La funcionaria acusada de falsedad y estafa dice que todo fue un error

Á.M / Burgos - viernes, 30 de mayo de 2014

Admite que manipuló una factura del dentista para el fondo social del Ayuntamiento, pero asegura que lo hizo sin pretender lucrarse. El fiscal se ratifica y pide 13 meses de prisión

El fiscal mantiene la petición de 13 meses de cárcel para la funcionaria del Ayuntamiento de Burgos, P.M.M., acusada de adulterar una factura del dentista (falsedad documental) y pretender cobrar la mitad de su importe del fondo social que alcanza a todos los funcionarios tras haberlo hecho con anterioridad (estafa en grado de tentativa).

Así lo ratificó ayer en el juicio celebrado en Burgos por unos hechos que se remontan a los años 2001 y 2012 y que fueron detectados y denunciados por el propio Ayuntamiento. En la versión de la acusación, P.M.M. «manipuló» una factura de 892 euros y solicitó al citado fondo el abono del 50% de la misma, extremos ambos ratificados por la acusada en su declaración, con la finalidad de lucrarse, ya que lo hizo pretendiendo que pareciera que esta factura se correspondía con la segunda parte de un tratamiento, cuando en realidad era la misma que ya había presentado por un primer tratamiento.

El motivo, siempre según la versión de la acusación, residiría en que el fondo paga el 50% de estos gastos pero hasta un límite de 600 euros por año. Sin embargo, «P.M.M. manipuló la factura» que ya había cobrado en una ocasión y, a pesar de que la atención médica la recibió en verano de 2011, la presentó al fondo en enero de 2012 «para poder optar al máximo posible», puesto que de los 600 euros que, como máximo, podía cobrar en 2011, ya había percibido 446,50.

El Ministerio Público cree, por tanto, que la funcionaria era «perfecta conocedora del reglamento», que «sabía que no percibiría la ayuda íntegra» y que «por eso manipuló la factura» y la presentó «a sabiendas de que no era correcta» y tras «alterarla de forma esencial». Así las cosas, sostiene su acusación en todos sus términos.

La funcionaria, por contra, explicó que se produjo un «error» al que le «indujo» el Ayuntamiento al devolverle la factura que presentó legalmente en primera instancia «sin sellar», es decir, sin una advertencia física de que ya había sido pasada por el fondo social. Pensó que se trataba de la correspondiente a la segunda parte del tratamiento, pero como sabía que no cuadraba (ni las cantidades, ni la intervención, ni las piezas afectadas eran las mismas) decidió adulterarla en lugar de pedir una nueva a la clínica.

Culpa a la administración

A más, aseguró que no solicitó una nueva copia al dentista «por no molestar» y lamentó que no le avisaran desde el Ayuntamiento para pedir explicaciones («me encontré directamente la citación judicial») y poder aclarar lo que en su versión es una equivocación.

Su defensa pidió la absolución, consideró una «elucubración» la versión del fiscal y culpó al Ayuntamiento de «trasladar» a Fiscalía «una versión sesgada de los hechos». Además, consideró la falsificación «burda, chapucera y perceptible» y, por tanto, señaló que no era «capaz de engañar» a los funcionarios que controlan el fondo social, aspecto al que la Ley obliga para percibir dolo y, por tanto delito. El caso ya está visto para sentencia.

Fuente: Diario de Burgos