Estos son los documentos que prueban que la Junta de Castilla y León
ordenó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales
Junta CyL.
Eldiario.es desveló el
pasado martes que la Consejería de Sanidad consideró que las personas
mayores enfermas de COVID-19 debían ser tratadas en los centros donde
residían.
eldiariocyl
| 22/05/2020 - 09:08h.
La Junta de Castilla y León ordenó no trasladar a los
hospitales a los ancianos de las residencias enfermos de COVID-19. Este
jueves, este diario amplió la información incluyendo un informe en el
mismo sentido de la Comisión de Bioética. En ambas informaciones,
eldiario.es incluyó las imágenes que consideró más relevantes y que
demostraban la existencia de esos documentos. Sin embargo, según el
vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad,
Verónica Casado, que los documentos se hayan reproducido sólo en parte,
suponen una "información sesgada" e "inaceptable" que "no es
permisible".
No hay ninguna razón oculta para que este diario no
publicase los documentos en su integridad, pero dado el cuestionamiento
de Igea y Casado, estos son completos, los documentos a los que tuvo
acceso eldiario.es. Pincha aquí para ver los documentos.
En el primer documento, sin fecha, pero según fuentes de la
Junta, elaborado el 23 de marzo, durante el pico de la pandemia en la
Comunidad, es el titulado 'Medidas generales para contener el impacto de
la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social'. Está
encabezado con los membretes de la Junta de Castilla y León, Servicios
Sociales (dependiente de de la Consejería de Familia, en manos del PP) y
la Gerencia de Salud (dependiente de la Consejería de Sanidad y en
manos de Ciudadanos). En él se establece que la atención sanitaria en
estos centros se gestionaría mediante un "equipo multidisciplinar" con
un equipo asistencial formado por "los profesionales de las residencias
junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de
referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del
Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a
Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc...". Era
este equipo el encargado de realizar una "valoración e identificación de
las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o
pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera". La parte
que eldiario.es decidió incorporar como imagen corresponde a la segunda
página, en la que se dice que se atendería a los residentes "sin
necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital", frase que aparece
destacada en negrita. Este documento está firmado por el director
gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el
gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y
se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.
Ese mismo 23 de marzo, la Comisión de Bioética de Castilla y
León, un órgano consultivo de la Consejería de Sanidad y que tiene allí
su sede, elabora un informe de dos páginas sobre esas medidas.
Eldiario.es reprodujo una imagen de un párrafo de la segunda página del
mismo, en el que se decía que "los equipos asistenciales
correspondientes" deben atender a los enfermos de COVID-19 de las
residencias "in situ", "sin trasladarlos a los hospitales (salvo casos
muy justificados de gran excepcionalidad, que tuvieran altas
posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad
establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con
la autorización previa expresa del servicio de Urgencias del Hospital de
referencia)". No obstante, se incluyeron en la información también
consideraciones de la primera página o el final del informe que concluía
en otro cuerpo de letra más grande y en negrita: "Hay que dar siempre,
hasta el final, una asistencia profesional, integral, humana y
compasiva".
El 23 de marzo, según datos aportados en ese momento por la
Junta de Castilla y León, había 920 enfermos de COVID-10 ingresados en
planta en los hospitales de la Comunidad y 137 en las UCIs. Tan solo dos
días después se había pasado a 1.313 ingresados en planta y 202
enfermos en cuidados intensivos. La curva era claramente ascendente y la
situación en los centros hospitalarios muy complicada.
El día 26 de marzo, las medidas se actualizaron en un nuevo
documento de dos páginas. En el apartado de 'Solicitud de atención
sanitaria', se refleja que "el Equipo de Atención Primaria prestará la
atención sanitaria en las residencias. Si para el desempeño de la
asistencia, se necesitara apoyo clínico, los profesionales de Atención
Primaria se pondrán contacto con el EQUIPO COVID-Residencias, pero
-destacado en negrita- en ningún caso derivarán pacientes de la
residencia al hospital sin contactar previamente con el EQUIPO
COVID-Residencias, que será quien decida la ubicación de la persona".
El criterio de la Junta de Castilla y León, que en el primer
documento apuesta por no derivar pacientes, en el segundo por hacerlo
sólo en casos "de gran excepcionalidad" y con la autorización previa del
hospital, y en el tercero de deja a criterio del EQUIPO
COVID-Residencias, cambia ligeramente el 16 de abril, una vez que
empieza a bajar la curva de ingresos. El 2 de abril se había pasado por
el momento más crítico, con 2.358 personas enfermas en planta
hospitalaria y 353 en UCI.
En un cuarto documento, de 8 páginas y con el título
'Actualización de las medidas generales a adoptar para contener el
impacto del COVID-19 en las residencias de carácter social', aparece un
cambio respecto al primero, y es que se añade que "preferiblemente" se
atenderá a los residentes "sin necesidad de movilizarlos". Este dato se
incluyó en la primera información que publicó este diario, tanto en el
subtítulo como en el cuerpo de la noticia, si bien no se reprodujo
ninguna imagen.
Además se añade que si precisasen "cuidados continuados de
mediana o alta intensidad que no ser prestados en la residencia
(necesidad de apoyo continuado o cuidados críticos) se derivará al
residente al hospital o al recurso intermedio medicalizado que se
determine en cada caso". En este documento aparece además un listado de
hospitales y centros de cuidados intermedios que no aparecen ni listados
ni citados en los documentos anteriores. Es decir, hasta el 16 de
abril, ninguno de los documentos registra la posibilidad clara de
derivar a los ancianos. Tampoco informan de qué pruebas médicas se les
podía hacer para ver la evolución de la enfermedad.
En esa fecha, había 1.297 enfermos en planta y 297 en las
UCI. A fecha de 21 mayo han fallecido 2.544 personas que vivían en una
residencia y que dieron positivo en COVID-19 o presentaban síntomas
compatibles con la enfermedad. Según la consejera Casado, se optó por la
"hospitalización a domicilio" para "proteger a los ancianos", que
suelen "desorientarse en los hospitales" y volvería a tomar la misma
decisión "una y mil veces".
Fuente: burgosnoticias.com
