430 impagos de vados no se tramitan o han caducado por falta de personal municipal
Á.M. / Burgos - jueves, 27 de agosto de 2015
En 471 casos sí se liquidó la tasa de cinco años, pero en el resto de los informados por la Policía no se ha podido debido a la pírrica dotación de funcionarios en la Inspección
La ‘caza del vado’ no ha terminado, pero sí está frenada en seco desde hace meses. Eso permite un respiro a los cientos de vecinos que se han topado con las comunicaciones de la Inspección de Tributos del Ayuntamiento, una misiva que no contenía ninguna buena noticia para los aludidos. Los motivos por los que se ha detenido no dicen nada bueno de la distribución de los recursos humanos del Ayuntamiento. Por partes.
A finales de 2012 el área de Hacienda dio la orden a la Policía local para que ‘peinara’ la ciudad en busca de rebajes de bordillo (que es lo que se considera un vado a efectos tributarios) que no estaban pagando las correspondientes tasas municipales. Se circunscribió esta actuación en una suerte de plan de mejora de los ingresos municipales a través del sistema a priori más justo: hacer que todos los burgaleses paguen por lo que el resto de los vecinos ya pagan.
La ordenanza de vados es una de las más completas y claras en su articulado, considerando que un vado es todo rebaje de bordillo o acceso a una propiedad (aunque sea no exista rebaje pero sí una puerta de grandes dimensiones) que podría permitir la entrada de un vehículo. Y no hace prisioneros: la ordenanza obliga a los vecinos a pagar o, de lo contrario, a efectuar y abonar las obras para igualar las aceras o eliminar los portones.
La Policía hizo el trabajo que se le había encomendado y, entre los años 2013 y 2014, informó de más de 900 casos en los que el Ayuntamiento no estaba cobrando, dado que los accesos no lucían la placa oficial que acreditaba el pago de las correspondientes tasas. No hubo barrio o calle de la ciudad que se librara. Los informes alcanzaron a comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, locales comerciales... Incluso hay informes sobre la Cartuja de Miraflores, la Facultad de Humanidades o el colegio Padre Aramburu, por citar algunos ejemplos.
El ‘festival’ comenzó haciendo llegar a 531 vecinos o comunidades la carta en la que se les exigía el pago, con carácter retroactivo a cuatro años, de la tasa correspondiente. Ninguna broma, puesto que la mera existencia del vado (rebaje o acceso) sin que exista reserva horaria (prohibición de aparcar frente a ellos) cuesta 80 euros al año, que son 120 si se trata de un comercio con reserva horaria y de 200 si son viviendas con reserva horaria.
En 471 casos se realizó la liquidación y se pueden contar con los dedos de una mano los afectados que consiguieron persuadir al Ayuntamiento de que a ellos no les correspondía el pago. No solo pagaron los ‘atrasos’, sino que ahora cotizan cada año a la caja común. Hasta que de la noche a la mañana el proceso se paró. Pero el proceso de cobro, porque en dependencias municipales hay cajas repletas de expedientes sin liquidar o, lo que es más llamativo, de informes de la Policía que no han desembocado en un expediente. ¿Significará eso que Hacienda ha levantado el pie? Pues no.
El colapso
Lo que ha ocurrido es que la Inspección de Tributos, que es el servicio municipal que revisa el cumplimiento de las ordenanzas fiscales, es decir, el que se encarga de que todos paguemos por igual frente a las mismas normas, ha estado en una situación de práctico abandono durante años por la falta de personal, lo que ha impedido continuar con el proceso.
Una de las primeras consecuencias es que 60 expedientes de vados han caducado (aunque se podría evitar su prescripción reiniciándolos desde cero) y más de 370 ni siquiera han podido ser iniciados. O dicho más claro: la mitad de los propietarios de los 900 vados que no pagaban la tasa han tenido que ponerse al día y la otra mitad no. Esta paralización les favorece, puesto que en materia fiscal únicamente se puede exigir el pago retroactivo de cuatro años, ni uno más.
Desde diciembre de 2013, fecha en la que se jubiló el funcionario que venía desempeñando la jefatura de la Inspección, la sección apenas ha tenido personal, llegando a estar durante meses sin funcionarios a su disposición o con algunas horas de trabajadores de otras secciones. Esta situación no era desconocida.
De hecho, en febrero de 2014 el Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería evacuó un informe en el que advertía de la pérdida de ingresos para el Ayuntamiento que estaba provocando esta situación, y en noviembre de aquel año fue el área de Hacienda el que comunicó por escrito que había expedientes caducando por la falta de personal de la Inspección.
En el supuesto de que todos los expedientes caducados o no iniciados por falta de recursos humanos se correspondieran con la tasa más barata (80 euros por año), y teniendo en cuenta que la reclamación alcanza a cinco años por caso (el vigente y los cuatro anteriores), esta situación le está costando al Ayuntamiento dejar de ingresar 172.000 euros. Quién sabe, lo mismo acaba saliendo rentable porque se lo ahorran en funcionarios.
Fuente: Diario de Burgos
