Cambios en el contrato soliviantan a los expropiados de Villalonquéjar
Los expropietarios denuncian la modificación de los acuerdos y exigen firmar los que se negociaron en enero de esta año / Lanzan un ultimátum de tres días hábiles o pedirán ejecución de sentencia.
Cuando parecía que la viabilidad del Consorcio de Villalonquéjar estaba encauzada al menos hasta el año 2018, en menos de 72 horas podría volver a planear sobre él la amenaza de la disolución. El abogado de parte de los expropiados, José María Castilla, ha alertado de la posibilidad de que sus representados ejecuten la sentencia de pago que pesa sobre el Consorcio, a pesar de haber alcanzado un acuerdo a tres partes -consorcio, Ayuntamiento y los titulares de los terrenos-, si no se rectifican los acuerdos de pago que han comenzado a llegar a sus representados y que incluyen cláusulas no pactadas.
Según relata a este periódico Castilla, el Ayuntamiento ha comenzado a enviar los documentos de transacción para realizar el primer pago cuyo plazo finaliza el próximo 15 de diciembre. En estos contratos, una vez revisados por el letrado «el consorcio ha incluido dos cláusulas que no están negociadas ni pactadas y que creemos que tampoco han pasado por pleno para su ratificación», explica. La primera de las cláusulas condiciona el pago a la aportación que el Ayuntamiento realice al consorcio para poder efectuar el abono. De no liberar esas cantidades, el consorcio no pagaría a los expropietarios de los terrenos. La segunda cláusula «deja en suspenso el convenio suscrito hasta no llegar a un acuerdo con los bancos», algo que les sorprende porque «se han hecho eco todos los medios de que en julio se llegó a ese acuerdo para refinanciar la deuda». Esta segunda condición supondría en la práctica que los afectados no podrían recibir las cantidades que se les adeuda porque «si por un lado no se les paga porque el Ayuntamiento no da el dinero al consorcio y, por otro, no se podría reclamar al Ayuntamiento como responsable último si el convenio firmado está sometido a acuerdos entre bancos y consorcio, que si desaparecen o se rompen no podríamos reclamar a nadie», insiste Castilla.
Fuente: Correo de Burgos