lunes, 26 de marzo de 2012

LOS PAGANOS SIEMPRE LOS CIUDADANOS

Concejales y cargos de confianza salen ilesos del Plan de ajuste municipal

Á. M. / Burgos - lunes, 26 de marzo de 2012
No se prevé la reducción ni de puestos de libre designación ni de ediles a sueldo
Ayuda, sí. Crédito, también. Tabla rasa, vale. Pero de ahí a que el crédito para tapar las deudas a los proveedores sea a cambio de nada, va un trecho. Tampoco es que el Ministerio de Hacienda haya castigado a galeras a los responsables de la administración local, pero al menos sí ha exigido a los ayuntamientos que, a cambio del manido ‘Plan Montoro’ para agilizar al pago de las deudas, presenten un plan a diez años vista para demostrar que tienen una remota idea de cómo encarar el lastre de firmar un crédito a largo plazo.
En el caso de Burgos el documento se dio a conocer el pasado viernes y, se dijo, será la médula espinal de un ahorro acumulado hasta 2022 de 63,5 millones de euros. La parte gruesa ya es conocida: no gastar más de lo que se ingresa, minorar la deuda financiera, vender patrimonio municipal inerte, subir el coste de los servicios públicos para que cubran (como media aritmética entre todos ellos) al menos la mitad de lo que cuestan... Y reducir el gasto en personal.
Esa última medida es llamativa porque no se puede decir que obedezca a una tendencia, más bien al contrario. El propio alcalde, Javier Lacalle, ya dijo que las nueve plazas de otros tantos funcionarios que se jubilan en 2012 quedarán sin cubrir (y es de prever que sin reflejar en la nómina municipal para que no haya que consignar el gasto que acarrearían si existiera relevo), pero es que el documento en cuestión habla de ahorrar nada menos que 9.649.240 euros de aquí a 2022 en gastos de personal, que actualmente ascienden a 55 millones al año.
Bien es cierto que el Real Decreto Ley 4/2012, del que emana el préstamo para salir del agujero, habilita e incluso invita a los ayuntamientos a tomar medidas a este respecto, pero también lo es que abre otra serie de posibilidades que, al menos en el documento entregado por el Ayuntamiento de Burgos a los medios, no constan como ‘ejecutables’. Por ejemplo, dice que «el Plan de ajuste podrá incluir modificación de la organización de la Corporación local». Pero en Burgos no habrá modificación alguna.
Actualmente hay siete concejales liberados (a sueldo). Cinco son del PP (Santiago González, María José Abajo, Eduardo Villanueva, Fernando Gómez y Ana Lopidana) y dos del PSOE (Carmen Hernando y Esther Peñalba). Cada uno de esos concejales tiene un coste, sumando el salario y la seguridad social, cercano a los 250.000 euros por legislatura y concejal. De reducir ese número (en la anterior legislatura había tres), ni hablar.
También hay una referencia explícita a la reducción del «número de consejeros de las empresas del sector público», caso de Parkmusa (todos son concejales del PP) o de la sociedad de Aguas (con representación de todos los grupos). Según el Plan de ajuste, esos cargos «se mantienen» porque «creemos conveniente no coartar las decisiones de 2,5 legislaturas con una toma de decisión que no dejaría maniobrar a una toma de decisión posterior». Sí, ese es el argumento literal. Y es exactamente el mismo que se esgrime para no acometer una «reducción del número de personal de confianza (cargos de libre designación) y su adecuación al tamaño de la entidad local».
Así que, resumido, el Plan ajustará y reducirá el gasto en funcionarios y personal laboral, pero no en políticos ni en cargos de confianza. Y así lo dice bien claro el citado documento.
Fuente: Diario de Burgos