La Iglesia no se arruga y defenderá ante un juez el suelo de Juan XXIII
Á. M. / Burgos - sábado, 17 de marzo de 2012
La Diócesis ha recopilado la documentación histórica de la parcela en litigio y asume la vía de los tribunales tras la demanda presentada por el Ayuntamiento, que reclama la propiedad
No habrá marcha atrás. Toda vez que el Arzobispado ha sido informado
del contenido de la demanda judicial presentada por el Ayuntamiento en
la que se exige a la Diócesis que desinscriba del Registro la propiedad
de una parcela en litigio en Juan XXIII, la Iglesia ha decidido
defenderse en los tribunales. Antes de que se registrara el escrito en
los juzgados, fuentes del ArzobispLado señalaron que esperarían a
analizar la contundencia de los argumentos municipales para decidir si
se retiraba del proceso o seguía adelante con él. Pues bien, la decisión
está tomada y ya no hay más salida que una resolución judicial.
El choque de pareceres reside en quién es el propietario real de un suelo en el que una empresa vallisoletana quiere construir un parking subterráneo de 280 plazas. En abril de 2011 el Ayuntamiento presentó el proyecto (que es 100% privado) asumiendo que el suelo es de la Iglesia, pero Izquierda Unida tiró de archivo y demostró que hay documentos que reflejan que ese solar fue permutado en 1982, de forma que la Diócesis recibió 17.000 metros cuadrados en el Camino de los Andaluces y una indemnización de cuatro millones de pesetas por la negativa municipal a que se construyera allí un colegio.
Dicha negativa residió en que la zona ya estaba densamente construida y se interpretó que era necesario dejar espacios libres. Así fue como, según diversos documentos, el suelo pasó a ser propiedad de la ciudad y, por tanto, no es el Arzbispado quien debe vendérselo a la empresa interesada en el parking, sino el propio Ayuntamiento.
Se elaboró entonces un informe municipal que dio la razón a IU y se pidió a la Iglesia que desinscribiera del registro la parcela. También se tasó el valor del suelo en dos millones de euros. Pero las conversaciones oficiosas no surtieron efecto alguno y el Ayuntamiento acudió a la vía judicial. Paralelamente, la empresa que pretende el aparcamiento subterráneo informó a ambas partes de que sus planes siguen adelante, pero urgió una solución al conflicto, lo que motivó que el Ayuntamiento pidiera en la demanda, y como medida cautelar, que la Justicia prohiba la venta del terreno mientras no pese resolución firme.
Va para largo
Eso llevará su tiempo porque el caso ha caído en un juzgado que no es especialmente ligero aireando casos. Mientras tanto, y tal y como confirma el ecónomo de la Diócesis, Vicente Rebollo, a este periódico, la Iglesia ha ido recopilando tanta documentación como ha sido posible (parte de ella del propio Ayuntamiento) y cree que tiene defensa firme.
«Vamos a aportar nuestros documentos y creemos que nuestros argumentos son de peso, aunque no negamos que los suyos también puedan serlo», avanza Rebollo, para quien la raíz del conflicto reside en el momento en el que se alcanzaron los acuerdos de permuta. «En la época en la que se hizo aquello no se actuaba con unos criterios tan claros y ciertos como los de ahora; en estos días sería impensable que pasara algo así, pero no entonces».
La defensa de la Iglesia se basará en un informe paralelo al municipal en el que se recoge «todo lo que fue aquella cesión y todo el recurso histórico del uso y del dominio del terreno». Algo que, zanja Rebollo, no enturbiará las cordiales relaciones que existen entre ambas partes ya que «esto es una cosa entre vecinos que alguien nos tiene que ayudar a aclarar, simplemente eso. Aunque parece que los juzgados asustan un poco, gracias a Dios para eso están». Qué mejor conclusión, habida cuenta de quiénes son los protagonistas.
Fuente: Diario de Burgos.
El choque de pareceres reside en quién es el propietario real de un suelo en el que una empresa vallisoletana quiere construir un parking subterráneo de 280 plazas. En abril de 2011 el Ayuntamiento presentó el proyecto (que es 100% privado) asumiendo que el suelo es de la Iglesia, pero Izquierda Unida tiró de archivo y demostró que hay documentos que reflejan que ese solar fue permutado en 1982, de forma que la Diócesis recibió 17.000 metros cuadrados en el Camino de los Andaluces y una indemnización de cuatro millones de pesetas por la negativa municipal a que se construyera allí un colegio.
Dicha negativa residió en que la zona ya estaba densamente construida y se interpretó que era necesario dejar espacios libres. Así fue como, según diversos documentos, el suelo pasó a ser propiedad de la ciudad y, por tanto, no es el Arzbispado quien debe vendérselo a la empresa interesada en el parking, sino el propio Ayuntamiento.
Se elaboró entonces un informe municipal que dio la razón a IU y se pidió a la Iglesia que desinscribiera del registro la parcela. También se tasó el valor del suelo en dos millones de euros. Pero las conversaciones oficiosas no surtieron efecto alguno y el Ayuntamiento acudió a la vía judicial. Paralelamente, la empresa que pretende el aparcamiento subterráneo informó a ambas partes de que sus planes siguen adelante, pero urgió una solución al conflicto, lo que motivó que el Ayuntamiento pidiera en la demanda, y como medida cautelar, que la Justicia prohiba la venta del terreno mientras no pese resolución firme.
Va para largo
Eso llevará su tiempo porque el caso ha caído en un juzgado que no es especialmente ligero aireando casos. Mientras tanto, y tal y como confirma el ecónomo de la Diócesis, Vicente Rebollo, a este periódico, la Iglesia ha ido recopilando tanta documentación como ha sido posible (parte de ella del propio Ayuntamiento) y cree que tiene defensa firme.
«Vamos a aportar nuestros documentos y creemos que nuestros argumentos son de peso, aunque no negamos que los suyos también puedan serlo», avanza Rebollo, para quien la raíz del conflicto reside en el momento en el que se alcanzaron los acuerdos de permuta. «En la época en la que se hizo aquello no se actuaba con unos criterios tan claros y ciertos como los de ahora; en estos días sería impensable que pasara algo así, pero no entonces».
La defensa de la Iglesia se basará en un informe paralelo al municipal en el que se recoge «todo lo que fue aquella cesión y todo el recurso histórico del uso y del dominio del terreno». Algo que, zanja Rebollo, no enturbiará las cordiales relaciones que existen entre ambas partes ya que «esto es una cosa entre vecinos que alguien nos tiene que ayudar a aclarar, simplemente eso. Aunque parece que los juzgados asustan un poco, gracias a Dios para eso están». Qué mejor conclusión, habida cuenta de quiénes son los protagonistas.
Fuente: Diario de Burgos.
