empieza a ser
investigada en las Cortes de Castilla y León. Pero ¿qué es la trama
éólica? En síntesis: cargos de la Junta de Castilla y León, en supuesta
connivencia con algunas empresas de la comunidad, cobraron 110 millones
de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio
centenar de los 241 parques eólicos sembrados por la comunidad en los
diez últimos años de despegue de esta energía ‘verde’. La fuente
principal: un informe realizado por un inspector de la Agencia
Tributaria del que todo el mundo habla pero que (dicen) nadie tiene, a
excepción de Tomás Herranz, el fiscal anticorrupción encargado del caso,
que tiene a tres equipos especializados trabajando desde diciembre de
2014.
Entender bien todo el asunto no es fácil, por eso te damos aquí seis claves par apoder comprender mejor un asunto enrevesado.
1.- Los nombres propios.
El listado de comparecencias del PSOE arranca con J. M. T.
M., el inspector de la Agencia Especial de la Administración Tributaria
en Castilla y León autor del informe sobre el que se asienta la razón de
ser de la propia comisión investigadora. Le sigue Georgina de la
Lastra, delegada especial de dicha agencia. Federico Trillo-Figueroa, el
exministro y actual embajador español en Reino Unido y, en las fechas
de los hechos que se investigan, en Estudio Labor. El exdiputado Vicente
Martínez-Pujalte y la exdiputada vallisoletana Ana María Torme,
copropietarios de Sirga XXI. Los tres, asesores de empresas mencionadas
en el informe, como el Grupo Collosa. En sexto lugar (aunque es la
primera vez que se menciona su nombre vinculado a la trama) aparece la
exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, seguida del exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, la
exviceconsejera Begoña Hernández y el exviceconsejero Rafael Delgado. Se
piden también las comparecencias del actual director general de Energía
y Minas, Ricardo González Mantero, y dos de sus antecesores en el
cargo, Manuel Ordóñez y Luis Carlos Escudero, además del director
general de calidad ambiental, José Manuel Jiménez y la exdirectora
general de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, Rosa Ana
Blanco Miranda, junto con dos exdirectores de Calidad Ambiental, José
Antonio Ruiz y Jesús Rodríguez Romo. El exconsejero delegado de la
empresa pública Excal, Alberto Esgueva, y Francisco Esgueva, del Grupo
San Cayetano, figuran en los puestos 17 y 18 del listado. Los
exapoderados mancomunados de las empresas Iberdrola Renovables (antes
Biovent), Ricardo Bravo y Rafael Icaza de la Sota. Se pide además que
declare el hermano de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente,
Eugenio García Tejerina, de Apecyl, la Asociación de Promotores de
Energía Eólica de Castilla y León, y Andrés Martín de Paz, exdirector
general de Deportes con Villanueva. Además de todos los delegados
territoriales de la Junta en las nueve provincias, los jefes de servicio
de Industria y los de Medio Ambiente desde 1995.
2.- Los documentos.
El principal, el informe elaborado por la Agencia Tributaria
remitido a Anticorrupción. Ya ha sido solicitado. Además, se pide una
relación de todas las instalaciones de este tipo inscritas en el
registro oficial desde 1995, los acuerdos por los que se nombra y cesa a
Alberto Esgueva consejero delegado de Excal y director del área de
Creación e Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de
Inversiones.
3.- Declaraciones de bienes.
Se persigue detectar si existió enriquecimiento o beneficio
ilícito, comparando los bienes de los cargos públicos cuando entraron y
cuando cesaron en sus puestos. La petición se extiende a prácticamente
todas las personas llamadas a declarar.
4. Las empresas.
Energía Global Castellana (extinguida) se constituyó entre
San Cayetano e Iberdrola Renovables Castilla y León. Se han pedido las
escrituras de constitución de la primera, en 2004; su venta de acciones
por los hermanos Esgueva a Iberdrola Renovables, que las compró por 47
millones cuando estaban valoradas inicialmente en 24.000 euros, según el
PSOE.
5.- Coincidencias.
Algunos de los nombres de excargos, empresarios y sociedades
que figuran en la relación supuestamente implicados en la trama de los
eólicos aparecen en otros informes policiales y tributarios solicitados
por la Fiscalía de Valladolid en las diligencias abiertas desde 2013 en
el Juzgado de Instrucción número 2 sobre las operaciones urbanísticas de
compraventa del edificio de Arroyo de la Encomienda, actual sede de ADE
y la Consejería de Economía y Hacienda, y el parque empresarial de
Portillo. Hay una veintena de personas que serán llamadas a declarar en
calidad de investigados cuando el juez disponga de toda la documentación
solicitada.
6.- Funcionamiento.
La pretensión de los ‘populares’ en la comisión que presiden
es, aseguran, «agilizar» el trabajo y los tiempos. De entrada,
consideran «excesivos» los papeles solicitados por el PSOE y ven más
asumible acotar y pedir la que la Junta remitió en verano a la Fiscalía
Anticorrupción. Este será un primer escollo en la negociación. Habrá,
como barruntan, discrepancias en el número y nombres de los
comparecientes. Otra dificultad que tendrán que sortear durante todo el
tiempo que duren los trabajos es el secreto que impone el reglamento de
las Cortes. Aunque esta regla se flexibilizará en las comparecencias,
los declarantes tienen derecho a pedir que sus intervenciones sean
secretas. También, aunque obligados a comparecer, pueden negarse a
declarar como ocurre en los juzgados.
Concentración frente al HUBU contra las listas de espera
La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos hace un
llamamiento a la ciudadanía para que el próximo jueves 4 de mayo salga a
la calle y se concentre, a las 19:00 horas, frente al Hospital
Universitario de Burgos "para reclamar públicamente soluciones y
responsabilidades".
El reciente escándalo provocado por evidencia de que las Listas de Espera Quirúrgicas son maquilladas
La irresponsable respuesta con la que la Consejería de Sanidad ha cerrado el asunto
La propia existencia de las vergonzosas esperas para cirugía y
para consultas y pruebas especializadas que atentan contra la dignidad
de las personas
La creciente indignación de la gente ante la incapacidad de nuestros gestores sanitarios para resolver el problema
Desde la Plataforma admiten que se ven obligados, una vez
más, a defender la sanidad pública, a los pacientes y a los
profesionales en la calle ante los últimos acontecimientos.
La vida de lujo en la trama eólica: un BMW en 'cash', cuentas en Mónaco y firmas en Panamá
Rafael Delgado, alto cargo de Castilla y León durante 16 años, amasó una fortuna en comisiones. Anticorrupción detalla su tren de vida y sus ingresos desde Suiza y Mónaco
Tomás Villanueva (izquierda) y su mano derecha, Rafael Delgado. (EFE)
Rafael Delgado Núñez, exviceconsejero de Economía de Castilla y León, manejó una fortuna con las comisiones de los parques eólicos. Así se desprende de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que destaca su alto tren de vida, con pagos desde Suiza a través de testaferros, el uso de empresas en Panamá, la compra de un BMW X5 con 55.000 euros en metálico, un Jaguar, un chalé en Comillas y dos viviendas en Valladolid para las que oficialmente no soltó un euro. Delgado fue entre 1996 y 2011 un hombre de confianza de Tomás Villanueva, todopoderoso político en Castilla y León, junto con Juan Vicente Herrera, hasta que, al saltar la trama eólica hace dos años, dejó la política.
"Rafael Delgado ha dispuesto entre los años 2006 a 2015 de bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior", sostiene la querella de Anticorrupción, que dirige Manuel Moix. Delgado llevaba media vida en política. Entre 1995 y 1999 fue secretario general de Industria. Entonces pasó a ser secretario general de Educación, cargo que ocupó hasta 2003. Después ascendió a viceconsejero de Economía (2003-2007) y finalmente a secretario general de esa consejería (2007-2011). En todos los cambios de departamento acompañaba a Tomás Villanueva. Al salir de la Junta, Delgado constituyó dos empresas: Samuño Activos y Delgado Núñez ConsultingPero las empresas con una boyante actividad económica no eran esas. Las que de verdad movían dinero las manejaba un abogado y amigo suyo de la infancia, Jesús Rodríguez Recio, al que la fiscalía señala como testaferro. Este constituyó Tough Trade SA, especializada en renovables, aunque no tenía experiencia en el sector. En sus declaraciones en Anticorrupción, Rodríguez Recio declaró "que en los últimos años realiza sus actividades en colaboración con Rafael Delgado, con quien le une una estrecha amistad". Allí sostuvo que "ha pagado todos los gastos de Rafael Delgado por amistad"..
Un amigo de la infancia de Delgado afirma que ha pagado todos sus gastos "por amistad". La fiscalía sostiene que en realidad es un testaferro
Pero las empresas con una boyante actividad económica no eran esas. Las que de verdad movían dinero las manejaba un abogado y amigo suyo de la infancia, Jesús Rodríguez Recio, al que la fiscalía señala como testaferro. Este constituyó Tough Trade SA, especializada en renovables, aunque no tenía experiencia en el sector. En sus declaraciones en Anticorrupción, Rodríguez Recio declaró "que en los últimos años realiza sus actividades en colaboración con Rafael Delgado, con quien le une una estrecha amistad". Allí sostuvo que "ha pagado todos los gastos de Rafael Delgado por amistad".
La fiscalía aporta una serie de pagos y movimientos bancarios que le llevan a la convicción de que en realidad "actuó como testaferro de Rafael Delgado". La empresa suiza Nehmo holding es clave en el entramado. Fue creada en 2009, cuando el 'boom' de la eólica, con acciones al portador, de forma que no consta en los registros mercantiles. Sin embargo, Jesús Rodríguez Recio ha reconocido que las acciones son suyas, siempre según la querella de la fiscalía, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Anticorrupción abrió diligencias hace dos años tras una denuncia de la Agencia Tributaria. Durante este tiempo el fiscal Tomás Herranz ha tomado declaración a empresarios que han corroborado el sistema instalado en Castilla y León. No es solo Delgado el exalto cargo señalado. Alberto Esgueva, que coincidió con él en una empresa pública de la consejería, es otro de los querellados. Según Anticorrupción, una empresa de Esgueva recibió 47,1 millones de Iberdrola sin "lógica empresarial" conforme se iban aprobando parques eólicos. El 27 de enero de 2005, Delgado compró a Esgueva y a su esposa, María del Mar Moreno, un chalé en Comillas (Cantabria) por 251.380 euros. La fiscalía no ha hallado pruebas de que Delgado pagara por ese chalé. "Para adquirir el inmueble no necesitó aportar cantidad alguna de su peculio personal ni consta que entregara dicha cantidad al vendedor". La hipoteca la pagaba Tough Trade, la sociedad del amigo/testaferro Rodríguez Recio.
Delgado pagó 55.000 euros en metálico por un BMW y ya tenía un Jaguar. Compró tres viviendas con dinero procedente de Suiza, según la fiscalía
Delgado compró también a la mujer de Esgueva un piso en Simancas (Valladolid) por 330.000 euros, por debajo del valor de tasación. De nuevo, Delgado no pagó por la vivienda. Según la querella presentada por el fiscal Tomás Herranz, los pagos de la hipoteca procedían de sociedades que a su vez "se nutren de fondos procedentes de las cuentas suizas de Nehmo Holding" y de pagos de otros empresarios. Carlos Galdón, exconsejero delegado de Glaxo en España y empresario de las renovables, fue, según Anticorrupción, uno de los que entró por el aro de las comisiones. Lo hizo con su empresa Avanzalia Solar. Pagó, siempre según la querella, pagó 4,35 millones a un empresario, Francisco Aguirre, por agilizar los permisos. Anticorrupción denuncia que este se repartió este dinero con Delgado. "Esta cantidad fue ingresada por Carlos Galdón en el Principado de Mónaco en sendas cuentas abiertas en el Lloyds Bank a nombre de las sociedades panameñas Cider Trade SA y Pelton Corp Inc", señala la querella. Los 2,2 millones de los que Delgado "ha dispuesto en provecho propio", la mitad que le correspondía, viajaron después de Mónaco a la sociedad suiza Nehmo Holding y de ahí volvían a España, a su amigo y testaferro, el que le pagaba los gastos y las viviendas. Cuando en 2015 este diario desveló que Delgado controlaba una sociedad en Panamá, este amenazó por burofax con demandar a El Confidencial. Nunca lo hizo.
No solo hay un entramado 'offshore' y compras de pisos que Anticorrupción considera injustificadas, sino que Delgado movió gran cantidad de dinero en efectivo. El 26 de mayo de 2006, Delgado se compró un BMW X5, un todoterreno, "pagando al contado 55.000 euros" y financiando el resto. Entonces ya era viceconsejero de Economía. La querella afirma que "no consta el origen de la cantidad pagada en metálico que no se obtuvo de sus cuentas bancarias y que, por su importe, no pudo tener origen en los ingresos legales y ordinarios derivados de su actividad profesional". El mismo día de la compra alguien retiró 55.000 euros de la sociedad Aguiase, la que había cobrado de Carlos Galdón por la tramitación de los parques eólicos. Un año antes, Delgado había obtenido un Jaguar valorado en 56.000 euros a través de Aguiase que, de nuevo, había recibido los fondos desde Tough Trade.
Delgado se gastó 19.400 euros en una televisón y ofreció 1,5 millones de euros a una 'start-up'
En esos años, Delgado compró otro piso en Valladolid por medio millón de euros. Según la fiscalía, de nuevo se paga "con fondos ajenos a Rafael Delgado". Es otra vez Touhg Trade, la empresa de su amigo y testaferro la que abona la hipoteca. En ese piso instaló "una televisión de alta definición con tecnología full led, blue ray incorporado y soporte de suelo motorizado (55 pulgadas) que Rafael Delgado compró en diciembre de 2012 por 19.370 euros". La megatelevisión la pagó Delgado Núñez Consulting, pero solo gracias a que dos días antes había recibido una transferencia de Tough Trade de 19.400 euros. Además de sus inversiones inmobiliarias, Delgado movió el dinero en el sector de las 'start ups'. Contactó con el reconocido empresario Carlos Marqueríe, al que le dijo que tenía 1,5 millones para invertir. Le dijo que el dinero procedía de la sociedad radicada en Polonia Kronos (con la que la de Alberto Esgueva construye edificios en Polonia).
Uno de los edificios de oficinas construidos por Alberto Esgueva en Varsovia.
Esgueva, otro de los principales beneficiados, ha optado por una vía más discreta. Se ha ido a Varsovia, donde abrió una oficina la Junta de Castilla y León cuando él era el responsable de ayudar a la internacionalización de las empresas. Allí construye edificios de lujo y lleva una vida de respetable empresario. El movimiento de dinero en el exterior y que efectivamente levante grandes edificios ha dificultado la investigación. La fiscalía pide comisiones rogatorias a Suiza y Mónaco. Pese a su tren de vida, en 2011, 2012 y 2013, Delgado declaró en la renta unos ingresos de 53.954 euros, 24.000 euros y 14.200 euros. La Agencia Tributaria, la primera que denunció el caso hace dos años, considera que eran mucho mayores y por eso está acusado de tres delitos fiscales, que se suman a los de prevaricación y cohecho.
El PP asume la responsabilidad política de falta de supervisión de los fondos europeos
Los ‘populares’ reconocen que
no controlaron con “exhaustividad” los programas de movilidad y que “se
fiaron” del Plan Estratégico y Civinet Se ha rechazado la petición de dimisión de Gema Conde, por
“desproporcionada”, y la de Carolina Blasco como edil de Innovación y
Desarrollo Sostenible La comisión ha aprobado el dictamen de Cs, con votos de PP y no
adscritos, en el que se incluye una “amonestación pública” a Mario
Sanjuán
El Pleno deberá ratificar el dictamen. GIT
El Partido Popular está
dispuesto a asumir la responsabilidad política derivada de una falta de
supervisión de la gestión de fondos europeos asociados a programas de
movilidad, si bien rechaza que la misma se traduzca en dimisiones o
ceses. Así se ha quedado puesto de manifiesto durante la última reunión
de la comisión de investigación, en la que se ha aprobado con
los votos del PP, Cs, Silvia Álvarez de Eulate y Fernando Gómez el
dictamen presentado por la formación naranja. En frente, PSOE e Imagina con sus propias conclusiones.
La portavoz de Cs en el Ayuntamiento,
Gloria Bañeres, considera que ha quedado demostrado que los sucesivos
concejales de Movilidad no ejercieron la supervisión exigible en la
gestión de PTP-Cycle, SmartMove, Velocittá y CityMobilNet, cuatro programas financiados con fondos europeos cuya gestión correspondía al Ayuntamiento de Burgos, o al Plan Estratégico,
y que acabaron en manos de la red Civinet. En concreto, PTP-Cycle,
SmartMove y Velocittá pasaron a la red, siendo CityMobilNet es el único
que ha sido gestionado directamente el Consistorio.
En los tribunales existe una denuncia por falsedad documental ante una presunta falsificación de firmas
Velocittá se traspasó por acuerdo de los
gerentes de Plan Estratégico y Civinet, Mario Sanjuán y José María
Díez, según se recoge en el documento de conclusiones, sin aparentemente
el conocimiento del político responsable. De ahí la denuncia interpuesta por Carolina Blasco por falsedad documental,
al detectar una presunta falsificación de su firma en las
autorizaciones. Mientras, Díez convenció al entonces concejal Esteban
Rebollo para traspasar PTP-Cycle y SmartMove. Sin embargo, ni Rebollo ni
Gema Conde supervisaron el trabajo de Díez en Civinet.
Por todo ello, Ciudadanos considera que
ha habido una dejación de funciones, falta de supervisión, y el Partido
Popular lo asume. Está dispuesto a reconocer que no se hizo un control “exhaustivo”,
que se fiaron del Plan Estratégico y de Civinet y que los fondos
europeos se pusieron en riesgo, “aunque este no se materializó”, ha
explicado el actual edil de Movilidad, Jorge Berzosa. Con la
investigación se han dado cuenta de que la gestión de los fondos
europeos es “muy complicada”, y exige una mayor vigilancia, que en este
caso no se hizo.
Sin dimisiones
No obstante, en la comisión también se
ha demostrado que no ha existido desviación de subvenciones. Los
programas de movilidad se han ejecutado, “no falta ni un duro”,
ha asegurado Berzosa, así que el Partido Popular ha rechazado la
propuesta de Cs de dimisión de Gema Conde, como edil de
Movilidad con más responsabilidad (estuvo un año al frente del área) y
todavía en activo. A los “populares” les parecía “desproporcionado”, y
han conseguido convencer a Cs de que asumiendo esa responsabilidad
política conjunta era “suficiente” para sacar el dictamen.
Sanjuán ha afirmado que estudiará el dictamen por si tiene que defenderse con una querella
Del mismo modo, el Equipo de
Gobierno ha rechazado la petición que hacían PSOE e Imagina de dimisión
de Carolina Blasco como edil de Innovación y Desarrollo Sostenible,
a la que consideran “responsable subsidiaria” de lo ocurrido. Jorge
Berzosa ha explicado que la gestión de los proyectos siempre dependió de
los concejales de Movilidad, aunque Blasco estuviese como representante
municipal en Civinet, y ha asegurado que la petición no era compartida
ni por Cs ni por los ediles no adscritos, ya que todos han votado en
contra del documento conjunto.
Amonestación pública
Así las cosas, la comisión de
investigación se cierra con una asunción pública de responsabilidades
políticas por falta de supervisión, sin consecuencias prácticas, y con
el compromiso de que a partir de ahora todos estos proyectos de fondos
europeos se gestionen desde la Sociedad de Promoción, bajo la
supervisión expresa de técnicos y políticos. Igualmente, el dictamen
incluye una “amonestación pública” al gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuán, por no comparecer en la comisión y por no aportar toda la documentación e información solicitada.
Ciudadanos era partidario de exigir el
cese inmediato, pero dado que el Plan Estratégico se encuentra en fase
de disolución parece innecesario. Eso sí, el PP considera que Sanjuán es responsable también de lo ocurrido,
puesto que José María Díez era técnico del Plan Estratégico y, bajo ese
paraguas, creó Civinet y realizó los traspasos de gestión. Las críticas
y acusaciones a Sanjuán podrían traer consecuencias judiciales, ya que
el gerente ha afirmado en nota de prensa que estudiará el dictamen para
“poder defenderse en los tribunales mediante la querella oportuna”.
Cabe destacar que Fernando Gómez ha
emitido un voto particular, ya que no comparte las críticas vertidas
contra Sanjuán y el Plan Estratégico. Sin apoyos se han quedado
PSOE e Imagina, cuyo dictamen se ha votado también, pero solo ha
conseguido 13 votos frente a los 14 del dictamen de Cs. Al
resto de la comisión no solo no le ha gustado la petición de dimisión de
Blasco, sino que tampoco estaban de acuerdo con su solicitud de
reprobación al alcalde. El dictamen tendrá que ratificarse ahora en el
Pleno ordinario de mayo.
La burgalesa Concepción Dancausa, denunciada por la Fiscalía por un delito societario en Madrid
Según informa el diario 'El País', el motivo son unas presuntas
irregulridades en una operación en Mercamadrid que fue denunciada hace
un año por la actual presidenta, Marta Higueras.
La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia que, entre otros, se dirige contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la burgalesa Concepción Dancausa, por un delito societario, según han confirmado fuentes fiscales.
El motivo, según ha adelantado el diario 'El País', es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de
denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta
sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con "responsabilidades políticas por mala gestión".
En ese extenso informe, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de
un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar
un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente
lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria",
apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno
en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un
drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio anual" de
Mercamadrid", señalaba la denuncia. Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene
hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11
millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le
dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio". Fuente: Tribuna Burgos
Sorprendidos de madrugada mientras intentaban robar en la Real y Antigua
Agentes de la Policía
Nacional y Local detuvieron la pasada madrugada a dos individuos que
intentaban forzar la entrada de la Real y Antigua de Gamonal
Fue un vecino el que alertó a los agentes de la presencia de los individuos
Los ladrones intentaban entrar en la iglesia. PCR
Agentes de la Policía Local y Nacional han presentado
en comisaría, en calidad de detenidos, a dos varones de 37 y 27 años de
edad cuya identidad responde a las iniciales N.C.C. y A.M.R,
respectivamente, tras sorprenderlos cuando forzaban la puerta de la iglesia de la Real y Antigua de Gamonal.
Los hechos se produjeron sobre las cinco y cuarto de la madrugada de
hoy, cuando una llamada alertó a la Policía Local sobre unas personas
que estaban forzando la puerta de la iglesia. Recibido el aviso, varias
dotaciones de Policía Local y Nacional se personaron en el templo, donde
observaron cómo dos personas que se encontraban agachadas, manipulando la puerta lateral. Al detectar la presencia policial, emprendieron la huida por separado, desprendiéndose en la fuga de un bulto que soltaron en las inmediaciones de la puerta.
Uno de los fugados fue interceptado en la carretera de Poza. Se encontraba indocumentado. El segundo de los fugados fue interceptado en la calle Pedro Alfaro, con unos calcetines enguantados en las manos, de los que aún no había conseguido desprenderse en el fragor de su huida.
Una vez identificados, se les encontró entre sus pertenencias dos destornilladores, una cizalla, una linterna, una bolsa de deporte y un par de calcetines.
Acto seguido fueron informados de los motivos de su detención y
trasladados a comisaría, donde han pasado a disposición judicial.
La puerta de la iglesia presentaba varias muescas y
consiguieron entreabrirla, pero no acceder al interior del templo.
Inmediatamente, se localizó al párroco para informarle de lo sucedido.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha incluido a Jesús Arranz Monje y Ángeles Monje
Gutiérrez en la lista de investigados por la Operación Lezo, en la que
se investiga una presunta trama de corrupción en el seno del Canal
Isabel II y de financiación ilegal del Partido Popular, según informa
Europa Press. En el auto remitido por el magistrado titular del Juzgado
Central nº6 de la Audiencia Nacional, se recogen hasta sesenta investigados (no todos imputados), una lista que encabeza Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid detenido el pasado 19 de abril.
Lista de investigados. BC
La inclusión de los Arranz en la investigación no sorprende después de saber que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron registros el
pasado jueves a las sedes que la constructora Arranz Acinas tiene en
Burgos. en calidad de investigados se encuentran también nombres tan
conocidos como el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, Juan Miguel
Villar Mir, responsable de la constructora OHL, y el que fuera
vicepresidente de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López
Viejo.
La Operación Lezo arrancó el pasado 19 de abril con la detención de 12 personas,
entre ellos, Ignacio González. A esas primeras detenciones se le sumó
el viernes la de Javier López Madrid, consejero de OHL. Se les acusa de
los delitos de malversación, organización criminal, cohecho, falsedad
documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude. En el caso de
los Arranz Acinas se investiga su presunta relación con la trama del
Canal Isabel II, a través de alguna de las empresas constructoras e,
incluso, de las sociedades abiertas en Panamá.
La UCO registra las sedes de Arranz Acinas por la Operación Lezo
Las ramificaciones de la trama de financiación
ilegal del PP de Madrid motivaron ayer un registro en las sedes sociales
de la empresa
Un cámara de televisión ajusta su equipo frente a la casa de la familia Arranz en Burgos. - ISRAEL L. MURILLO
Efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
efectuaron ayer varios registros en Burgos en sedes sociales de las
empresas de la familia Arranz Acinas, propietaria del grupo construcción
hoy en concurso de acreedores. Los agentes se presentaron de paisano en
la mañana de ayer coincidiendo con un viaje del presidente y el
consejero delegado de la empresa, Jesús Arranz Acinas y Jesús Arranz
Monje, a Madrid, donde al parecer tenían señalada una reunión con sus
abogados. Este periódico intentó conocer su versión de la actuación
policial pero sin obtener respuesta por parte de los responsables de la
empresa, cuyo presidente, Jesús Arranz Acinas precisamente cumplía ayer
82 años.
Los guardias civiles recabaron información que podría
estar relacionada con los contratos entre este grupo inmobiliario y
algunas de las constructoras madrileñas implicadas en la trama de
financiación ilegal del Partido Popular de Madrid que la UCO investiga
al hilo de la denominada Operación Lezo contra la corrupción en el Canal
de Isabel II, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González. Paralelamente, ayer en Madrid la UCO
registraba las sedes de PwC, OHL, Indra y Saerco.
Los guardias
civiles no requirieron apoyos de la Comandancia de Burgos para movilizar
a agentes que pudieran colaborar en los registros. De hecho la
operación se comunicó en el último minuto desde Madrid a Burgos, como
suele ser habitual en las intervenciones que realiza esa Unidad. Pese a
que se especula que los agentes de la UCO vinieron a Burgos ‘a tiro
fijo’ en busca de algo concreto relacionado con la investigación, no ha
trascendido si se llevaron consigo documentación o archivos
informáticos, aunque sí se conoce que en los registros efectuados en
Madrid los agentes buscaban pruebas de sobre el presunto pago de
comisiones y otras irregularidades cometidas en la gestión de la
sociedad del Canal de Isabel II y otras vías de financiación irregular
investigadas en esta operación.
El grupo Arranz Acinas ya fue
relacionado con la anulación por parte del Tribunal Superior de Madrid
del acuerdo para ceder suelo público en la localidad madrileña de
Boadilla del Monte, gobernada por el PP y escenario de algunas
transacciones recogidas en la investigación de la Gurtel, a cambio de un
palacio del siglo XVIII. El acuerdo no llegó a completarse pero sí
cayeron en manos de uno de los implicados varias parcelas en las que una
empresa Valle del Duero, gestionada por la ya desaparecida Aragón
Izquierdo y participada por una compañía (Valle de Antoranz) en cuyo
accionariado figura el presidente del grupo Arranz, acabó construyendo
112 viviendas en lo que había sido suelo público.
El Grupo Arranz
Acinas lleva más de un año en concurso que se inició con una deuda
superior a los 230 millones euros a 1.116 acreedores reconocidos.
Recientemente la plantilla de la empresa ha pedido amparo al juez de lo
mercantil para recabar información sobre el pago de las indemnizaciones
por despido, que algunos casos de produjo hace 15 meses sin que se haya
liquidado.
Burgos contará con una Plataforma por la Infancia para coordinar acciones
Saltando Charcos, Grupo Scout
‘La Yecla’, la parroquia de San Juan de Ortega, Cáritas y Eras de
Gamonal se unen en defensa de los derechos de los menores
La iniciativa surge para coordinar el trabajo efectivo que estos colectivos vienen realizando, juntos y por separado, desde 2009
Simón y Caballero han presentado la iniciativa. PCR
Saltando Charcos, Grupo
Scout ‘La Yecla’, la parroquia de San Juan de Ortega, el Centro de Apoyo
al Menor de Cáritas y la Asociación de Vecinos Las Eras de Gamonal van a
impulsar la creación de la Plataforma por la Infancia de Burgos. La
iniciativa pretende ordenar y dar estabilidad a las acciones que, de manera conjunta o independientemente, vienen realizando
estos colectivos en materia de defensa de los derechos de la infancia,
denuncia de injusticias y trabajo directo con familias ante situaciones
de vulnerabilidad social o económica.
La plataforma aún está en construcción,
ha explicado Azucena Simón, educadora del Centro de Apoyo al Menor de
Cáritas, si bien los cinco colectivos trabajan en definir objetivos y líneas de actuación conjunta.
Simón ha recordado que vienen colaborando desde el año 2009,
fundamentalmente en torno a la conmemoración del Día Internacional de
los Derecho del Niño, el 20 de noviembre. Sin embargo, la propuesta de
plataforma surge con la intención de dar una mayor estabilidad a esa
colaboración y coordinar acciones.
La pobreza se ha extendido, llegando a capas de la clase media
El objetivo último sigue siendo “poner cara a la pobreza infantil”,
ha explicado Óscar Caballero, de Saltando Charcos; mostrar cómo viven
los niños en situación de vulnerabilidad, tanto económica como social,
familiar o educativa. La pobreza infantil también existe en Burgos,
donde se ha notado que “la pobreza se ha extendido a una masa de población más amplia”,
alcanzando la clase media, ha apuntado Caballero. Y servicios que
prestan colectivos como Cáritas o Saltando Charcos han incrementado la
presencia de menores, ha insistido.
La primera iniciativa conjunta de la Plataforma por la Infancia, una vez esté constituida, será la realización de un programa de actividades para el 20 de noviembre.
Se prevé la organización de una exposición sobre la realidad de la
infancia en Burgos, un concurso de cortos, actividades para los más
pequeños y encuentros con familias. Además, previamente, el 13 de mayo
tendrá lugar la tradicional bicicletada por los derechos de la infancia,
que ya se programará bajo la dirección de la plataforma.
El Ayuntamiento de Burgos o el Ejército de Pancho Villa
Descontrol,
desorganización, sin coordinación, cada uno haciendo lo que quiere: al
igual que pasaba en México con el ejército de José Doroteo Arango
Arámbula (Pancho Villa) ocurre cien años después en el Ayuntamiento de
Burgos comandado por Javier Lacalle Lacalle.
Es tal la falta de liderazgo popular que no sólo los
Cuerpos Nacionales se les "han subido a la chepa de los políticos", sino
que incluso cualquier Jefe de Servicio hace y deshace a su antojo sin
que haya alguien del Equipo de Gobierno que le recrimine sus decisiones.
Los funcionarios y laborales ya no saben a quién obedecer:
si a los políticos o a esos altos cargos que se han hecho con el control
del ayuntamiento y donde han conseguido que no se mueva ni un solo
papel sin su bendición.
Trabajadores que piden permiso para cuidar a sus padres muy
enfermos y que no se lo conceden, vecinos que ven como sus escritos
duermen el sueño de los justos, empresarios y autónomos a los que se les
retrasan las licencias de apertura o de reforma de establecimientos, y
ya lo último que este CONFIDENCIAL ha conocido: ni los propios
concejales no liberados saben ahora cuando van a cobrar las
compensaciones que reciben por el desempeño de su acción política, todo
porque desde Tesorería han decidido, con la bendición del concejal de
Hacienda que esos "emolumentos" los paguen desde cada Sección Municipal,
es decir, por ejemplo, que las Comisiones de Bienestar Social se paguen
desde Bienestar o las de Personal desde ese departamento y no como
venía sucediendo desde siempre que era Tesorería quien pagaba, salvo en
el caso de los Organismos Autónomos, aunque dependientes del
Ayuntamiento como puede ser el Instituto Municipal de Cultura.
Y mientras pasa esto, la mitad de los concejales de
vacaciones, empezando por el Alcalde que se ha ido a Málaga al, según
nos dicen, tradicional hermanamiento y a las procesiones con la
Cofradía del Santo Cristo de la Sangre de Málaga, que por algo tanto el
Ayuntamiento como la Diputación de Burgos son Hermanos Mayores.
Con este panorama más de uno/a lo que está deseando es que
cuanto antes termine esta Legislatura para volver a su trabajo, mientras
que otros que no tienen oficio ni beneficio confían en continuar, aun
sabiendo que no pintan nada ni van a pintar en el Ayuntamiento de la
capital burgalesa.
La constitución de la juntas municipales de distrito se dilatará, al menos, un mes más
El PP no ha llevado a la Comisión de Participación Ciudadana la propuesta de composición de las cinco juntas de distrito, por lo que no se podrá aprobar en el próximo pleno
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento deberán de elaborar un informe para determinar el orden de designación de los cargos de las juntas, por una discrepancia entre PP y PSOE
La constitución de los distritos está siendo un tema recurrente. GIT
Sin juntas municipales de distrito. El pleno municipal del próximo 21 abril tenía previsto aprobar, o no, la propuesta de conformación de los representantes de las juntas municipales de distrito, que previamente deberían de quedar concretadas en una comisión de participación ciudadana. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Esta mañana se ha celebrado dicha comisión yel PP no ha presentado una propuestaen este asunto, entendiendo que la designación de los máximos responsables de las juntas -presidente y vicepresidente- podría aplazarse para más adelante.
Lossocialistassostienen que esto no puede ser y quela propuesta de la composición de las juntas de distrito debe de llevarse a debate en pleno de manera completa, desde el presidente hasta el último representante. Esto ha hecho que Gema Conde, que ha presidido la comisión de participación ciudadana en sustitución de José Antonio Antón, haya dejado este punto encima de la mesa y ha solicitado a losservicios jurídicos que elaboren un informeque aclare qué postura es la adecuada.
Esto supone quela constitución de las juntas municipales de distrito vaya a tardar, al menos, un mes más.Todo dependerá de lo que tarde en llegar el informe y si da tiempo ha que pase por una comisión de partición ciudadana antes del pleno de mayo. De lo contrario, los plazos se dilatarían aún más.
Cabe recordar que la composición de las cinco juntas municipales de distrito es el paso previo a su puesta en marcha.La junta podría llegar a estar conformada por un máximo de 31 miembros, dependiendo de los representantes de vecinos, asociaciones, entidades, comerciantes y hosteleros participen.
Gamonal podría ganar 250 plazas de aparcamiento modificando el sentido de línea a batería
El
grupo socialista en el Ayuntamiento planteará en el Pleno cambiar el
sentido del aparcamiento en 18 calles de Gamonal-Capiscol pasando de
línea a batería. Con esta medida calculan que se podrían ganar 250
nuevas plazas de aparcamiento.
El grupo municipal socialista va a presentar una
proposición en el Pleno del día 21 con la que pretenden ganar plazas de
aparcamiento en el barrio de Gamonal.
En este sentido, el concejal socialista Antonio Fernández
Santos ha señalado que no es necesario realizar un aparcamiento
subterráneo ni gastarse cinco millones de euros en grandes obras, sino
que plantean ganar 250 nuevas plazas de aparcamiento cambiando los
aparcamientos en línea por aparcamientos en batería.
Los socialistas calculan que con esta medida que ya se
planteó hace varios años, por cada plaza en línea se podrían obtener
1,70 plazas en batería, y de esta forma se podrían evitar también las
dobles filas.
El concejal socialista han contabilizado 18 calles en las
que se podría cambiar el sentido del aparcamiento tales como, calle San
Bruno, Canónigo Isidoro Díaz, Santiago, Compostela, Pedro Alfaro(una
parte), Pablo Casals, Pasaje del Mercado, Arzobispo Pérez Platero, San
Juan de Ortega, Alfonso XI, Severo Ochoa, Los Titos, Lavaderos,
Mirasierra, Villafranca Juan de Ayolas, Buenavista y Antonio Salinas.
Al respecto, ha constatado que es difícil encontrar bien
señalizadas las plazas de aparcamiento en Gamonal y sostiene que esto se
podría cambiar pintando las marcas de estos estacionamientos.
PCAS califica de “bofetada” la ausencia del Directo en los presupuestos estatales
Los castellanistas recuerdan que existe un “fuerte clamor” en Burgos, Segovia y Madrid y comprometen una “enmienda” al documento
Luis Marcos afirma que los PGE de 2017 destacan más por sus ausencias
que por sus presencias y solo se salvan por los retrasos de Castrovido y
el AVE
Tren Directo Madrid-Aranda-Burgos. BC
Una “bofetada” que el
Gobierno central da a la sociedad burgalesa. Así califica el Partido
Castellano (PCAS) la ausencia del proyecto de reapertura del Tren
Directo Madrid-Aranda-Burgos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, cuando existe un “fuerte clamor” social e institucional, en Burgos, en Segovia y en Madrid.
El secretario de Organización, Luis Marcos, asegura que al Ejecutivo de
Mariano Rajoy le “falta sensibilidad”, y a Ciudadanos, coherencia, ya
que han defendido en Burgos el Directo, pero no en el ámbito estatal.
Por ese motivo, la reapertura de la
línea para mercancías será una de las enmiendas que presentará el PCAS
al documento presupuestario, de la mano de Compromís, sus socios en la cooperativa política Primavera Europea.
“Vamos a ser extremadamente exigentes” con el Directo, ha insistido
Marcos, tras explicar que esta no será la única reclamación que
presenten contra un presupuesto, que es del Partido Popular pero cuenta
con el apoyo de Cs, así que tiene muchas probabilidades de salir
adelante.
El PCAS quiere presentar una veintena de enmiendas a través de Compromís
La formación calcula que elaborará una
veintena de preguntas para el pleno de debate de presupuestos, con las
que tratar de enmendar un documento que “destaca más por las ausencias que por las presencias”.
Marcos ha mostrado su “desazón” por el fuerte recorte en inversiones,
con una caída del 43 por ciento, y ha afirmado que al Gobierno central
solo le han salvado los retrasos del AVE y Castrovido, proyectos que
cuentan con partidas de 34,2 millones y 27,3 millones, respectivamente,
para “poder decir que hacen algo en Burgos”.
Escasas inversiones para las autovías
A-11, A-73 y A-12, ha lamentado el secretario de Organización, tras
recordar que el Gobierno lleva 25 años sin invertir en un solo
kilómetro de autovías en la provincia, si se dejan fuera los proyectos
de las variantes de Burgos y Aranda de Duero. Los PGE no
contemplan partidas para el Archivo Histórico Provincial, la ampliación
del Museo de Burgos o el plan alternativo al cierre de Garoña, y los
castellanistas también “echan de menos” recursos para luchar contra la
despoblación o ayudas para reindustrializar Miranda de Ebro.
Medio centenar de personas en apoyo a los encausados de Gamonal
Cerca de medio centenar de personas ha participado este viernes a
las 20.00 horas en la concentración convocada por la Asamblea de Gamonal
en apoyo a los doce encausados que se han sentado en marzo en el
banquillo por los disturbios registrados en el barrio en enero de 2014.
Quizás la falta de un llamamiento generalizado o la cercanía de
las fiestas de Semana Santa han hecho que la convocatoria, realizada en
la conocida como “zona cero”, no fuese tan numerosa como en otras
ocasiones.
Pese a ello y a través de megafonía, se ha solicitado el respaldo del
barrio a los doce encausados para los que la Fiscalía pide dos años y
medio de prisión y una indemnización de 20.000 euros al Ayuntamiento de
Burgos.
Desde el movimiento asambleario se han recordado los hechos, a la
vez que se han condenado las “detenciones arbitrarias” y se ha insistido
en que “no debe existir ni un día de cárcel” para los encausados.
También se ha recordado que el movimiento del barrio permitió detener
la construcción del bulevar de la calle Vitoria y vencer a Méndez Pozo.
Hay que recordar que al margen de los encausados que aguardan la
sentencia, existen otras seis encausadas pendientes de juicio para las
que la Fiscalía solicita dos años de prisión y una multa de 30.000
euros.
Tráfico controlará los cruces en ámbar para prevenir atropellos
A propuesta del PSOE se va a probar ampliar el tiempo en rojo para los vehículos
Dos peatones cruzan en la carretera de Poza por el semáforo. - ISRAEL L. MURILLO
La Unidad de Tráfico, en colaboración
con la Policía Local, realizará pruebas en aquellos cruces en los que
existe una regulación semafórica que combina el ámbar para los vehículos
con el verde para los peatones para conocer la incidencia que tendría
ampliar el tiempo en rojo para los coches y así dar más tiempo al
viandante para cruzar.
Esta propuesta se analizó ayer en el
consejo del Servicio municipalizado de Movilidad y Autobuses a petición
del grupo municipal socialista. Desde esta formación, el concejal
Antonio Fernández Santos, había alertado sobre el riesgo que tienen los
peatones en estos cruces y, en concreto, expuso un listado de calles que
es por dónde se ha acordado comenzar a trabajar. Como ejemplo en el
cruce de la calle Esteban Sáez de Alvarado con carretera de Poza se ha
ampliado el tiempo que el semáforo está en rojo para los vehículos, dado
que allí se ha constatado que ha habido dos atropellos, uno en 2016 y
otro en 2017.
La idea es que las pruebas se vayan
haciendo poco a poco en cada uno de los puntos señalados y se plantea
instalar cámaras para comprobar si al aumentar el tiempo en rojo, por
ejemplo en un cruce a la derecha de la calle Vitoria, conlleva problemas
de fluidez de tráfico en la propia calle Vitoria para los vehículos que
prosigan recto por esa calle. Así, explicaba la concejal del PP Gema
Conde que la prioridad es dar seguridad al peatón, pero sin causar un
colapso puntual en el cruce. La idea es realizar estas pruebas durante
dos meses a distintas horas del día para ver la incidencia en el tráfico
y después tomar una decisión definitiva con los todos los datos.
Fernández
Santos considera que no se trata de actuar solo donde ya ha habido
algún percance con peatones sino que el objetivo es prevenir y, por
ello, comenta que es necesario tomar medidas de este tipo.
Por su parte, desde Ciudadanos se apuntaba otro cruce más para estudiar que es el de calle Vitoria con avenida Cantabria.
A la reunión extraordinaria del Smyt
acudieron ayer los técnicos de Policía Local y de Tráfico que expusieron
un informe sobre la accidentalidad en este tipo de pasos de peatones.
Así, se han revisado los siniestros ocurridos en 2015, en 2016 y en los
dos primeros meses de 2017 para que los asistentes a la reunión pudieran
hacerse una idea «objetiva», con datos concretos de atropellos, del
riesgo que tienen estos cruces para los viandantes.
Durante este tiempo se han detectado un
total de ocho atropellos en los pasos identificados por el grupo
municipal socialista como problemáticos. En concreto, en 2015 se
registraron dos accidentes en los cruces de la calle Vitoria con las
calles adyacentes, esas en las que cuando gira el vehículo a la derecha,
el semáforo está en ámbar para el vehículo y en verde para el peatón.
En este año se contabilizaron el la ciudad 2.596 accidentes, de los
cuales 96 fueron atropellos y 64 en pasos de peatones.
En 2016 se elevan a tres los atropellos,
uno en calle Vitoria con adyacentes, otro en carretera de Poza con
Esteban Sáez Alvarado, y otro más en otro cruce. El volumen de
accidentes en la capital alcanzó los 2.534, 102 son atropellos con
heridos y 65 se produjeron en cruces semafóricos que combinan el ámbar
para vehículos con el verde.
Por último, entre enero y febrero de
2017 con 419 accidentes, se contabilizan 19 atropellos, doce de ellos
en pasos de peatones y en esos cruces han ocurrido tres, uno de ellos en
calle Vitoria con adyacentes.
Listado de calles del PSOE El
grupo municipal socialista preparó un listado de cruces semafóricos en
los que se va a intervenir, además del que proponían desde Ciudadanos en
la reunión de ayer.
Se trata del cruce de la carretera de
Poza con Esteban Sáez de Alvarado, donde se han detectado dos
atropellos, así como en la avenida la Paz con calles adyacentes, uno en
2016, y en calle Vitoria con adyacentes se contabiliza dos en 2015, uno
en 2016 y otro en 2017. También se realizarán pruebas en los cruces en
avenida Cantabria en las salidas con las glorietas de Bilbao y Jorge
Luis Borges donde ha habido un atropello en 2017.
La propuesta del PSOE se concreta con
estos otros cruces donde no se han registrado incidentes concretos, pero
donde se va a probar la medida de ampliar el tiempo en rojo y «que sea
el vehículo el que espere». Se trata del cruce de calle Madrid con
carretera Valladolid, frente al Arco de Santa María, en la calle
Progreso con San Pablo, en plaza España con el edificio Feygon, en
avenida Cantabria con Eloy García de Quevedo y en calle Madrid con
Bulevar.
Además, a petición del PSOE, se ha ampliado el tiempo
para que los peatones puedan cruzar en el semáforo de la plaza del Cid
más cercano a Diputación.