El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, valora, que, dentro de la
mala situación económica general, el Ayuntamiento de Burgos ha pasado de tener
una deuda que al acabar el 2011 era de 70 millones de euros, a una deuda de 40
millones al finalizar 2012, de 42, según la matización que ha hecho el PSOE,
gracias al Plan de Ajuste que se aprobó en marzo del pasado año, exigencia del
Gobierno para acceder al “Plan Montoro” de pago a proveedores.
En el
Pleno del Ayuntamiento de Burgos celebrado esta mañana se han llevado en
daciones en cuenta varios informes, entre ellos el de Intervención General
relativo al seguimiento de este plan.
El Plan de Ajuste no se ha cumplido en 800.000 euros, como ha recordado
la concejal del PSOE Carmen Hernando, aunque lo peor, según Hernando, es la
“grave situación económica del Ayuntamiento”. Además, la concejal socialista ha
criticado que en el informe falte información, que no recoja los recibos
emitidos, y ha acusado al responsable de Hacienda de dar la orden de no
proporcionar información a la oposición, más allá de lo que pase por Alcaldía,
una acusación negada por el edil aludido.
En el Pleno del
Ayuntamiento de Burgos celebrado esta mañana se han llevado en daciones en
cuenta varios informes, entre ellos el de Intervención General relativo al
seguimiento de este plan.
Siguiendo con las daciones de cuentas, también se han llevado
al Pleno los informes del órgano de Gestión Tributaria y de Intervención
relativos al cumplimiento de los plazos de pago de operaciones comerciales del
Ayuntamiento en el último trimestre del 2012, y de las facturas pendientes por
lo menos desde hace tres meses.
En este sentido, el concejal portavoz de UPyD, Roberto Alonso, ha
criticado que el Ayuntamiento de Burgos no esté cumpliendo con la Ley de
Morosidad que, desde el 1 de enero, establece el plazo para pagar facturas en 30
días, lo que sólo se está haciendo, según Alonso, en un 2% de los casos, ya que
la media en el Consistorio es de 331 días, 11 meses, y todavía hay deudas
pendientes con proveedores desde el año 2007, medio centenar,de las que 26 son
el IMC, del 2011, y la mayoría del año 2009.
Desde el PSOE, Carmen
Hernando ha hablado de esos 42 millones de euros de deuda, a 31 de diciembre
del 2012, dinero que se le debía a proveedores y asociaciones. Además, al
acudir al Plan Montoro, se generó una deuda de 6 millones de euros en intereses,
mientras que el pasado año bajaron un 30% las inversiones, y tampoco se pagó a
tiempo a los proveedores.
Del área de Fomento, el Pleno ha aprobado inicialmente, con los votos
del PP, y la abstención de Roberto Alonso (UPyD), mientras que los otros dos
ediles de esta formación votaron en contra, la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana y del Plan Especial de Reforma Interior del Área de
Transformación 8.16 “Cellophane”, promovida por la mercantil Campoburgos. En
este sentido, el PSOE ha mostrado su oposición porque, como ha explicado el
concejal socialista Antonio Fernández Santos, se trata de cambiar la norma
zonal, de 6 a 4, para tres parcelas que quedan sin edificar, una de ellas
propiedad municipal. Según Santos, ahora se podrán edificar viviendas
comunitarias, no unifamiliares como hasta ahora, y un 10% de equipamientos
comerciales. El edil socialista ha lamentado que el Ayuntamiento de Burgos sirva
más a los intereses de una constructora privada que a los de los ciudadanos,
además que perjudica a aquellos constructores que habían edificado ya en las
otras parcelas.
Ha respondido el concejal responsable de Fomento, Ángel
Ibáñez, que esta modificación ya se había planteado en 2010 para implantar
dotaciones comerciales, que ahora no hay, por lo que se benefician los vecinos,
además de que la parcela municipal también se revalorizará con esta operación.
En el capítulo de proposiciones, ha salido adelante, por unanimidad, la
de UPyD que solicita que, en el plazo de quince días, todos los Grupos envíen a
Secretaría las distintas proposiciones que se han aprobado en los plenos en los
últimos años y que no se han ejecutado. Se trata de realizar un seguimiento de
todas ellas.
No se han aprobado las relativas a la sociedad Parkmusa, ni la del PSOE
pidiendo su disolución, ni la de UPyD demandando que, por lo menos, la oposición
forme parte del Consejo de Administración, para un mayor control en la gestión,
al igual que ocurre en Aguas de Burgos.
