RETRASA LA SUBIDA DEL IVA PARA NO AFECTAR AL TURISMO
El Gobierno prepara ya recortes de empresas y salarios en el sector público
Mariano Rajoy, durante su intervención en la Comisión Interparlamentaria del PP. (EFE)
@Ángel Collado
17/06/2012
(06:00h)
El Gobierno tiene en estudio desde hace meses algunas de las sugerencias que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo públicas este viernes sobre la economía española, como es la subida de los impuestos indirectos o los recortes de gastos salariales en las administraciones públicas, aunque Mariano Rajoy aseguró este sábado que no aplicará de forma inmediata las reformas sugeridas por el organismo. No obstante, los ministerios de Economía y el de Hacienda y Administraciones Públicas no comparten con el FMI los planes de aplicación en el tiempo. El Consejo de Ministros verá a finales de este mes un primer balance del proceso de liquidación de empresas públicas y las sociedades de la SEPI en pérdidas aprobarán también antes de las vacaciones severos planes de reducción de su "masa salarial".
El
plan original del Gobierno era acometer en el próximo proyecto de
Presupuestos del Estado el problema de fondo del sostenimiento de las
administraciones públicas, que es el exagerado número de empleados
públicos: 3,2 millones dependientes del Gobierno central, los ejecutivos
autonómicos, los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos. El
Ejecutivo considera urgente que la economía española acometa 'el trasvase' de empleados públicos (no funcionarios) al sector privado cuando la cifra de parados se acerca a los 6 millones.
Entre
2004 y finales de 2011, en los siete años y medio de Gobierno de
Zapatero, el Estado en su conjunto ha conocido el mayor crecimiento de
su historia en contratación de empleados públicos en tan breve periodo
de tiempos: 400.000 en cifras redondas, la mayor parte en las
administraciones autonómicas. Algunos gobiernos regionales siguieron engrosando sus plantillas hasta el último trimestre,
en plena crisis económica y cuando llevaban hasta un ejercicio entero
sin pagar a los proveedores como ocurrió en Andalucía este año y en el
anterior la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. La mayoría son
interinos y contratados, no funcionarios de carrera que entraran vía
oposición o concurso de méritos.
La cifra de empleados públicos, en comparación con la tasa de paro y el porcentaje de población activa, es uno de los datos del Estado español que más escandaliza en las instancias políticas europeas
y en los organismos económicos como el FMI. En los casos de rescate o
intervención auténtica y total, como el griego, es la primera medida que
se impone: el recorte de plantillas de la administración y la reducción
salarial drástica, de supresión de pagas enteras más recorte porcentual
como en el país heleno.
En los Presupuestos para este año que se
acabarán de aprobar este mes, el Gobierno se limita en este terreno a
congelar salarios y fijar las "tasas de reposición" de plazas. Las
principales bolsas de empleo público más prescindible, por no afectar a
los servicios básicos del Estado, están en el mismo ámbito donde más han
crecido en los últimos años, que es en la administración autonómica. El
Ministerio de Hacienda estudia ya cómo y en qué proporción acometer esa
reducción de trabajadores a partir de 2012. Es una medida que considera imprescindible para cumplir con el objetivo de déficit fijado para finales del ejercicio, el tres por ciento.
Trasvase de empleados del sector público al privado
Antes de las vacaciones de verano el Ejecutivo llevará al Congreso la cifra de techo de gasto para los próximos presupuestos y en septiembre el proyecto concreto, ya con el dato de reducción de empleados públicos.
Después de los recortes salariales aprobados por Zapatero antes de irse
y de la congelación aplicada por Rajoy en las cuentas vigentes, en
medios del Ejecutivo reconocen que poco margen de ahorro sin perjudicar a
los servicios básicos (sanidad, educación, justicia, seguridad y
defensa) se puede aplicar a los funcionarios 'de verdad'. Hay
comunidades autónomas que ya discriminan en ese sentido y cargan las
reducciones de salarios en los interinos, pero en el Gobierno insisten
en que la clave del ahorro es el citado trasvase de empleado público a empleado privado, por ejemplo con la privatización de servicios auxiliares como ocurre con el sector de la sanidad. Como ya hace la Comunidad de Madrid.
Hasta
que se concreten en septiembre ese tipo de medidas para los próximos
presupuestos, el Gobierno lo que tiene ya en marcha es el proceso de
liquidación y simplificación de algunas empresas públicas que ya puso en
marca en marzo. Según fuentes gubernamentales, antes de que acabe el
mes el Consejo de Ministros presentará como informe su labor ahorradora
en el sector. Se suprimen 24 sociedad mercantiles estatales, la más conocida la de alquiler de viviendas,
se desinvierte en otras 8 sociedades públicas, el Estado se retira de
35 empresas mixtas donde era minoritario, se liquidan 15 compañías y se
fusionan o eliminan nueve fundaciones.
Al mismo tiempo han
empezado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi),
dependiente de Hacienda, los procesos de recortes salariales en la
mayoría de las empresas que la componen. El plan consiste en lograr ahorros en la "masa salarial" de las empresas de hasta el 25 por ciento en los casos de las más deficitarias.
La agencia Efe es la primera que sufre el recorte. Además de despidos,
la plantilla tiene planteados recortes en nóminas de hasta un 20 por
ciento. Parecido camino prepara la Sepi para RTVE en cuanto tome
posesión su nuevo presidente a finales de mes para encajar la reducción
de 204 millones de euros en subvención acordada por el Ejecutivo.
En
las empresas estatales del sector industrial también se aplicarán
recortes salariales drásticos, más que despidos, para reducir sus
déficit acumulados, y siempre dependerán de los resultados que obtengan
en sus sectores de negocio o producción.
Subir el IVA en el peor momento
Sobre la subida de impuestos indirectos que también reclama el FMI, el Gobierno ya lo tiene previsto en el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas.
El Ejecutivo de Rajoy, sin referirse al IVA concretamente, plantea
reducir la presión impositiva sobre la contratación del trabajador y
compensar esa pérdida de ingresos con más recaudación por impuestos
indirectos. Pero condiciona el paso al fin de la recesión, prevista para
el próximo ejercicio. De momento, en Hacienda hablan de 'ensanchar' las bases de recaudación por IVA y de establecer o ampliar impuestos por actividades contaminantes: tasas sobre los vehículos que emiten más CO2, por ejemplo.
Si
por las presiones internacionales el Gobierno se ve obligado a subir ya
el IVA, el primer efecto sería muy negativo sobre el principal sector
de la economía española (el turismo) y precisamente en temporada alta.
Fuente: El Confidencial
