Las VPO de Santa Bárbara encallan entre los ministerios de Defensa y Fomento
H. Jiménez/Burgos - domingo, 20 de mayo de 2012
SIN dinero para promoverlas. La entidad pública SEPES, que debía comprar los terrenos militares por 3 millones de euros, admite que sus problemas presupuestarios abocan al olvido a la promoción anunciada hace 7 años por Bono
Es un asunto tan viejo que llega a olvidarse entre trámite y trámite.
Proviene del lejano 1995, cuando el Ministerio de Defensa y la ciudad
firmaron el acuerdo por el que se desmilitarizó el aeropuerto de
Villafría a cambio de recalificaciones en varios terrenos. Y ahora está
atascado con un panorama muy poco halagüeño a corto plazo. El proyecto
para levantar casi 350 viviendas protegidas que deben sustituir al
antiguo cuartel de Santa Bárbara, entre los barrios del G-2 y Juan XIII,
está varado entre los ministerios de Defensa y Fomento y, salvo
sorpresa, seguirá sin materializarse durante un tiempo porque detrás de
la paralización están los recortes presupuestarios.
Hace justo un año el diputado socialista Luis Tudanca anunciaba la inminente firma de un convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la entidad pública empresarial de suelo SEPES. Se trataba de que Defensa pasara a Fomento, que tiene las competencias en materia de vivienda, la promoción de estas VPO pero a cambio de una transacción económica, pues aunque hablamos de una transmisión entre administraciones del mismo nivel la Ley de Patrimonio impide que sea gratuita.
El precio, según estimaciones de entonces, se establecía en el entorno de los 3 millones de euros para un número máximo de 342 viviendas y para ejecutarlo solo faltaba la rúbrica de un documento que ya contaba con un borrador que el propio Ministerio, entonces en manos de un Gobierno socialista, había remitido incluso al parlamentario burgalés que ha seguido más de cerca este asunto durante los últimos meses. Pero los tiempos políticos se echaron encima, llegó la convocatoria anticipada de elecciones y la burocracia se paró.
Ahora el proyecto ha pasado al PP, que es quien gobierna ahora la Administración General del Estado, y es el diputado Juan Carlos Aparicio el que explica que no tiene conocimiento de novedades al respecto. Eso sí, alude a la rebaja presupuestaria que ha sufrido la SEPES en el último presupuesto y que se suma al padecido en el anterior como posible causa de la parálisis, pues una vez adquiridos los terrenos la sociedad estatal tendrá que urbanizarlos y no recuperaría la inversión hasta sacar al mercado unas viviendas que ahora tienen difícil salida.
A petición de este periódico, desde SEPES explican que «durante la anterior legislatura no se llegó a cerrar el acuerdo para la venta de los terrenos del antiguo cuartel de Artillería de Santa Bárbara para la construcción de 350 viviendas protegidas, por lo que el anterior Ejecutivo no llegó a incluirlo en ningún momento dentro de la planificación plurianual de inversiones».
Sin embargo, un Consejo de Ministros de octubre sí que autorizó la compra de los terrenos para desarrollar la llamada ‘Operación Campamento’ en Madrid, que tendrá un coste de 150 millones de euros para la adquisición del suelo y una inversión total que roza los 370, «lo que implica un fuerte condicionante para la actividad en otras operaciones durante los próximos años», advierten desde la entidad.
«Muy preocupante». A finales de abril el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, calificó la situación económica de SEPES como «muy preocupante». En los últimos cuatro años el organismo ha incrementado sus inversiones un 54% mientras sus ventas caían un 67%, mientras la morosidad se le habría disparado hasta multiplicarse por cinco. Con este panorama, parece difícil que concluya las actuaciones en marcha, cuanto más que se embarque en proyectos nuevos.
Transcurrirán, por tanto, unos cuantos meses más para sacar adelante una actuación que pese a tener su origen en el convenio de Villafría de 1995 fue rescatado hace siete años. En junio de 2005, durante una visita a Burgos, el entonces ministro de Defensa José Bono anunció que el número previsto de viviendas se incrementaba desde las 300 iniciales hasta las 350, mientras que el porcentaje de VPO se elevaba del 30% previsto hasta el 50%. Después, ya durante el mandato de Carme Chacón, el porcentaje se elevó hasta el 100%.
Defensa llegó a publicar en el BOE un informe estableciendo en 6 metros la separación obligatoria de los futuros edificios respecto al cuartel Diego Porcelos, que por el momento se mantendría, pero lo importante, la construcción, nunca ha llegado a pasar del papel.
Fracaso del plan para convertir libres en protegidas
Junta y Gobierno central presentaron en 2010 una iniciativa que pretendía desbloquear el ‘stock’ inmobiliario, pero los resultados han sido muy pobres
La Junta de Castilla y León y el Gobierno central tenían muchas esperanzas puestas en un plan para la conversión de viviendas libres en VPO cuando lo presentaron en marzo de 2010. Se trataba de desbloquear el ‘stock’ inmobiliario que ya estaba paralizado como consecuencia de los dos primeros años de crisis económica, y al menos era una idea original. Pero no ha funcionado.
La fórmula elegida era transformar los pisos de precio libre en promociones de precio tasado, siempre que cumplieran una serie de requisitos de tamaño y precio. Se hablaba de 30.000 viviendas en toda la región (un 70% de todas las que estaban sin vender, según calculaba el Ministerio de Vivienda), y para la provincia de Burgos las matemáticas calculaban en 4.000 las transformables sobre un total de 5.200.
La idea sumó no solo a dos administraciones de color político distinto, sino también a la Federación Regional de Municipios y Provincias, a la patronal regional de la construcción, a entidades financieras, notarios, registradores y administrativos. Todo un ejercicio de coordinación entre múltiples partes que sorprendía e incluso generaba esperanzas.
El Colegio de Arquitectos, por boca de su entonces presidente David Dobarco, tenía una posición muy optimista al respecto. Hablaba de «la primera medida razonable e importante que vemos en mucho tiempo» para dinamizar el mercado inmobiliario. A su juicio, las entidades bancarias podrían liberarse de una carga, porque además se ofertaba la alternativa de un alquiler con opción a compra para quienes tuvieran problemas de financiación.
Sin embargo la Federación de Promotores Inmobiliarios de Burgos ya advertía sus muchas dudas al respecto de la efectividad de la medida, y el tiempo ha acabado dando la razón a este último. Aunque no ha facilitado datos provincializados, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León habla de un total de 1.029 conversiones en toda la región. En la provincia, por tanto, hablaríamos como mucho de unos pocos cientos, pero no más. Muy lejos en cualquier caso de las 4.000 potenciales beneficiarias de los buenos propósitos de los agentes implicados.
Gonzalo López Recio, presidente de los promotores locales, recuerda que ya en su día apuntó a que la medida sería «testimonial». La posibilidad de conversión en VPO llegó en un momento en el que el propio mercado de vivienda protegida ya se había empezado a activar, donde ya había una oferta suficiente y en el que por tanto no ha sido necesario el incremento de la bolsa de este tipo de producto, para el que tampoco hay excesiva demanda.
López Recio explica que «los precios de la vivienda libre están cada vez más cerca de la protegida, y al promotor no le ha interesado convertir la libre en VPO porque en primer lugar esto no quería decir que inmediatamente la fueras a vender y en segundo lugar podía generar un quebranto importante para quien había adquirido el suelo a altos precios». Concluye que «aquello se vendió como que fuera a ser la panacea, pero ya advertimos de que no sería así».
Según las condiciones anunciadas en su día, las viviendas convertibles a VPO tenían que cumplir con los requisitos de superficie, calidades y precio propios de su condición. Por ejemplo, en la provincia de Burgos el coste rondaba los 1.940 euros el metro cuadrado, casi 165.000 para un piso de 85 metros.
Fuente: Diario de burgos
Hace justo un año el diputado socialista Luis Tudanca anunciaba la inminente firma de un convenio entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la entidad pública empresarial de suelo SEPES. Se trataba de que Defensa pasara a Fomento, que tiene las competencias en materia de vivienda, la promoción de estas VPO pero a cambio de una transacción económica, pues aunque hablamos de una transmisión entre administraciones del mismo nivel la Ley de Patrimonio impide que sea gratuita.
El precio, según estimaciones de entonces, se establecía en el entorno de los 3 millones de euros para un número máximo de 342 viviendas y para ejecutarlo solo faltaba la rúbrica de un documento que ya contaba con un borrador que el propio Ministerio, entonces en manos de un Gobierno socialista, había remitido incluso al parlamentario burgalés que ha seguido más de cerca este asunto durante los últimos meses. Pero los tiempos políticos se echaron encima, llegó la convocatoria anticipada de elecciones y la burocracia se paró.
Ahora el proyecto ha pasado al PP, que es quien gobierna ahora la Administración General del Estado, y es el diputado Juan Carlos Aparicio el que explica que no tiene conocimiento de novedades al respecto. Eso sí, alude a la rebaja presupuestaria que ha sufrido la SEPES en el último presupuesto y que se suma al padecido en el anterior como posible causa de la parálisis, pues una vez adquiridos los terrenos la sociedad estatal tendrá que urbanizarlos y no recuperaría la inversión hasta sacar al mercado unas viviendas que ahora tienen difícil salida.
A petición de este periódico, desde SEPES explican que «durante la anterior legislatura no se llegó a cerrar el acuerdo para la venta de los terrenos del antiguo cuartel de Artillería de Santa Bárbara para la construcción de 350 viviendas protegidas, por lo que el anterior Ejecutivo no llegó a incluirlo en ningún momento dentro de la planificación plurianual de inversiones».
Sin embargo, un Consejo de Ministros de octubre sí que autorizó la compra de los terrenos para desarrollar la llamada ‘Operación Campamento’ en Madrid, que tendrá un coste de 150 millones de euros para la adquisición del suelo y una inversión total que roza los 370, «lo que implica un fuerte condicionante para la actividad en otras operaciones durante los próximos años», advierten desde la entidad.
«Muy preocupante». A finales de abril el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, calificó la situación económica de SEPES como «muy preocupante». En los últimos cuatro años el organismo ha incrementado sus inversiones un 54% mientras sus ventas caían un 67%, mientras la morosidad se le habría disparado hasta multiplicarse por cinco. Con este panorama, parece difícil que concluya las actuaciones en marcha, cuanto más que se embarque en proyectos nuevos.
Transcurrirán, por tanto, unos cuantos meses más para sacar adelante una actuación que pese a tener su origen en el convenio de Villafría de 1995 fue rescatado hace siete años. En junio de 2005, durante una visita a Burgos, el entonces ministro de Defensa José Bono anunció que el número previsto de viviendas se incrementaba desde las 300 iniciales hasta las 350, mientras que el porcentaje de VPO se elevaba del 30% previsto hasta el 50%. Después, ya durante el mandato de Carme Chacón, el porcentaje se elevó hasta el 100%.
Defensa llegó a publicar en el BOE un informe estableciendo en 6 metros la separación obligatoria de los futuros edificios respecto al cuartel Diego Porcelos, que por el momento se mantendría, pero lo importante, la construcción, nunca ha llegado a pasar del papel.
Fracaso del plan para convertir libres en protegidas
Junta y Gobierno central presentaron en 2010 una iniciativa que pretendía desbloquear el ‘stock’ inmobiliario, pero los resultados han sido muy pobres
La Junta de Castilla y León y el Gobierno central tenían muchas esperanzas puestas en un plan para la conversión de viviendas libres en VPO cuando lo presentaron en marzo de 2010. Se trataba de desbloquear el ‘stock’ inmobiliario que ya estaba paralizado como consecuencia de los dos primeros años de crisis económica, y al menos era una idea original. Pero no ha funcionado.
La fórmula elegida era transformar los pisos de precio libre en promociones de precio tasado, siempre que cumplieran una serie de requisitos de tamaño y precio. Se hablaba de 30.000 viviendas en toda la región (un 70% de todas las que estaban sin vender, según calculaba el Ministerio de Vivienda), y para la provincia de Burgos las matemáticas calculaban en 4.000 las transformables sobre un total de 5.200.
La idea sumó no solo a dos administraciones de color político distinto, sino también a la Federación Regional de Municipios y Provincias, a la patronal regional de la construcción, a entidades financieras, notarios, registradores y administrativos. Todo un ejercicio de coordinación entre múltiples partes que sorprendía e incluso generaba esperanzas.
El Colegio de Arquitectos, por boca de su entonces presidente David Dobarco, tenía una posición muy optimista al respecto. Hablaba de «la primera medida razonable e importante que vemos en mucho tiempo» para dinamizar el mercado inmobiliario. A su juicio, las entidades bancarias podrían liberarse de una carga, porque además se ofertaba la alternativa de un alquiler con opción a compra para quienes tuvieran problemas de financiación.
Sin embargo la Federación de Promotores Inmobiliarios de Burgos ya advertía sus muchas dudas al respecto de la efectividad de la medida, y el tiempo ha acabado dando la razón a este último. Aunque no ha facilitado datos provincializados, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León habla de un total de 1.029 conversiones en toda la región. En la provincia, por tanto, hablaríamos como mucho de unos pocos cientos, pero no más. Muy lejos en cualquier caso de las 4.000 potenciales beneficiarias de los buenos propósitos de los agentes implicados.
Gonzalo López Recio, presidente de los promotores locales, recuerda que ya en su día apuntó a que la medida sería «testimonial». La posibilidad de conversión en VPO llegó en un momento en el que el propio mercado de vivienda protegida ya se había empezado a activar, donde ya había una oferta suficiente y en el que por tanto no ha sido necesario el incremento de la bolsa de este tipo de producto, para el que tampoco hay excesiva demanda.
López Recio explica que «los precios de la vivienda libre están cada vez más cerca de la protegida, y al promotor no le ha interesado convertir la libre en VPO porque en primer lugar esto no quería decir que inmediatamente la fueras a vender y en segundo lugar podía generar un quebranto importante para quien había adquirido el suelo a altos precios». Concluye que «aquello se vendió como que fuera a ser la panacea, pero ya advertimos de que no sería así».
Según las condiciones anunciadas en su día, las viviendas convertibles a VPO tenían que cumplir con los requisitos de superficie, calidades y precio propios de su condición. Por ejemplo, en la provincia de Burgos el coste rondaba los 1.940 euros el metro cuadrado, casi 165.000 para un piso de 85 metros.
Fuente: Diario de burgos
