El Estado ha "despilfarrado" más de 45.000 millones de euros en 20 años en infraestructuras innecesarias o infrautilizadas
Un grupo de expertos cifra en 81.000 millones de euros la cantidad comprometida "de forma inadecuada" entre 1995 y 2016, de los que 45.920 millones corresponden a la Administración central
Diversos profesores universitarios han publicado el informe 'Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas'
Nueve expertos de diversas universidades españolas -Joan Romero
(Universitat de València), Dolores Brandis (Universidad Complutense de
Madrid), Carmen Delgado (Universidad de Cantabria), José-León García
Rodríguez (Universidad de la Laguna), María Luisa Gómez Romero
(Universidad de Málaga), Jorge Olcina (Universidad de Alicante), Onofre
Rullán (Universitat de les Illes Balears), José Fernando Vera-Rebollo
(Universidad de Alicante) y Joan Vicente Rufí (Universitat de Girona)-
han publicado el informe 'Aproximación a la Geografía del despilfarro en
España: balance de las últimas dos décadas' en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles.
Este documento pretende servir como una "primera
aproximación" a la dimensión del despilfarro de recursos públicos en
infraestructuras desde 1995 hasta la actualidad. "Despilfarro significa
estrictamente falta de eficiencia", definen al asegurar que todo
despilfarro público implica ineficiencias y sobrecostes, aunque
puntualizan que hay que distinguir entre despilfarro y corrupción: "toda
corrupción implica despilfarro pero no todo el despilfarro público es
corrupción".
Así, se han analizado la inversión y los sobrecostes
-con cantidades comprometidas superiores a los 10 millones de euros)- en
infraestructuras "innecesarias" del Gobierno central (ferrocarriles,
autopistas y autovías, puertos y aeropuertos, desaladoras...) y las
"infraestructuras, proyectos, eventos e inversiones fallidas, vacías o
infrautilizadas" acometidas por las administraciones autonómicas y
locales (centros educativos, hospitales, equipamientos culturales o
científicos, parques y ciudades temáticas o inversiones para acoger
grandes eventos...), incluidas aquellas cofinanciados por la Unión
Europeos. Según explican, aunque el despilfarro, como tal, "no se
considera delito", sí que merece atención por su dimensión
"(geo)política, económica, social, territorial y medioambiental".
En las dos últimas décadas calculan que las administraciones públicas
han comprometido más de 81.000 millones de euros en infraestructuras
innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas, "una
cantidad que puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si
se suman las obligaciones ya adquiridas". Estas cantidades son, a juicio
de los expertos, "inferiores a las cantidades realmente malgastadas"
porque solo se han seleccionado determinadas áreas; porque no se
incluyen todos los "proyectos fallidos e inútiles" con presupuesto
inferior a los 10 millones de euros, y porque hay compromisos de gasto
público en "actuaciones innecesarias o con sobrecostes elevados, ya
acabadas, que suponen en torno a 20.000 millones de euros adicionales en
los próximos años".
El estudio considera que en el
periodo 1985-1995 se "dilapidó" el equivalente al 5% del Producto
Interior Bruto (PIB) español, mientras que en el periodo del boom
económico o "década dorada" (1996-2007) esta cifra se disparó hasta el
20% del PIB. "No es posible determinar con exactitud el montante preciso
de esta cantidad que es atribuible directamente a la corrupción",
apuntan. Por lo que respecta a la "ineficiencia y despilfarro", desde el
inicio de la cisis económica hasta ahora, las cifran en un 3% del PIB.
De estos cerca de 81.000 millones comprometidos "de forma inadecuada"
en infraestructuras entre 1995 y 2016, más de la mitad (45,920 millones)
corresponden a la Administración central, mientras que por comunidades,
la Valenciana se sitúa en tercera posición (5.936 millones) por detrás
de Catalunya (9.160 millones) y Madrid (7.723 millones). Lejos se
encuentran regiones como Aragón (2.978 millones), Andalucía (2.657),
Asturias (2.380) o Castilla la Mancha (1.530).
La Administración General del Estado
Entre los
ejemplos de despilfarro en las inversiones de la Administración General
del Estado destaca la alta velocidad: "muchos de los proyectos
acometidos, más allá de los casos de corrupción desvelados o
desconocidos, no responden a los criterios de rentabilidad social
exigibles". "Demasiadas estaciones millonarias, líneas cerradas, tramos
abandonadas a mitad, líneas innecesarias, sobrecostes desproporcionados y
desfases bajo sospecha", explican los expertos. Desde 1992 se han
invertido 42.000 millones de euros en este tipo de infraestructuras de
los que calculan que 26.240 millones se han despilfarrado debido a unas
"perversiones" comunes a la hora de definir recorridos, emplazamientos
de estaciones o los modelos de gestión.
En
carreteras, los expertos calculan que se han producido sobrecostes por
valor de 5.952,6 millones de euros. La mitad de esta cantidad
corresponde a las carreteras radiales de Madrid, con ocho autopistas de peaje
construidas a partir de 2000 (710 kilómetros en total) que desde 2012
presentan suspensión de pagos. En este sentido, recuerdan que el
Tribunal de Cuentas Europeo, tras examinar 24 proyectos beneficiados con
los fondos Feder, emitió un informe en el que hablaba de malas
prácticas al no prestarse suficiente atención a la rentabilidad de los
proyectos; presentar previsiones de tráfico sobreestimadas y elegir
autopistas cuando este tipo de carretera no era la más adecuado,
advirtiendo de un incremento del coste medio respecto al previsto en un
23%.
El informe alerta sobre la escasa rentabilidad
de algunos de los aeropuertos construidos en los últimos años, con el
riesgo de que algunas de estos aeródromos tengan que cerrar si no
reciben ayudas públicas continuas. Un 28% de estas nuevas
infraestructuras "no eran necesarias", la mayoría sufrió sobrecostes,
algunos tenían un tamaño excesivo y las previsiones de pasajeros eran
"excesivamente optimistas". En lo que a los puertos se refiere, llaman
la atención sobre la gran inversión pública infrautilizada del puerto
exterior de A Coruña o la ampliación del puerto del Musel en Gijón.
También tienen un apartado específico las desaladoras,
entre las que se encuentran los sobrecostes en las plantas de
Torrevieja (290 millones) o Alicante (77,8 millones), así como los 23,7
millones generados por gestión fraudulenta en la depuradora de Emarsa,
en Valencia. De igual modo, advierten del coste de la ineficiencia de la
desaladora de Moncofa (49,1 millones) y Oropesa (55,4 millones) -ambas
instalaciones están paradas por ausencia de demanda y por estar
inacabadas las conducciones-, además de los 200 millones generados por
el trasvase Júcar-Vinalopó, "ejemplo de despilfarro de dinero público".
Otro proyecto energético que reflejan es el almacén de gas Castor, "tal
vez el mejor ejemplo no solo de despilfarro sino de patologías
institucionales".
Las comunidades autónomas
En cuanto a las
inversiones de las comunidades autónomas innecesarias o sobrevaloradas
se encuentran desde líneas de tranvía insostenibles (Jaén, Vélez-Málaga,
bahía de Cádiz, Parla...) a proyectos singulares (Ciudad del Medio
Ambiente de Soria, Ciudad de la Luz de Alicante, Ciudad de la Justicia de Madrid,
Ciudad del Circo de Alcorcón); pasando por aeropuertos regionales
(Ciudad Real, Castellón, Lleida, Huesca...); auténticas "cajas vacías"
como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o la Marina de Valencia;
parques temáticos como Terra Mítica; infraestructuras culturales
infrautilizadas o con sobrecostes extraordinarios (Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid)...
Mención especial merecen
comunidades como la Valenciana, que optó por el impulso de grandes
eventos para "situarse en el mapa": "Tras una inversión documentada de,
al menos, 5.225 millones en proyectos ejecutados (IVIE, 2010), el
balance es negativo en términos de rentabilidad económica y social".
Prácticas clientelares
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraba en
2015 el volumen de contratación pública en España en 194.000 millones
de euros anuales, de los que estimaba un coste de 47.500 millones al año
(un 4,5 % del PIB) en desviaciones al alza en contratos públicos. Los
autores del informe consideran imprescindible "erradicar todo tipo de
prácticas clientelares y trato de favor a determinados grupos de
presión".
"Prácticas, culturas y reglas de juego que
privilegian a determinados sectores económicos, erosionan el sistema
democrático, deterioran el buen funcionamiento de las instituciones y
comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos públicos",
concluyen.
Fuente: El diario.es
