viernes, 25 de febrero de 2011

JUBILARSE A LOS 67 AÑOS

¿EL DEBATE DE LAS PENSIONES?

Parece ser que el Parlamento español va a aprobar la medida
del retraso de la edad obligatoria de jubilación a 67 años sin
que haya existido un debate real en los mayores medios de
comunicación del país sobre tan importante medida. Hubiera
habido un debate si en tales medios se hubieran presentado
argumentos a favor y en contra de tal medida dando a todas
las posturas una igualdad de oportunidades para poder
exponer sus puntos de vista. Esto no ha ocurrido. Si el lector
analiza los cinco mayores rotativos de España verá que todos
ellos han apoyado activamente el retraso de la edad de
jubilación, bien a través de editoriales, bien a través del
enorme sesgo en la selección de artículos en sus páginas de
opinión, con la gran mayoría favorables a tal medida. Un
análisis del contenido de las páginas de opinión y de las
sesiones informativas de los cinco diarios de mayor difusión
del país muestran que el 89% de artículos y noticias han sido
favorables al retraso obligatorio de la edad de jubilación y sólo
un 11% contrarias a tal retraso. Un tanto igual ocurre en los
medios televisivos de mayor difusión, tanto públicos como
privados. Un ejemplo representativo de ello fue el programa
“59 segundos” de TVE, en el que de 6 ponentes en la mesa
para discutir tal propuesta sólo uno de ellos estaba en contra
de tal medida.
Éstos y otros muchos indicadores muestran que los establishments
políticos y mediáticos han estado promoviendo muy activamente tal
medida de retraso obligatorio de la edad de jubilación a los 67 años.
Es interesante señalar que ninguno de los partidos que hoy
promueven tal retraso obligatorio tuviera en su programa electoral tal
propuesta. Los únicos partidos que hoy se oponen a tal medida son
los partidos a la izquierda del partido gobernante, partidos
minoritarios en su representación parlamentaria.
Esta movilización del establishment (la gran mayoría de la clase
política y los grandes medios de información y persuasión) a favor de
tal medida contrasta con el gran rechazo de la gran mayoría de la
población española al retraso obligatorio de la edad de jubilación a los
65 años. Por grandes mayorías (que van del 65% al 94% según la
encuesta que se considere), la población española se opone a tal
medida, mostrando el gran desfase que existe en España entre los
gobernantes (las élites del establishment político y mediático) y los
gobernados. Este desfase es un indicador de la baja calidad del
sistema democrático español. La democracia española es
profundamente limitada y lo que está ocurriendo en el retraso de la
jubilación a 67 años es un ejemplo de ello.
A la vuelta de mi largo exilio critiqué la imagen tan extendida en
España de que la transición de la dictadura a la democracia había sido
modélica. En realidad, había permitido un enorme dominio de las
fuerzas conservadoras en la vida política y mediática del país. Uno de
los indicadores de tal hecho es la falta de diversidad ideológica en los
medios con escasísima presencia de las izquierdas en tales medios. Y
lo hemos visto ahora con una gran movilización propagandística
encaminada a imponer a la población una medida que, con razón, es
profundamente impopular.
Y esta movilización y escasa diversidad permitió que en este mal
llamado “debate sobre las pensiones” se presentaran como datos
objetivos, meras posturas ideológicas. El caso más claro era el
manifiesto de los 100 economistas patrocinado por FEDEA (la
fundación de estudios económicos financiada por el BBVA, el
Santander, Repsol y otros grupos de poder financiero y empresarial),
que tuvo una enorme resonancia mediática. Los supuestos sobre los
que se basaban sus propuestas, incluyendo la de retrasar
obligatoriamente la edad de jubilación, no tenían credibilidad
científica y era fácilmente demostrable que no las tenían. Los
argumentos que se utilizaron constantemente de que la población de
pensionistas se doblaría en cuarenta años, requiriendo un gasto en
pensiones que alcanzaría el 15% del PIB (presentando este
porcentaje como inviable en nuestra economía), ignoraban la
evidencia científica presentada por expertos críticos de tales medidas
que mostraban que la sociedad española dentro de cuarenta años
tendría un PIB más del doble del actual (como ha ocurrido en los
cuarenta años pasados) y que un número menor de trabajadores
podrían sostener (bien a través de cotizaciones, bien a través de
impuestos) el aumento del número de pensionistas, como resultado
del crecimiento de la productividad y de los salarios. En realidad, el
número de pensionistas se había más que doblado en los últimos
cuarenta años en España sin que el sistema de pensiones se hubiera
colapsado (tal como habían predicho los “expertos” promocionados
por tales medios) y ello debido a que la riqueza del país también
había aumentado.
Si hubiera habido un debate, tales datos se hubieran tenido que
rebatir y mostrar su supuesto error. No se respondieron: se
ignoraron. Y los medios continuaron hablando de la transición
demográfica como la causa de que tuviese que hacerse tal reforma.
El último ejemplo es el escrito del predecible Javier Pradera en su
columna en EL PAÍS (“El Regreso a la Concertación”, 2/2/11) que
termina repitiendo machaconamente que la transición demográfica
hace inviable el sistema de pensiones públicas (a no ser que se
retrase la edad obligatoria de la jubilación a los 67 años),
reproduciendo así la sabiduría convencional de la cual él es el
guardián. Esta postura claramente ideológica ignora toda la evidencia
científica que existe y que cuestiona cada uno de sus supuestos. Y lo
que es más que preocupante es que esta evidencia científica apenas
se ha expuesto o debatido en los mayores medios de persuasión del
país.