El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento
de Burgos ha aprobado el Plan de Ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda
para afrontar el crédito sindicado dirigido al pago a proveedores, con los
votos en contra de los tres grupos de la oposición, PSOE, UPyD e IU, que lo
han calificado como decepcionante, poco realista, plagando de errores e
incoherencias o una pérdida de tiempo.
El
concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, tras pedir disculpas por las últimas
modificaciones que se han tenido que realizar en el Plan de Ajuste entre ayer y
hoy, como consecuencia de cambios por parte del Ministerio de Hacienda, ha
defendido el documento elaborado por el Equipo de Gobierno. De Foronda ha
explicado que se trata de un Plan de Ajuste complicado, que deja recorrido
económico y no compromete decisiones de cara a las próximas legislaturas.
No
es un parche ni una medida transitoria, si no que marca la agenda de trabajo de
manera “ordenada y escrupulosa” para hacer frente a la deuda y al calendario de
pago, garantizando la prestación de los servicios públicos, y recortando en gastos.
Desde
la oposición, la socialista Carmen
Hernando ha criticado diversos puntos del Plan de Ajuste,
como la previsión de ahorro de 112 millones de euros en los próximos diez años,
así como las medidas utópicas para la reducción del gasto, salvando únicamente
la referida a la reducción de los gastos en contratación, pero poniendo en duda
el mantenimiento de la calidad de los servicios prestados.
Hernando
ha asegurado que el Plan de Ajuste está plagado de errores e incoherencias.
Incluye verdades como los incrementos en algunas de las tasas municipales por
encima del IPC en el último año, o que Aguas de Burgos tiene beneficios, dos
cuestiones que nunca ha reconocido el Equipo de Gobierno, pero también
mentiras. Entre ellas la reducción de los ingresos por cuestiones urbanísticas
o que las medidas buscan no coartar decisiones de legislaturas futuras, algo
que se les podían haber ocurrido antes.
La
socialista dice estar decepcionada por la falta de voluntad política del
Equipo
de Gobierno de enderezar la situación económica municipal, preocupada
por la falta de seriedad, la desidia con la que se gobierna y la imagen
que se da, planteando siempre como única solución la subida de
impuestos, y que sean los ciudadanos quienes solventen un problema
generado por sus políticos.
En
lugar de comprometerse con la austeridad, reduciendo los puestos de libre
designación, por ejemplo, el Equipo de Gobierno opta por subir impuestos y
tasas a los ciudadanos, como el billete de autobús, las tasas de deportes o el
impuesto de vehículos, algo que también ha sido criticado por el concejal de
Izquierda Unida, Raúl Salinero.
Según
Salinero, el Ayuntamiento de Burgos está en proceso de ser intervenido por el
Estado, dado que si no cumple con el Plan de Ajuste y éste no permite devolver
correctamente el importe del crédito sindicado para el pago a proveedores, el
Estado intervendrá para que haya más ajustes.
La
preocupación
del concejal de Izquierda Unida está en los ingresos ficticios que
se recogen en el Plan de Ajuste y el planteamiento preocupante en cuanto
a los
gastos, porque se reduce en el ámbito social o en Personal con
amortizaciones de plazas tras jubilaciones.
También critica que el documento recoge ingresos por valor de 700.000
euros en la venta de suelo municipal para 2012, cuando el presupuesto
eleva la cantidad
a 12,5 millones de euros.
Por
su parte, Unión Progreso y Democracia considera que el Plan de Ajuste, que se
ha hecho “deprisa y corriendo”, no vale para nada. Es simplemente pura letra
justificativa que no tiene ningún valor, porque debería ser más eficiente y
sensato. El portavoz del Grupo, Roberto Alonso, aventura incluso que Hacienda
lo rechazará.
El
Plan de Ajuste ha sido aprobado con los votos del Partido Popular y la
oposición de PSOE, UPyD e IU. Previamente, en esta convocatoria extraordinaria,
se ha dado a conocer la lista de facturas que se han enviado a Hacienda para
recibir el crédito sindicado y poder pagar a los proveedores.
Los
grupos de la oposición han insistido en que, además de los 22,9 millones de
euros que van a pagar gracias al Gobierno Central, el Ayuntamiento todavía
acumulará una deuda de más de 30 millones, con pagos pendientes en convenios,
subvenciones o administraciones. Carmen Hernando ha recordado que, detrás de
los números, hay personas que no cobran y que tienen dificultades económicas.
Roberto
Alonso valora la “intención clara” del Equipo de Gobierno de cambiar la gestión
municipal y de cumplir con la Ley de Morosidad, pero le ha pedido que priorice
en el pago a pequeñas y medianas empresas, frente a las más grandes, cuando
haya problemas de liquidez en el Ayuntamiento de Burgos.
Fuente: Radio Arlanzón
