UPyD e IU reprueban a PP y PSOE su acuerdo para ‘liberar’ concejales
La primera plenaria de la legislatura sirve para hacer prácticas a los nuevos y para calentar el debate con el ‘derrape’ de las terrazas. Surgieron dudas sobre los concejales ‘no electos’
Á. M. / Burgos
Los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento de Burgos se citaron ayer en el primer Pleno de la legislatura para darse por enterados de lo que ya se habían dicho; esto es, quién va a qué comisiones, quién preside esto y quién se encarga de aquello. Por esa parte, todo en orden. Bueno, todo menos el papel que van a jugar los concejales no electos nombrados por el alcalde, Javier Lacalle, como miembros de la Junta de Gobierno.
El portavoz socialista, Luis Escribano, expuso serias dudas sobre la legalidad de que Esteban Rebollo y José Antonio Antón puedan presidir comisiones, ocupar cargos ejecutivos en consejos de administración y participar de ciertos estamentos de la vida municipal por no ser concejales de pleno derecho. Tantas dudas sembró que Lacalle admitió solicitar un informe a la Secretaría General para que aclare las competencias de dos personas nombradas tras la inclusión de Burgos en la Ley de Grandes Ciudades, cuyo reglamento está por desarrollar y deja lagunas jurídicas como las aquí reflejadas.
Por todo lo demás, lo dicho. Había poco que airear, salvo por los dos últimos puntos del orden del día, que eran los que tenían sustancia. El penúltimo era el relativo a la propuesta de modificación de la ordenanza de veladores. Las terrazas, vaya. El último consistía en dar cuenta sobre la liberación de cinco concejales del PP y dos del PSOE que tendrán un sueldo municipal por ser liberados para ejercer su trabajo en régimen de dedicación exclusiva. Por orden.
La modificación de la ordenanza de terrazas salió adelante por unanimidad, pero no sin que los grupos de la oposición aprovecharan la ocasión para echar la vista atrás e increpar a la concejala de Licencias, Dolores Calleja, que se defendió como pudo del cambio de parecer que, en puridad, compete a las diferentes posturas que sobre este asunto tienen Juan Carlos Aparicio (mantenerse firme) y Javier Lacalle (abrir la mano).
«¿A que parece una tontería?»
Abrió fuego el concejal socialista Antonio Fernández Santos, que casi no tenía ganas de hablar del asunto... «Esto que ahora modifican lo aprobaron ustedes. ¿Suena a tontería, verdad?», empezó. Recordó que desde el PSOE «lo criticamos, se lo advertimos y ustedes siguieron adelante porque tienen 15 concejales y lo aprueban aunque tiemble el mundo», en referencia a las condiciones que imponía la ordenanza relativas a los modelos de terraza, que obligaban, entre otras cosas, a un número determinado de sillas por mesa, a utilizar cerramientos estáticos, a no poder anunciar al bar en los exteriores, a que los cerramientos tuvieran dos metros de altura (Fernández Santos explicó, saltitos incluidos, cómo hacer para ver quién pasa por la calle) y un largo etcétera.
Por último, y según la versión del PSOE, el cambio de parecer del PP se debe a que pactaron con la Federación de Hostelería que no se produjeran movilizaciones durante la campaña electoral y, a cambio, acometer la modificación que ayer se aprobó.
Así que a Calleja le tocaba sacar el capote. Y lo sacó, pero también lució tres pares de banderillas y la espada. «Quien se lucra con un espacio público lo mínimo que debe hacer es respetar los derechos del resto de los ciudadanos», «hay más voces que se quejan de las terrazas que las que hay de hosteleros quejándose de la ordenanza», «las urnas han hablado» o «las terrazas cambian la imagen de la ciudad y quienes las ponen tiene la obligación jurídica y moral de cumplir las normas» fueron solo algunos de sus argumentos. Soltó la traca final cuando aludió a «las dos personas discapacitadas» que hay en el PSOE para defender que la ordenanza evita, entre otras cosas, que las calles sean un reguero de obstáculos para los colectivos con movilidad reducida. A eso Purificación Santamarta se reía (aunque no pareció hacerle gracia). María del Mar Ramírez no se reía nada. Pero nada de nada.
IU no habló y UPyD, en voz de Roberto Alonso, se limitó a sentenciar que «arrepentidos los quiere Dios». Y los hosteleros, podría haber añadido.
De sueldos y ocupaciones
Más activos estuvieron los dos grupos minoritarios para censurar al PP y al PSOE su pacto para liberar a siete de los suyos con sueldo a cargo del Ayuntamiento. 44.000 brutos para cinco del PP y 39.000 para dos del PSOE. Raúl Salinero, portavoz de IU, prometió hacer «sintaxis», entendemos que pretendía sintetizar, y enarboló el discurso propio de su militancia en el PCE, pero también dio cifras. «En la anterior legislatura pagar a los tres concejales liberados costaba 136.000 euros al año. En esta, contando el sueldo del alcalde (Aparicio cobraba del Parlamento) costará 372.000 euros, un 274% más». Nadie le replicó. Su receta es que «el concejal que más cobre ingrese un euro menos que el salario medio de un obrero».
Alonso tampoco se quedó atrás. Cuestionó que el pago a siete concejales liberados cuadre con el «plan de austeridad que han presentado a bombo y platillo». También que se libere a dos concejales socialistas «porque desde la oposición poco se gobierna» y, esta fue al cuello, postuló que se liberen aquellos concejales que van a asumir una mayor carga de trabajo, y no otros que estarán en segunda fila. «Libérese, señor Ibáñez», le dijo al vicealcalde y portavoz popular, Ángel Ibáñez, quien prometió «dedicar todo el tiempo que sea necesario a cumplir con las atribuciones de mi cargo». ¿Y qué decía el PSOE, tantas veces citado ayer?
«Es muy difícil aceptar una responsabilidad política si uno no es funcionario, jubilado o rico, que es la única forma de garantizar un salario», esgrimió en su defensa de lo que, entiende, es una forma «razonable» de garantizar el acceso a la política a personas de toda condición. Eso sí, asumió que esto los ciudadanos lo vean con recelo, si bien es cierto que el PSOE siempre se mostró partidario de liberar concejales de la oposición; también cuando gobernó.
Eso es lo que se coció ayer en el 1 de Plaza Mayor. Y, por cierto, si esta crónica les parece frívola o poco ortodoxa, sepan que es acorde al ambiente que se respiró (por momentos) ayer en el Salón de Plenos. Es lo que algunos llaman ‘buen rollito’. Ya veremos qué gallo canta cuando se acabe lo del periodo de cortesía...
El portavoz socialista, Luis Escribano, expuso serias dudas sobre la legalidad de que Esteban Rebollo y José Antonio Antón puedan presidir comisiones, ocupar cargos ejecutivos en consejos de administración y participar de ciertos estamentos de la vida municipal por no ser concejales de pleno derecho. Tantas dudas sembró que Lacalle admitió solicitar un informe a la Secretaría General para que aclare las competencias de dos personas nombradas tras la inclusión de Burgos en la Ley de Grandes Ciudades, cuyo reglamento está por desarrollar y deja lagunas jurídicas como las aquí reflejadas.
Por todo lo demás, lo dicho. Había poco que airear, salvo por los dos últimos puntos del orden del día, que eran los que tenían sustancia. El penúltimo era el relativo a la propuesta de modificación de la ordenanza de veladores. Las terrazas, vaya. El último consistía en dar cuenta sobre la liberación de cinco concejales del PP y dos del PSOE que tendrán un sueldo municipal por ser liberados para ejercer su trabajo en régimen de dedicación exclusiva. Por orden.
La modificación de la ordenanza de terrazas salió adelante por unanimidad, pero no sin que los grupos de la oposición aprovecharan la ocasión para echar la vista atrás e increpar a la concejala de Licencias, Dolores Calleja, que se defendió como pudo del cambio de parecer que, en puridad, compete a las diferentes posturas que sobre este asunto tienen Juan Carlos Aparicio (mantenerse firme) y Javier Lacalle (abrir la mano).
«¿A que parece una tontería?»
Abrió fuego el concejal socialista Antonio Fernández Santos, que casi no tenía ganas de hablar del asunto... «Esto que ahora modifican lo aprobaron ustedes. ¿Suena a tontería, verdad?», empezó. Recordó que desde el PSOE «lo criticamos, se lo advertimos y ustedes siguieron adelante porque tienen 15 concejales y lo aprueban aunque tiemble el mundo», en referencia a las condiciones que imponía la ordenanza relativas a los modelos de terraza, que obligaban, entre otras cosas, a un número determinado de sillas por mesa, a utilizar cerramientos estáticos, a no poder anunciar al bar en los exteriores, a que los cerramientos tuvieran dos metros de altura (Fernández Santos explicó, saltitos incluidos, cómo hacer para ver quién pasa por la calle) y un largo etcétera.
Por último, y según la versión del PSOE, el cambio de parecer del PP se debe a que pactaron con la Federación de Hostelería que no se produjeran movilizaciones durante la campaña electoral y, a cambio, acometer la modificación que ayer se aprobó.
Así que a Calleja le tocaba sacar el capote. Y lo sacó, pero también lució tres pares de banderillas y la espada. «Quien se lucra con un espacio público lo mínimo que debe hacer es respetar los derechos del resto de los ciudadanos», «hay más voces que se quejan de las terrazas que las que hay de hosteleros quejándose de la ordenanza», «las urnas han hablado» o «las terrazas cambian la imagen de la ciudad y quienes las ponen tiene la obligación jurídica y moral de cumplir las normas» fueron solo algunos de sus argumentos. Soltó la traca final cuando aludió a «las dos personas discapacitadas» que hay en el PSOE para defender que la ordenanza evita, entre otras cosas, que las calles sean un reguero de obstáculos para los colectivos con movilidad reducida. A eso Purificación Santamarta se reía (aunque no pareció hacerle gracia). María del Mar Ramírez no se reía nada. Pero nada de nada.
IU no habló y UPyD, en voz de Roberto Alonso, se limitó a sentenciar que «arrepentidos los quiere Dios». Y los hosteleros, podría haber añadido.
De sueldos y ocupaciones
Más activos estuvieron los dos grupos minoritarios para censurar al PP y al PSOE su pacto para liberar a siete de los suyos con sueldo a cargo del Ayuntamiento. 44.000 brutos para cinco del PP y 39.000 para dos del PSOE. Raúl Salinero, portavoz de IU, prometió hacer «sintaxis», entendemos que pretendía sintetizar, y enarboló el discurso propio de su militancia en el PCE, pero también dio cifras. «En la anterior legislatura pagar a los tres concejales liberados costaba 136.000 euros al año. En esta, contando el sueldo del alcalde (Aparicio cobraba del Parlamento) costará 372.000 euros, un 274% más». Nadie le replicó. Su receta es que «el concejal que más cobre ingrese un euro menos que el salario medio de un obrero».
Alonso tampoco se quedó atrás. Cuestionó que el pago a siete concejales liberados cuadre con el «plan de austeridad que han presentado a bombo y platillo». También que se libere a dos concejales socialistas «porque desde la oposición poco se gobierna» y, esta fue al cuello, postuló que se liberen aquellos concejales que van a asumir una mayor carga de trabajo, y no otros que estarán en segunda fila. «Libérese, señor Ibáñez», le dijo al vicealcalde y portavoz popular, Ángel Ibáñez, quien prometió «dedicar todo el tiempo que sea necesario a cumplir con las atribuciones de mi cargo». ¿Y qué decía el PSOE, tantas veces citado ayer?
«Es muy difícil aceptar una responsabilidad política si uno no es funcionario, jubilado o rico, que es la única forma de garantizar un salario», esgrimió en su defensa de lo que, entiende, es una forma «razonable» de garantizar el acceso a la política a personas de toda condición. Eso sí, asumió que esto los ciudadanos lo vean con recelo, si bien es cierto que el PSOE siempre se mostró partidario de liberar concejales de la oposición; también cuando gobernó.
Eso es lo que se coció ayer en el 1 de Plaza Mayor. Y, por cierto, si esta crónica les parece frívola o poco ortodoxa, sepan que es acorde al ambiente que se respiró (por momentos) ayer en el Salón de Plenos. Es lo que algunos llaman ‘buen rollito’. Ya veremos qué gallo canta cuando se acabe lo del periodo de cortesía...
Fuente: Diario de Burgos
