El
vicealcalde de Burgos, concejal de Hacienda en la anterior legislatura,
Ángel Ibáñez, ha hablado de la denuncia que han presentado ciudadanos
particulares y representantes de asociaciones, contra él y contra el
exalcalde Aparicio, por el conocido “caso Espolón”. En el escrito que se
llevado al Juzgado, los denunciantes piden que se investiguen los
hechos en profundidad para que se depuren responsabilidades políticas.
Ibáñez ha respondido que tiene "la conciencia muy tranquila y plena
confianza en el Estado de Derecho".
El
pasado 9 de febrero un grupo de ciudadanos, bien a título particular o
en representación de alguna asociación, presentaron ante el Juzgado de
Instrucción decano de Burgos un denuncia derivada de los hechos del
conocido “caso de la Cafetería Espolón”, contra el
exalcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio y quien era con el anterior
equipo de Gobierno concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez.
Desde la presentación de la denuncia ha habido más personas que se han ido interesando por ella y han mostrado su deseo de adherirse.
Desde la presentación de la denuncia ha habido más personas que se han ido interesando por ella y han mostrado su deseo de adherirse.
Lo
que se ha presentado al Juzgado es una denuncia y no una querella, es
decir, en no se acusa de ningún delito concreto, sino que tan sólo se
denuncian unos hechos, que se han ido conociendo en los últimos tiempos,
y se solicita que se investiguen por si pudieran ser constitutivos de
algún tipo de infracción penal. En esos hechos que se citan, se recoge
que el hostelero que regentó el establecimiento estuvo once años sin
pagar el alquiler por el local y los gastos corrientes de luz, agua y
calefacción, generando un quebranto a las arcas municipales de 600.000
euros, sólo por el alquiler. También aparece reflejado que la
adjudicación del contrato se realizó en mayo del 2000, con una validez
de cinco años sin posibilidad de prórroga, y que, a pesar de no abonar
cantidad alguna en concepto de alquiler, no sólo no se finiquitó el
contrato, en mayo del 2005, sino que el arrendatario siguió con el
local hasta ahora.
Además de otras cuestiones, también recogidas en el texto de la denuncia, se refleja que en 2008 tanto Aparicio como Ibáñez tuvieron conocimiento de un informe municipal en el que se ponía de manifiesto esta situación y que lo ocultaron, dilatando el problema en el tiempo y los perjuicios económicos para las arcas municipales. Ahora, según una sentencia reciente, el Ayuntamiento de Burgos sólo ha podido reclamar 200.000 euros. Se recogen otras irregularidades como que el establecimiento dispusiera de terraza sin tener la correspondiente licencia, o la celebración de fiestas de fin de año sin permiso.
Los denunciantes entienden que se han producido hechos y conductas, tanto por acción como por omisión, que difícilmente pueden ser acciones por casualidad y que tanto el anterior alcalde como el concejal de Hacienda tenían conocimiento de que estaban ocurriendo, por lo que fueron consentidas.
Además de otras cuestiones, también recogidas en el texto de la denuncia, se refleja que en 2008 tanto Aparicio como Ibáñez tuvieron conocimiento de un informe municipal en el que se ponía de manifiesto esta situación y que lo ocultaron, dilatando el problema en el tiempo y los perjuicios económicos para las arcas municipales. Ahora, según una sentencia reciente, el Ayuntamiento de Burgos sólo ha podido reclamar 200.000 euros. Se recogen otras irregularidades como que el establecimiento dispusiera de terraza sin tener la correspondiente licencia, o la celebración de fiestas de fin de año sin permiso.
Los denunciantes entienden que se han producido hechos y conductas, tanto por acción como por omisión, que difícilmente pueden ser acciones por casualidad y que tanto el anterior alcalde como el concejal de Hacienda tenían conocimiento de que estaban ocurriendo, por lo que fueron consentidas.
Fuente: Radio Arlanzón