Del ‘shock’ económico al democrático
La crisis pone al descubierto insuficiencias institucionales y aplaza posibles reformas
Preocupación de los partidos por el desgaste del modelo
Carlos Dívar asiste a la misa previa a la apertura del año judicial en 2008. / EFE
Con la soga de la prima de riesgo anudada al cuello y sin una luz clara en el horizonte, la sociedad española deshace sus vínculos afectivos con los partidos políticos y tritura en gran medida el crédito que le merecían las instituciones y organismos públicos. Las últimas encuestas de Metroscopia muestran que el porcentaje de personas más o menos angustiadas por la crisis económica alcanza al 90% de la ciudadanía, el mismo porcentaje de población que considera que los partidos políticos actúan llevados por sus propios intereses, sin tener en cuenta las necesidades de la gente. En apenas siete meses, los que van de octubre de 2011 a mayo de este año, el porcentaje de ciudadanos que piensa que el actual sistema democrático sigue siendo, con todos sus defectos e insuficiencias, el mejor que ha tenido nuestro país en su historia ha caído del 72% al 56%.
La crisis ha hecho saltar las costuras del Estado. Los 24.000 millones del agujero de Bankia,
las “semanas caribeñas” del presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, las millonarias
pensiones de los ejecutivos causantes del derrumbe financiero, el caso Urdangarin…
Tienen un impacto devastador en una sociedad de tono vital muy bajo
sacudida por el empobrecimiento de las clases medias y la caída en la
práctica miseria de segmentos de las clases bajas. Y, sobre todo, los
5,6 millones de parados, cifra que no deja de subir. Los planetas se han
alineado y el umbral del dolor de los ciudadanos se pone a prueba cada
día.
La crisis ha eclipsado hasta la noticia esperada durante décadas del
final del terrorismo. Los principales partidos solo hablan tímidamente
de reparar el Estado democrático, aunque no ocultan su preocupación.
Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, España no recuperará el PIB que tenía en 2008 hasta 2018.
“La gente no se explica cómo hemos llegado a esta situación. Cree que
no se merece lo que le está pasando y se siente abandonada a merced del
oleaje, desamparada por las autoridades políticas y económicas que
debían haberle protegido. Percibo una agresividad ciudadana y una
exigencia de responsabilidades porque a veces cuanto más se explican
menos les entendemos”, indica Federico Javaloy, catedrático de
Psicología Social de Barcelona.
El profesor de Derecho Administrativo y letrado de las Cortes de
Aragón José Tudela Aranda opina que detrás del desplome financiero hay
una crisis institucional en un sentido muy amplio. “Se han ido
desmontando o neutralizando los controles administrativos y políticos,
debilitando así la función pública. El papel de los secretarios,
interventores o cámaras de cuentas ha quedado difuminado porque se ha
preferido tener las manos libres y colocar a profesionales
ideológicamente afines. Eso explica los desfases presupuestarios. Las
cámaras de cuentas o cualquier otro tribunal de control resultan
imprescindibles y suponen un ahorro económico si evitan la perversión
del sistema, pero son ruinosas cuando miran hacia otro lado y consienten
todo. Corrupción no es solo llevarse el dinero, es deformar la ley,
colocar a los amigos”, subraya. José Tudela y otros muchos estudiosos
creen que en los últimos tiempos se han rebajado los criterios de
selección de los políticos y muchos buenos profesionales han sido
sustituidos por personal de confianza ideológica.
Las encuestas recientes son un aldabonazo, la voz de alarma que
advierte del deterioro del sistema democrático y del peligro de derivar
hacia situaciones impredecibles. Solo faltaría que al shock económico le
sucediera el shock democrático. “España es un gran país”, suele repetir Mariano Rajoy.
Pero crece la impresión de soberanía democrática arrebatada. Un miembro
del Gobierno explica que Rajoy no está para nada más que la crisis y es
imposible despachar con él sobre otro tipo de decisiones y reformas.
» SISTEMA FINANCIERO. Unos 500 euros por español
hasta llegar a los casi 24.000 millones de euros que son precisos para
reflotar Bankia (de ellos, 4.500 millones fueron inyectados en 2010).
Será necesario más del doble de lo que se acaba de recortar en sanidad y
en educación para tapar el agujero del banco en el que tuvieron
presencia representantes de los distintos partidos y que, en su último
tramo, fue dirigido por Rodrigo Rato. Este, uno de los iconos del PP, pudo haber sido presidente del Gobierno en 2004, si el dedo de José María Aznar no se hubiera desviado hacia Rajoy.
Bankia es hasta el momento el último y más grande eslabón de una
cadena de quiebras bancarias en España, que tienen que ver con el
pinchazo de una burbuja inmobiliaria que ha dejado el país regado de
pisos sin ocupar y promociones sin terminar. Los dos grandes partidos
dirigieron esas cajas, sin que haya habido atribución de
responsabilidades en ningún caso. Zapatero llevó a cabo dos reformas del
sistema financiero y Rajoy ya va por la segunda. En ninguna de las
cuatro ha habido voto contrario de alguno de los dos grandes partidos.
Pese al enfrentamiento partidario, ha sido el único asunto sobre el que
ha habido un cierto grado de complicidad entre PP y PSOE.
Y desde que empezó la crisis bancaria, con distintos grados de
gravedad, ha habido coincidencia en la falta de transparencia. “El
Parlamento no está para controlar la actividad de un banco u otro. Este
no es un sitio donde queramos machacar a nadie”, dijo José Antonio Alonso, entonces portavoz del PSOE
en el Congreso, el 29 de enero de 2009 para justificar su negativa a
que comparecieran allí los gestores de los bancos. Ahora el PP en el
Gobierno copia esos argumentos, con el agravante de que el dinero
público en juego se ha multiplicado y se ejecuta el mayor recorte del
Estado de bienestar de la democracia.
» BANCO DE ESPAÑA. En la práctica, según un destacado ministro, lo que se ha producido es una externalización de las funciones del Banco de España.
El organismo regulador del sistema financiero, que pasaba por ser uno
de los más respetables de Europa, también se ha visto afectado por el
tsunami; y el Gobierno, por exigencia de la UE, acaba de contratar a
Oliver Wyman y Roland Berger para que inspeccionen y auditen las cuentas
de los bancos españoles. El ministro de Economía, Luis de Guindos,
habló en la solemnidad de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de
“recuperar el prestigio del Banco de España”, dando por hecho así que
lo ha perdido. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
ha adelantado en un mes el final de su mandato y desde el Gobierno y el
PP se ataca su gestión. Se le achaca que no advirtiera la crisis, que
no frenara operaciones de fusión de cajas que han fracasado y, sobre
todo, se le imputa el pecado original de que su nombramiento fue
decidido por José Luis Rodríguez Zapatero, sin consenso. Hasta la
presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en momentos de zozobra, le
tacha de socialista. En breve, el Gobierno propondrá su sustituto y las
quinielas están entre Luis Linde y José Manuel González Páramo. El
objetivo, recuperar la institución.
» COMUNIDADES AUTÓNOMAS. La crisis ha hecho saltar engranajes del Estado autonómico.
Las exigencias de Bruselas para cumplir el objetivo de déficit se han
traducido en una ley que limita la autonomía para aprobar los
presupuestos, y la cesión de soberanía es aceptada hasta por partidos
nacionalistas, aunque eso no diluya su reivindicación identitaria: en
momentos de crisis, la reivindicación de mayor autogobierno se traduce
en pugna de símbolos y en negociación de mejora de financiación. En los
próximos meses es posible que se celebren elecciones anticipadas en tres
comunidades: en Cataluña —ahogada financieramente— si, como parece, CiU
recibe la negativa del Gobierno al llamado pacto fiscal; en el País
Vasco, por la ruptura del acuerdo entre el PSE y el PP; y en Galicia como adelanto de los comicios previstos para 2013.
En País Vasco y Cataluña, si finalmente hay comicios, es probable la
victoria de partidos soberanistas, que incrementarían la tensión con el
Gobierno central y la zozobra institucional.
» PARLAMENTO. Es la única institución sobre la que ni PP ni PSOE plantean reformas de funcionamiento,
a pesar de ser de las más superadas por la realidad. Por ejemplo, las
preguntas orales al Gobierno se presentan cinco días antes de
responderse, los calendarios de plenos son cortos y la inmensa mayoría
de los diputados se limita a apretar un botón. La reforma del Reglamento
lleva tres legislaturas durmiendo el sueño eterno.
El Gobierno de Rajoy
ha utilizado más que ningún otro antes los decretos ley que impiden el
debate parlamentario, y se ha negado a tramitarlos como proyectos de ley
para evitar discutir enmiendas. El recorte de 10.000 millones en
sanidad y educación, por ejemplo, se saldó con solo dos horas de debate
parlamentario, mucho menos que el tiempo empleado en explicarlo ante los
socios europeos y los mercados. El PP aplica su mayoría absoluta para
impedir peticiones de comparecencia. La situación llega al punto de que
el Gobierno olvidó que nombramientos como el del presidente del Consejo
de Estado y el del presidente de la agencia Efe requerían una
comparecencia pública previa en el Congreso, y se vio obligado a forzar
su presencia en la Cámara cuando ya había salido su designación en el
BOE. Se inventa así el oxímoron de la audiencia previa posterior.
» PODER JUDICIAL. El Consejo General del Poder Judicial
se ha visto agitado por el escándalo de los viajes privados de su
presidente con cargo al erario. Carlos Dívar dijo primero que no debía
explicaciones a la prensa, luego compareció ante los periodistas y se
negó a revelar con quién cenaba con dinero público, y el PP vetará que
comparezca en el Congreso para dar cuentas de sus gastos. El PSOE, que
le propuso para el cargo en la anterior legislatura, ha pasado del
silencio a la petición de información, mientras el PP le protege porque,
según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hay que
preservar las instituciones.
Gallardón presentará antes de verano un proyecto de ley que reforma
por completo el CGPJ, hasta el punto de eliminar la dedicación exclusiva
de los vocales. No tendrán sueldo ni infraestructura, y seguirán
ejerciendo sus actividades judiciales, tal y como se ha hecho ya con el
Consejo de RTVE. El modelo será el de Francia donde, curiosamente, el
nuevo presidente. François Hollande, pretende cambiar el suyo para
copiar el español. No se puede reducir el número de 20 vocales, porque
está establecido en la Constitución y, por supuesto, queda enterrado el
propósito recogido en los nuevos estatutos de comunidades de multiplicar
este organismo en consejos autonómicos.
El mismo Tribunal Supremo que preside Dívar ha estado en entredicho
por un sector de la población que entendía que ha actuado por venganza
contra Baltasar Garzón, por investigar el franquismo, inhabilitándolo
por otro caso, el de las escuchas de Gürtel.
» RENOVACIÓN INSTITUCIONAL. Desde hace cuatro años
los dos grandes partidos incumplen su obligación constitucional de
pactar nombramientos en ciertas instituciones. Hay cuatro vacantes en el
Tribunal Constitucional,
que mantienen en precario esta institución; el Defensor del Pueblo está
en funciones desde hace dos años; el Tribunal de Cuentas está
empantanado, igual que otros organismos reguladores. PP y PSOE aseguran
que se procederá a la renovación, probablemente la próxima semana, pero
ni siquiera hay contactos entre ellos.
» PARTIDOS. Todos los partidos con representación
parlamentaria están en fase de poner remedio, en parte, a los agujeros
de las normas que restringen su financiación. En una ponencia del
Congreso están cerrando un acuerdo para dar transparencia a sus cuentas,
publicando los créditos y las condonaciones de préstamos en Internet, y
para cerrar las puertas falsas que les permiten escapar a su
fiscalización: las fundaciones y la nula capacidad sancionadora del
Tribunal de Cuentas. Cuando llegue ese acuerdo no será posible que los
bancos perdonen a los partidos más de 100.000 euros al año, las
fundaciones no podrán recibir donaciones y deberán publicar sus balances
y el Tribunal de Cuentas podrá actuar y sancionar directamente. Han
aceptado una reducción de un 20% de sus ingresos, aunque el PSOE negocia
una aplicación flexible por problemas de liquidez.
Los dos grandes partidos, PSOE y PP, han frenado iniciativas que
pedían hacer incompatible la pensión de los expresidentes con otros
ingresos o las cesantías de los exministros y secretarios de Estado. El
único miembro del Gobierno anterior que ha renunciado a ese ingreso que
pueden cobrar durante dos años es Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay 15
exministros y exsecretarios de Estado que en este momento compatibilizan
el sueldo de diputado con esa pensión de dos años. Se ha avanzado en la
publicación de patrimonio y actividades de parlamentarios, pero el
Congreso carece de capacidad para comprobar los datos.
» MONARQUÍA. El escándalo por el proceso judicial en el que está imputado el yerno del Rey,
Iñaki Urdangarin, hizo que la imagen de la monarquía se resintiera,
según las encuestas. La Casa Real respondió apartando a Urdangarin de
las actividades de la Familia Real y dando transparencia a las líneas
generales de las cuentas de la Zarzuela. Pero la cacería de Don Juan
Carlos en Botsuana deterioró aún más la imagen de la monarquía: si en
marzo el 74% de los españoles aprobaba la manera en la que Rey
desempeñaba sus funciones, en abril ese porcentaje caía al 52%. El 51%
juzga insuficientes las explicaciones y disculpas que el monarca ha
ofrecido sobre su cacería. La respuesta en este caso ha sido la insólita
petición de disculpas públicas del Rey y el compromiso de dar a conocer
sus viajes.
» GOBIERNO. Nunca antes habían coincidido una
valoración tan baja de un Gobierno con una imagen aún peor de la
oposición, según todas las encuestas. Mucho menos tan cerca de unas
elecciones generales en las que, además, un partido ha logrado mayoría
absoluta. El Ejecutivo ha hecho de la Ley de Transparencia una de sus
banderas, con el objetivo de obligar a la administración a facilitar
datos a los ciudadanos, bajo amenaza de sanciones. Sin embargo, el
actual presidente solo ha dado una rueda de prensa en solitario y, por
ejemplo, el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación
se comunicó en una nota de prensa una tarde. En Italia un recorte
similar lo anunció el primer ministro, Mario Monti, en presencia de su
ministra de Trabajo, que acabó la comparecencia llorando.
El trámite de la Ley de Transparencia se combina con gestos
contrarios, como el mantenimiento de la clasificación secreta de miles
de documentos de defensa y de exteriores.
El 80% de los españoles, según Metroscopia, pide pactos entre los
partidos, pero los puentes de comunicación entre el presidente y el
líder de la oposición han estado rotos durante meses.
Fuente: Diario El País
