jueves, 23 de julio de 2015

LA MALA GESTIÓN DE DE LOS AUTOBUSES URBANOS EN BURGOS NOS LLEVA AL CAOS

El fin del rénting obliga a negociar la compra de los 27 buses usados

Á.M. / Burgos - jueves, 23 de julio de 2015
La UTE escuchará ofertas pero advierte que «no somos una ONG», Conde encarga informes jurídicos para saber qué soluciones hay y el PSOE urge la búsqueda de una salida
Ahí van dos cosas que son seguras: a comienzos de 2017 la UTE que alquila a través de un rénting la mitad de los autobuses que tiene la ciudad en servicio se los puede llevar donde le plazca y no será posible volver a firmar una operación similar porque los tres grupos de la oposición se han mostrado radicalmente contrarios a este sistema. Huelga decir que la ciudad difícilmente podría comprar 27 autobuses de una tacada (su coste superaría los 10 millones), y además en los últimos años ha desbaratado su propio sistema de mantenimiento.
Es parte de la herencia que ha dejado a la ciudad la más que cuestionable política de Movilidad dirigida hasta mayo por Esteban Rebollo y heredada ahora por Gema Conde. La cuestión es que los trámites para adquirir autobuses, bien sean a través de un rénting o en compra directa, conllevan un procedimiento (diseño del pliego, convocatoria, ofertas, valoración, información, adjudicación, entrega, puesta en servicio...) que, en el último caso, se extendió por más de un año, así que, sea cual fuere la solución adoptada, tiene que quedar plasmada en el presupuesto de 2016, ese que el titular de Hacienda, Salvador de Foronda, ha dicho que quiere comenzar a negociar en septiembre. Mañana, en términos políticos.
El marrón que tiene que lidiar ahora Conde no es pequeño. Lo primero que ha hecho, reconoce, es «pedir informes jurídicos para saber qué posibilidades existen, si es que existen», ya que en su momento no se contempló en el contrato ni el derecho a adquirir esos vehículos ni la prórroga del contrato. Todo muy profesional.
A juicio del concejal socialista Antonio Fernández Santos, al que Conde ya se ha dirigido oficiosamente para tratar de acercar posturas, este es «un problema muy serio» porque si la UTE se lleva los autobuses «habría que suprimir la mitad de las líneas que tenemos ahora en funcionamiento», ya que la flota municipal está formada por 62 buses pero suelen estar rodando en torno a 52.
Además de pedir que «alguien asuma responsabilidades por esto», Fernández Santos cree que lo oportuno es «negociar inmediatamente con la UTE, no cuando los plazos obliguen al Ayuntamiento a aceptar cualquier cosa, la posibilidad de comprar esos vehículos a unos precios razonables», entendiendo además que, toda vez que el PP ha perdido su mayoría en el consejo de administración de Autobuses y que la oposición no quiere ni oír hablar de esta fórmula, «es imposible que se apruebe otro rénting».
¿Y qué dice la UTE? Pues uno de sus socios, José Antonio Rámila, explica que «nosotros, ante todo, somos una empresa, no una ONG, y esos coches tienen un valor en el mercado de segunda mano porque de aquí terminarán con entre 500.000 y 700.000 kilómetros y están en buen estado». Así que, si bien reconoce que «no tengo ganas de llevármelos fuera de Burgos», en referencia a los 27 vehículos, escucharán «cualquier operación que nos sea rentable». Más claro, agua. La UTE está a la espera de que «nos trasladen alguna propuesta» y asegura que estará «dispuesta a ayudar» cuando llegue el momento.

El mantenimiento

Pero el Ayuntamiento también tiene sus resortes. Otro ‘regalo’ firmado por Rebollo es el contrato de mantenimiento de la totalidad de la flota, actualmente en manos de la misma UTE. Ese contrato expira el día 1 de septiembre y ni siquiera se ha publicado el nuevo concurso. «El que venga detrás, que arree», cuentan varios testigos que decía el exconcejal del ramo cuando se le advertía este riesgo. Pues bien, la que tiene que arrear es Conde.
«El pliego está en intervención y debería de salir pronto, pero es evidente que los plazos se van a rebasar y, salvo que quepa la prórroga, cosa que desconozco, habrá que ir a reconocimientos extrajudiciales de crédito», encaja la también vicealcaldesa. Feo asunto... O no tanto.
Porque la UTE necesita ese contrato de mantenimiento o, cuando menos, está muy interesada en mantenerlo, según reconoce Rámila, «siempre que las condiciones no sean leoninas». Es por tanto ahora cuando las dos piezas cruciales de los contestados contratos pueden meterse en la misma partida, un juego poco divertido que el Ayuntamiento tiene que ganar si no quiere ver colapsar su servicio de transporte público.
Fuente: Diario de Burgos