miércoles, 24 de abril de 2013

LOS ESCRACHES CONSTITUYEN UN DERECHO A LA LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN

Moliner defiende los escraches en
determinadas situaciones

Todo dependerá del suceso concreto. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner ha afirmado que los escraches, protestas que desarrollan los ciudadanos en las vías públicas y frente a las viviendas de los políticos y cargos públicos, que no están siendo violentos constituyen un derecho a la libertad de manifestación de todo ciudadano, según ha afirmado en la jornada de puertas abiertas del Tribunal Supremo que durarán hasta el próximo sábado.

En concreto, ha afirmado que los escraches son un ejemplo a la libertad de expresión y de manifestación y que no se pueden condenar ni de manera general puesto que todo depende de cómo se desarrollen en cada caso concreto. Sin embargo, si los mismos atentan u ofenden la intimidad de terceros u otros derechos fundamentales, pueden ser sancionados de manera administrativa o penal.
Preguntado sobre la convocatoria de asediar el Congreso de los Diputados hasta conseguir que se disuelvan las Cortes de este jueves, Moliner ha afirmado que no le importan esos actos ya que siempre se ha luchado por la libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, ha reiterado que hubiese preferido que se diese una mejor relación entre los ciudadanos y el Parlamento y ha dicho que no se siente nada cómodo con determinadas actitudes de algunos ciudadanos españoles.
Por su parte, la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, defendió el pasado lunes los escraches e instó al Gobierno del Partido Popular a dejar de estigmatizar a los ciudadanos que han integrado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y ha defendido sus métodos pacíficos de protesta. Además, ha exigido que se aclare la veracidad de la orden ministerial que aboga porque no se deben realizar escraches a menos de 300 metros de las viviendas de los cargos públicos y políticos y califica la medida de desproporcionada en el caso de que se llegue a producir.
Por otro lado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz fue preguntado ayer acerca de las declaraciones de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que calificó a la PAH de “proetarra” o “filoetarra”. Fernández Díaz afirmó, en el Senado, que coincide con la delegada en que los miembros de esa plataforma y en el caso de los escraches son actos antidemocráticos e intolerables en un Estado de Derecho pero ha evitado realizar una calificación sobre ellos. “Se intenta violentar el voto de los diputados violentando su domicilio" y "coaccionando a sus familias”, ha criticado el ministro del Interior en relación a los escraches.

Fuente: La Semana.es