El Parque Tecnológico se estanca de nuevo tras un recurso que paraliza la obra
El Tarcyl admite la demanda de la asociación de constructores y ordena suspender los trabajos
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Material y tuberías amontonadas en la explanada de la obra del Parque Tecnológico. - ISRAEL L. MURILLO
El proyecto del Parque Tecnológico de Burgos no acaba de acumular
retrasos y de sumar parones en los trabajos de una obra que parecía que
el pasado mes de febrero ya daba el paso definitivo con la firma del
acta de comprobación de replanteo de la fase I por la entonces consejera
de Economía, Pilar del Olmo.
Sin embargo, un nuevo recurso deja, otra vez, las obras paradas y sin un horizonte cierto de reanudación de los trabajos. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha admitido un recurso de la Asociación Nacional de Constructores contra el encargo realizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) a la empresa pública Tragsa para realizar los trabajos.
El Tarcyl, órgano dependiente del Consejo Consultivo de Castilla y León, aduce en la resolución, con fecha del 30 de mayo, sobre la suspensión de la obra que, en primer lugar, el objeto social de Tragsa no permite llevar a cabo este tipo de actuaciones. En este sentido, el director general del ICE, José María Ribot, señala que «a nivel nacional Tragsa ha realizado este tipo de trabajos» con total normalidad. Añade que la Abogacía del Estado tiene elaborados «varios informes en los que habla del objeto social con bastante amplitud». Esta es una de las razones por las que la empresa pública va a presentar recurso a este dictamen del Tarcyl.
Otra de las razones que aduce el órgano dependiente del Consejo Consultivo es que no aprecia la urgencia de la actuación y por lo tanto ordena la anulación de la obra. Rebot confirmó a este periódico que la Junta no va a presentar recurso a esta resolución del Tarcyl, por lo que procederá a la anulación de los trabajos e iniciará un nuevo proceso de licitación. Un procedimiento que retrasará durante meses el comienzo de las obras, aunque «vamos a intentar ser lo más rápidos posibles». Eso teniendo en cuenta la lentitud de los procedimientos administrativos y el cumplimiento de los tiempos que marca la Ley de Contratos.
El director general del ICE incidió en que «nuestra voluntad, claramente manifiesta por la Junta, es resolverlo, como ha sido siempre». Rebot indicó que el Parque Tecnológico es un proyecto que ha sufrido especialmente los reveses de los recursos e insistió en «la voluntad firme de la Junta por resolverlo».
Lo cierto es que diez años después de que se firmara el contrato para la urbanización entre Corsán-Corviam y la ya desaparecida sociedad pública ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León la explanada ubicada en el término municipal de Cardeñajimeno sigue prácticamente como entonces por culpa de los numerosos avatares que ha pasado la obra.
Precisamente, los litigios legales con los ayuntamientos de Cardeñajimeno y San Medel han sido los que más han influido en el retraso acumulado por este proyecto. Hubo que esperar hasta el año 2016, concretamente al 15 de diciembre, para que se diera fin a años de parón por los recursos presentados por estos ayuntamientos.
Acuerdo en 2016
El acuerdo de la Junta con el Ayuntamiento de Cardeñajimeno y la junta vecinal de San Medel por el que, a cambio de 17.353 metros cuadrados de parcelas de uso tecnológico, ponía fin al conflicto legal que tenía paralizada la obra por los recursos relacionados con su tramitación y ejecución que planteaban estos municipios. Entonces, la consejera Pilar del Olmo decía que con esta firma del convenio con Cardeñajimeno y San Medel la obra podría comenzar en la segunda mitad de 2017, con un plazo de ejecución de 16 meses. Cuando ya parecía que la obra había superado el principal obstáculo que impedía su desarrollo, en 2017 surge un nuevo inconveniente. La empresa Isolux Corsán, encargada de las obras de urbanización, entra en concurso de acreedores, por lo que estos trabajos se vuelven a quedar en el dique seco.
A partir de ese momento, se inicia un periodo de negociación entre la Junta y la empresa en el que también entra en juego una nueva compañía creada por antiguos responsables de Isolux. Esto hace que se cree la posibilidad de que esta nueva compañía se pueda hacer cargo de los trabajos, pero sin ningún avance. Pasa todo el año 2017 sin cambios y no será hasta el año 2018 cuando la Consejería de Economía decide resolver el contrato con Isolux y empezar el proceso de liquidación de la obra. En octubre de 2018, la Junta autoriza la liquidación de la obra. De Olmo se comprometió en el Pleno de las Cortes de ese mes a que antes de que acabase 2018 se adjudicaría el contrato para retomar las obras del Parque Tecnológico. No será hasta el 17 de enero de este año cuando el Consejo de Gobierno autorice el encargo a la empresa pública Tragsa.
El 1 de marzo se firmaba el acta de comprobación de replanteo de la primera fase, con un presupuesto estimado de 18,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Entonces, De Olmo hablaba que «en los próximos días» comenzarían los trabajos. Sin embargo, los días pasaban y no se veía movimiento ni de personas ni de máquinas. De nuevo, un recursos administrativo vuelve a dejar en el limbo un proyecto que parece maldito.
Sin embargo, un nuevo recurso deja, otra vez, las obras paradas y sin un horizonte cierto de reanudación de los trabajos. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha admitido un recurso de la Asociación Nacional de Constructores contra el encargo realizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) a la empresa pública Tragsa para realizar los trabajos.
El Tarcyl, órgano dependiente del Consejo Consultivo de Castilla y León, aduce en la resolución, con fecha del 30 de mayo, sobre la suspensión de la obra que, en primer lugar, el objeto social de Tragsa no permite llevar a cabo este tipo de actuaciones. En este sentido, el director general del ICE, José María Ribot, señala que «a nivel nacional Tragsa ha realizado este tipo de trabajos» con total normalidad. Añade que la Abogacía del Estado tiene elaborados «varios informes en los que habla del objeto social con bastante amplitud». Esta es una de las razones por las que la empresa pública va a presentar recurso a este dictamen del Tarcyl.
Otra de las razones que aduce el órgano dependiente del Consejo Consultivo es que no aprecia la urgencia de la actuación y por lo tanto ordena la anulación de la obra. Rebot confirmó a este periódico que la Junta no va a presentar recurso a esta resolución del Tarcyl, por lo que procederá a la anulación de los trabajos e iniciará un nuevo proceso de licitación. Un procedimiento que retrasará durante meses el comienzo de las obras, aunque «vamos a intentar ser lo más rápidos posibles». Eso teniendo en cuenta la lentitud de los procedimientos administrativos y el cumplimiento de los tiempos que marca la Ley de Contratos.
El director general del ICE incidió en que «nuestra voluntad, claramente manifiesta por la Junta, es resolverlo, como ha sido siempre». Rebot indicó que el Parque Tecnológico es un proyecto que ha sufrido especialmente los reveses de los recursos e insistió en «la voluntad firme de la Junta por resolverlo».
Lo cierto es que diez años después de que se firmara el contrato para la urbanización entre Corsán-Corviam y la ya desaparecida sociedad pública ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León la explanada ubicada en el término municipal de Cardeñajimeno sigue prácticamente como entonces por culpa de los numerosos avatares que ha pasado la obra.
Precisamente, los litigios legales con los ayuntamientos de Cardeñajimeno y San Medel han sido los que más han influido en el retraso acumulado por este proyecto. Hubo que esperar hasta el año 2016, concretamente al 15 de diciembre, para que se diera fin a años de parón por los recursos presentados por estos ayuntamientos.
Acuerdo en 2016
El acuerdo de la Junta con el Ayuntamiento de Cardeñajimeno y la junta vecinal de San Medel por el que, a cambio de 17.353 metros cuadrados de parcelas de uso tecnológico, ponía fin al conflicto legal que tenía paralizada la obra por los recursos relacionados con su tramitación y ejecución que planteaban estos municipios. Entonces, la consejera Pilar del Olmo decía que con esta firma del convenio con Cardeñajimeno y San Medel la obra podría comenzar en la segunda mitad de 2017, con un plazo de ejecución de 16 meses. Cuando ya parecía que la obra había superado el principal obstáculo que impedía su desarrollo, en 2017 surge un nuevo inconveniente. La empresa Isolux Corsán, encargada de las obras de urbanización, entra en concurso de acreedores, por lo que estos trabajos se vuelven a quedar en el dique seco.
A partir de ese momento, se inicia un periodo de negociación entre la Junta y la empresa en el que también entra en juego una nueva compañía creada por antiguos responsables de Isolux. Esto hace que se cree la posibilidad de que esta nueva compañía se pueda hacer cargo de los trabajos, pero sin ningún avance. Pasa todo el año 2017 sin cambios y no será hasta el año 2018 cuando la Consejería de Economía decide resolver el contrato con Isolux y empezar el proceso de liquidación de la obra. En octubre de 2018, la Junta autoriza la liquidación de la obra. De Olmo se comprometió en el Pleno de las Cortes de ese mes a que antes de que acabase 2018 se adjudicaría el contrato para retomar las obras del Parque Tecnológico. No será hasta el 17 de enero de este año cuando el Consejo de Gobierno autorice el encargo a la empresa pública Tragsa.
El 1 de marzo se firmaba el acta de comprobación de replanteo de la primera fase, con un presupuesto estimado de 18,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Entonces, De Olmo hablaba que «en los próximos días» comenzarían los trabajos. Sin embargo, los días pasaban y no se veía movimiento ni de personas ni de máquinas. De nuevo, un recursos administrativo vuelve a dejar en el limbo un proyecto que parece maldito.
Fuente: Correo de Burgos
