Méndez Pozo y su hija Blanca se niegan reiteradamente a cumplir las sentencias judiciales
En reciente sentencia el Tribunal Superior de Justicia de CYL lo ha
dicho alto y claro, el expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo y su
hija Blanca Méndez Ordóñez están incumpliendo las resoluciones
judiciales y desarrollando una serie de actuaciones cuya finalidad es
precisamente, eludir el cumplimiento de las mismas.Una conducta, que
considerando lo señalado en la sentencia citada, sería incluso
perseguible penalmente por desobediencia y, quien sabe si tal vez por
otra serie de conductas delictivas igualmente tipificadas en nuestro
Código Penal.
Dice la Sentencia que «de todos estos datos objetivos, la Sala
infiere que dicho estudio de detalle y mencionada resolución de
legalización se han dictado con la finalidad de eludir los
pronunciamientos y consecuencias urbanísticas que se derivan de las
sentencias a ejecutar«.
El litigio parte tras la edificación realizada por Antonio Miguel
Mendez Pozo, su hija, la arquitecto Blanca Mendez Ordoñez y la
Inmobiliaria Rio Vena, en lo que muchos conocen como la antigua
editorial de Santiago Rodriguez, en la calle Molinillo cerca del colegio
de Jesuitas.Otros también lo recordarán por haber sido durante años la
sede de la denominada Burgos Cable Televisión, la tele de Mendez Pozo
durante varios años.
Centrado el tema, y vIsto el contenido de la Sentencia de Apelación
nº 151/2019, podemos deducir sin error que a Michel Mendez Pozo y a su
hija la Arquitecto Blanca Méndez, les gusta edificar quedándose con lo
que no es suyo, o dicho de otro modo, apropiándose de aquellos que es
del resto de los burgaleses en su único y propio beneficio. Su
estrategia es la misma, se construye como NO se puede, se venden después
las viviendas y resto de lo construído a compradores de buena fe que
necesitan las viviendas, los trasteros y las plazas de garaje.Luego,
tras dejar pasar el tiempo,y recurra quien recurra, se dice que si se
tuviera que cumplir la ley se causaría una daño muy importantes a
terceros y que por eso hay que legalizarlo todo.
Al juez no se le escapa una práctica habitual por estas tierras, la
de los hechos consumados. Apoyándose en el informe de un perito, recalca
que «no es suficiente que tengan unos servicios urbanísticos
cualesquiera, es necesario que esos servicios hayan sido construidos
siguiendo un planeamiento redactado cumpliendo la legalidad, ya que en
caso contrario se llegaría al absurdo de que las ilegalidades
urbanísticas acabarían imponiéndose por la fuerza de lo fáctico«. Esto es, una vez construido se apela a que se causa un mal mayor deshaciendo el edificio que incumpliendo la legalidad.
Dicho de otra manera, construyo ilegalmente y, obtengo varios
millones de euros de beneficios como consecuencia del rendimiento
económico de lo ilegalmente construído;luego meto el dinero en mi
bolsillo y les dejo a los burgaleses el problema urbanístico para el
resto de sus vidas.Esto es lo que ocurre en este caso cuando Antonio
Miguel Méndez Pozo y su hija la Arquitecto Blanca Méndez Ordoñez,
edificaron con la Inmobiliaria Rio Vena 95 viviendas, trasteros y
garajes en las parcelas 1 y 2 de la calle Molinillo y al edificar,ni
cumplieron con las alineaciones, ni con las alturas, ni con los
volúmenes permitidos de edificación, ni de densidad y no se generan las
oportunas plazas de aparcamiento: » no modifica las alineaciones
previstas en el PGOU (…) no establece ningún tipo de cesiones para
equipamientos o espacios libres (…), no cumple la reserva de plazas de
uso público, ya que no se crea ninguna (…)«.
Así, contentos el constructor y su hija arquitecto tras haber
realizado una edificación de manera total y absolutamente ilegal,ya
solo queda la parte final, que no es otra que, la de negarse una y otra
vez a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que les obligan a
respetar la ley y responder por lo ilegalmente edificado frente a
terceros y frente a los demás.
Pero claro, parece ser que el expresidiario Michel Méndez Pozo y su
hija Blanca Méndez Ordoñez , están por encima de la ley y, naturalmente
son luego los Tribunales de Justicia quienes han de recordarles su
obligación de cumplir, incluso como ya ocurrió en el Caso de la
Construcción, provocando incluso la entrada en prisión del Presidente de
la Cámara de Comercio y de la Fundación Octavo Centenario de la
Catedral, Antonio Miguel Méndez Pozo.
Para esta finalidad incumplidora y desobediente, cuentan y han
contado siempre ambos actores, con la inestimable ayuda de determinados
políticos y técnicos del Ayuntamiento de Burgos, como la ex concejal de
licencias Dolores Calleja y otra serie de personas , cuyas identidades
y cargos que se deducen con facilidad del contenido de la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declara, sin
ningún tipo de rubor ni medias tintas, que tanto MIchel Méndez Pozo como
su hija Blanca Mendez Ordoñéz, como el Ayuntamiento de Burgos, han
venido realizando distintas actuaciones y adoptando distintas decisiones
con la única finalidad de impedir la ejecución de las sentencias
dictadas .
La sentencia concluye que ni la sentencia de 2008 del Juzgado de
Primera Instancia, ni la de 2009 del Contencioso, han sido ejecutadas
por parte del Ayuntamiento, y le pide a éste que las ejecute. Si
finalmente no pudieran ejecutarse, por la complejidad o irrevocabilidad o
por el número de personas afectadas, podría concluirse que la lección
de corrupción de padre a hija se habría completado en toda regla.
Mientras esto ocurre, el expresidiario y ex inquilino de la Cárcel de
Burgos Mendez Pozo, Preside la Cámara de Comercio, La Fundación del
Octavo Centenario, La Fundación Silos, La Fundación Atapuerca,…, en la
más absoluta tolerancia y con total complicidad de Instituciones y
empresas que prefieren tolerar la corrupción que fluye alrededor de este
señor y de la que se aprovechan y en la que participan algunos miembros
de su familia como su hija Blanca Mendez Ordoñez.
Esta última, a pesar de incumplir lo ordenado en las resoluciones
judiciales,creando todo tipo de subterfugios y documentos para eludir el
cumplimiento, viene siendo a posteriori destinataria de distintas
contrataciones por parte del Ayuntamiento de Burgos y otras
Instituciones públicas, que prefieren así satisfacer los intereses del
clan familiar, antes que poner fin a la corrupción que fluye del mismo.
Tras todo lo anterior, Sólo nos queda por conocer, si el actual
Ayuntamiento de Burgos, iniciará de inmediato las investigaciones
oportunas, así como las debidas actuaciones para dar cumplimiento a la
Ley,y las resoluciones Judiciales, o si bien nos encontraremos con «más
de lo mismo».
Fuente: Canal54.es
