Salinero acusa al PP de «cocinar» el archivo del "cerrojazo" de mayo
Á.M / Burgos - miércoles, 16 de abril de 2014
IU señala directamente al intendente de Policial Local, Fernando Sedano, por haber «mentido» en su declaración y desobedecido la orden que recibió del concejal De Foronda
«Nosotros culpamos directamente al jefe de la Policía Local por haber cometido desobediencia y por haber mentido en su declaración tanto por escrito como ante la comisión de Seguridad Ciudadana». El concejal de IU en el Ayuntamiento de Burgos, Raúl Salinero, cargó ayer contra el intendente de la guardia municipal, Fernando Sedano, acusándole de ser el «máximo responsable» de haber orquestado y ejecutado el cerrojazo del Ayuntamiento en mayo de 2014.
Salinero hizo estas declaraciones después de comprobar que, en el expediente del caso cuyo archivo se votó el lunes en Personal, «consta un informe de la inspectora en el que se dice», textualmente, que «se propone la incoación de expediente disciplinario al responsable de la Policía Local por cuanto de los datos expuestos pueden derivarse indicios racionales que tilden las medidas adoptadas para el aseguramiento de los acceso más vulnerables a la Casa Consistorial que impidiesen el acceso a los policías fuera de servicio de abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones».
En opinión del edil, el archivo de la investigación interna se hace «en falso y sin que sepamos qué precio se ha pagado por un episodio negro y fuera del marco democrático». La acusación de desobediencia responde a que «la orden que dio el concejal de Seguridad, Salvador de Foronda, fue la de impedir el acceso al Pleno de los policías fuera de servicio, pero no la de cerrar con cadenas el edificio impidiendo la libre circulación de personas y empleados».
Y sobre la valoración de que Sedano mintió, Salinero explicó que se debe a que «nosotros tenemos claro que hay pruebas que demuestran que fue él quien cerró las puertas, y no un encargado de mantenimiento del Ayuntamiento», que fue a quien Sedano señaló en su declaración como responsable de haber tomado la decisión de utilizar ese sistema.
Abortado
Salinero hizo estas declaraciones después de comprobar que, en el expediente del caso cuyo archivo se votó el lunes en Personal, «consta un informe de la inspectora en el que se dice», textualmente, que «se propone la incoación de expediente disciplinario al responsable de la Policía Local por cuanto de los datos expuestos pueden derivarse indicios racionales que tilden las medidas adoptadas para el aseguramiento de los acceso más vulnerables a la Casa Consistorial que impidiesen el acceso a los policías fuera de servicio de abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones».
En opinión del edil, el archivo de la investigación interna se hace «en falso y sin que sepamos qué precio se ha pagado por un episodio negro y fuera del marco democrático». La acusación de desobediencia responde a que «la orden que dio el concejal de Seguridad, Salvador de Foronda, fue la de impedir el acceso al Pleno de los policías fuera de servicio, pero no la de cerrar con cadenas el edificio impidiendo la libre circulación de personas y empleados».
Y sobre la valoración de que Sedano mintió, Salinero explicó que se debe a que «nosotros tenemos claro que hay pruebas que demuestran que fue él quien cerró las puertas, y no un encargado de mantenimiento del Ayuntamiento», que fue a quien Sedano señaló en su declaración como responsable de haber tomado la decisión de utilizar ese sistema.
Abortado
En su valoración, IU cree que «se ha cocinado» algún tipo de solución «pactada» entre el equipo de Gobierno de Javier Lacalle y el propio intendente de la Policía Local «sin que sepamos qué ganan a cambio». «También es muy llamativo que después de aquello, y mientras se proponía abrirle un expediente, el propio PP anunciara la contratación de un jefe de Seguridad y Emergencias para quitarle poder y después no lo haya hecho», remachó Salinero, que en su momento llevó, sin éxito, estos hechos a la Fiscalía.
La versión del equipo de Gobierno es que, escuchada la decisión judicial, que no consideró que se cometiera delito alguno en aquellos hecho, se decidió asumir las tesis de la Justicia y se procedió a abortar la apertura del mencionado expediente disciplinario.
La versión del equipo de Gobierno es que, escuchada la decisión judicial, que no consideró que se cometiera delito alguno en aquellos hecho, se decidió asumir las tesis de la Justicia y se procedió a abortar la apertura del mencionado expediente disciplinario.
Fuente: Diario de Burgos
